A menos de 60 días de que termine el sexenio, el caso SME, sin resolver

Las partes en litigio aún valoran los planteamientos
La noche del 10 octubre de 2009, el gobierno federal asaltó las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro y ordenó su extinciónFoto Alfredo Domínguez
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 7 de octubre de 2012, p. 34
Decenas de reuniones, plantones y dos minutas firmadas al más alto nivel en el Palacio de Covián forman parte del balance preliminar de la Secretaría de Gobernación en torno a un conflicto no solucionado.
En la semana que comienza se cumplen tres años desde que el presidente Felipe Calderón emitió el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), bajo el argumento de que su operación era una carga financiera para el país.
De casi 45 mil trabajadores, que no aceptaron la liquidación que les ofreció el gobierno por años de servicio, permanecen en resistencia poco más de 16 mil, integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
En esta última etapa, el SME ha ganado algunos avances en juzgados y tribunales que les permiten seguir negociando con los funcionarios federales e insistir en la integración de una empresa.
El objetivo central es seguir en el camino de la recontratación colectiva, aunque aun no se define la eventual forma como esto sería posible.
En la mesa central de negociación, en Bucareli, se han expuesto diversas alternativas que evalúan el SME y su dirigencia, encabezada por Martín Esparza.
No obstante, los funcionarios responsables de esta mesa advierten que la extinción de LFC es definitiva y sostienen el argumento dado aquel 11 de octubre de 2009, de que no procede la recontratación en esos términos.
Si eventualmente prosperara un litigio de esa naturaleza, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la extinción pero dejó intocado el aspecto laboral, el gobierno federal podría acudir nuevamente a gestionar un recurso de reconsideración ante el máximo tribunal del país.
El caso SME-LFC se encuentra aún en el legajo de los pendientes del gobierno federal, a menos de dos meses de concluir el sexenio.
Según la Secretaría de Gobernación, ninguno de los problemas vigentes representa una amenaza para la gobernabilidad democrática y afirman que no dejarán una papa caliente a la administración entrante del priísta Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, tampoco se ha concretado una solución en todas las rondas de conversaciones con los dirigentes del SME que ya han tratado con tres titulares de la Gobernación e igual número de subsecretarios de Gobierno.
La primera minuta, firmada por Esparza y el entonces secretario Francisco Blake, (quien falleció días después) se desprenden compromisos para solucionar el conflicto, aunque la trágica muerte del funcionario impidió que se concretaran los puntos firmados en el documento signado como testigo por Marcelo Ebrard, jefe de gobierno capitalino.
El actual subsecretario, Obdulio Ávila, dijo al respecto que sí se ha avanzado en cuanto a las tres vías definidas: trabajadores (11) que están en prisión por hechos derivados del conflicto; la presentación de propuestas de reinserción laboral (particularmente para que los electricistas se conviertan en provedores de bienes y servicios de la administración federal), así como el pago de prestaciones, como el servicio médico en el IMSS.
La segunda minuta –tomada por las partes como compromiso formal– fue firmada el 12 de septiembre pasado, también (como ocurrió con el documento del 13 de septiembre del año pasado) para que se iniciara una ronda de negociación definitiva, a cambio de que los electricistas levantaran su plantón en el Zócalo.
De los aspectos fundamentales, ambas partes continúan, a tres años del conflicto, valorando los planteamientos.

CFE: abusos de clase mundial

De acuerdo con un informe del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cobra a los usuarios de la zona fronteriza de Baja California tarifas hasta 770 por ciento más altas que las que cobra por exportar energía eléctrica a Estados Unidos. En tanto, una investigación de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) señala que la electricidad enviada al norte de la frontera es la más subsidiada en el país, lo que representa un agravio para todos, lo cual demuestra que las tarifas del horario pico no están basadas en una realidad de oferta y demanda, ni en la capacidad de producción real, y refuerzan la tesis de que se está sacrificando a nuestra región por acciones exclusivamente recaudatorias.
Los abusos de la CFE contra los consumidores mexicanos en la frontera norte han dado lugar, desde hace muchos años, a movimientos de protesta organizados por los usuarios, a fin de enfrentar cobros asfixiantes y desmesurados. Tras el golpe de la administración calderonista contra Luz y Fuerza del Centro (LFC) y contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en octubre de 2009, incontables consumidores domésticos, comerciales e industriales de la zona centro del país han venido sufriendo atropellos similares con el argumento mendaz de que las tarifas deben reflejar los costos reales de producción de la energía eléctrica a fin de no afectar las finanzas de la paraestatal.
Es difícil, sin embargo, conciliar tal alegato con el hecho de que la CFE compre energía generada por trasnacionales privadas a precios mucho mayores que los que le implicaría producirla, que condone pagos a grandes concentraciones empresariales, que cobre tan poco dinero por la electricidad exportada, que invierta sumas tan evidentemente desmesuradas en campañas de imagen, que el patrimonio de la disuelta LFC haya sido manejado en forma tan opaca que resulta inevitable sospechar de un pillaje a gran escala y que el costo de liquidación de esa empresa haya resultado mucho más alto que el supuesto déficit de la entidad liquidada.
No debiera escapar a la atención el paralelismo entre los dispendios en la CFE y las inexplicables aventuras emprendidas por la dirección de Pemex, tanto en inversiones ruinosas para sacar a flote a empresas españolas al borde de la quiebra como, en fecha más reciente, en el ramo de los hoteles flotantes.
El caso de la CFE es, en suma, paradigmático de la opacidad, discrecionalidad y corrupción que ha imperado en la administración del sector energético, y consistente con el designio del grupo gobernante –designio retomado y pregonado por el equipo de Enrique Peña Nieto– de acabar con el estatus público de las entidades eléctrica y petrolera y de entregarlas a los capitales privados, tanto nacionales como extranjeros. En lo inmediato, en ambos casos, los hechos indican que ambas empresas operan ya al servicio de intereses foráneos y en detrimento de las necesidades internas del país.

