Luis Hernández Navarro
Vista desde el exterior, la vida diaria del movimiento #YoSoy132 semeja un hormiguero. Miles de incansables jóvenes realizan todo tipo de actividades de manera simultánea. Celebran reuniones de discusión y análisis, elaboran documentos donde califican el pasado proceso electoral, producen materiales audiovisuales explicando su causa, se solidarizan con luchas sociales, como la de los ejidatarios choles de Tila o la comunidad de Huexca; apoyan a los aspirantes rechazados en su movilización para tener un lugar de estudio, protestan masivamente contra Televisa y organizan campañas en el ciberespacio.
Efectúan con eficacia todas estas tareas que se han dado a sí mismos, a pesar de que enfrentan grandes dificultades. Cuando convocan a una protesta llegan miles de personas. Sus análisis y materiales educativos están elaborados con inteligencia, sentido del humor y buen gusto. Actúan con una mezcla de audacia y prudencia, rompiendo los moldes establecidos para la acción política y evitando caer en provocaciones. Sus iniciativas usualmente tienen resultados tangibles.
#YoSoy132 ha logrado dar forma a un profundo descontento social existente en el país antes de su formación como movimiento. Antes de su nacimiento, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), dirigido por Javier Sicilia, dio cauce al enojo popular contra la guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico. Sin embargo, al institucionalizarse y entrar en la lógica de las inevitables negociaciones con el Estado, su capacidad de convocatoria se diluyó. Sus intentos por poner a las víctimas de esa guerra en el centro de la campaña electoral no fructificaron.
La presencia de ese malestar existente antes del surgimiento de #YoSoy132 se hizo evidente cuando se convocó a la primera marcha contra Peña Nieto en la ciudad de México. El naciente movimiento estudiantil se deslindó de ella e, incluso, aseguró que podrían producirse provocaciones. A pesar de ello, la protesta fue un éxito y muchos jóvenes universitarios se sumaron a la convocatoria.
Pero hoy, el surgimiento de #YoSoy132 y sus iniciativas han logrado dar a ese descontento popular un eje de sustentación y un horizonte programático. Además, su potencialidad de organizar el malestar es aún mayor, en la medida en la que la estrategia de Andrés Manuel López Obrador de constituirse en brazo legal y referencia ética contra la imposición de Peña Nieto, al tiempo que se abstiene de tomar las calles, ha dejado un espacio en la acción colectiva que ha sido ocupado por los estudiantes y sus aliados.
¿Qué hay detrás de este hormiguero? El movimiento #YoSoy132 no es un sindicato o una unión estudiantil integrada por afiliados individuales. Tampoco es una federación de estudiantes conducida por una mesa directiva centralizada que asume la representación de sus adherentes, o una coordinadora de comités de lucha por escuela en la que participan activistas. Es un organismo de masas, de nuevo tipo, en construcción, cuya soberanía surge de las asambleas por escuelas y en la asamblea nacional.
Es un organismo de masas porque quienes lo integran son estudiantes de base y no sólo militantes comprometidos con una causa. Es de nuevo tipo porque nunca en la historia de los movimientos estudiantiles en México ha existido algo parecido. Su extensión, su organización y la naturaleza de su lucha son inéditas, por más que pueda tener aspectos parecidos al movimiento estudiantil-popular de 1968. Está en construcción porque su esquema de funcionamiento, su programa y sus principios se han ido acordando en la lucha misma; algunos de ellos tienen un carácter provisional y otros se encuentran aún en discusión.
Un movimiento de esta naturaleza tiene ante sí grandes retos organizativos. Debe resolver el problema de la representación y la vocería (quién habla a nombre del movimiento), de cómo tomar acuerdos democráticamente y ser simultáneamente eficaz en la ejecución de las tareas que se propone. Necesita solucionar el dilema de si es un movimiento exclusivamente estudiantil o si participan también otros sectores. Requiere enfrentar la disyuntiva de contar con dirigentes permanentes o con representantes rotativos. Para sortear estos desafíos, el movimiento debate actualmente tres modelos de funcionamiento distinto, expuestos durante su asamblea general, efectuada en Morelia.
El movimiento se ha convertido ya en un verdadero dolor de cabeza para varias embajadas y consulados de México en los cinco continentes. Las protestas, peticiones y presiones de todo tipo realizados por las 52 representaciones de #YoSoy132 en el exterior son un desafío para la diplomacia azteca. Pero sus acciones buscan, también, impactar en los medios de comunicación y los movimientos sociales locales. En Inglaterra, por ejemplo, sus integrantes llevaron mariachis al periódico The Guardian por haber publicado información relevante sobre los vínculos entre Televisa y el candidato presidencial del PRI.
Una de las actividades centrales del movimiento es el rechazo a la imposición de Enrique Peña Nieto. En su pasada asamblea general interuniversitaria, en Morelia, acordó por consenso que la Convención Nacional efectuada en Atenco es un referente de lucha contra la imposición, y que el plan de acción emanado de ella está encaminado a no permitirla.
Como marco de referencia a estos acuerdos, en la misma reunión, la asamblea de académicos del movimiento presentó un posicionamiento político sobre el conflicto poselectoral, en el que señala su convicción de que la imposición no es un hecho consumado.
El hormiguero estudiantil se mueve sin cesar. El inminente regreso a clases en la mayoría de las universidades del país acelerará su actividad. Y, en septiembre, cuando el TEPJF califique los próximos comicios, la actividad será aún mayor. Esto apenas comienza.
martes, 7 de agosto de 2012
México SA
Oro negro y en el erario
¿Lastre presupuestal?
Privatización educativa
Carlos Fernández-Vega
En materia petrolera, el calderonista fue otro sexenio perdido para el gran capital privado, nacional y trasnacional, porque no logró avanzar sustancialmente –a pesar de todas sus intentonas por desmantelar la propiedad del Estado– para que el control y usufructo de ese recurso estratégico pasara a manos particulares. Cero y van cinco administraciones al hilo que han hecho hasta lo impensable por ceder el oro negro a terceros, y la tecnocracia neoliberal de plano no ha pasado de ciertas fronteras. Y, si es que llega, ya está más que puesto el sexto gobierno consecutivo para concretar la acción de sus cinco fallidos antecesores.
Desde la dirección general de Petróleos Mexicanos (Juan José Suárez Coppel) se afirma que por ser paraestatal, Pemex es un lastre para el país y, por lo mismo, para las finanzas públicas. Ayer en este espacio se documentaron los capítulos de ingresos y costo de producción, pero ¿qué sustento tiene esa aseveración en lo que a finanzas públicas se refiere? El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados nos obsequia un paseo por el tema, en el que destaca que en los últimos tres sexenios (Zedillo, Fox y Calderón) los ingresos no petroleros se han ubicado entre 12.3 y 15.2 por ciento del producto interno bruto, mientras los ingresos petroleros han fluctuado entre 5.2 y 8.7 por ciento del PIB, con un mayor grado de volatilidad, que deriva de los altibajos registrados en los precios del petróleo que, en este periodo, pasó de su nivel más bajo (7.01 dólares por barril, el 10 de diciembre de 1998), a su máximo histórico (132.71 dólares por barril de petróleo crudo, el 14 de julio de 2008).
Ante estos escenarios de precios elevados, apunta el CEFP, surgen factores que afectan las finanzas públicas y que disimulan la realidad en que está inmerso el sistema tributario de México. Tal es el caso del subsidio a las gasolinas y el diesel, que no permite observar el deficiente desempeño que han tenido las finanzas públicas ante las reformas fiscales aprobadas y evitan que la dependencia de los ingresos petroleros se incremente. Los ingresos petroleros se integran por los derechos a los hidrocarburos y los impuestos derivados de la actividad petrolera (entre los que se encuentra el impuesto especial sobre producción y servicios a gasolinas y diesel y el impuesto a los rendimientos petroleros), además de los ingresos propios de Pemex.
¿Lastre presupuestal?
Privatización educativa
Carlos Fernández-Vega
En materia petrolera, el calderonista fue otro sexenio perdido para el gran capital privado, nacional y trasnacional, porque no logró avanzar sustancialmente –a pesar de todas sus intentonas por desmantelar la propiedad del Estado– para que el control y usufructo de ese recurso estratégico pasara a manos particulares. Cero y van cinco administraciones al hilo que han hecho hasta lo impensable por ceder el oro negro a terceros, y la tecnocracia neoliberal de plano no ha pasado de ciertas fronteras. Y, si es que llega, ya está más que puesto el sexto gobierno consecutivo para concretar la acción de sus cinco fallidos antecesores.
Desde la dirección general de Petróleos Mexicanos (Juan José Suárez Coppel) se afirma que por ser paraestatal, Pemex es un lastre para el país y, por lo mismo, para las finanzas públicas. Ayer en este espacio se documentaron los capítulos de ingresos y costo de producción, pero ¿qué sustento tiene esa aseveración en lo que a finanzas públicas se refiere? El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados nos obsequia un paseo por el tema, en el que destaca que en los últimos tres sexenios (Zedillo, Fox y Calderón) los ingresos no petroleros se han ubicado entre 12.3 y 15.2 por ciento del producto interno bruto, mientras los ingresos petroleros han fluctuado entre 5.2 y 8.7 por ciento del PIB, con un mayor grado de volatilidad, que deriva de los altibajos registrados en los precios del petróleo que, en este periodo, pasó de su nivel más bajo (7.01 dólares por barril, el 10 de diciembre de 1998), a su máximo histórico (132.71 dólares por barril de petróleo crudo, el 14 de julio de 2008).
Ante estos escenarios de precios elevados, apunta el CEFP, surgen factores que afectan las finanzas públicas y que disimulan la realidad en que está inmerso el sistema tributario de México. Tal es el caso del subsidio a las gasolinas y el diesel, que no permite observar el deficiente desempeño que han tenido las finanzas públicas ante las reformas fiscales aprobadas y evitan que la dependencia de los ingresos petroleros se incremente. Los ingresos petroleros se integran por los derechos a los hidrocarburos y los impuestos derivados de la actividad petrolera (entre los que se encuentra el impuesto especial sobre producción y servicios a gasolinas y diesel y el impuesto a los rendimientos petroleros), además de los ingresos propios de Pemex.
lunes, 6 de agosto de 2012
Las multimillonarias sangrías de Pemex
5. agosto, 2012 Autor: Martin Esparza Opinión
/Tercera parte
La nueva administración que tomará las riendas del país en diciembre próximo encontrará a Petróleos Mexicanos (Pemex) como una empresa que enfrenta una caída libre en sus niveles de producción de crudo, y que también padece una notoria descapitalización y un desgaste en su sistema operacional. Pemex se desangra por las millonarias pérdidas anuales ocasionadas a sus finanzas por el increíble “extravío” de más de 70 mil barriles diarios de petróleo, el robo a sus ductos y cientos de litigios que ventila en cortes nacionales y extranjeras, cuyos fallos, en la mayoría de los casos, son en su contra.
Producto de la negligencia de sus altos funcionarios pero también de la corrupción de sus cuadros medios, los problemas colaterales que padece la paraestatal son tan graves que ni siquiera la Procuraduría General de la República (PGR) ha podido hacer frente a la innegable presencia de grupos de la delincuencia organizada como el cártel de Sinaloa o Los Zetas, en delitos tales como el robo de carros tanque o la ordeña de los ductos. Delitos que tan sólo en 2011 superaron los 3 mil millones de pesos.
Especialistas en la materia coinciden en que tan recurrentes anomalías no pueden ser posibles sin la participación directa de personal de operación, distribución, almacenamiento y ventas, siendo en la mayoría de los casos funcionarios de segundo nivel, pues los altos directivos de la paraestatal se reservan para ellos el manejo de multimillonarios contratos que otorgan en la mayoría de las ocasiones a empresas trasnacionales que, como sucede en el sector eléctrico, se han ido adueñando de manera paulatina y silenciosa de las diversas áreas de Pemex.
Una muestra de que tanto la PGR como la Policía Federal Preventiva se han cruzado de brazos es que el jurídico de la paraestatal presentó, de 2001 a 2011, 2 mil 611 denuncias por ordeña y tomas clandestinas, de las cuales sólo 15 concluyeron en sentencia. Esto demuestra el poco interés del gobierno federal por no privilegiar la defensa del patrimonio de la empresa y el grado de complicidad que guarda con los grupos delincuenciales que se allegan, año con año, millonarios recursos mediante estos ilícitos.
Hace apenas unas semanas, un reporte emitido por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) alertó de otro problema de dimensiones mayúsculas: el faltante, en los primeros cinco meses del año, nada menos que de 70 mil barriles diarios de petróleo tanto del enviado al extranjero como del distribuido por las refinerías de Cadereyta, Madero, Salamanca, Tula y Minatitlán. Lo que representaba algo así como el 2.8 por ciento de la producción total, o el equivalente, de acuerdo con los expertos, a la producción diaria del yacimiento de Chicontepec.
Si bien es cierto que en todos los estándares internacionales se llegan a manejar márgenes de pérdidas, éstos suelen ser muy inferiores al 1 por ciento de la producción total, pero como en México todo es posible –en el sentido negativo, claro está– los niveles de pérdida no bajan del 1.5 por ciento; por ejemplo en 2011, cuando las pérdidas rondaron el 1.4 por ciento de la producción, los barriles “extraviados” llegaron a las 35 mil unidades diarias.
Lo sospechoso es que a partir de abril pasado los “extravíos” casi se duplicaron al llegar a un 3.2 por ciento de pérdidas; es decir, casi 81 mil barriles diarios que no aparecen por ningún lado, al menos en los registros contables de los funcionarios de la paraestatal.
¿Los costos? Estiman los especialistas que si tomamos en cuenta un promedio de 70 mil barriles diarios de pérdida, los mismos sumarían al mes nada menos que 2 millones 100 barriles, cuyo valor se estima en unos 226 millones 884 dólares. Y si la aritmética no miente y la calculadora no falla, la pérdida anual al patrimonio del país es de 2 mil 722 millones 608 mil dólares, que a un tipo de cambio de 13 pesos por dólar nos daría un total de 35 mil 393 millones 904 pesos.
Es claro que de este gigantesco faltante los altos funcionarios de Pemex no dicen nada como tampoco del saqueo por el robo de combustible. Podemos imaginarnos cuántos proyectos de infraestructura médica o educativa podrían financiarse con estas multimillonarias sangrías por las cuales ni un sólo funcionario es sancionado por las operaciones de este lucrativo cártel negro como ya ha sido bautizado por algunos comunicadores.
De acuerdo con los expertos de la CNH, cuando se les ha llegado a requerir explicaciones de los voluminosos faltantes a los responsables de la subsidiaria Pemex Exploración y Producción, éstos argumentan que se trata de niveles correspondientes a su “nivel de inventarios”. El problema es que tales irregularidades rara vez salen a la luz pública y menos son ventilados en los foros y estrados parlamentarios. Pues, dicho de una manera clara y contundente, son multimillonarios fraudes a la nación, debidamente legalizados. Y hasta justificados. No hay pues, delito que perseguir. Aunque usted no lo crea.
Algo similar sucede con los cientos de demandas civiles, penales, mercantiles o laborales que la paraestatal arrastra desde el gobierno de Ernesto Zedillo y que se acrecentaron en el sexenio de Vicente Fox, cuando, vale recordarlo, aparecía como abogado de Pemex, nada menos que César Nava, uno de los hombres más cercanos a Felipe Calderón.
Anualmente, en sus erogaciones, la paraestatal destina importantes recursos para pagarle a la infinidad de despachos que le representan en sus litigios tanto nacionales como internacionales; tan sólo en diciembre de 2011 se transfirieron al área jurídica de Pemex una reserva de 8 mil 430 millones de pesos para asuntos locales y 8 millones 412 mil 697 dólares para los gastos de sus representantes en el extranjero. Y al igual que como ha sucedido con los litigios de la Comisión Federal de Electricidad, parece que los abogados y representantes jurídicos de Pemex poco hacen por evitar que la empresa pague millonarias indemnizaciones a sus demandantes, pese a que muchos de esos pleitos contra la empresa fueron perfectamente conocidos en su momento por el propio Felipe Calderón, cuando desempeñó el cargo de secretario de Energía en el sexenio de Vicente Fox, y que le valió ser nada menos que el presidente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos.
Durante su sexenio, por ejemplo, Pemex ha debido pagar a empresas como el Consorcio Proyecto Cadereyta, aliada con la compañía coreana SK Engineering y con la alemana Siemens, 311 millones 178 mil dólares, por la supuesta reconfiguración de la Refinería Héctor Lara Sosa, de Cadereyta, Nuevo León, cuyos trabajos nunca se concluyeron, operando la planta sólo a una sexta parte de su capacidad total. No obstante, los abogados de la paraestatal perdieron el pleito.
También la Corporación Mexicana de Mantenimiento Integral le ganó una demanda a Pemex Exploración y Producción, por 293 millones de dólares más otros 34 millones por intereses. Pero la lista es larga y las pérdidas en este renglón, como se observa, también son millonarias. Sangrías injustificables sobre las que habrá que trabajar el próximo gobierno, a ver si es posible tapar o al menos subsanar las enormes filtraciones que presenta este barril sin fondo.
*Secretario general del Sindicato Nacional de Electricistas
/Tercera parte
La nueva administración que tomará las riendas del país en diciembre próximo encontrará a Petróleos Mexicanos (Pemex) como una empresa que enfrenta una caída libre en sus niveles de producción de crudo, y que también padece una notoria descapitalización y un desgaste en su sistema operacional. Pemex se desangra por las millonarias pérdidas anuales ocasionadas a sus finanzas por el increíble “extravío” de más de 70 mil barriles diarios de petróleo, el robo a sus ductos y cientos de litigios que ventila en cortes nacionales y extranjeras, cuyos fallos, en la mayoría de los casos, son en su contra.
Producto de la negligencia de sus altos funcionarios pero también de la corrupción de sus cuadros medios, los problemas colaterales que padece la paraestatal son tan graves que ni siquiera la Procuraduría General de la República (PGR) ha podido hacer frente a la innegable presencia de grupos de la delincuencia organizada como el cártel de Sinaloa o Los Zetas, en delitos tales como el robo de carros tanque o la ordeña de los ductos. Delitos que tan sólo en 2011 superaron los 3 mil millones de pesos.
Especialistas en la materia coinciden en que tan recurrentes anomalías no pueden ser posibles sin la participación directa de personal de operación, distribución, almacenamiento y ventas, siendo en la mayoría de los casos funcionarios de segundo nivel, pues los altos directivos de la paraestatal se reservan para ellos el manejo de multimillonarios contratos que otorgan en la mayoría de las ocasiones a empresas trasnacionales que, como sucede en el sector eléctrico, se han ido adueñando de manera paulatina y silenciosa de las diversas áreas de Pemex.
Una muestra de que tanto la PGR como la Policía Federal Preventiva se han cruzado de brazos es que el jurídico de la paraestatal presentó, de 2001 a 2011, 2 mil 611 denuncias por ordeña y tomas clandestinas, de las cuales sólo 15 concluyeron en sentencia. Esto demuestra el poco interés del gobierno federal por no privilegiar la defensa del patrimonio de la empresa y el grado de complicidad que guarda con los grupos delincuenciales que se allegan, año con año, millonarios recursos mediante estos ilícitos.
Hace apenas unas semanas, un reporte emitido por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) alertó de otro problema de dimensiones mayúsculas: el faltante, en los primeros cinco meses del año, nada menos que de 70 mil barriles diarios de petróleo tanto del enviado al extranjero como del distribuido por las refinerías de Cadereyta, Madero, Salamanca, Tula y Minatitlán. Lo que representaba algo así como el 2.8 por ciento de la producción total, o el equivalente, de acuerdo con los expertos, a la producción diaria del yacimiento de Chicontepec.
Si bien es cierto que en todos los estándares internacionales se llegan a manejar márgenes de pérdidas, éstos suelen ser muy inferiores al 1 por ciento de la producción total, pero como en México todo es posible –en el sentido negativo, claro está– los niveles de pérdida no bajan del 1.5 por ciento; por ejemplo en 2011, cuando las pérdidas rondaron el 1.4 por ciento de la producción, los barriles “extraviados” llegaron a las 35 mil unidades diarias.
Lo sospechoso es que a partir de abril pasado los “extravíos” casi se duplicaron al llegar a un 3.2 por ciento de pérdidas; es decir, casi 81 mil barriles diarios que no aparecen por ningún lado, al menos en los registros contables de los funcionarios de la paraestatal.
¿Los costos? Estiman los especialistas que si tomamos en cuenta un promedio de 70 mil barriles diarios de pérdida, los mismos sumarían al mes nada menos que 2 millones 100 barriles, cuyo valor se estima en unos 226 millones 884 dólares. Y si la aritmética no miente y la calculadora no falla, la pérdida anual al patrimonio del país es de 2 mil 722 millones 608 mil dólares, que a un tipo de cambio de 13 pesos por dólar nos daría un total de 35 mil 393 millones 904 pesos.
Es claro que de este gigantesco faltante los altos funcionarios de Pemex no dicen nada como tampoco del saqueo por el robo de combustible. Podemos imaginarnos cuántos proyectos de infraestructura médica o educativa podrían financiarse con estas multimillonarias sangrías por las cuales ni un sólo funcionario es sancionado por las operaciones de este lucrativo cártel negro como ya ha sido bautizado por algunos comunicadores.
De acuerdo con los expertos de la CNH, cuando se les ha llegado a requerir explicaciones de los voluminosos faltantes a los responsables de la subsidiaria Pemex Exploración y Producción, éstos argumentan que se trata de niveles correspondientes a su “nivel de inventarios”. El problema es que tales irregularidades rara vez salen a la luz pública y menos son ventilados en los foros y estrados parlamentarios. Pues, dicho de una manera clara y contundente, son multimillonarios fraudes a la nación, debidamente legalizados. Y hasta justificados. No hay pues, delito que perseguir. Aunque usted no lo crea.
Algo similar sucede con los cientos de demandas civiles, penales, mercantiles o laborales que la paraestatal arrastra desde el gobierno de Ernesto Zedillo y que se acrecentaron en el sexenio de Vicente Fox, cuando, vale recordarlo, aparecía como abogado de Pemex, nada menos que César Nava, uno de los hombres más cercanos a Felipe Calderón.
Anualmente, en sus erogaciones, la paraestatal destina importantes recursos para pagarle a la infinidad de despachos que le representan en sus litigios tanto nacionales como internacionales; tan sólo en diciembre de 2011 se transfirieron al área jurídica de Pemex una reserva de 8 mil 430 millones de pesos para asuntos locales y 8 millones 412 mil 697 dólares para los gastos de sus representantes en el extranjero. Y al igual que como ha sucedido con los litigios de la Comisión Federal de Electricidad, parece que los abogados y representantes jurídicos de Pemex poco hacen por evitar que la empresa pague millonarias indemnizaciones a sus demandantes, pese a que muchos de esos pleitos contra la empresa fueron perfectamente conocidos en su momento por el propio Felipe Calderón, cuando desempeñó el cargo de secretario de Energía en el sexenio de Vicente Fox, y que le valió ser nada menos que el presidente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos.
Durante su sexenio, por ejemplo, Pemex ha debido pagar a empresas como el Consorcio Proyecto Cadereyta, aliada con la compañía coreana SK Engineering y con la alemana Siemens, 311 millones 178 mil dólares, por la supuesta reconfiguración de la Refinería Héctor Lara Sosa, de Cadereyta, Nuevo León, cuyos trabajos nunca se concluyeron, operando la planta sólo a una sexta parte de su capacidad total. No obstante, los abogados de la paraestatal perdieron el pleito.
También la Corporación Mexicana de Mantenimiento Integral le ganó una demanda a Pemex Exploración y Producción, por 293 millones de dólares más otros 34 millones por intereses. Pero la lista es larga y las pérdidas en este renglón, como se observa, también son millonarias. Sangrías injustificables sobre las que habrá que trabajar el próximo gobierno, a ver si es posible tapar o al menos subsanar las enormes filtraciones que presenta este barril sin fondo.
*Secretario general del Sindicato Nacional de Electricistas
Rompiendo el silencio
John M. Ackerman
"No seremos más voces silenciadas. Estamos aquí con nuestros cuerpos, con nuestras mentes, con nuestras esperanzas, a decirles: ¡basta de envenenar la verdad con el dinero! ¡Basta de pervertir el conocimiento y la educación! […] ¡Basta de no dejarnos participar en nuestro futuro! ¡Construyamos el camino que florece en nuestras manos!” Así concluye el histórico manifiesto del movimiento #YoSoy132 pronunciado a las puertas de Televisa al concluir la toma pacífica de sus instalaciones el pasado viernes 27 de julio.
Los jóvenes han tenido el enorme acierto de identificar la democratización de los medios de comunicación como uno de los objetivos prioritarios en la lucha por lograr una democracia auténtica. Es también correcto ubicar a la empresa Televisa como una de las principales responsables tanto de la degradación del debate público nacional como de la corrupción de la esfera de competencia política. Al establecer acuerdos con actores políticos como Enrique Peña Nieto y PVEM, la televisora de Chapultepec ha fomentado un mercado negro en materia de entrevistas y coberturas informativas que no tiene lugar en un contexto democrático.
La abultada telebancada, que incluye más de 15 diputados y senadores cercanos a Televisa y Tv Azteca, también demuestra que la relación entre las televisoras y el PRI y PVEM ha rebasado el intercambio de favores para entrar en una etapa de verdadera simbiosis, en que es cada vez más difícil distinguir dónde terminan las empresas mediáticas y dónde inician los institutos políticos. Mientras, el Instituto Federal Electoral (IFE) se vanagloria con el supuesto éxito en la aplicación del nuevo modelo de comunicación política. Leonardo Valdés afirma que la industria de la radio y la televisión cumplió con su responsabilidad legal y con la democracia.
Nada más lejano de la realidad. En primer lugar, no hay razón para confiar ciegamente en la cifra de 97 por ciento de cumplimiento de la transmisión de los más de 43 millones de promocionales durante las campañas, precampañas e intercampañas. Hace falta elaborar una auditoría ciudadana para saber hasta qué punto se cumplió cabalmente con la pauta del IFE. También existen indicios de que las televisoras jugaron a conveniencia con los tiempos entre la recepción de los órdenes o espots nuevos del IFE y su cumplimiento, por ejemplo con el retiro tardío del promocional calumnioso en contra de López Obrador y el remplazo particularmente veloz de los espots de Peña Nieto.
El monitoreo del IFE de la cobertura de las campañas en radio y televisión fue también deficiente. En lugar de evaluar y contabilizar de manera integral la atención mediática prestada por cada empresa de radio y televisión a cada uno de los candidatos, el IFE contrató a la UNAM solamente para sumar los segundos de las notas informativas y determinar hasta qué punto éstas serían adjetivadas con la inclusión de alguna afirmación explícita. Quedaron totalmente fuera de este ejercicio la contabilización de la cantidad de entrevistas a cada candidato, los comentarios de los locutores y analistas, así como los aspectos de producción, colocación y encuadre de las mismas notas informativas.
En estos aspectos más sutiles, pero igualmente dañinos para la equidad, hubo una burda manipulación mediática en favor del candidato del PRI que no ha sido tomado en cuenta por el IFE. El consejero electoral local Bernardo Barranco es una de las únicas voces críticas que desde dentro el IFE ha hecho señalamientos al respecto, al comentar el sesgo mediático en el estado de México. También habría que recordar cómo las empresas de radio y televisión traicionaron a la democracia al no convocar un solo debate propio entre los candidatos presidenciales, limitar la transmisión del primer debate y negarse a transmitir el tercero, convocado por el movimiento #YoSoy132.
El omnímodo poder del duopolio televisivo es particularmente agresivo, pero otras empresas también han decidido privilegiar su negocio por encima de su independencia. Tal es el caso, por ejemplo, de MVS Comunicaciones, que si bien hoy todavía mantiene el invaluable espacio de Carmen Aristegui, ya empieza a dar peligrosas señales de subordinación al poder al cancelar la transmisión de las colaboraciones de un servidor sobre el tema de la calificación de la elección presidencial (aquí mi carta de renuncia a MVS: http://ow.ly/cKtK9 ).
Mis señalamientos respecto al trasfondo político de este caso no se realizan a la ligera, como ha señalado Alejandro Vargas, presidente de MVS Radio, sino que están plenamente fundamentadas y comprobadas. No es coincidencia, por ejemplo, que el actual vocero del PRI, Eduardo Sánchez, muy recientemente litigaba para MVS el tema del refrendo de la concesión de la banda 2.5 GHz. Esperemos que Peña Nieto se conforme con haber logrado mi renuncia al noticiero de Luis Cárdenas y no pida también incidir en los espacios de Aristegui.
No podemos confiar en las instituciones estatales o la clase política para lograr las transformaciones profundas que necesita el país. Todos debemos poner nuestra parte para seguir el ejemplo de valentía y lucha de los jóvenes del movimiento #YoSoy132. Hablan por todos cuando se niegan a mantenerse callados y rechazan la imposición de un nuevo presidente cuyo único objetivo será distribuir prebendas entre sus amigos, en lugar de velar por el interés público.
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman
"No seremos más voces silenciadas. Estamos aquí con nuestros cuerpos, con nuestras mentes, con nuestras esperanzas, a decirles: ¡basta de envenenar la verdad con el dinero! ¡Basta de pervertir el conocimiento y la educación! […] ¡Basta de no dejarnos participar en nuestro futuro! ¡Construyamos el camino que florece en nuestras manos!” Así concluye el histórico manifiesto del movimiento #YoSoy132 pronunciado a las puertas de Televisa al concluir la toma pacífica de sus instalaciones el pasado viernes 27 de julio.
Los jóvenes han tenido el enorme acierto de identificar la democratización de los medios de comunicación como uno de los objetivos prioritarios en la lucha por lograr una democracia auténtica. Es también correcto ubicar a la empresa Televisa como una de las principales responsables tanto de la degradación del debate público nacional como de la corrupción de la esfera de competencia política. Al establecer acuerdos con actores políticos como Enrique Peña Nieto y PVEM, la televisora de Chapultepec ha fomentado un mercado negro en materia de entrevistas y coberturas informativas que no tiene lugar en un contexto democrático.
La abultada telebancada, que incluye más de 15 diputados y senadores cercanos a Televisa y Tv Azteca, también demuestra que la relación entre las televisoras y el PRI y PVEM ha rebasado el intercambio de favores para entrar en una etapa de verdadera simbiosis, en que es cada vez más difícil distinguir dónde terminan las empresas mediáticas y dónde inician los institutos políticos. Mientras, el Instituto Federal Electoral (IFE) se vanagloria con el supuesto éxito en la aplicación del nuevo modelo de comunicación política. Leonardo Valdés afirma que la industria de la radio y la televisión cumplió con su responsabilidad legal y con la democracia.
Nada más lejano de la realidad. En primer lugar, no hay razón para confiar ciegamente en la cifra de 97 por ciento de cumplimiento de la transmisión de los más de 43 millones de promocionales durante las campañas, precampañas e intercampañas. Hace falta elaborar una auditoría ciudadana para saber hasta qué punto se cumplió cabalmente con la pauta del IFE. También existen indicios de que las televisoras jugaron a conveniencia con los tiempos entre la recepción de los órdenes o espots nuevos del IFE y su cumplimiento, por ejemplo con el retiro tardío del promocional calumnioso en contra de López Obrador y el remplazo particularmente veloz de los espots de Peña Nieto.