Las justificaciones de la derecha

Arnaldo Córdova
La derecha mexicana está exultante porque considera ya un hecho la aprobación definitiva de la reforma laboral de Calderón y Peña Nieto. Aprobada no sin incidentes en la Cámara de Diputados, ahora espera que se apruebe sin más en el Senado, donde el PRI goza de una mayoría aplastante y, junto con sus aliados, inclusive de una mayoría absoluta. Podría ser que no pasaran los enjuagues que se hicieron entre priístas y panistas en la Cámara baja en torno a la fiscalización de las finanzas de los sindicatos y a la adopción del voto secreto en las votaciones de las asambleas sindicales. Los panistas, en este punto, no son de fiar y pueden reproducir los mismos acuerdos vergonzantes de los que ahora se quejan y que antes hasta festinaron.
Lo que más sorprende de la actitud de la derecha es su persistencia en justificar lo injustificable, vale decir, que la reforma buscó en todo momento someter a los trabajadores a la más abyecta explotación y a su división hasta hacer desaparecer sus derechos colectivos. En un desplegado que se publicó el 29 de septiembre en todos los periódicos, el gobierno panista se defiende de las acusaciones en el sentido de que la iniciativa de reforma afecta la estabilidad en el empleo, impide que los trabajadores generen antigüedad en el mismo, afecta el derecho de huelga, limita el pago de salarios caídos, legaliza la subcontratación y violenta la vida interna de los sindicatos.
Su defensa se limita simplemente a negar que esas acusaciones sean ciertas, sin argumentar nada en contrario. La estabilidad en el empleo, dice el gobierno, no se toca si un empleado tiene trabajo: el asunto es en el nuevo régimen, con la terciarización (outsourcing), el pago por horas y otras minucias, queda claro que el trabajador jamás podrá sentirse seguro en su trabajo y menos si está sometido al régimen de capacitación. Se dice que es falso que el pago por horas vaya a significar el pago de 7 u 8 pesos por hora; la afirmación sólo se sostiene diciendo que se trata de una forma de pago que ya está prevista en la ley; y así por el estilo en los demás rubros.
La huelga ni se toca, se dice en el desplegado de la Secretaría del Trabajo y, cuando se hace referencia a la disminución del pago de salarios caídos, se dice que se pagarán por doce meses, lo que según el gobierno no afecta el derecho de huelga; basta recordar que casi no hay conflicto de trabajo que dure menos de un año para darse cuenta de la falacia. En lo referente a la generación de antigüedad en el empleo, la pregunta es ¿cómo podrá hacerlo un trabajador que sólo trabaja por horas y que, además, está sometido a las nuevas reglas del outsourcing, vale decir, si es un trabajador que depende de otro patrón, y en el cual no tiene posibilidades de hacer antigüedad de ninguna manera?
El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados también se echó al ruedo con otro desplegado publicado el primero de octubre en el que intenta justificar su deleznable actuación en la aprobación de la reforma. En el encabezado se alcanza la puntada de afirmar que aprobó la reforma a la Ley Federal del Trabajo con el propósito de facilitar la creación de empleos con pleno respeto a los derechos de los trabajadores y para dotar de certeza jurídica a los inversionistas.
Con la reforma, se dice en el desplegado, se buscó dar protección a los trabajadores, al garantizarles el trabajo digno con acceso a la seguridad social y a un salario remunerador y al prohibir cualquier forma de discriminación laboral. ¿En qué estarán pensando los priístas cuando hablan de trabajo digno? Seguramente, para ellos, es muy digno el trabajo por horas, a 7 u 8 pesos la unidad de tiempo. O tal vez, también, en eliminar la embarazosa intermediación sindical para entregar a los trabajadores a los terceristas que imponen una doble explotación del trabajo.
En lo que no tienen vergüenza, realmente, es en la justificación, según ellos, de lo que llaman transparencia sindical y rendición de cuentas, tema en el que ellos impusieron a los panistas una renuncia indigna y humillante (muchos senadores panistas siguen aullando y clamando por una venganza que se ve muy difícil de llevar a cabo). Se dice en el desplegado de marras que la reforma garantiza el derecho de las minorías a la información sobre el manejo de recursos, establece periodos definidos para rendir cuentas a los agremiados y define responsabilidades por omisión o malos manejos del patrimonio sindical. Los priístas deben manejar algo así como un texto secreto, desconocido para todo el mundo, pues esas afirmaciones no constan en ningún párrafo del texto aprobado por la Cámara de Diputados.
Para hacer tal vez más sangriento el escarnio, los diputados priístas agregan un párrafo en el cual proclaman como un logro de la reforma ni más ni menos que la democracia sindical y enumeran tres rubros en los cuales se habría plasmado: salvaguarda estatutariamente el libre ejercicio del voto (claro, bajo la férrea vigilancia de los caciques sindicales y de sus esbirros, pues el voto no es secreto, como querían los panistas), asegura la libertad de asociación de los trabajadores (por supuesto, dentro de los sindicatos charros o los sindicatos blancos de la patronal) y mantiene inalterable el derecho de huelga (desde luego, con salarios caídos de no más de un año, cuando los juicios laborales suelen durar hasta cinco o seis años). ¡Vaya con la democracia sindical priísta!
Para culminar, el grupo parlamentario del tricolor nos tira al suelo de la risa cuando afirma que la reforma moderniza el sistema de impartición de justicia laboral, cuando en realidad deja sin tocar el sistema corporativista de las juntas de conciliación y arbitraje, en las que los representantes gubernamentales y patronales hacen de las suyas en perjuicio de los trabajadores. De verdad que es como para dudar de que priístas se hayan dado cuenta de lo que aprobaron o, tan chistosos y ocurrentes que son y como siempre acostumbran, quieren verle al resto de los mortales la cara de tontos.
Los patronos deberían ser los más contentos con la reforma aprobada por la Cámara de Diputados, pero no es así. En un mensaje dado a conocer el primero de octubre, el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, saluda la reforma como un indudable paso adelante, pero advierte que quedan temas importantes pendientes en materia laboral. En el escrito no queda claro de ninguna manera cuáles son esos temas, sólo se advierte al Senado que debe afinar la reforma, corregir inconsistencias y temas donde la redacción o algunas disposiciones pueden resultar contraproducentes o generar distorsiones o efectos colaterales negativos. Señala, eso sí, que el tema que les preocupa a los patrones es el de la terciarización, en la cual ven limitantes excesivas, sin decir cuáles son, tal vez esperando que los senadores las descubran por sí solos.
Lo que a todos nos debe de quedar claro es que la derecha no tiene llenadera, como decía López Obrador, aunque en ello esté jugando peligrosamente con el futuro.