El monitoreo del IFE de la cobertura de las campañas en radio y televisión fue también deficiente. En lugar de evaluar y contabilizar de manera integral la atención mediática prestada por cada empresa de radio y televisión a cada uno de los candidatos, el IFE contrató a la UNAM solamente para sumar los segundos de las notas informativas y determinar hasta qué punto éstas serían adjetivadas con la inclusión de alguna afirmación explícita. Quedaron totalmente fuera de este ejercicio la contabilización de la cantidad de entrevistas a cada candidato, los comentarios de los locutores y analistas, así como los aspectos de producción, colocación y encuadre de las mismas notas informativas.
En estos aspectos más sutiles, pero igualmente dañinos para la equidad, hubo una burda manipulación mediática en favor del candidato del PRI que no ha sido tomado en cuenta por el IFE. El consejero electoral local Bernardo Barranco es una de las únicas voces críticas que desde dentro el IFE ha hecho señalamientos al respecto, al comentar el sesgo mediático en el estado de México. También habría que recordar cómo las empresas de radio y televisión traicionaron a la democracia al no convocar un solo debate propio entre los candidatos presidenciales, limitar la transmisión del primer debate y negarse a transmitir el tercero, convocado por el movimiento #YoSoy132.
El omnímodo poder del duopolio televisivo es particularmente agresivo, pero otras empresas también han decidido privilegiar su negocio por encima de su independencia. Tal es el caso, por ejemplo, de MVS Comunicaciones, que si bien hoy todavía mantiene el invaluable espacio de Carmen Aristegui, ya empieza a dar peligrosas señales de subordinación al poder al cancelar la transmisión de las colaboraciones de un servidor sobre el tema de la calificación de la elección presidencial (aquí mi carta de renuncia a MVS: http://ow.ly/cKtK9 ).
Mis señalamientos respecto al trasfondo político de este caso no se realizan a la ligera, como ha señalado Alejandro Vargas, presidente de MVS Radio, sino que están plenamente fundamentadas y comprobadas. No es coincidencia, por ejemplo, que el actual vocero del PRI, Eduardo Sánchez, muy recientemente litigaba para MVS el tema del refrendo de la concesión de la banda 2.5 GHz. Esperemos que Peña Nieto se conforme con haber logrado mi renuncia al noticiero de Luis Cárdenas y no pida también incidir en los espacios de Aristegui.
No podemos confiar en las instituciones estatales o la clase política para lograr las transformaciones profundas que necesita el país. Todos debemos poner nuestra parte para seguir el ejemplo de valentía y lucha de los jóvenes del movimiento #YoSoy132. Hablan por todos cuando se niegan a mantenerse callados y rechazan la imposición de un nuevo presidente cuyo único objetivo será distribuir prebendas entre sus amigos, en lugar de velar por el interés público.
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman
El miedo a la democracia
Carlos Fazio /III
La fase poselectoral volvió a entramparse en México, país singularizado por fraudes seriales. A diferencia del Pemexgate y el caso Amigos de Fox en los comicios de 2000, lo novedoso ahora es que, además del financiamiento irregular de grandes patrimonios particulares y grupos corporativos privados, la candidatura de Enrique Peña Nieto pudo haber sido aceitada con dinero sucio de la delincuencia organizada.
No hay crimen perfecto. La compra de la Presidencia de México para el candidato fabricado por Televisa y otros grupos multimedia, en colusión con firmas encuestadoras, exhibe muchos cabos sueltos, algunos de los cuales podrían configurar asociaciones delictuosas –incluido lavado de dinero y la triangulación de fondos de procedencia ilícita a través de empresas fantasmas, paraísos fiscales e instituciones financieras, bancarias y comerciales– entre los operadores de campaña de Peña.
Al escándalo de HSBC destapado por el Senado de Estados Unidos, seguido por el Sorianagate y el Monexgate –incluida la extraña muerte del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, ligado al fondo financiero para la campaña peñista–, se suman la denuncia sobre presunto lavado de dinero a través de Scotiabank contra Luis Videgaray, coordinador de campaña del priísta, y la admisión de culpabilidad ante una corte de Nueva York del ex gobernador en Quintana Roo Mario Villanueva, por su participación en operaciones de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas.
Aunque se trata de casos diferentes y sin aparente conexión –incluida su temporalidad–, la conjunción de hechos devela una trama compuesta por mecanismos paralelos y oscuros modus operandi propios del otrora partido de Estado, lo que obligaría a limpiar los comicios por las autoridades competentes, con apoyo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). Si no, ¿para qué sirve la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo?
No obstante, la larga historia de corrupción, impunidad y simulación de México indicaría que eso es casi imposible. Máxime, cuando el comandante en jefe de la guerra a las drogas, Felipe Calderón, se ha venido haciendo el tonto frente a los reportes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Senado estadunidense, que prueban que México se ha convertido en un gran bazar del lavado de dinero para las mafias delincuenciales, en un mundo regido por el neoliberalismo y sus imperativos: la apertura de mercados bajo la falsa bandera del libre comercio, la desregulación generalizada y la obtención de tasas máximas de rentabilidad en plazos cada vez más cortos de recuperación de la inversión. Con la evidencia palpable, al igual que en Colombia o Rusia, de que el dinero de las mafias está presente en la política.
En ese contexto, no llama la atención la rápida validación de la victoria de Peña por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE, organismo cúpula del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios) y otras agrupaciones satélites como Concamin, Concanaco, Coparmex, Canacintra, la Cámara de Comercio, la Asociación de Bancos de México, AMIS, el Consejo Nacional Agropecuario y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales.
Lo que sí asombra un poco es la descarada defensa del proceso comicial por algunos consejeros del Instituto Federal Electoral. Al respecto, y más allá de la evidente toma de partido del presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita –que viene a confirmar que el sistema electoral está al servicio de las élites del poder–, sorprenden argumentaciones como las de la consejera María Marván Laborde, quien en su texto Malas encuestas, ¿ciudadanos idiotas?, hace una velada defensa de las compañías demoscópicas, la televisión, la radio y los periódicos y, asumiendo una actitud paternalista, exonera de cualquier viso de manipulación al ciudadano de a pie. Como en 2006, la autolegitimación del fraude disfrazada de reivindicación de la ciudadanía encarnada en la gente común. El viejo recurso de elogiar al populacho, a la chusma.
Sumado a una Fepade y una CNBV inútiles, y a un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación integrado por magistrados peñistas de corazón, lo anterior deja poco lugar al optimismo. En realidad no hay sorpresa. Se confirma la existencia de unas instituciones míticas, cuya función es la conservación del statu quo. Una vez más, queda exhibida la razón cínica del búnker dirigente –como sinónimo de una sociedad jerarquizada y clasista, opuesta al cambio y la innovación sociales–, controlado por una minoría dominante intransigente, que cultiva un absurdo esencialismo ahistórico y siente un miedo patológico a la información, a la verdad y al pensamiento crítico.
No tardarán en intensificar su severo repertorio ideológico con aire de cruzada en pro de los intereses de los de arriba. Con independencia de las trampas semánticas y la fraseología falsificada de la actual dirigencia priísta y sus amanuenses mediáticos, los mitos del búnker se refieren, como es natural, a los valores más comercializables en el mercado: la defensa de la mexicanidad, de la patria, la democracia, las libertades, del estado de derecho y las instituciones –entre ellas el sacrosanto IFE ciudadanizado, blindado y a prueba de fraudes–, en contraposición al odio y la violencia de quienes encarnan un peligro para México. Una vez más, mitos, mitos, mitos. Con la salvedad de que cuando sus intereses son puestos en peligro por la evolución crítica de la sociedad, los amos de México no dudan en defenderse con todo el peso de esas instituciones y las fuerzas represivas del Estado.
La fase poselectoral volvió a entramparse en México, país singularizado por fraudes seriales. A diferencia del Pemexgate y el caso Amigos de Fox en los comicios de 2000, lo novedoso ahora es que, además del financiamiento irregular de grandes patrimonios particulares y grupos corporativos privados, la candidatura de Enrique Peña Nieto pudo haber sido aceitada con dinero sucio de la delincuencia organizada.
No hay crimen perfecto. La compra de la Presidencia de México para el candidato fabricado por Televisa y otros grupos multimedia, en colusión con firmas encuestadoras, exhibe muchos cabos sueltos, algunos de los cuales podrían configurar asociaciones delictuosas –incluido lavado de dinero y la triangulación de fondos de procedencia ilícita a través de empresas fantasmas, paraísos fiscales e instituciones financieras, bancarias y comerciales– entre los operadores de campaña de Peña.
Al escándalo de HSBC destapado por el Senado de Estados Unidos, seguido por el Sorianagate y el Monexgate –incluida la extraña muerte del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, ligado al fondo financiero para la campaña peñista–, se suman la denuncia sobre presunto lavado de dinero a través de Scotiabank contra Luis Videgaray, coordinador de campaña del priísta, y la admisión de culpabilidad ante una corte de Nueva York del ex gobernador en Quintana Roo Mario Villanueva, por su participación en operaciones de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas.
Aunque se trata de casos diferentes y sin aparente conexión –incluida su temporalidad–, la conjunción de hechos devela una trama compuesta por mecanismos paralelos y oscuros modus operandi propios del otrora partido de Estado, lo que obligaría a limpiar los comicios por las autoridades competentes, con apoyo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). Si no, ¿para qué sirve la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo?
No obstante, la larga historia de corrupción, impunidad y simulación de México indicaría que eso es casi imposible. Máxime, cuando el comandante en jefe de la guerra a las drogas, Felipe Calderón, se ha venido haciendo el tonto frente a los reportes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Senado estadunidense, que prueban que México se ha convertido en un gran bazar del lavado de dinero para las mafias delincuenciales, en un mundo regido por el neoliberalismo y sus imperativos: la apertura de mercados bajo la falsa bandera del libre comercio, la desregulación generalizada y la obtención de tasas máximas de rentabilidad en plazos cada vez más cortos de recuperación de la inversión. Con la evidencia palpable, al igual que en Colombia o Rusia, de que el dinero de las mafias está presente en la política.
En ese contexto, no llama la atención la rápida validación de la victoria de Peña por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE, organismo cúpula del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios) y otras agrupaciones satélites como Concamin, Concanaco, Coparmex, Canacintra, la Cámara de Comercio, la Asociación de Bancos de México, AMIS, el Consejo Nacional Agropecuario y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales.
Lo que sí asombra un poco es la descarada defensa del proceso comicial por algunos consejeros del Instituto Federal Electoral. Al respecto, y más allá de la evidente toma de partido del presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita –que viene a confirmar que el sistema electoral está al servicio de las élites del poder–, sorprenden argumentaciones como las de la consejera María Marván Laborde, quien en su texto Malas encuestas, ¿ciudadanos idiotas?, hace una velada defensa de las compañías demoscópicas, la televisión, la radio y los periódicos y, asumiendo una actitud paternalista, exonera de cualquier viso de manipulación al ciudadano de a pie. Como en 2006, la autolegitimación del fraude disfrazada de reivindicación de la ciudadanía encarnada en la gente común. El viejo recurso de elogiar al populacho, a la chusma.
Sumado a una Fepade y una CNBV inútiles, y a un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación integrado por magistrados peñistas de corazón, lo anterior deja poco lugar al optimismo. En realidad no hay sorpresa. Se confirma la existencia de unas instituciones míticas, cuya función es la conservación del statu quo. Una vez más, queda exhibida la razón cínica del búnker dirigente –como sinónimo de una sociedad jerarquizada y clasista, opuesta al cambio y la innovación sociales–, controlado por una minoría dominante intransigente, que cultiva un absurdo esencialismo ahistórico y siente un miedo patológico a la información, a la verdad y al pensamiento crítico.
No tardarán en intensificar su severo repertorio ideológico con aire de cruzada en pro de los intereses de los de arriba. Con independencia de las trampas semánticas y la fraseología falsificada de la actual dirigencia priísta y sus amanuenses mediáticos, los mitos del búnker se refieren, como es natural, a los valores más comercializables en el mercado: la defensa de la mexicanidad, de la patria, la democracia, las libertades, del estado de derecho y las instituciones –entre ellas el sacrosanto IFE ciudadanizado, blindado y a prueba de fraudes–, en contraposición al odio y la violencia de quienes encarnan un peligro para México. Una vez más, mitos, mitos, mitos. Con la salvedad de que cuando sus intereses son puestos en peligro por la evolución crítica de la sociedad, los amos de México no dudan en defenderse con todo el peso de esas instituciones y las fuerzas represivas del Estado.
domingo, 5 de agosto de 2012
Tristes dilemas, ¿tristes tópicos?
Rolando Cordera Campos
Mientras la fractura europea amenaza la estabilidad de la economía mundial y le impone un techo sumamente bajo a su recuperación, en México se nubla la posibilidad de contar con el contexto político mínimo necesario para responder con eficacia y oportunidad al remezón financiero que se asoma. Los leves indicios de crecimiento o los éxitos de la industria automotriz y de autopartes que soplaban algún optimismo la semana pasada se difuminan por la recaída estadunidense, cuyo consumo se estanca y su empleo se contrae.
Seguir la suerte del principal, celebrada como mantra hace unos días por el inefable equipo económico de Calderón, podría probarse más bien como la ruta más directa a una nueva recaída dentro del estancamiento estabilizador que se nos ha impuesto como maná por la vulgata conservadora. Y todo con cargo al gobierno que habrá de formarse en los próximos meses: todo para el ganador, podría cantar don Felipe.
Contrario a lo que en otro momento podría pensarse, no es buena noticia que los empresarios de la cúpula –varios de ellos precisamente eso: empresarios de los empresarios– se apresten a platicar en lo oscurito con el supuesto victorioso para apurar las reformas que tanto necesitamos. Mucho menos si, como lo denunciaron la UNT y el dirigente de los mineros el jueves pasado, se trata de coronar el triunfo electoral con un fast track en materia laboral destinado a abaratar el despido y a convertir la contratación en un peculiar bien público, de uso exclusivo de los patrones.
Éstas son, sin embargo, las coordenadas que parece querer trazar el gran dinero al nuevo gobierno, sin que medien en su entusiasmo cabildero consideraciones elementales sobre la gravedad de la situación política nacional que la elección y sus formas extremas trajeron a la superficie.
Más allá de la desesperación que los inundó en mayo, cuando comenzó a verse que la mayoría podría no serlo y desde luego no como la querían, el frenesí comprador de votos a que se dieron los priístas recoge circunstancias de desastre en el nivel de vida de grandes capas de mexicanos: el voto verde, de triste recuerdo pero de feliz presente en los territorios chiapanecos, se ha trocado en uno de penuria o de hambre tal cual, que puede dar mayorías pero que sobre todo avisa que algo anda mal, muy mal, en el nuevo México de los urbanos con sus clases medias acorraladas por la incertidumbre no sólo política, sino económica y social.
Para que se compren votos tiene que haber quien los venda: verdad cruda que revela no los rasgos milenarios de una cultura tributaria, sino los del empobrecimiento masivo que se ha empeñado en acompañar los triunfos de una modernidad de escaparate que a pocos conmueve hoy, cuando sus limitaciones y elevados costos se nos vienen encima. Es esta, una razón adicional para caminar y pronto hacia un pacto social redistributivo, democrático y no corporativo, como el sugerido este jueves por los sindicalistas de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) (La Jornada, 2/8/12, pág.13).
Esta necesidad de acuerdos mayores fue tímidamente adelantada en la campaña por una izquierda en busca de un perfil ecuménico que no acabó de cuajar, pero que tendrá que hacerlo si quiere dar a su votación una perspectiva victoriosa y de gobierno en los próximos años. Lo cortés no debería quitar lo valiente y, por eso, la cuestión social marcada por la desigualdad y la pobreza requiere mantener su primacía…por el bien de todos.
Mientras tanto, que no hemos encontrado la forma de lidiar con la triada ponzoñosa dinero-política-medios de información, debía ser claro a estas alturas, pero no lo es. Que no será fácil encararlo, debía ser más que evidente, pero tampoco lo es: de aquí la necesidad vital de que el tribunal haga su mejor esfuerzo para, por lo menos, abrir camino en esta manigua traicionera.
Que los partidos no estuvieron a la altura del despertar cívico de estos meses, debía ser ya verdad canónica de cualquier reforma política futura, pero no lo es, porque los dirigentes están de vacaciones o ensimismados en los nombramientos y el relleno de vacantes en sus estructuras.
Lo que se tiene por delante es una reforma política de gran calado, que asuma el severo déficit de representatividad que acusa el sistema político en su conjunto y que la premura por llegar a una ilusoria normalidad no hará sino profundizar.
Lo social, calificado por la pobreza masiva pero también por el despertar ciudadano condensado por los universitarios, no encontrará cauce constructivo en una dimensión política cuyo vaciamiento llega hasta el corazón mismo del Estado. Por eso la importancia y la centralidad que su reforma debe adquirir en lo inmediato.
La vuelta a la normalidad en estas condiciones no puede sino llevarnos a la peor de las mitologías.
Y ahora, por si nos faltara, nos despertamos con la irresponsabilidad, ¿gozosa?, de una empresa grande y exitosa como Soriana que lanza acusaciones temerarias contra la izquierda y enrarece el ambiente enrarecido, aupada por la precipitación priísta que engola la voz pero no esconde su vocación de ministerio público.
¿Begins the begin? ¿O venga jaleo jaleo? Vaya triste dilema.
Mientras la fractura europea amenaza la estabilidad de la economía mundial y le impone un techo sumamente bajo a su recuperación, en México se nubla la posibilidad de contar con el contexto político mínimo necesario para responder con eficacia y oportunidad al remezón financiero que se asoma. Los leves indicios de crecimiento o los éxitos de la industria automotriz y de autopartes que soplaban algún optimismo la semana pasada se difuminan por la recaída estadunidense, cuyo consumo se estanca y su empleo se contrae.
Seguir la suerte del principal, celebrada como mantra hace unos días por el inefable equipo económico de Calderón, podría probarse más bien como la ruta más directa a una nueva recaída dentro del estancamiento estabilizador que se nos ha impuesto como maná por la vulgata conservadora. Y todo con cargo al gobierno que habrá de formarse en los próximos meses: todo para el ganador, podría cantar don Felipe.
Contrario a lo que en otro momento podría pensarse, no es buena noticia que los empresarios de la cúpula –varios de ellos precisamente eso: empresarios de los empresarios– se apresten a platicar en lo oscurito con el supuesto victorioso para apurar las reformas que tanto necesitamos. Mucho menos si, como lo denunciaron la UNT y el dirigente de los mineros el jueves pasado, se trata de coronar el triunfo electoral con un fast track en materia laboral destinado a abaratar el despido y a convertir la contratación en un peculiar bien público, de uso exclusivo de los patrones.
Éstas son, sin embargo, las coordenadas que parece querer trazar el gran dinero al nuevo gobierno, sin que medien en su entusiasmo cabildero consideraciones elementales sobre la gravedad de la situación política nacional que la elección y sus formas extremas trajeron a la superficie.
Más allá de la desesperación que los inundó en mayo, cuando comenzó a verse que la mayoría podría no serlo y desde luego no como la querían, el frenesí comprador de votos a que se dieron los priístas recoge circunstancias de desastre en el nivel de vida de grandes capas de mexicanos: el voto verde, de triste recuerdo pero de feliz presente en los territorios chiapanecos, se ha trocado en uno de penuria o de hambre tal cual, que puede dar mayorías pero que sobre todo avisa que algo anda mal, muy mal, en el nuevo México de los urbanos con sus clases medias acorraladas por la incertidumbre no sólo política, sino económica y social.
Para que se compren votos tiene que haber quien los venda: verdad cruda que revela no los rasgos milenarios de una cultura tributaria, sino los del empobrecimiento masivo que se ha empeñado en acompañar los triunfos de una modernidad de escaparate que a pocos conmueve hoy, cuando sus limitaciones y elevados costos se nos vienen encima. Es esta, una razón adicional para caminar y pronto hacia un pacto social redistributivo, democrático y no corporativo, como el sugerido este jueves por los sindicalistas de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) (La Jornada, 2/8/12, pág.13).
Esta necesidad de acuerdos mayores fue tímidamente adelantada en la campaña por una izquierda en busca de un perfil ecuménico que no acabó de cuajar, pero que tendrá que hacerlo si quiere dar a su votación una perspectiva victoriosa y de gobierno en los próximos años. Lo cortés no debería quitar lo valiente y, por eso, la cuestión social marcada por la desigualdad y la pobreza requiere mantener su primacía…por el bien de todos.
Mientras tanto, que no hemos encontrado la forma de lidiar con la triada ponzoñosa dinero-política-medios de información, debía ser claro a estas alturas, pero no lo es. Que no será fácil encararlo, debía ser más que evidente, pero tampoco lo es: de aquí la necesidad vital de que el tribunal haga su mejor esfuerzo para, por lo menos, abrir camino en esta manigua traicionera.
Que los partidos no estuvieron a la altura del despertar cívico de estos meses, debía ser ya verdad canónica de cualquier reforma política futura, pero no lo es, porque los dirigentes están de vacaciones o ensimismados en los nombramientos y el relleno de vacantes en sus estructuras.
Lo que se tiene por delante es una reforma política de gran calado, que asuma el severo déficit de representatividad que acusa el sistema político en su conjunto y que la premura por llegar a una ilusoria normalidad no hará sino profundizar.
Lo social, calificado por la pobreza masiva pero también por el despertar ciudadano condensado por los universitarios, no encontrará cauce constructivo en una dimensión política cuyo vaciamiento llega hasta el corazón mismo del Estado. Por eso la importancia y la centralidad que su reforma debe adquirir en lo inmediato.
La vuelta a la normalidad en estas condiciones no puede sino llevarnos a la peor de las mitologías.
Y ahora, por si nos faltara, nos despertamos con la irresponsabilidad, ¿gozosa?, de una empresa grande y exitosa como Soriana que lanza acusaciones temerarias contra la izquierda y enrarece el ambiente enrarecido, aupada por la precipitación priísta que engola la voz pero no esconde su vocación de ministerio público.
¿Begins the begin? ¿O venga jaleo jaleo? Vaya triste dilema.
Pemex: la privatización amenaza al país
Las reiteradas presiones nacionales y extranjeras para lograr una mayor apertura a la iniciativa privada en el sector petrolero del país no son sino un reflejo de la proyección e importancia que ha alcanzado Petróleos Mexicanos (Pemex) en la economía.
Actualmente, el peso de Pemex en el desarrollo del país, y la consecuente ambición que despierta en los grandes intereses corporativos trasnacionales, no sólo debe ponderarse en función del aporte que la paraestatal realiza a las arcas públicas –más de una tercera parte de los recursos del erario provienen de la petrolera–, sino también del lugar que ocupa frente a los principales consorcios empresariales –sus inversiones representan, al día de hoy, el doble de las realizadas por América Móvil, la mayor corporación privada en México–; de la enorme cantidad de recursos que genera –sus ingresos totales al cierre de 2011 sumaron 124 mil 180 millones de dólares y ascienden a 539 mil 300 millones en lo que va del sexenio–, así como de la incuestionable rentabilidad de la producción de crudo y sus derivados en la economía contemporánea.
En los años pasados, desde distintos foros académicos, políticos y de la sociedad organizada se ha insistido en que las dificultades de Pemex –cuyas pérdidas en el segundo trimestre de este año ascendieron a 25 mil 917 millones de pesos– no se deben precisamente a la insuficiencia de recursos o al riesgo inminente de una bancarrota que sin duda implicaría, como puede verse, el desmoronamiento nacional, sino al saqueo fiscal a que la paraestatal es sometida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; a la opacidad extrema en el manejo de sus finanzas y en su relación con el sindicato; al contratismo desmedido con particulares –igualmente opaco– y a aventuras corporativas inexplicables y que causan más daño que beneficio, como el incremento de la participación accionaria de Pemex en la española Repsol. Significativamente, la inversión realizada por la paraestatal para concretar dicha operación sufrió un desplome de más de mil millones de pesos entre agosto de 2011 y abril pasado, como consecuencia de la caída en el valor accionario del consorcio ibérico.
Es sorprendente que, ante este cúmulo de vicios y problemas inveterados y no atendidos, las autoridades federales afirmen que los problemas de Pemex se deben a su condición de entidad paraestatal y al régimen de pensiones de sus trabajadores, como ha sostenido recientemente el director de la compañía, Juan José Suárez Coppel, y que sigan sin mencionar siquiera los problemas de fondo que la aquejan. La actitud omisa del actual grupo gobernante en ese sentido ha sido tan consistente de que resulta difícil atribuirla a una llana ineptitud administrativa: más bien parece que se desprende de un designio por presentar al Estado como intrínsecamente incapaz de administrar a la paraestatal y legitimar, ante la opinión pública, la privatización abierta y generalizada de la industria nacional de los hidrocarburos.
La continuidad, en 2012, del afán privatizador plasmado en la iniciativa de reforma petrolera que presentó Felipe Calderón en 2008 resulta, a la luz de los datos referidos, doblemente riesgosa: implica, desde luego, un riesgo social en la medida en que podría reactivar el amplio rechazo que se expresó hace cuatro años en contra de la iniciativa presidencial, pero también representa un riesgo económico considerable, pues un país privado de un pilar como el que representa Pemex en el gasto público, en la inversión y en el desarrollo nacional vería seriamente amenazada su viabilidad.
Actualmente, el peso de Pemex en el desarrollo del país, y la consecuente ambición que despierta en los grandes intereses corporativos trasnacionales, no sólo debe ponderarse en función del aporte que la paraestatal realiza a las arcas públicas –más de una tercera parte de los recursos del erario provienen de la petrolera–, sino también del lugar que ocupa frente a los principales consorcios empresariales –sus inversiones representan, al día de hoy, el doble de las realizadas por América Móvil, la mayor corporación privada en México–; de la enorme cantidad de recursos que genera –sus ingresos totales al cierre de 2011 sumaron 124 mil 180 millones de dólares y ascienden a 539 mil 300 millones en lo que va del sexenio–, así como de la incuestionable rentabilidad de la producción de crudo y sus derivados en la economía contemporánea.
En los años pasados, desde distintos foros académicos, políticos y de la sociedad organizada se ha insistido en que las dificultades de Pemex –cuyas pérdidas en el segundo trimestre de este año ascendieron a 25 mil 917 millones de pesos– no se deben precisamente a la insuficiencia de recursos o al riesgo inminente de una bancarrota que sin duda implicaría, como puede verse, el desmoronamiento nacional, sino al saqueo fiscal a que la paraestatal es sometida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; a la opacidad extrema en el manejo de sus finanzas y en su relación con el sindicato; al contratismo desmedido con particulares –igualmente opaco– y a aventuras corporativas inexplicables y que causan más daño que beneficio, como el incremento de la participación accionaria de Pemex en la española Repsol. Significativamente, la inversión realizada por la paraestatal para concretar dicha operación sufrió un desplome de más de mil millones de pesos entre agosto de 2011 y abril pasado, como consecuencia de la caída en el valor accionario del consorcio ibérico.
Es sorprendente que, ante este cúmulo de vicios y problemas inveterados y no atendidos, las autoridades federales afirmen que los problemas de Pemex se deben a su condición de entidad paraestatal y al régimen de pensiones de sus trabajadores, como ha sostenido recientemente el director de la compañía, Juan José Suárez Coppel, y que sigan sin mencionar siquiera los problemas de fondo que la aquejan. La actitud omisa del actual grupo gobernante en ese sentido ha sido tan consistente de que resulta difícil atribuirla a una llana ineptitud administrativa: más bien parece que se desprende de un designio por presentar al Estado como intrínsecamente incapaz de administrar a la paraestatal y legitimar, ante la opinión pública, la privatización abierta y generalizada de la industria nacional de los hidrocarburos.
La continuidad, en 2012, del afán privatizador plasmado en la iniciativa de reforma petrolera que presentó Felipe Calderón en 2008 resulta, a la luz de los datos referidos, doblemente riesgosa: implica, desde luego, un riesgo social en la medida en que podría reactivar el amplio rechazo que se expresó hace cuatro años en contra de la iniciativa presidencial, pero también representa un riesgo económico considerable, pues un país privado de un pilar como el que representa Pemex en el gasto público, en la inversión y en el desarrollo nacional vería seriamente amenazada su viabilidad.
Rechazo ciudadano a termoeléctricas No pasa porque no pasa, señalan opositores a gasoducto en Morelos
La paraestatal acosa a campesinos para que cedan derechos de vía, amenaza penalmente y quita apoyos a quienes impugnan el proyecto
Sin consultar a pobladores, la Comisión Federal de Electricidad empezó ya la construcción de una de las termoeléctricas en Huexca, MorelosFoto Rosa Rojas
Habitantes de Huexca advierten que no permitirán la construcción de termoeléctricas en su comunidad por el riesgo que representan para sus vidasFoto Rosa Rojas
Rosa Rojas
Enviada
Periódico La Jornada
Domingo 5 de agosto de 2012, p. 2
Huexca, municipio de Yecapixtla, Mor. Ante la decidida defensa que hacen tanto la administración actual del estado como el gobernador electo, Graco Ramírez, sobre la construcción de un gasoducto que atravesaría 60 pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala para abastecer a dos termoeléctricas que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pretende erigir en este poblado, opositores al proyecto advierten que las obras no pasan porque no pasan, ya que ponen en peligro sus vidas al estar dentro de la zona de riesgo volcánico del Popocatépetl.
Durante un recorrido por Huexca, a unos 11 kilómetros de la ciudad de Cuautla, donde se ubicarían las dos termoeléctricas, cuyas obras la comunidad bloqueó y detuvo desde el pasado 16 de mayo, así como por Jantetelco y Amilcingo, en Morelos; San Francisco Coapan, Santa María Zacatepec y Nealtican, en Puebla, y entrevistas con habitantes de San Vicente, municipio de Nativitas, y San Damian Texolo, de Tlaxcala, por donde pasaría el gasoducto, pudo constatarse que en las tres entidades hay gran oposición a las obras que promueve la CFE pero ejecutarían y manejarían las empresas españolas Elecnor y Abengoa.
Habitantes de dichas comunidades, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (Fpdtampt), se reunieron el fin de semana en Santa María Zacatepec para hacer un balance de la situación en que se encuentra su lucha contra el Proyecto Integral Morelos (PIM), en el cual se invertirán mil 600 millones de dólares, según la propia paraestatal.
El PIM consta del gasoducto –de 150 kilómetros de longitud y diámetro de 30 pulgadas–, las termoeléctricas –de 620 megavatios que consumirán gas natural–, una línea eléctrica de 20 kilómetros hacia la subestación Yautepec y un acueducto de 20 pulgadas desde Cuautla, según información de la Subdirección de Desarrollo de Proyectos de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada de la CFE.
En las entrevistas realizadas en los poblados citados se nos informó que la conducta de empleados de la CFE o de las empresas ha sido dirigirse directamente a ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios de los predios por donde pasaría el gasoducto, sin tomar en cuenta las asambleas ejidales, comunales o de la población, sin una consulta previa, libre e informada, buscando convencerlos de firmar contratos para adquirir un derecho de vía o servidumbre de paso, que originalmente les dicen es de cinco metros, pero posteriormente amplían a 25, pagándoles de renta por 25 años, un total de entre 10 hasta 150 pesos el metro.