Reforma laboral: menos mercado interno y menos productividad

Antonio Gershenson
Esta reforma ligera que se insiste en imponer, no sólo afecta a numerosos trabajadores y trabajadoras. No sólo aumenta la miseria y afecta la regularidad del trabajo. No sólo se daña la salud de muchos. No sólo disuelve familias, por la dificultad de mantenerlas.
También daña la economía nacional. Se reduce el monto de la economía interna del país. Favorece aún más la crisis. Y también afecta la productividad: los despidos frecuentes afectan la calificación de los trabajadores.
La ignorancia de funcionarios les hace hablar de que los salarios más bajos son los de China. Pero si simplemente leemos un poco más, sabremos que ha habido en ese país huelgas con aumentos de salarios, y aumentos de los mismos decretados por regiones. Un reportaje en una revista extranjera entrevista a un empresario de habla inglesa que vive en Hong Kong, pero que tiene una fábrica en una ciudad vecina, Guangzhou. El empresario se queja de haber tenido que reducir el número de sus trabajadores, porque los salarios aumentaron en total en 20 por ciento. Y tuvo que aumentar la automatización. El periodista le preguntó que por qué no cambia su planta a India, donde los salarios son mucho más bajos. Y la respuesta fue que los trabajadores chinos producen con mucha mayor calidad, y que eso es básico para las ventas.
Aquí se está generando un proceso inverso. Y peor será con la reforma laboral. Menos mercado interno, y menos productividad. Los despidos frecuentes no sólo afectan la vida de los trabajadores, sino que la dificultan para un trabajo calificado.
Hay partes del país en las que el atraso ha llegado más. Se acaba de informar en estas páginas, en Coahuila, que hay zonas agrícolas en varios estados, en que los trabajadores no reciben prestaciones, les retienen sueldos, y hay ahí tiendas de raya, como en tiempos de Porfirio Díaz. ¿Qué tan porfiriana quieren que sea la reforma laboral?
La creciente entrega al extranjero que se ha dado en los sectores petrolero y de electrización, se anuncia como incluso mayor. Está expresamente anunciada. ¿Y la refinería? Nada. El gobierno saliente sólo a veces hablaba del asunto, y sólo hablaba. El oficialmente entrante, ni habla de eso, y resumo algunos puntos del futuro gobierno del PRI, y sus futuros funcionarios.
La entrega anunciada de Pemex:
Peña Nieto quiere romper el monopolio de Pemex en las áreas de refinación y exploración. Está a la derecha de lo que estuvo el PRI en 2008, cuando sólo el gobierno panista plantea que las refinerías fueran de empresas transnacionales. Los votos del PRI y de la izquierda decidieron que la refinería fuera mexicana y de Pemex. El gobierno saliente dejó parada y saboteó la refinería, resultado del acuerdo de la mayoría del Congreso.
En cuanto a la exploración, hay antecedentes de entregar incluso grandes terrenos a trasnacionales de yacimientos productores de petróleo y gas, pero en estas afirmaciones de los mencionados funcionarios, no se plantean limitaciones.
El territorio de Burgos fue entregado a 7 trasnacionales para la explotación de gas. Se entregó incluso a 20 años. Se decía que la tecnología de las trasnacionales permitiría una mayor producción. Sin embargo, su producción llegó hasta sólo 1,515 mpcd (millones de pies cúbicos diarios) en 2009, y luego viene cayendo para llegar, en 2012 y hasta julio, a 1,314 mpcd, con una baja de 13 por ciento.
Funcionarios del priísmo actual –muy a la derecha de otros priístas– manifiestan que les urge entregar a empresas privadas el gas de pizarra. No sólo no les importa la importancia de tratar con cuidado esa sustancia, sino que tampoco les importa Pemex. No es de balde que varios países de Europa han frenado o de plano dejado a un lado ese tipo de gas, que derrocha agua en cantidad y otras sustancias útiles.
Y funcionarios actuales, lo hemos señalado, tienen un programa de compra masiva de gas natural a Estados Unidos, para ir relegando los bienes nacionales y generando una dependencia creciente de esta sustancia estratégica.
De modo que estos cambios que pretende este priísmo no son del gusto de los empresarios nacionales, por lo menos no de todos. A patrones que tienen visión incluso de sus intereses pero de más largo plazo, saben que estas medidas lo van a afectar o incluso a quebrar.
antonio.gershenson@gmail.com

CFE vende la electricidad 8 veces más barata a Sempra en EU que a los residentes de BC