Indicaron que dichos promotores incluso acosan a los propietarios de los predios en sus casas, y a los opositores al PIM los presionan –en ocasiones con ayuda de autoridades– quitándoles apoyos, como fue el caso de la cooperativa Chapultitlán, comercializadora de chapulines en Santa María Zacatepec, o con acusaciones penales, como en el caso del delegado municipal de Huexca, Alejandro Estudillo, acusado de obstrucción de una obra pública.
Señalaron que los promotores del gasoducto les dicen que el gas natural no explota, aunque ante los cuestionamientos que se les hacen reconocen que eso puede ocurrir si hay un punto de ignición –que para los campesinos puede ser la chispa que produzca el roce de un tractor con una piedra– o si hay una fuga en los hornos de quienes hacen cerámica, o una erupción del volcán Popocatépetl.
Al respecto, el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder), de la Universidad Autónoma de Puebla, fijó su posición sobre la instalación del PIM señalando que “se consideran inapropiados los cuatro trazos de ubicación del gasoducto que se pretende instalar en zonas aledañas al Popo, así como la instalación de la termoeléctrica en la población de Huexca…”.
En un documento del pasado 10 de julio, firmado por el maestro Carlos Alberto Tovar González, del área de Geociencias de Cupreder-BUAP, menciona que los trazos del gasoducto cruzan la zona considerada como de peligro eruptivo.
Sobre las termoeléctricas, dice que se ubicarían en un área muy vulnerable en relación con los peligros eruptivos y que la instalación de esta infraestructura en la zona “incentivaría sin duda la especulación inmobiliaria y el crecimiento urbano, lo que… va en sentido contrario a la política propuesta en el Programa de Ordenamiento Ecológico de disminuir la presión demográfica en la región del volcán…”.
Cuestionado por La Jornada sobre el temor de los opositores al proyecto de que el gobierno panista saliente pudiera reprimir el movimiento para despejarle el camino, Graco Ramírez afirmó: no quiero que nadie me haga ningún trabajo previo a la llegada como gobernador el primero de octubre, porque he declarado que me opongo públicamente al uso de la fuerza publica, subrayando que él privilegiará el diálogo.
Se hará la consulta
Sobre la denuncia de que la CFE no respetó la obligatoriedad de realizar una consulta previa a los pueblos indígenas de la zona, como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, anunció que se hará dicha consulta.
–¿Y si la población se opone a la obra? –se le preguntó
–Pues vamos a respetarla, pero esperamos convencer a la gente. Yo creo que hay argumentos suficientes para hacerlo. Pues si como gobernador no voy a convencerlos, entonces ¿para qué me dedico a ser gobernador?
sábado, 4 de agosto de 2012
Integrantes de #YoSoy132 en el IPN se quejan por actos represivos en su contra
Refieren detenciones ilegales en Oaxaca, el 22 de julio, en que recibieron golpes y amenazas
Denuncian dos casos de privación ilegal de la libertad, con interrogatorios, tortura e intimidación
Muestras de apoyo a Andrés Manuel López Obrador, quien anunció en conferencia de prensa juicio de inconformidad por las pasadas elecciones presidencialesFoto Marco Peláez
Laura Poy Solano
Periódico La Jornada
Sábado 4 de agosto de 2012, p. 10
Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que participan en el movimiento#YoSoy132 denunciaron que desde junio pasado se han incrementado los actos de represión y hostigamiento en su contra.
En conferencia de prensa, alumnos de la Escuela Superior de Economía (ESE) narraron su detención el pasado 22 de julio en la ciudad de Oaxaca, adonde acudieron a una manifestación en contra de Enrique Peña Nieto y a realizar labores de brigadeo.
Estafani Arriaga, alumna la ESE y una de las jóvenes arrestadas, señaló que ese día la policía estatal detuvo a 25 de sus compañeros, quienes “nos solidarizamos con el compañero David Venegas –integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca–, quien fue reprimido por las autoridades locales. Sin ninguna orden o prueba de que cometiéramos un delito, nos llevaron con los ojos vendados hasta las instalaciones policiacas, donde nos golpearon y amenazaron”.
Sonia Vargas, estudiante de sicología del IPN, destacó que durante nuestra detención el médico y el defensor de derechos humanos que estaban presentes no señalaron nada en torno a nuestras lesiones, ni tampoco quisieron dejar constancia de los malos tratos, por lo que aseguró que fue por la presión de nuestros compañeros movilizados de la sección 22 de Oaxaca y de diversas organizaciones como logramos nuestra liberación.
Miguel Ángel Barranco, otro de los jóvenes detenidos y alumno politécnico, destacó que su demanda es para que se haga justicia, porque no es justo que nos detengan sin una causa y sólo porque ejercimos el derecho a la libertad de expresión.
En un comunicado, integrantes de la asamblea local del Politécnico también denunciaron los casos de una de sus compañeras quien, aseguraron, fue privada de su libertad por varias horas, el pasado 21 de julio, cuando se encontraba en el Metro Bellas Artes, por un desconocido que quería los nombres de quienes participamos en el movimiento.
A esto se suma, indicaron, llamadas de intimidación, y otro caso de una joven del IPN que el pasado 30 de junio fue privada de su libertad por dos días, lapso en el que se le interrogó y torturó para obtener información de los compañeros que conforman la asamblea del Politécnico. Casos que, indicaron, también se sumarán a las denuncias que encabeza el Comité Jurídico y de Derechos Humanos del movimiento.
Denuncian dos casos de privación ilegal de la libertad, con interrogatorios, tortura e intimidación
Muestras de apoyo a Andrés Manuel López Obrador, quien anunció en conferencia de prensa juicio de inconformidad por las pasadas elecciones presidencialesFoto Marco Peláez
Laura Poy Solano
Periódico La Jornada
Sábado 4 de agosto de 2012, p. 10
Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que participan en el movimiento#YoSoy132 denunciaron que desde junio pasado se han incrementado los actos de represión y hostigamiento en su contra.
En conferencia de prensa, alumnos de la Escuela Superior de Economía (ESE) narraron su detención el pasado 22 de julio en la ciudad de Oaxaca, adonde acudieron a una manifestación en contra de Enrique Peña Nieto y a realizar labores de brigadeo.
Estafani Arriaga, alumna la ESE y una de las jóvenes arrestadas, señaló que ese día la policía estatal detuvo a 25 de sus compañeros, quienes “nos solidarizamos con el compañero David Venegas –integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca–, quien fue reprimido por las autoridades locales. Sin ninguna orden o prueba de que cometiéramos un delito, nos llevaron con los ojos vendados hasta las instalaciones policiacas, donde nos golpearon y amenazaron”.
Sonia Vargas, estudiante de sicología del IPN, destacó que durante nuestra detención el médico y el defensor de derechos humanos que estaban presentes no señalaron nada en torno a nuestras lesiones, ni tampoco quisieron dejar constancia de los malos tratos, por lo que aseguró que fue por la presión de nuestros compañeros movilizados de la sección 22 de Oaxaca y de diversas organizaciones como logramos nuestra liberación.
Miguel Ángel Barranco, otro de los jóvenes detenidos y alumno politécnico, destacó que su demanda es para que se haga justicia, porque no es justo que nos detengan sin una causa y sólo porque ejercimos el derecho a la libertad de expresión.
En un comunicado, integrantes de la asamblea local del Politécnico también denunciaron los casos de una de sus compañeras quien, aseguraron, fue privada de su libertad por varias horas, el pasado 21 de julio, cuando se encontraba en el Metro Bellas Artes, por un desconocido que quería los nombres de quienes participamos en el movimiento.
A esto se suma, indicaron, llamadas de intimidación, y otro caso de una joven del IPN que el pasado 30 de junio fue privada de su libertad por dos días, lapso en el que se le interrogó y torturó para obtener información de los compañeros que conforman la asamblea del Politécnico. Casos que, indicaron, también se sumarán a las denuncias que encabeza el Comité Jurídico y de Derechos Humanos del movimiento.
¿Y luego, qué?
Armando Bartra
Jóvenes integrantes de #YoSoy132 junto con miembros de diversas organizaciones, durante la plenaria de la Convención Nacional contra la Imposición, en San Salvador Atenco, estado de México, el pasado 15 de julioFoto Cristina Rodríguez
Como a veces en las Olimpiadas, en estos comicios hubo dopaje y jueces parciales. Con el agravante de que el foto finish no ayuda pues el tramposo compró mucha ventaja. Así las cosas, esta vez no queremos recuento de votos sino anular la elección. Para eso se está trabajando: para que el de los esteroides no suba al podio sino que se repita la competencia.
Como en 2006, en 2012 hubo fraude para impedir que gobierne la izquierda, y hoy como ayer fue orquestado por la oligarquía, los medios masivos y los aparatos clientelares de la derecha. Hace seis años había que bajar a López Obrador (AMLO) y subir a Felipe Calderón (FC), ahora había que impedir que subiera y frenar la caída de Peña Nieto (PN). Entonces se manipularon boletas y recuento para darle a FC un pequeño margen, esta vez se compró y coaccionó masivamente electores para darle a PN una ventaja de más de tres millones de votos. Y esto hace la diferencia, pues en 2006 algunos luchábamos por que AMLO fuera presidente y hoy luchamos por que el Frankenstein de Televisa no lo sea.
¿Estamos peor? En verdad estamos mejor, pues sumándose el movimiento pro AMLO y el anti PN, el repudio a la imposición será hoy aún más grande que en la pasada elección. Hace seis años se pugnaba por llevar a Los Pinos al presidente legítimo; actualmente se pugna por que no llegue el ilegítimo. Y si entonces protestaba el tercio de los sufragantes que había votado por AMLO, hoy repelan los dos tercios que no votaron por PN y muchos que no votaron por nadie. Ahora se inconforma Morena, pero también #YoSoy132 y la Convención Nacional contra la Imposición. En 2006 nos movilizábamos cuando AMLO convocaba, hoy también cuando convocan los estudiantes y hasta cuando no convoca nadie.
Importa sumar fuerzas porque Morena y el Frente Progresista no pudieron ni pueden solos. Miles de marchas, mítines y reuniones le permitieron a AMLO y el obradorismo construir una fuerte candidatura, un amplio movimiento ciudadano, un nuevo proyecto de nación y una organización nacional con más de 4 millones de adherentes. Suficiente para ganar en buena lid, no para sobreponerse a las abismales trampas del sistema.
Sabemos que el obradorismo no convoca a todos los descontentos pues para algunos aún huele a clase política. Por eso fue esperanzador el Movimiento por la Paz, desbarrancado por el protagonismo del líder, y por eso en mayo fue recibida con alegría la irrupción de los jóvenes. Pero no alcanzó el tiempo y el primero de julio no pudimos. Ahora tenemos otra oportunidad, porque juntos obradorismo, estudiantes y organizaciones sociales cercanas al Morena o al 132, unidos en un frente popular o movimiento de movimientos, representan a la mayoría y le pueden dar voz a la nación. Pero ni así será fácil revertir la imposición.
Para evitar que el PRI siga haciendo de las elecciones letrina, más que apelar al IFE, tribunal electoral y Fepade para que barran el tiradero, habría que poner altares guadalupanos en las casillas, a ver si así. Y es que nos gobierna una derecha cínica que renunció a la legitimidad democrática conformándose con la gobernabilidad que dan el clientelismo, la mercadotecnia mediática y el ominoso despliegue de fuerza pública.
Heredero autodesignado de la Revolución, el viejo PRI reprimía pero negociaba: el tecnócrata Salinas dialogó con el EZLN y, pese a su autismo político, también lo hizo Zedillo. En los primeros años del PAN, Fox cuidaba su bono democrático congraciándose con los zapatistas, cediendo ante Atenco y firmando el Acuerdo Nacional para el Campo con las organizaciones rurales…
La concertación, así fuera demagógica, terminó cuando la oligarquía y sus personeros se percataron de que la izquierda abanderada por AMLO podía llegar al poder por vía electoral. Y se espantaron. Primero fue el desafuerogate, y de ahí para el real los gobiernos de la derecha dejaron de lado la concertación y se endurecieron. Un ejemplo paradigmático: como su enemigo era un gobernador priísta y el PAN gobernaba el país, la APPO pensó que podría negociar la salida de Ulises con el presidente saliente o con el entrante, pero los oaxaqueños fueron reprimidos al unísono por Ruiz, Fox y Calderón. Hoy sabemos que, con tal de seguir gobernando, la derecha desvergonzada del tercer milenio está dispuesta a pagar casi cualquier costo en legitimidad.
Habrá que limpiar el cochinero pero, con o sin interinato, en las próximas semanas los movimientos que hoy se oponen a PN tendrán que cambiar de terreno pasando de combatir la imposición a resistir también la ofensiva múltiple de la derecha, al tiempo que luchan por impulsar los cambios desde abajo. En términos olímpicos es como salir de las barras paralelas, dar un giro en el aire y caer de pie.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el SME, la CNTE y otros movimientos sociales agrupados en la convención han embarnecido en la resistencia, mientras que Morena y #YoSoy132 –que nacieron mirando a los comicios– habrán de deselectoralizarse y prepararse para durar.
Pero las dificultades a vencer para no irse de nalgas después de la machincuepa no son las mismas para los estudiantes que para los obradoristas. Por ejemplo: pese a que en la toma de Televisa del 26 y 27 de julio planteó seis temas: democracia, economía, seguridad nacional, educación, salud y solidaridad con los movimientos sociales, 132 nació como un movimiento reactivo, un multitudinario ¡no! a la imposición, y para consolidarse habrá de ir construyendo su plataforma programática. Morena, en cambio, dispone de un amplio proyecto alternativo de país formulado participativamente, pero no es lo mismo impulsar estos cambios por arriba y abajo que hacerlo fuera del gobierno y con su fiera oposición, de modo que, recuperando sus luchas en defensa del petróleo y de la economía popular, el obradorismo tendrá que curtirse aún más en la resistencia y en impulsar el cambio verdadero desde la sociedad organizada.
Morena y 132 son también extremos en el modo de tomar decisiones. Construido en pocos meses y como un ejército cívico diseñado para ganar la elección presidencial, Morena es fuertemente centralista y con mandos articulados de arriba abajo a partir de relaciones de confianza, de modo que su reto mayor es descentralizar y reconstruir paulatinamente sus estructuras a partir de la representación democrática y considerando que, hoy más que nunca, AMLO es el líder, pero ya no el candidato en campaña. En cambio 132 es una organización horizontal, admirablemente democrática y que incluso se ha propuesto atemperar el tradicional centralismo defeño; un movimiento que está en las marchas, acampadas y asambleas, pero igualmente en el ciberespacio: en las redes sociales donde se difunde información, se comparten vivencias y se dirimen o enconan consensos y disensos, un actor en red que con el tiempo irá agilizando su forma de tomar las decisiones que los involucran a todos.
Y hay desafíos comunes. En la medida en que el tema del fraude vaya perdiendo centralidad, otras cuestiones se pondrán en primer plano. Sin duda las llamadas reformas estructurales faltantes, que hasta ahora hemos frenado y habrá que seguir frenando, pero también reivindicaciones sectoriales y regionales menos abarcantes, e incluso problemáticas locales que afectan a pequeños grupos. Las organizaciones de la convención y los aliados gremiales del obradorismo están acostumbrados a esto, pero Morena y 132, no. Tendrán que aprender. Y en el caso de Morena esta previsible territorialización y sectorialización de una parte de la lucha es una de las razones para descentralizar y democratizar paulatinamente su estructura.
En una sociedad diversa la pluralidad reivindicativa es virtud siempre y cuando se evite dispersar y pulverizar las fuerzas. El riesgo es el síndrome del Congreso Nacional Indígena, que al abandonar el objetivo unificador de llevar a la Constitución la ley Cocopa y enfrascarse en autonomías de hecho locales, quizá reforzó sus raíces pero perdió presencia nacional. Para que esto no le suceda al Morena, al 132 y a la convención sería deseable que, además de prolijos programas y plataformas reivindicativas, ubicaran un eje aglutinador que diera sentido y dirección a las diferentes bandas, un tema central que unifique fuerzas.
Hay muchos posibles, pero a mí me cuacha la democracia. No sólo electoral sino también directa y participativa. Porque la cuestión mayor aquí y ahora es cómo se toman en México las decisiones. Como se toman en la cama y en la cola del Metrobús, en el pueblo y el barrio, en la escuela y la fábrica, en la elección de legisladores, de alcaldes, de gobernadores y de presidente de la República. El gran tema es el poder popular.
Podrán comprar la cama, pero los sueños, ¿cuándo?
Jóvenes integrantes de #YoSoy132 junto con miembros de diversas organizaciones, durante la plenaria de la Convención Nacional contra la Imposición, en San Salvador Atenco, estado de México, el pasado 15 de julioFoto Cristina Rodríguez
Como a veces en las Olimpiadas, en estos comicios hubo dopaje y jueces parciales. Con el agravante de que el foto finish no ayuda pues el tramposo compró mucha ventaja. Así las cosas, esta vez no queremos recuento de votos sino anular la elección. Para eso se está trabajando: para que el de los esteroides no suba al podio sino que se repita la competencia.
Como en 2006, en 2012 hubo fraude para impedir que gobierne la izquierda, y hoy como ayer fue orquestado por la oligarquía, los medios masivos y los aparatos clientelares de la derecha. Hace seis años había que bajar a López Obrador (AMLO) y subir a Felipe Calderón (FC), ahora había que impedir que subiera y frenar la caída de Peña Nieto (PN). Entonces se manipularon boletas y recuento para darle a FC un pequeño margen, esta vez se compró y coaccionó masivamente electores para darle a PN una ventaja de más de tres millones de votos. Y esto hace la diferencia, pues en 2006 algunos luchábamos por que AMLO fuera presidente y hoy luchamos por que el Frankenstein de Televisa no lo sea.
¿Estamos peor? En verdad estamos mejor, pues sumándose el movimiento pro AMLO y el anti PN, el repudio a la imposición será hoy aún más grande que en la pasada elección. Hace seis años se pugnaba por llevar a Los Pinos al presidente legítimo; actualmente se pugna por que no llegue el ilegítimo. Y si entonces protestaba el tercio de los sufragantes que había votado por AMLO, hoy repelan los dos tercios que no votaron por PN y muchos que no votaron por nadie. Ahora se inconforma Morena, pero también #YoSoy132 y la Convención Nacional contra la Imposición. En 2006 nos movilizábamos cuando AMLO convocaba, hoy también cuando convocan los estudiantes y hasta cuando no convoca nadie.
Importa sumar fuerzas porque Morena y el Frente Progresista no pudieron ni pueden solos. Miles de marchas, mítines y reuniones le permitieron a AMLO y el obradorismo construir una fuerte candidatura, un amplio movimiento ciudadano, un nuevo proyecto de nación y una organización nacional con más de 4 millones de adherentes. Suficiente para ganar en buena lid, no para sobreponerse a las abismales trampas del sistema.
Sabemos que el obradorismo no convoca a todos los descontentos pues para algunos aún huele a clase política. Por eso fue esperanzador el Movimiento por la Paz, desbarrancado por el protagonismo del líder, y por eso en mayo fue recibida con alegría la irrupción de los jóvenes. Pero no alcanzó el tiempo y el primero de julio no pudimos. Ahora tenemos otra oportunidad, porque juntos obradorismo, estudiantes y organizaciones sociales cercanas al Morena o al 132, unidos en un frente popular o movimiento de movimientos, representan a la mayoría y le pueden dar voz a la nación. Pero ni así será fácil revertir la imposición.
Para evitar que el PRI siga haciendo de las elecciones letrina, más que apelar al IFE, tribunal electoral y Fepade para que barran el tiradero, habría que poner altares guadalupanos en las casillas, a ver si así. Y es que nos gobierna una derecha cínica que renunció a la legitimidad democrática conformándose con la gobernabilidad que dan el clientelismo, la mercadotecnia mediática y el ominoso despliegue de fuerza pública.
Heredero autodesignado de la Revolución, el viejo PRI reprimía pero negociaba: el tecnócrata Salinas dialogó con el EZLN y, pese a su autismo político, también lo hizo Zedillo. En los primeros años del PAN, Fox cuidaba su bono democrático congraciándose con los zapatistas, cediendo ante Atenco y firmando el Acuerdo Nacional para el Campo con las organizaciones rurales…
La concertación, así fuera demagógica, terminó cuando la oligarquía y sus personeros se percataron de que la izquierda abanderada por AMLO podía llegar al poder por vía electoral. Y se espantaron. Primero fue el desafuerogate, y de ahí para el real los gobiernos de la derecha dejaron de lado la concertación y se endurecieron. Un ejemplo paradigmático: como su enemigo era un gobernador priísta y el PAN gobernaba el país, la APPO pensó que podría negociar la salida de Ulises con el presidente saliente o con el entrante, pero los oaxaqueños fueron reprimidos al unísono por Ruiz, Fox y Calderón. Hoy sabemos que, con tal de seguir gobernando, la derecha desvergonzada del tercer milenio está dispuesta a pagar casi cualquier costo en legitimidad.
Habrá que limpiar el cochinero pero, con o sin interinato, en las próximas semanas los movimientos que hoy se oponen a PN tendrán que cambiar de terreno pasando de combatir la imposición a resistir también la ofensiva múltiple de la derecha, al tiempo que luchan por impulsar los cambios desde abajo. En términos olímpicos es como salir de las barras paralelas, dar un giro en el aire y caer de pie.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el SME, la CNTE y otros movimientos sociales agrupados en la convención han embarnecido en la resistencia, mientras que Morena y #YoSoy132 –que nacieron mirando a los comicios– habrán de deselectoralizarse y prepararse para durar.
Pero las dificultades a vencer para no irse de nalgas después de la machincuepa no son las mismas para los estudiantes que para los obradoristas. Por ejemplo: pese a que en la toma de Televisa del 26 y 27 de julio planteó seis temas: democracia, economía, seguridad nacional, educación, salud y solidaridad con los movimientos sociales, 132 nació como un movimiento reactivo, un multitudinario ¡no! a la imposición, y para consolidarse habrá de ir construyendo su plataforma programática. Morena, en cambio, dispone de un amplio proyecto alternativo de país formulado participativamente, pero no es lo mismo impulsar estos cambios por arriba y abajo que hacerlo fuera del gobierno y con su fiera oposición, de modo que, recuperando sus luchas en defensa del petróleo y de la economía popular, el obradorismo tendrá que curtirse aún más en la resistencia y en impulsar el cambio verdadero desde la sociedad organizada.
Morena y 132 son también extremos en el modo de tomar decisiones. Construido en pocos meses y como un ejército cívico diseñado para ganar la elección presidencial, Morena es fuertemente centralista y con mandos articulados de arriba abajo a partir de relaciones de confianza, de modo que su reto mayor es descentralizar y reconstruir paulatinamente sus estructuras a partir de la representación democrática y considerando que, hoy más que nunca, AMLO es el líder, pero ya no el candidato en campaña. En cambio 132 es una organización horizontal, admirablemente democrática y que incluso se ha propuesto atemperar el tradicional centralismo defeño; un movimiento que está en las marchas, acampadas y asambleas, pero igualmente en el ciberespacio: en las redes sociales donde se difunde información, se comparten vivencias y se dirimen o enconan consensos y disensos, un actor en red que con el tiempo irá agilizando su forma de tomar las decisiones que los involucran a todos.
Y hay desafíos comunes. En la medida en que el tema del fraude vaya perdiendo centralidad, otras cuestiones se pondrán en primer plano. Sin duda las llamadas reformas estructurales faltantes, que hasta ahora hemos frenado y habrá que seguir frenando, pero también reivindicaciones sectoriales y regionales menos abarcantes, e incluso problemáticas locales que afectan a pequeños grupos. Las organizaciones de la convención y los aliados gremiales del obradorismo están acostumbrados a esto, pero Morena y 132, no. Tendrán que aprender. Y en el caso de Morena esta previsible territorialización y sectorialización de una parte de la lucha es una de las razones para descentralizar y democratizar paulatinamente su estructura.
En una sociedad diversa la pluralidad reivindicativa es virtud siempre y cuando se evite dispersar y pulverizar las fuerzas. El riesgo es el síndrome del Congreso Nacional Indígena, que al abandonar el objetivo unificador de llevar a la Constitución la ley Cocopa y enfrascarse en autonomías de hecho locales, quizá reforzó sus raíces pero perdió presencia nacional. Para que esto no le suceda al Morena, al 132 y a la convención sería deseable que, además de prolijos programas y plataformas reivindicativas, ubicaran un eje aglutinador que diera sentido y dirección a las diferentes bandas, un tema central que unifique fuerzas.
Hay muchos posibles, pero a mí me cuacha la democracia. No sólo electoral sino también directa y participativa. Porque la cuestión mayor aquí y ahora es cómo se toman en México las decisiones. Como se toman en la cama y en la cola del Metrobús, en el pueblo y el barrio, en la escuela y la fábrica, en la elección de legisladores, de alcaldes, de gobernadores y de presidente de la República. El gran tema es el poder popular.
Podrán comprar la cama, pero los sueños, ¿cuándo?
viernes, 3 de agosto de 2012
Poner el cuerpo, jugarse el alma, ganar la vida (el memorial de agravios de los estudiantes)
Adolfo Gilly
Así comienza el clamor de rebeldía de los recién llegados del 11 de mayo y con ellos esos otros venidos de lejos, desde generaciones sin número y sin nombre, que vienen una vez más a pedir antiguas cuentas a todos cuantos tienen poder y mando:
Éramos cúmulo de descontentos, éramos fraudes electorales sin revolución, éramos Chiapas y 500 años sin nombre levantados en armas, éramos Aguas Blancas y el pueblo en la tierra asesinado, éramos crisis y éramos deudas ajenas, manos sin trabajo, éramos huelga, barricadas aplastadas, Atenco y Oaxaca, mujeres violadas y asesinadas, víctimas de represión. Éramos trabajo esclavo, familias de migrantes, cuerpos en puentes colgados, mártires (presos) del terrorismo de Estado, moneda de cambio en una campaña, asesinato como libre mercado. […] No somos sino que hemos sido. Somos el efecto de la muerte y de la indignación.
Descripción en furia y libertad de este México que no se mencionó así en las campañas ni se mostró en los votos comprados, los estudiantes buscan y van encontrando las palabras precisas para describir este tiempo mexicano donde, como en el verso clásico de Borges, no nos unió el amor sino el espanto. Y es preciso primero describir este espanto si se quiere después liberar el amor.
Es lo que hace este manifiesto, lo que estuvo ausente en las televisiones, lo que trajeron Javier Sicilia y su movimiento y aquí quedó y ahora reaparece para que no nos olvidemos y no nos encerremos en hablar tan sólo de política, por necesaria e ineludible que ésta sea.
Fue este espanto y el silencio, no sólo la pobreza –y ni siquiera ella– lo que abonó el terreno fértil para la compra de los votos. No es por pobreza sólo, sino también por descreimiento en la política tal cual se les presenta y por temor al cacique, al funcionario, al poderoso local del cual dependen favores o desdichas, que tantos hombres y mujeres votan como les exigen quienes tienen poder sobre sus vidas y destinos y sobre el porvenir de sus familias. ¿Y a quién acudir si el cacique, el diputado, el regidor o el señor se enojan con uno? ¿A la justicia? Cuál justicia, hágame usted el favor, la que tuvo años presos a los de Atenco obedeciendo a Peña Nieto y Fox y después, cuando ya se venía la campaña, los declaró inocentes y ustedes disculpen.
Pero ese viernes de mayo los de la Ibero no olvidaron ni disculparon ni se callaron.
* * *
Esos 131 que dieron la cara y mostraron sus documentos, porque a quien les habló como represor como a tal había que mostrar documentos, se definieron desde su espontáneo gesto inaugural de rebeldía ante ese político que, acto reflejo, de inmediato los llamó manipulados. Ahora lo reiteran con todas sus letras en su manifiesto, independientes de todos, los unos y los otros, siendo ellos mismos sin ofender ni defender a ninguno:
#YoSoy132 es un movimiento estudiantil y social, político, apartidista, pacífico, autónomo, antineoliberal, independiente de partidos, candidatos y organizaciones que respondan a un programa electoral; […] que ha trascendido la coyuntura electoral y seguirá organizándose y luchando para trasformar profundamente a México, como contrapeso a cualquier decisión y política que vulnere los derechos e intereses de nuestro pueblo.
Hemos llegado, dicen los estudiantes, y topamos con murallas que nos cierran el paso y el futuro:
la pobreza de más de la mitad de los mexicanos y la obscena riqueza de unos pocos, donde los 10 más ricos del país concentran el equivalente al ingreso de los 40 millones más pobres; un campo abandonado que sólo produce pobreza y migrantes; la ausencia de oportunidades que empuja a los desposeídos al crimen organizado; la venta de lo colectivo para beneficio de unos cuantos y la concesión de megaproyectos por encima de los derechos ambientales y comunales.
Todo este horror está protegido, agregan, por la muralla de la desinformación donde una minoría controla la opinión pública y la verdad es reducida a un artículo más de consumo. Y todo esto lo dijeron ante los muros de Televisa, a las puertas de esta empresa mediática ignominiosa que se ha encargado de manipular y desinformar al pueblo mexicano.
* * *
Esta gran humanidad se ha echado a andar, dijeron los cubanos hace más de medio siglo en los inicios de su revolución. Y vaya si anduvieron. Desde el 11 de mayo en la Ibero esta generación presente de estudiantes mexicanos también salió a caminar y nomás al inicio con esto se topó:
Caminamos unos pasos y con la fría estructura nos pegamos, es la ignorancia sombría, donde se preparan para maquiladores los que tienen la suerte de ir a alguna escuela, donde la educación pública es la educación de las telenovelas, donde el fin de enseñar no es el aprendizaje sino el suministro de mano de obra barata para las trasnacionales […]
Y al final, si aún tenemos rostros y manos, un retén nos cierra el paso, los muros de acero y concreto, los muros de piedras y balas, los muros donde mataron a tu hermana, de las desapariciones forzadas, de los daños colaterales que desdibujan las caras, los muros del miedo y de las cabezas colgadas. […] El muro de la estrategia correcta donde fuiste acribillado para que estuvieras seguro del crimen y del horror.
Este es el México que ellos hallaron, nuestro México, el que no pudimos evitar ni eludir, el que produjo Acteal y Atenco y las innumerables masacres del trabajo y los presos indígenas de Chiapas y los estudiantes asesinados de Ayotzinapa y además y además y además… Ahora convocan a cambiarlo y, a modo de punto de partida, nos proponen seis puntos:
1. Democratización y transformación de los medios de comunicación y difusión.
2. Cambio en el modelo educativo, científico y tecnológico.
3. Cambio del modelo económico neoliberal.
4. Cambio en el modelo de seguridad nacional.
5. Transformación política y vinculación con movimientos sociales.
6. Salud: pleno cumplimiento del derecho a la salud consagrado en el artículo cuarto constitucional.
* * *
Como corolario de sus razones los estudiantes describen el programa y las intenciones de Enrique Peña Nieto:
EPN no debe ser presidente no sólo por el régimen caduco al que representa y por su colusión y subordinación a Televisa, sino por las amenazas que cierne sobre nuestro país la privatización del petróleo a favor de las trasnacionales estadunidenses, la elevación de impuestos para el pueblo, la reforma laboral que legalice la brutal explotación de los trabajadores y la pérdida de derechos laborales indispensables; por último, la privatización del sector salud y de las pensiones de los trabajadores.