Abuso contra hogares e industriales, concluye estudio de la UABC
Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Domingo 7 de octubre de 2012, p. 24
A través del Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai), el sector empresarial de Baja California y la universidad autónoma de ese estado obtuvieron información sobre el elevado costo de las tarifas eléctricas en la entidad. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) cobra al sector doméstico e industrial 770 por ciento más por el consumo de la energía que la que exporta a Estados Unidos.
La tarifa de exportación es definitivamente la más subsidiada en el país, lo que representa un agravio para todos, expone también un estudio de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
Hace unos días la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) asentada en Mexicali dio a conocer la información a la que tuvo acceso, a través del Ifai, y la cual confirma que la energía eléctrica que la CFE vende a Estados Unidos a la trasnacional Sempra Energy –y una vez que fue generada en suelo mexicano por la empresa mexicana en sus plantas de Rosarito o Cerro Prieto–, se ofrece a aquel país por 19 dólares el Megavatio/hora (Mw/h), mientras que en México la tarifa se eleva a 166 dólares por la misma medida.
Fue Mario García Gratianne, presidente de Canacintra en aquella zona fronteriza, quien puso sobre la mesa la información obtenida del estudio elaborado en la Universidad Autónoma de Baja California. El líder empresarial descalificó la actitud de la paraestatal porque –dijo– representa un abuso de los consumidores mexicanos tanto domésticos como industriales.
Irreales, cobros por hora pico
Las conclusiones del desfalco a los consumidores fueron avaladas también por el en doctor Héctor Campell, coordinador del Departamento de Energéticos de la UABC y el vicepresidente de la Comisión de Energéticos de Canacintra, Miguel Martínez, quienes coincidieron en que las tarifas de la CFE son 770 por ciento más elevadas para los mexicanos que sus tarifas de exportación.
El estido de la UABC llegó al resultado de que la CFE no sólo cobra horarios pico a todos los consumidores en los meses julio y agosto, sino que extiende ese condición a los meses de mayo y junio, a pesar de contar con un remanente para exportar, por lo que dicho cobro es injustificado.
Así, el análisis de la Universidad Autónoma de la entidad, que también incluyó los ingresos que obtuvo CFE por la exportación de energía, descubrió un precio promedio de 19.17 dólares por Mw/h convirtiendo la tarifa de 2.134 pesos por Kw a Mw/h por 166 dólares.
Así el precio de la tarifa de exportación se convierte en la tarifa más subsidiada por la CFE, y esto demuestra que las tarifas del horario pico no están basadas en una realidad de oferta y demanda, ni en la capacidad de producción real, denunció Mario García.

¡Ahora o nunca! Con el señor presidente

Enrique Calderón Alzati
En los tiempos de las bárbaras naciones, de las cruces colgaban los ladrones; hoy en el siglo de las luces, del pecho del ladrón cuelgan las cruces. Cuando escuché estas palabras por primera vez en la escuela me sacudieron por su fuerza; por mucho tiempo me hizo pensar en su dramático significado, hoy creo que la realidad lo ha superado con creces. Junto a los ladrones se crucifica por igual a asesinos que a personas inocentes, y las cruces en el pecho han sido sustituidas por fortunas depositadas en los bancos extranjeros por los funcionarios gubernamentales, mientras las inmensas mayorías del país carecen de empleos dignos para sostener a sus familias. Estos son los tiempos que hoy estamos viviendo, en el ocaso de una de las administraciones más siniestras, corruptas y criminales que ha tenido el país, oyendo cómo el señor Felipe Calderón se afana en difundir los logros de su gobierno, ignorando y tratando de justificar los daños causados a México, a sus instituciones y a su gente, cuando cada día que pasa nuevas noticias nos sacuden sobre sus acciones y omisiones en detrimento de la nación, de su soberanía y de sus instituciones, empeorando las condiciones de violencia, inseguridad y pobreza.
Hace algún tiempo hubo un hombre llamado Marco Tulio Cicerón, habitante de Roma, que en una época tan oscura como la nuestra se vio en la necesidad de decir estas palabras: “Existe un viejo dicho entre los vendedores del mercado: los pescados se pudren de la cabeza hacia abajo, y sí, algo está podrido hoy en Roma –y ¿quién puede dudar que así es?–; yo les digo que esto ha comenzado arriba. Esto ha comenzado en el Senado y solamente hay una cosa que hacer con una apestosa y podrida cabeza de pescado, esos vendedores se los pueden decir a ustedes, y esto es cortarla –¡cortarla y arrojarla a la basura!–; pero ello requiere de un buen cuchillo para separar esa cabeza, porque es una cabeza maligna y bien enraizada, y todos sabemos cómo es esa cabeza, porque ella está corroída con el veneno mortal de la corrupción, llena de odio y de arrogancia. Ello hace necesario una mano muy firme para sostener ese cuchillo, requiere tener los nervios bien templados porque su cuello es duro, es un cuello protegido por los más turbios intereses, pero pronto vendrá el tiempo en que esto lo podremos hacer...”
Desde luego se trata de una metáfora y debemos adecuarla a nuestro tiempo. Aquí no se trata del Senado, sino del presidente de la República, pero el diagnóstico es el mismo, y la solución igual, para nosotros el tiempo es hoy o nunca y tenemos el cuchillo para hacerlo y ese cuchillo no es otra cosa que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, ¡nuestra Constitución!, que en su artículo 87 dice: Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere que la nación me lo demande.
Estoy convencido de que mientras el pueblo de México, es decir nosotros, no unamos nuestras voces en un solo grito de demanda, que de manera clara indique al presidente que no ha cumplido con lo que él se comprometió a hacer, que no ha mirado ni hecho lo necesario por el bien y la prosperidad de la Unión, que en opinión de muchos ha violado la Constitución de varias maneras, y que ha permitido con su ejemplo y aquiescencia que otros la violen, que ha puesto en riesgo la soberanía, al permitir que agentes y armas extranjeras hayan sido introducidas al país, para crear la situación actual de descomposición y muerte, estamos dejando que la descomposición se acreciente y que cada gobierno sea más corrupto que los que lo antecedieron.
Por este motivo el martes próximo estaremos convocando a la sociedad entera a organizarse para realizar una consulta nacional que habrá de llevarse a cabo el domingo 25 de noviembre del presente año en todas las ciudades de nuestro país, para sancionar con su aprobación el dictamen de un tribunal ciudadano que habrá de reunirse en la ciudad de México a partir del 22 de octubre, para escuchar las acusaciones y alegatos que le permitan elaborar el dictamen que será dado a conocer a la sociedad el 14 de noviembre, para su difusión a todo el país.
Hacemos un llamado a los medios de comunicación independientes, así como a las diferentes redes y organizaciones sociales, estudiantiles y laborales comprometidas con la democracia y el futuro de la nación, a difundir la convocatoria que para este fin estaremos haciendo el 13 de octubre en el sitio: www.tribunalciudadano.mx.
De esta manera estaremos contando con un documento sancionado por todos aquellos ciudadanos mexicanos que así lo deseen hacer, como un mensaje claro de demanda y repudio a un gobierno que además de la duda en cuanto a su legitimidad de origen, ha actuado de manera contraria a los intereses nacionales, para su difusión inmediata a todo el país. De todos depende ahora lograr este hecho sin precedente, que estamos seguros contribuirá a cambiar la situación actual y el rumbo futuro del país.
ecalderon.lajornada@hotmail.com
Twitter @ecalderonalzati