Ante este peligro, llamamos a la unión y la organización de las fuerzas sociales en nuestro punto de acuerdo: la transformación del estado actual mexicano.
Los estudiantes de #YoSoy132 llaman a todos a organizarse desde sus creencias, sus comunidades, sus trabajos, sus plazas, sus organismos, sus historias y territorios, para que así podamos juntos entrar en confianza, luchar y trasformar a este nuestro México.
Y con estas palabras cierran su manifiesto dirigido no al pueblo en general sino, con precisión, a los pueblos de México:
Éramos silencio, éramos dolor, éramos opresión. Quisieron arrebatárnoslo todo y lo único que perdimos fue el miedo. Ya no seremos más una voz silenciada. Venimos aquí con nuestros cuerpos que gritan: ¡¡¡Ya basta!!!
Sí, ya basta. ¡Salud y libertad, estudiantes de este y de todos los Méxicos!
jueves, 2 de agosto de 2012
La invalidez y sus secuelas
Jorge Eduardo Navarrete
En especial en las últimas dos semanas, no ha dejado de crecer la acumulación de indicios y evidencias acerca de la naturaleza, extensión y alcance de las irregularidades que viciaron, años antes de su inicio formal, el proceso político-electoral que condujo a la elección presidencial del primero de julio. Día a día aparecen nuevas informaciones de ilícitos electorales y de las cada vez más extendidas y preocupantes ramificaciones que los envuelven, las que apuntan de manera abrumadora hacia un proceso regido y controlado por montos ingentes de recursos financieros, más allá y por encima de los originados en el financiamiento público de partidos y campañas, cuyo origen y destino –turbios ambos, por decir lo menos– es preciso aclarar con suficiencia y oportunidad, es decir, antes de la calificación de los comicios. En estas condiciones, gana ponderación y sustancia la hipótesis de que se ha tornado imperiosa la declaratoria de invalidez de esa elección por parte del tribunal competente. Es obvio que la primera secuela inevitable de la actualización de dicha hipótesis sería la necesidad de que el Congreso de la Unión designase, en su momento, un presidente interino, cuyo mandato central sería reponer la elección invalidada. Tratándose del corolario inescapable de un acontecimiento hipotético, resulta difícil entender el revuelo causado por la declaración de Andrés Manuel López Obrador del 26 de julio, que se limitó a explicitar esta consecuencia específica, con el acertado propósito de disminuir la carga de dramatismo y negatividad con la que, de manera interesada, ha venido presentándosele. Dedico el tercero de mis comentarios poselectorales en La Jornada, tras examinar el 5 de julio las razones para impugnar y el 19 las que existen para invalidar, a discutir algunas de las secuelas de la calificación de invalidez. Se concretan a mostrar que no llovería fuego y azufre sobre la nación, como algunos se han aproximado a sugerir, y que, aunque no exentas de costos, dichas consecuencias serían del todo preferibles a revestir de legalidad a un Ejecutivo federal surgido, una vez más, de una elección tan claramente viciada.
Reponer una elección presidencial en un país de las dimensiones y con las características de México no es, desde luego, tarea sencilla. Podría considerarse uno de esos grandes remedios que la sabiduría popular aconseja sólo para enfrentar grandes males. No se trata, desde luego, de repetir en su integridad el proceso electoral, como si el invalidado no hubiera ocurrido. Se trata, una vez designado el presidente interino, de convocar a una nueva jornada electoral, a una elección extraordinaria, blindándola –dirían nuestros politólogos– frente a los vicios que provocaron la invalidez de la ordinaria. No se trata de escenificar una nueva campaña político-electoral en toda su extensión, y menos aún con sus desmanes propagandísticos; ni de realizar y publicitar una vez más cientos o miles de encuestas de preferencias electorales. Una elección presidencial extraordinaria, para reponer la declarada inválida, sería similar, mutatis mutandis, a una segunda vuelta electoral, como las que se realizan en numerosos países cuando la primera no arroja la mayoría requerida. Éstas, por cierto, suelen ocurrir con unas cuantas semanas de espacio entre ellas. No se requiere más tiempo para organizarla y realizarla.
Es por ello desconcertante que la legislación vigente especifique un plazo mínimo tan prolongado entre la convocatoria –que debe expedirse después de la declaración de invalidez por el tribunal y del nombramiento del presidente interino por el Congreso– para la realización de la elección extraordinaria. Se trata de un lapso superior a un año, de por lo menos 14 meses, equivalente a casi la quinta parte del periodo presidencial. Es claro que ese término mínimo, pensado para suplir la falta absoluta de un presidente en el primer tercio de su mandato, actúa como fuerte desincentivante para determinar la necesidad de reponer una elección, pues magnifica algunos de sus riesgos inherentes. Aplicado el procedimiento al caso de sustituir a un presidente cuyo mandato concluye sin que se haya declarado válida la elección para sucederlo, puede parecer más sencilla y aceptable casi cualquier otra solución, incluso la de legalizar a un Ejecutivo ilegítimo, antes que recurrir al recurso legal de la elección extraordinaria.
En diversos comentarios se ha destacado que, de declararse inválida la elección, nombrarse a un presidente interino y convocarse a una elección extraordinaria, se trastocarían sin remedio los tiempos políticos, se podría caer en una situación en que se perdiese la simultaneidad de algunos procesos electorales federales, como el de renovación del Legislativo y elección del Ejecutivo, y se correrían diversos otros riesgos. Han llegado a expresarse dudas sobre el periodo al que se referiría la elección extraordinaria: “tendría que definirse –afirmó un destacado analista– si en 2018 cuando nuevamente se vote por senadores y diputados federales también se votaría nuevamente por presidente o si el electo en [la extraordinaria de] 2014 cumpliría el periodo de seis años hasta 2020”. Por encima de este tipo de consideraciones, parece claro que, en la mejor de las hipótesis, la elección extraordinaria no podría realizarse antes de noviembre de 2013, transcurridos 14 meses desde el próximo septiembre, cuando presumiblemente podría convocarse, y que se requeriría un lapso de alrededor de 60 días para calificarla. El presidente surgido de la elección extraordinaria, que sólo puede concluir el periodo respectivo (artículo 84 constitucional), tendría un mandato de algo menos de cinco años. ¿Sería éste un precio demasiado alto para reparar un proceso viciado y contar con un presidente cuya legitimidad no esté cuestionada?
En conclusión, de las tres características que por definición constitucional deben reunir las elecciones, sólo se vería alterada la de periodicidad, quizá la única que se ha satisfecho de manera invariable por cerca de un siglo. Sin embargo, la alteración de la periodicidad no sería recurrente –sobre todo si se aprende la lección–, y quedaría reparada al término del mismo periodo constitucional para el cual se habría declarado inválida la elección. En cambio, se habrían defendido y hecho valer los principios de autenticidad y libertad, que claramente revisten al menos igual significado y trascendencia.
Soriana: descalificaciones desafortunadas
Por medio de un desplegado difundido ayer, la cadena de tiendas Soriana responsabilizó al candidato presidencial del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador; a su coordinador de campaña, Ricardo Monreal, y al dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, por los daños físicos y materiales que tanto nuestro personal como nuestras instalaciones pudieran sufrir en la ejecución de las manifestaciones que promueven e incitan, y les exigió frenar las difamaciones y publicidad negativa en contra de nuestra compañía, misma que afecta nuestra imagen, utilizando mentiras y argumentos sin sustento.
El precedente ineludible de estos señalamientos es la agresión con bombas molotov en contra de una de las sucursales de la cadena en Nuevo León el pasado lunes, acto que, al parecer, es colocado por Soriana en el mismo saco de las manifestaciones ciudadanas –generalmente pacíficas– realizadas en varios de sus establecimientos en días y semanas posteriores a las elecciones del pasado 1º de julio.
Cualquier agresión violenta es injustificable y, cuando se configura en hechos como el del pasado lunes, debe ser debidamente esclarecida y sancionada. Sin embargo, las imputaciones realizadas por la cadena de tiendas de autoservicio en contra del Movimiento Progresista y su candidato presidencial son necesariamente desafortunadas, no sólo porque, al no aportar pruebas que sustenten sus dichos, hace que éstos queden reducidos a meras descalificaciones, sino también porque insinúa que la actuación de López Obrador tras los pasados comicios federales ha consistido en incitar a actos de violencia y división social, lo cual es falso. Si algo ha hecho hasta ahora el candidato presidencial de las izquierdas ha sido conducir su inconformidad poselectoral por los cauces legales, y no ha promovido ni incitado agresión de ningún tipo. El carácter estrictamente legal y pacífico del rumbo de acción adoptado por el político tabasqueño ha sido reconocido incluso por la Confederación Patronal de la República Mexicana, cuyo presidente, Alberto Espinoza, rechazó anteayer que haya indicio alguno de inestabilidad política o social a raíz de los pronunciamientos, las impugnaciones y las acciones del frente de la izquierda partidista.
Por otra parte, no puede pasarse por alto que el clima de animadversión y crítica social hacia la referida cadena de supermercados se desprende de los indicios y la evidencia documental que la vinculan –junto con otras entidades privadas– a una presunta compra masiva de sufragios en las pasadas elecciones presidenciales por el PRI. No se trata, en suma, de difamaciones y publicidad negativa en su contra –como afirma Soriana en el desplegado referido–, sino de señalamientos concretos por presumibles acciones ilícitas de uno de los partidos contendientes, y cuyas pesquisas y valoración jurídica corren a cargo de las autoridades correspondientes: el Instituto Federal Electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, la exigencia de la empresa de garantizar la civilidad y la paz social en el clima poselectoral presente tendría que ir dirigida a dichas autoridades antes que al Movimiento Progresista y a su candidato, habida cuenta de que el esclarecimiento de presuntas prácticas violatorias a los códigos electorales y a la Constitución, y la consecuente posibilidad de dotar de certeza jurídica a los pasados comicios, depende de las primeras.
En suma, no será mediante descalificaciones ni mentiras como la empresa de supermercados logrará restañar las afectaciones a su imagen y la animadversión que se ha generado en su entorno. A fin de cuentas, estos elementos son consecuencia, no causa, de un clima político enrarecido y marcado por la sospecha de la ilegalidad electoral. Lo procedente y necesario, en todo caso, es que las autoridades se desempeñen con apego a derecho, que esclarezcan las presuntas transgresiones a la legalidad cometidas en las pasadas elecciones y que, si es el caso, sancionen debidamente a los responsables, sean partidos políticos, candidatos, gobiernos estatales o actores empresariales.
IFE le ocultó al TEPJF información sobre gastos de Peña Nieto
Nacional - Miércoles, 01 de agosto de 2012
La coalición Movimiento Progresista acusó al Instituto Federal Electoral (IFE) de entregar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “información parcial e inconexa” de los gastos de campaña de Enrique Peña Nieto.
Como prueba adicional a la solicitud de invalidez de la elección presidencial, la izquierda argumentó que el IFE no analizó con exhaustividad los documentos que le entregó la alianza formada por el PRI y el PVEM, al no comparar lo reportado por estos partidos con los resultados de monitoreos de propaganda y actos proselitistas.
Según el documento entregado el lunes por la noche a los magistrados que integran la comisión encargada de elaborar el proyecto de cómputo final –y en su caso la validez de la elección presidencial–, la Unidad de Fiscalización del IFE presentó un informe que “permite apreciar el ocultamiento de información de la coalición Compromiso por México –integrada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México– desde el primer mes de campaña presidencial”.
Por ejemplo, cuando esa alianza electoral reportó ingresos, sólo en el primer mes de campaña, por 11 millones 59 mil pesos, que representan 2.4 por ciento del financiamiento de la citada coalición, pese a que en el convenio suscrito por los partidos que conforman la alianza el tricolor aportaría 429 millones 815 mil 883 pesos y el Verde 31 millones 301 mil 420, “quedando en duda el destino del restante 97.6 por ciento”.
El Movimiento Progresista también denunció que “existe inconsistencia en el rubro de egresos de la citada coalición en el primer mes, por un monto de 59 millones 794 mil 85 pesos”, cuando “se aportaron indicios de que cuando menos en eventos de campaña se gastaron 50 millones; la producción de Enrique Peña Nieto, Tv Milenio Diario la calcula en 36 millones (y) la de sus primeros espots no salieron en menos de 20 millones de pesos”.
Lo anterior “sin contar el talento creativo, calculado por productores especializados” en la queja que presentó la izquierda por rebase de tope de campaña del priísta, y en donde se estimó que los primeros 30 días de proselitismo la coalición Compromiso por México gastó 374.9 millones de pesos.
La principal crítica del bloque de izquierda, conformado por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano en esta prueba superveniente, es que el IFE no verificó la autenticidad de los datos del PRI con solicitudes de información al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y se limitó a la simple recepción de documentos.
La izquierda reconoce que lo presentado por la Unidad de Fiscalización a los magistrados del TEPJF Constancio Carrasco, Flavio Galván Rivera y Salvador Nava Gomar es una “primera etapa de revisión”, pero cuestiona que el IFE no cotejara los datos reportados con monitoreos hechos durante el proceso, por ejemplo, en el caso de espectaculares, pues contra los mil 263 reportados por PRI-PVEM, hay “estudios periodísticos” que mencionan el triple.
Finalmente, la coalición Movimiento Progresista consideró que del informe “se desprende el ocultamiento de información por parte de la Unidad de Fiscalización” del organismo electoral, que omitió revisar datos proporcionados por los partidos y no vigiló el cumplimiento legal de las operaciones relativas al financiamiento y gasto, “contrariamente a la transparencia aducida por dicha unidad”.
Exigen frenar acoso de CFE contra colonos de Tlalpan
Hace algunas semanas, brigadas de la CFE comenzaron a cambiar los medidores de luz sin nuestro consentimiento, con lo que se desconoce la reforma al artículo 25 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica de mayo de 2011, que faculta a los usuarios a decidir si se cambia o no su medidor. Asimismo, el 31 de julio se presentó quien dijo ser la ingeniero María de los Ángeles Gutiérrez, líder de las brigadas, para instruir el corte de luz aun a quienes hemos ingresado una queja ante la Profeco, de forma prepotente y hasta violenta para con los usuarios. Lo anterior violó el segundo párrafo del artículo 113 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como las negociaciones que se siguen con la Secretaría de Gobernación.
Exigimos a la Secretaría de Gobernación y a la CFE detener el hostigamiento contra los usuarios de energía eléctrica y las violaciones a la ley que cometen sus funcionarios. Alto a los cortes de luz y cumplimiento a los acuerdos tomados en las mesas de negociación.
Monitoreo revela que Tv Mexiquense, Azteca y Televisa brindaron a Peña cobertura 100% positiva en campaña
El reporte final del monitoreo de espacios noticiosos en radio y televisión, elaborado por el IFE, indica que Peña no recibió ni un solo comentario negativo en los nueve noticieros de televisió
Durante las campañas electorales en el estado de México, la cobertura periodística en radio y televisión fue miel sobre hojuelas para el candidato presidencial del PRI-PVEM, Enrique Peña, quien resultó el más favorecido en los noticieros de estos medios electrónicos.
El reporte final del monitoreo de espacios noticiosos en radio y televisión, elaborado por el IFE, indica que Peña no recibió ni un solo comentario negativo en los nueve noticieros de televisión revisados del 30 de marzo al 27 de junio.
En el monitoreo fueron incluidos los espacios noticiosos del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, así como las repetidoras locales de TV Azteca y Televisa.
En esos noticieros el candidato presidencial del PRI-PVEM acumuló poco más de 11 horas 31 minutos de cobertura, con noticias o comentarios totalmente positivas.
En contraste, la aspirante del PAN, Josefina Vázquez, contabilizó cerca de 5 horas de cobertura, pero todas las noticias resultaron negativas.
Andrés Manuel López Obrador, del PRD-PT-MC, concentró 2 horas 53 minutos de cobertura con emisiones negativas y alrededor de otras 2 horas con una tendencia positiva.