Reforma laboral, suma de contradicciones

Arturo Alcalde Justiniani
El proceso de reforma laboral ha exhibido las contradicciones entre el discurso y los verdaderos intereses de buena parte de sus impulsores, entre ellos los empresarios y el gobierno federal. Ha prevalecido el peso de la simulación y la resistencia a un verdadero cambio, como lo requiere nuestro modelo laboral y productivo.
Una diferencia inicial se relaciona con las motivaciones de la reforma, presentada como estructural, en favor del empleo y en beneficio de los trabajadores. Las evidencias acreditan lo contrario. No es estructural porque deja intocadas las prácticas, instituciones y vicios que prevalecen; dos temas que hubieran resultado claves para lograr cambios de fondo serían: suprimir las juntas de Conciliación y Arbitraje, que son un producto corporativo sometido a la consigna gubernamental sectorial, y sustituirlas por jueces auténticos. El segundo, recuperar la vigencia de la contratación colectiva auténtica, garantizando la participación de los trabajadores desde su nacimiento o firma, a través de la consulta mediante el voto secreto de sus destinatarios, así se evitarían los contratos colectivos de protección patronal que se han convertido en la enfermedad más grave del modelo. A estos dos grandes temas simplemente se les dio la vuelta.
Además de no ser estructural la reforma, tampoco será creadora de empleos. Día a día se acumulan los análisis especializados que demuestran que no existe relación necesaria entre los cambios a la ley y el crecimiento de nuevas plazas de trabajo. Quizá el único funcionario que ha sido sincero en sus declaraciones es el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, al señalar que la verdadera motivación de la reforma era la contratación y el despido libre y barato.
Afirmar que la reforma es en favor de los trabajadores es un chiste de mal gusto, su producto más significativo ha sido limitar los salarios vencidos en caso de despido injustificado hasta por el término de un año, alegando la extrema lentitud de las juntas de Conciliación y Arbitraje. En lugar de proponer cambios, como se ha hecho en otras ramas del derecho tendientes a impartir justicia pronta y expedita, se optó por hincarle el diente a los trabajadores, incrementando su agobio e indefensión, especialmente en la pequeña y mediana empresa.
El capítulo de transparencia, rendición de cuentas y voto secreto también puso en evidencia los dobles discursos. El Ejecutivo federal había formulado un planteamiento contradictorio: por un lado sustentaba estas propuestas y por el otro las cancelaba, al impedir que esos trabajadores supuestamente democratizados pudieran participar en la contratación colectiva. De nada sirve contar con un sindicato democrático si se le bloquea el acceso a la negociación de las condiciones de trabajo. En el renglón de la transparencia, la iniciativa presidencial planteaba, siguiendo los criterios del Ifai, que debería existir el acceso público a los registros que obran en las oficinas gubernamentales, juntas de Conciliación y Arbitraje y Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que contienen los contratos colectivos y documentos que los sindicatos están obligados a exhibir por ley; sin embargo, el PAN votó en contra de esta propuesta en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, junto con la aplanadora PRI, PVEM y Partido Nueva Alianza; con esa votación, que contradice sus pronunciamientos públicos, quedó claro que el PAN no estaba interesado en ningún cambio que incomodara al sector empresarial, al que ha representado en todos los temas de manera disciplinada. Los patrones no quieren que se den a conocer esos registros gubernamentales porque echan luz sobre los contratos de protección patronal, práctica viciosa que defienden a toda costa y que les permite imponer al sindicato de su preferencia en las fuentes de trabajo, pervirtiendo todo el modelo de relaciones laborales. En otras palabras, aceptan el voto secreto y la rendición de cuentas a cargo del sindicato, pero nada en el ámbito contractual, buscan evitar que la corrupción y el control sean exhibidos; ahora en el Senado, el PAN pretende desviar la atención hacia el renglón del descuento de cuotas sindicales, aspecto que ni siquiera formó parte de la iniciativa presidencial ni del dictamen.
En cuanto a la cláusula de exclusión que se refiere a la separación de quienes renuncian o sean expulsados de un sindicato, fue derogado de la ley; el cambio es correcto y atiende a los criterios de nuestro máximo tribunal de justicia; sin embargo, como en otras partes del mundo, debió compensarse estableciendo prohibiciones y sanciones a los patrones que intervienen en la vida de los gremios, obligando a los trabajadores a renunciar a los sindicatos.
Algunas de las intenciones de la iniciativa presidencial no han logrado sus efectos perniciosos. Los obstáculos al derecho de huelga y otros requisitos insalvables para cambios de sindicato quedaron fuera. Los contratos temporales, a prueba y de capacitación fueron condicionados a la participación de la Comisión Mixta de Productividad en una redacción confusa y contradictoria; los contratos por hora fueron matizados de manera incompleta con el señalamiento de que debe cubrirse el jornal completo y respetar los derechos de la plaza. A futuro estos aspectos generarán numerosas controversias legales.
En relación con el tema del régimen de subcontratación que la iniciativa había planteado sin límites, encubriendo la responsabilidad de los auténticos patrones, fue al menos regulada por tres condiciones contenidas en el artículo 15 A: no podrán abarcar la totalidad de las actividades de la empresa, deberá justificarse por su carácter especializado y no podrán comprender las tareas que realizan el resto de los trabajadores al servicio del verdadero patrón. De no cumplirse con estas condiciones el beneficiario o contratante, será reconocido como verdadero patrón. Estos requisitos, si bien insuficientes, provocaron la preocupación de aquellas empresas que se han ido hasta la cocina en materia de subcontratación, convertida en deporte nacional, sin contrapeso ni árbitro, sobre todo a través de las llamadas empresas de servicios, creadas para no pagar utilidades, reducir pago de impuestos y costos de seguridad social y precarizar los derechos individuales y colectivos. El sector empresarial más rudo ha confesado que pretende ir al Senado para suprimir cualquier vestigio de protección. Lo quieren todo. Sienten que los trabajadores están en barata.