En el monitoreo a los 21 noticieros de radio con emisiones locales, la cobertura también favoreció al priista Enrique Peña.
En estas emisiones noticiosas, la cobertura para el ex Gobernador del Estado de México alcanzó el 31.41 por ciento de menciones.
Atrás aparecieron Andrés Manuel López Obrador con 27.14, Josefina Vázquez Mota con 25.40 y Gabriel Qadri con 16.04 por ciento.
Durante la presentación del informe, en la sesión del Consejo Local del IFE, el consejero Bernardo Barranco advirtió que los medios electrónicos locales tuvieron un comportamiento sesgado a favor del candidato del PRI-PVEM.
"Las opiniones eran favorables, sus puntos de vista eran absolutamente benévolos y no así con los otros candidatos, por ejemplo, en el caso de Andrés Manuel López Obrador hay una actitud crítica por parte de los medios mexiquenses", señaló.
miércoles, 1 de agosto de 2012
Spot de AMLO vuelve a difundirse en Youtube; le quitan voz de Aristegui e imágenes de la BBC
El día de hoy el spot del Movimiento Progresista sobre la compra de votos regresó a Youtube con las modificaciones correspondientes por la denuncia interpuesta por la periodista mexicana Carmen Aristegui respecto al uso de su voz en el video y el reclamo de la cadena británica British Broadcasting Corporation por violar derechos de autor.
Renuncia Ackerman a MVS; denuncia censura
LA REDACCIÓN
31 DE JULIO DE 2012 · 59 COMENTARIOS
COMICIOS 2012
El investigador John M. Ackerman.
Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F., (apro).- El investigador John M. Ackerman renunció como colaborador de Noticias MVS, alegando censura por parte de la empresa presidida por Joaquín Vargas.
El analista denunció que sus tres últimas colaboraciones no han sido difundidas al aire por MVS Noticias y atribuyó esta censura a presiones del equipo del priista Enrique Peña Nieto.
John M. Ackerman, investigador del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM y articulista de Proceso, era colaborador de MVS desde mayo de 2011.
En un comunicado, el académico cuestiona:
“¿Por qué inmediatamente después de la celebración de la elección presidencial MVS sorpresivamente decide suspender las colaboraciones de alguien como un servidor, cuya especialidad es precisamente el derecho electoral y quien recientemente publicó un extenso estudio sobre los criterios de nulidad de elección del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?
“Lo más lamentable de toda esta situación es que al indagar más al respecto, he llegado a descubrir que la suspensión de la transmisión de mis colaboraciones no fue una decisión unilateral por parte de la empresa que usted preside para ‘quedar bien’ con quien ya se ostenta como ‘presidente-electo’, sino una obediente respuesta a una solicitud explícita formulada por personas cercanas al equipo de Peña Nieto”.
31 DE JULIO DE 2012 · 59 COMENTARIOS
COMICIOS 2012
El investigador John M. Ackerman.
Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F., (apro).- El investigador John M. Ackerman renunció como colaborador de Noticias MVS, alegando censura por parte de la empresa presidida por Joaquín Vargas.
El analista denunció que sus tres últimas colaboraciones no han sido difundidas al aire por MVS Noticias y atribuyó esta censura a presiones del equipo del priista Enrique Peña Nieto.
John M. Ackerman, investigador del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM y articulista de Proceso, era colaborador de MVS desde mayo de 2011.
En un comunicado, el académico cuestiona:
“¿Por qué inmediatamente después de la celebración de la elección presidencial MVS sorpresivamente decide suspender las colaboraciones de alguien como un servidor, cuya especialidad es precisamente el derecho electoral y quien recientemente publicó un extenso estudio sobre los criterios de nulidad de elección del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?
“Lo más lamentable de toda esta situación es que al indagar más al respecto, he llegado a descubrir que la suspensión de la transmisión de mis colaboraciones no fue una decisión unilateral por parte de la empresa que usted preside para ‘quedar bien’ con quien ya se ostenta como ‘presidente-electo’, sino una obediente respuesta a una solicitud explícita formulada por personas cercanas al equipo de Peña Nieto”.
Rebase de topes y pago de favores
JOHN M. ACKERMAN
30 DE JULIO DE 2012 · 8 COMENTARIOS
ANÁLISIS
Las tarjetas de Soriana mostradas por AMLO.
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Los ríos de dinero gastados en la campaña de Enrique Peña Nieto evidentemente no fueron donaciones desinteresadas de amigos y familiares sino “inversiones” de parte de poderosos intereses fácticos. El inmovilismo político de un gobierno federal secuestrado por sus patrocinadores implicaría mayores peligros que la incertidumbre política que desencadenaría la eventual invalidación de la elección presidencial. El país difícilmente aguantaría otros seis años de un Ejecutivo federal que gobierna a espaldas de la ciudadanía y utiliza las instituciones públicas para minar en lugar de defender el interés público.
Se acumula la evidencia con respecto al grosero rebase del tope de gastos de campaña por Peña Nieto. Solamente el observador más ingenuo podría imaginar que el priista haya respetado el límite de 336 millones de pesos. Esta cifra probablemente fue rebasada durante las primeras dos semanas de la campaña, con el masivo despliegue de espectaculares y eventos a lo largo y ancho del país. Todos recordamos cómo el viejo partido del Estado incluso repartió litros de gasolina, bronceador y botellas de agua a los turistas durante la Semana Santa.
A estos gastos habría que agregar todo lo erogado en aviones ejecutivos y coches de lujo para Peña Nieto y su equipo, los costosos montajes y acarreos en cada uno de sus eventos públicos y el derroche de dinero para aceitar los medios de comunicación y las casas encuestadoras. Todo esto sin empezar a contabilizar los casos de Monex y Soriana, que juntos podrían haber implicado un gasto de más de 4 mil millones de pesos. También habría que sumar los recursos muy probablemente desviados del erario público hacia la campaña presidencial en los estados gobernados por el PRI.
La Constitución señala claramente como requisito para la celebración de elecciones auténticas que “los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado” (artículo 41, II, primer párrafo). Esta cláusula constituye uno de los cimientos más importantes del avanzado sistema de regulación electoral en México y lo distingue, por ejemplo, del sistema de Estados Unidos, donde el dinero privado fluye libremente.
La ley mexicana establece un firme blindaje del espacio público en contra de las intervenciones indebidas de los particulares. Incluso una de las razones esgrimidas explícitamente por los negociadores de la histórica reforma constitucional de 1996 que incluyó esta salvaguarda fue precisamente la necesidad de evitar la infiltración del dinero del narcotráfico. A sabiendas de que siempre es difícil distinguir entre el dinero limpio y el dinero sucio, los negociadores decidieron reducir la presencia de las donaciones privadas al mínimo.
Durante 2012 cada partido político podrá recibir un total de 33.6 millones de pesos de sus “simpatizantes” y otros 33.6 millones de “militantes”. Y cada donante, persona física o moral, podrá aportar un máximo de 1.7 millones a cada partido, incluyendo cualquier contribución en especie. La ley prohíbe a las personas morales de carácter mercantil realizar cualquier aportación a los partidos o los candidatos.
Llama la atención que al aceptar la relación “indirecta” entre Monex y el PRI, por medio de la empresa Alkino Servicios, Jesús Murillo Karam utilizara precisamente la cifra de 66 millones de pesos, equivalente a la suma de las donaciones permitidas por simpatizantes y militantes. Así, el coordinador de la estrategia jurídica de Peña Nieto sugiere que esas tarjetas no fueron contratadas por el partido con el financiamiento público otorgado por el IFE sino con donaciones externas. Si es el caso, y si se acredita la existencia de un número superior de tarjetas a las 8 mil aceptadas hasta ahora, estaríamos ante una flagrante violación del principio de predominio del financiamiento público sobre el privado.
Lo más grave entonces no sería la simple violación al tope de gastos, sino la “corrupción estructural” (Irma Eréndira Sandoval dixit) que implica la violación de un principio constitucional fundacional en materia electoral. Pero lo verdaderamente preocupante serían las consecuencias prácticas. “El que paga, manda”, reza el sabio dicho mexicano, y los millones de pesos invertidos tendrán que ser retribuidos por Peña Nieto, si es que llega a colocarse la banda presidencial.
Este contexto nos permite entender la insistencia de Peña Nieto en la privatización de Pemex. Por un lado, el tema le permite a Peña Nieto atraer atención de la prensa, las corporaciones y el gobierno de Estados Unidos. Sus entrevistas con el Financial Times en noviembre y con el Wall Street Journal en abril, así como su editorial en el New York Times en julio pusieron fuerte énfasis en el tema de la necesidad de “deshacerse de viejas ideologías” y “abrir” Pemex más a la inversión privada.
Por otro lado la misma iniciativa privatizadora cumpliría con la doble función de ser la gallina de los huevos de oro para compensar a sus múltiples acreedores. Así como Carlos Salinas utilizó las privatizaciones para pagar favores a sus patrocinadores y ayudar a sus amigos, Peña Nieto buscaría hacer lo mismo con la madre de todas las privatizaciones: Pemex.
Sin embargo se antoja difícil que el exgobernador del Estado de México logre su cometido. Los jóvenes han logrado imponer la agenda de discusión pública y cualquier acción hacia la privatización seguramente encontraría una enorme resistencia. Se acabó muy rápidamente la “luna de miel”, normalmente de unos 100 días, de la cual normalmente gozan los nuevos presidentes para emprender reformas y lanzar nuevas iniciativas.
Esto deja a Peña Nieto en una situación delicada ya que todavía no toma posesión y ya empieza a quedar mal con sus acreedores. El ataque en contra de López Obrador con respecto al financiamiento de su propia campaña presidencial es el indicador más claro de la desesperación del priista. Si Peña Nieto se sintiera seguro de la legalidad de su victoria y optimista con respecto a la posibilidad de conducir el país a buen puerto, no habría necesidad de perder su tiempo atacando a un candidato supuestamente irresponsable y desequilibrado que no constituiría amenaza política alguna.
30 DE JULIO DE 2012 · 8 COMENTARIOS
ANÁLISIS
Las tarjetas de Soriana mostradas por AMLO.
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Los ríos de dinero gastados en la campaña de Enrique Peña Nieto evidentemente no fueron donaciones desinteresadas de amigos y familiares sino “inversiones” de parte de poderosos intereses fácticos. El inmovilismo político de un gobierno federal secuestrado por sus patrocinadores implicaría mayores peligros que la incertidumbre política que desencadenaría la eventual invalidación de la elección presidencial. El país difícilmente aguantaría otros seis años de un Ejecutivo federal que gobierna a espaldas de la ciudadanía y utiliza las instituciones públicas para minar en lugar de defender el interés público.
Se acumula la evidencia con respecto al grosero rebase del tope de gastos de campaña por Peña Nieto. Solamente el observador más ingenuo podría imaginar que el priista haya respetado el límite de 336 millones de pesos. Esta cifra probablemente fue rebasada durante las primeras dos semanas de la campaña, con el masivo despliegue de espectaculares y eventos a lo largo y ancho del país. Todos recordamos cómo el viejo partido del Estado incluso repartió litros de gasolina, bronceador y botellas de agua a los turistas durante la Semana Santa.
A estos gastos habría que agregar todo lo erogado en aviones ejecutivos y coches de lujo para Peña Nieto y su equipo, los costosos montajes y acarreos en cada uno de sus eventos públicos y el derroche de dinero para aceitar los medios de comunicación y las casas encuestadoras. Todo esto sin empezar a contabilizar los casos de Monex y Soriana, que juntos podrían haber implicado un gasto de más de 4 mil millones de pesos. También habría que sumar los recursos muy probablemente desviados del erario público hacia la campaña presidencial en los estados gobernados por el PRI.
La Constitución señala claramente como requisito para la celebración de elecciones auténticas que “los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado” (artículo 41, II, primer párrafo). Esta cláusula constituye uno de los cimientos más importantes del avanzado sistema de regulación electoral en México y lo distingue, por ejemplo, del sistema de Estados Unidos, donde el dinero privado fluye libremente.
La ley mexicana establece un firme blindaje del espacio público en contra de las intervenciones indebidas de los particulares. Incluso una de las razones esgrimidas explícitamente por los negociadores de la histórica reforma constitucional de 1996 que incluyó esta salvaguarda fue precisamente la necesidad de evitar la infiltración del dinero del narcotráfico. A sabiendas de que siempre es difícil distinguir entre el dinero limpio y el dinero sucio, los negociadores decidieron reducir la presencia de las donaciones privadas al mínimo.
Durante 2012 cada partido político podrá recibir un total de 33.6 millones de pesos de sus “simpatizantes” y otros 33.6 millones de “militantes”. Y cada donante, persona física o moral, podrá aportar un máximo de 1.7 millones a cada partido, incluyendo cualquier contribución en especie. La ley prohíbe a las personas morales de carácter mercantil realizar cualquier aportación a los partidos o los candidatos.
Llama la atención que al aceptar la relación “indirecta” entre Monex y el PRI, por medio de la empresa Alkino Servicios, Jesús Murillo Karam utilizara precisamente la cifra de 66 millones de pesos, equivalente a la suma de las donaciones permitidas por simpatizantes y militantes. Así, el coordinador de la estrategia jurídica de Peña Nieto sugiere que esas tarjetas no fueron contratadas por el partido con el financiamiento público otorgado por el IFE sino con donaciones externas. Si es el caso, y si se acredita la existencia de un número superior de tarjetas a las 8 mil aceptadas hasta ahora, estaríamos ante una flagrante violación del principio de predominio del financiamiento público sobre el privado.
Lo más grave entonces no sería la simple violación al tope de gastos, sino la “corrupción estructural” (Irma Eréndira Sandoval dixit) que implica la violación de un principio constitucional fundacional en materia electoral. Pero lo verdaderamente preocupante serían las consecuencias prácticas. “El que paga, manda”, reza el sabio dicho mexicano, y los millones de pesos invertidos tendrán que ser retribuidos por Peña Nieto, si es que llega a colocarse la banda presidencial.
Este contexto nos permite entender la insistencia de Peña Nieto en la privatización de Pemex. Por un lado, el tema le permite a Peña Nieto atraer atención de la prensa, las corporaciones y el gobierno de Estados Unidos. Sus entrevistas con el Financial Times en noviembre y con el Wall Street Journal en abril, así como su editorial en el New York Times en julio pusieron fuerte énfasis en el tema de la necesidad de “deshacerse de viejas ideologías” y “abrir” Pemex más a la inversión privada.
Por otro lado la misma iniciativa privatizadora cumpliría con la doble función de ser la gallina de los huevos de oro para compensar a sus múltiples acreedores. Así como Carlos Salinas utilizó las privatizaciones para pagar favores a sus patrocinadores y ayudar a sus amigos, Peña Nieto buscaría hacer lo mismo con la madre de todas las privatizaciones: Pemex.
Sin embargo se antoja difícil que el exgobernador del Estado de México logre su cometido. Los jóvenes han logrado imponer la agenda de discusión pública y cualquier acción hacia la privatización seguramente encontraría una enorme resistencia. Se acabó muy rápidamente la “luna de miel”, normalmente de unos 100 días, de la cual normalmente gozan los nuevos presidentes para emprender reformas y lanzar nuevas iniciativas.
Esto deja a Peña Nieto en una situación delicada ya que todavía no toma posesión y ya empieza a quedar mal con sus acreedores. El ataque en contra de López Obrador con respecto al financiamiento de su propia campaña presidencial es el indicador más claro de la desesperación del priista. Si Peña Nieto se sintiera seguro de la legalidad de su victoria y optimista con respecto a la posibilidad de conducir el país a buen puerto, no habría necesidad de perder su tiempo atacando a un candidato supuestamente irresponsable y desequilibrado que no constituiría amenaza política alguna.
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