El fracaso de la pobretología

Jaime Martínez Veloz
Después de casi 18 años de que se instituyó la política de asignar subsidios a través de programas direccionados a las familias más pobres del país, como la panacea o la fórmula mágica para que éstas salieran de la situación social en la que se encontraban, la realidad demuestra la insuficiencia de estas medidas.
Concebir la pobreza como un fenómeno aislado de la realidad social y atenderla mediante dádivas y medidas asistenciales ha fracasado como política de gobierno, ha inmovilizado la participación social y la creatividad comunitaria. Los destinatarios de los programas sociales son objetos y no sujetos de la acción pública, por lo tanto, la organización social que pudiera potenciar la fortaleza del Estado mexicano para enfrentar los nuevos retos está ausente en la vida social mexicana.
El establecimiento de metodologías diseñadas en los escritorios de oficinas públicas, alejadas del conocimiento y la comprensión de los fenómenos sociales, ha contribuido en gran medida a la desarticulación del tejido social comunitario. El temor, la incertidumbre y la desesperanza se han apoderado de comunidades, pueblos y rancherías. La falta de expectativas de vida, de empleo y oportunidades de estudio para los jóvenes los hace presas fáciles para incorporarse a las bandas delictivas, sumirse en las adicciones o emigrar hacia Estados Unidos. En las zonas urbanas, quienes encuentran trabajo tienen que estirar su salario ante el alza de precios de los productos básicos y destinar una parte importante de su salario a un transporte caro e ineficiente que alarga la jornada de trabajo e impide una relación de mayor cercanía con sus familiares.
Las cifras oficiales expresan la incompetencia gubernamental y la forma en la que se desvirtúan los programas públicos. De acuerdo con estimaciones hechas a partir de datos de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto 2010 (ENIGH), 5 millones y medio de personas que no son pobres son beneficiarias del Programa Oportunidades y, a la par, 5 millones y medio de personas en pobreza extrema no están incluidas en dicho programa, sin contar con los 33.6 millones de personas en condiciones de pobreza moderada que tampoco son beneficiarias de dicho programa.
Con datos de la misma encuesta oficial, nos encontramos que 9.1 millones de personas que no son pobres reciben beneficios de los programas sociales del gobierno y 34.7 millones de personas en condiciones de pobreza extrema y moderada no reciben ningún beneficio de los programas oficiales. Adicionalmente, los beneficiarios de los programas federales han venido sufriendo una pérdida en el valor real de los apoyos recibidos, sobre todo debido al incremento en el precio de los alimentos. Bajo la lógica de repartir dinero público para intentar por la vía de la dádiva sacar de la pobreza a los hogares, se requerirían más de 500 mil millones de pesos anuales, lo que significaría un incremento de casi mil 500 por ciento del presupuesto del Programa Oportunidades del presente año. Con el agravante de que dicha acción no garantiza un avance significativo en los objetivos de reducción de la pobreza.
Los actuales programas sociales gubernamentales en su conjunto (Oportunidades, Procampo, 70 y más, PAL, Programa de Empleo Temporal y otros) en cuanto a la reducción de la pobreza tienen un impacto irrelevante. Con datos de la ENIGH 2010, al estimar cuál sería el tamaño de la pobreza si no existieran los actuales programas sociales, la pobreza alimentaria se incrementaría de 18.8 a 21.7 por ciento; la pobreza de capacidades aumentaría de 26.6 a 29.1 por ciento, y la pobreza patrimonial se elevaría de 51.0 a 52.7 por ciento. Las famosas tarjetas para los pobres ideadas por los tecnócratas valieron un sorbete.
Ante esta realidad, se hace necesaria una profunda revisión de la política social mexicana y construir una nueva formulación que atienda las nuevas realidades, los nuevos paradigmas, mediante esquemas estratégicos, que entiendan la complejidad de los nuevos tiempos y las nuevas realidades. El ejercicio pleno de la política social no puede partir de la idea peregrina de que debe estar sustentada en una serie de programas oficiales, quizá bien intencionados, pero inconexos, limitados y fragmentados. Una política social de largo aliento sólo puede ser concebida a partir de entender que el desarrollo social debe estar basado en el reconocimiento y ejercicio a cabalidad de los derechos sociales consagrados en la Constitución mexicana.
Enfrentar una acción gubernamental de esta magnitud requiere no sólo del apoyo de los tres órdenes de gobierno, sino del pleno convencimiento del aparato gubernamental, de las organizaciones sociales y partidarias y de todas las instituciones, de que se hace necesario un nuevo replanteamiento nacional y una nueva forma de relación entre el Estado y la sociedad mexicana.
Quien crea que tiene la llave, la fórmula o la receta para resolver las interrogantes del actual laberinto mexicano no cabe duda que es un cretino. No importa que sea un egresado de las mejores universidades extranjeras o líderes que se ostenten como guías morales y poseedores de verdades absolutas. De esta crisis, o salimos todos o todos nos hundimos, no hay de otra; quien presuma o postule lo contrario, no cabe duda que su postura contendrá una gran dosis de arrogancia y demagogia.
Las posibilidades de una salida a la actual crisis están fundadas en la posibilidad de la construcción de un trabajo colectivo, interinstitucional, interpartidario y comprometido con un nuevo modelo de nación donde quepamos todos, donde recuperemos nuestra capacidad para el fortalecimiento del trabajo comunitario, de nuestro deseo de recuperar la esperanza, como punto de apoyo para las transformaciones sociales, para tener una sociedad más igualitaria, con mayores expectativas de vida y, sobre todo, con una mayor cohesión social, base indispensable en la construcción del México justo, digno, democrático e igualitario al que la inmensa mayoría de los mexicanos aspiramos.

La Federación Sindical rechaza reforma laboral

La Federación Sindical Mundial (FSM), por conducto de su secretario general, George Mavrikos, ha interpuesto una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra la aprobación de la reforma a la Ley Federal del Trabajo por los diputados mexicanos, la cual es regresiva y lesiona gravemente los derechos humanos de los trabajadores, pues violenta el principio de progresividad y las garantías previstas en el artículo primero y 123 de la Constitución, así como tratados internacionales signados por México.
El Senado inició la discusión de esta reforma y tiene que votarla antes que concluya octubre. De avalar la minuta de reforma de los diputados, México incurriría en responsabilidad internacional por la violación de al menos 28 tratados ratificados por el Senado en materia de libertad sindical, negociación colectiva y relaciones de trabajo, protección de menores de edad, administración e inspección del trabajo, salarios y seguridad social y pueblos indígenas, entre otras.
La Federación Sindical Mundial en su lucha por una sociedad justa y de respeto a la clase trabajadora seguirá denunciando que el capital trasnacional será el principal beneficiario de esta reforma, ya que esperan aplicar la flexibilización en salarios y horarios, entre otros, para sobrexplotar al trabajador, despojándolo de sus derechos humanos, y lograr ser competitivos en el mercado global a costa de la deshumanización de la sociedad.
Oliverio Esquivel, coordinador de la FSM-México

¿Legalizar la moderna esclavitud?

30. septiembre, 2012 Pablo Moctezuma Barragán Opinión
Como  trabajadores tenemos derecho al empleo, a la estabilidad laboral, a la jornada de ocho horas, a las prestaciones, al séptimo día de descanso, derecho de asociación, de huelga, servicios de salud, educación, vivienda. Nada de esto se cumple con los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN). Ahora quieren hacer una reforma laboral para “legalizar” el despojo de nuestros derechos que, por otra parte son irrenunciables, pues nos pertenecen por el sólo hecho de ser humanos.
Hoy pretenden imponer la esclavitud moderna y someternos a la más cruel explotación. Quieren tenernos muertos de hambre y a su disposición. No hay trabajo y cuando nos contratan son empleos mal pagados, precarios. ¡No hay derecho! Sin embargo quieren hacer legal esta situación. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa metió el 31 de agosto por “iniciativa preferencial” una Reforma Laboral que niega nuestros derechos, introduciendo la contratación por hora, la subcontratación (outsourcing), facilita los despidos y limita a un año el pago de salarios caídos. Atacan la estabilidad en el empleo y el registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y en lugar de darnos una plaza con base, inventan contratos “a prueba”, de “capacitación” y “becas” para despedirnos a su antojo sin responsabilidades para el patrón. Nos quitan el derecho a la antigüedad, a las prestaciones y a los servicios médicos y sociales.
Para colmo, quieren impedir que nos defendamos y nos organicemos con auténticos sindicatos y representantes leales al trabajador. Para impedirlo, fortalecen los sindicatos de “protección”, para que los patrones tengan el control e impidan que luchemos por tener nuestros propios representantes. La iniciativa de Calderón hace casi imposible cambiar de sindicato al intervenir la empresa en la validación de los trabajadores con derecho a estar en el recuento, e impide luchar por la titularidad de un sindicato durante un año si existe otro sindicato promoviendo el cambio. Ahorcan la contratación colectiva, obligando a que el patrón decida siempre cuál sindicato debe representar a los trabajadores y qué líderes los han de representar. Esto fortalece enormemente el sindicalismo blanco y el charrismo.
Desde hace 30 años hemos sufrido el neoliberalismo que han impuesto los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Se han pisoteado los derechos laborales y conforme crece el desempleo y la pobreza y los trabajadores se ven obligados a aferrarse a su empleo, los abusos, maltratos y violaciones a la ley son cuestión corriente. En la práctica, para la aplastante mayoría de los trabajadores, no existe la jornada de ocho horas ni el derecho al empleo o la estabilidad laboral. Ya no hay plantas, comenzando por las instituciones gubernamentales, ni servicios sociales, educativos o de salud adecuados. En la vida real, para conservar el empleo o mejorar la situación laboral es preciso someterse a abusos y maltratos constantes de jefes abusivos.
Con esta “reforma” pretenden legalizar esas violaciones. Dice el diputado del PRI Carlos Aceves del Olmo, dirigente de la Confederación de Trabajadores de México y presidente de la Comisión de Trabajo para la Reforma Laboral: “Reformar aproximadamente 200 artículos de la ley ya no requerirá de mucha discusión, porque a la fecha ya se practican o son una realidad (…). Y si quieren que lo pongamos en la ley, lo ponemos. Sí, ya se está haciendo”.
Por su parte, Manlio Fabio Beltrones Rivera asegura que la iniciativa enviada por Calderón al Congreso “saldrá”: “La iniciativa preferente del presidente de la República habrá de ser analizada, evaluada en sus méritos, modificada si es necesario y aprobada”. Al respecto, Andrés Manuel López Obrador acusó que la iniciativa de reforma laboral es ya un acuerdo entre Felipe Calderón y Enrique Peña, y advirtió que a nadie le conviene su aplicación: “Es una reforma de los jefes de Peña Nieto y de Calderón”, sostuvo al finalizar el evento donde recibió la Medalla Emilio Krieger, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, AC, en la Ciudad de México. Dijo que la reforma laboral se promueve prácticamente en todo el mundo, impulsada desde Washington, y los organismos financieros internacionales.
La iniciativa habrá de ser dictaminada a más tardar este 30 de septiembre. De manera apresurada pretenden modificar no 200, sino 665 a un cuerpo de 1 mil 10 artículos, según el abogado laboral Manuel Fuentes Muñiz. Esta reforma laboral en todo beneficia los intereses de las grandes corporaciones capitalistas, lo que afecta a los trabajadores y niega derechos –que son irrenunciables– y que consagran incluso las leyes y tratados internacionales. El proyecto viola 28 tratados internacionales sobre libertad sindical y contratos, de acuerdo con el experto Rodrigo Olvera.
Afecta a todos los trabajadores: de los gobiernos federal, estatales, municipales, del Distrito Federal, empresas públicas y privadas y organismos descentralizados. Pero al presentar la iniciativa dicen que defienden “el trabajo decente, la igualdad de género, una modernización procesal, la dignidad en el trabajo y la productividad. Dicen promover la democracia sindical al proponer el voto secreto, la transparencia y rendición de cuentas para los sindicatos y que esperan un “dictamen incluyente que modernice la norma actual en materia laboral”.

Confirmaciones y perfil

Luis Linares Zapata
Las lecciones dejadas por la contestada reforma laboral son ya de uso corriente. Se enfatizan tanto el impacto regresivo en el bienestar de los asalariados como el empuje a la desigualdad y el lento crecimiento que ocasionará su aplicación. Similar fenómeno definitorio ocurre con los rasgos que se han estampado en el perfil del presidente electo debido a la orientación del retardatario contenido aprobado por los diputados. Las modificaciones a la existente legislación laboral, ya muy alterada por vicios, trampas y subterfugios deformantes, se insertan, qué duda, en un cuadro diseñado desde las altas sedes del poder mundial. El modelo vigente, impuesto por los intereses globales dominantes del círculo empresarial-financiero, asigna un lugar indigno y poco rentable al factor trabajo. La productividad, reza la consigna, tiene que buscarse en cualquier lugar y momento que se tenga a mano. Pero, eso sí, resguardando el imperativo de maximizar utilidades y salvaguardar, en primerísimo lugar, los rendimientos exigidos por el capital.
Apegados al concierto general de someter a los trabajadores, los panistas, ya para esta altura claramente subordinados a los mandones del PRI, aprovechan a dúo la favorable coyuntura nacional para arrellanarse con sus reales mandantes. De pasada todos ellos transigen, también, con el sindicalismo en su más vetusta versión y le dejan intactas sus prerrogativas para que retocen y sigan avante con sus tropelías. Atrapado en esta tenaza, crucial en su inclinación y significados, el presidente electo, Peña Nieto, sucumbe (eso sí, poniendo lozana cara) para cumplir, con aquiescencia personal, los compromisos adquiridos en su larga campaña en pos de la Presidencia: ensanchar privilegios económicos y asegurar la continuidad a los grupos de presión que lo patrocinan.
La oposición de izquierda –tomada en sus reacomodos poselectorales y con endeble consistencia programática por parte de sus grupos dominantes– no atina a formular una efectiva estrategia que capte y defienda a los afectados. El golpe a los trabajadores es claro e intenso y será sentido con aturdido dolor en los días por venir. La reacción, bien atrincherada no sólo dentro del país, sino en el vasto mundo desarrollado (y también en el que no lo es tanto), sigue imperturbable en su intentona para demoler el estado de bienestar. Grecia, Portugal o España son ejemplos señeros de este cruento proceso. México, siempre alumno distinguido, va dejando una estela de sacrificios, muchos de ellos inútiles, que no menguan sino, por el contrario, se tornan ácidos y demoledores. El malestar popular poco importa en las cúspides acostumbradas a salir victoriosas en esta clase de disputas. El desprecio con el que ve a la masa trabajadora, y más aún a la subempleada, no ha sufrido merma alguna. Ni siquiera la violencia generalizada los arredra. Se han acostumbrado al reflejo que les llega desde su propio aparato de consentimiento. Confían, porque han sido probados con éxito, en sus instrumentos de persuasión desmovilizadora. Ningunean la resistencia que van encontrando en el camino. Resistencia que, por lo visto, no alcanza a concentrar y, menos aún, a canalizar el descontento ya agravado por otros golpes asestados.
Sin haber tomado las riendas del Poder Ejecutivo, Peña Nieto suma desde estos momentos de transición una carga negativa para su deseada imagen de renovador. A su propia definición conservadora se agrega ahora la abierta sumisión a los núcleos de poder. No ha habido sorpresa alguna al respecto. Simplemente se recarga en sus patrocinadores y se empapa de sus gustos, gozos y pretensiones. Era lo esperado. Sólo sus difusores han sido contrariados, aunque ninguno de ellos resiente el poco eco que tuvieron los esparcidos deseos de verlo entronizando la proclamada modernización. De sopetón, con una sola movida de fichas, todo vuelve a la normalidad y el nuevo PRI ocupa el sitial de su vieja cultura a la que nunca renunció. No saben hacer otra cosa y, menos aún, ingeniarse rutas y propósitos reivindicadores independientes de las trilladas maneras y formas de gastado uso.
El mercado interno es donde se sentirán las consecuencias de la pauperización de la masa trabajadora. El consumo, una vez más, no podrá empujar la maquinaria productiva. El crecimiento, por tanto, seguirá lastrado y no se generarán los empleos que se han prometido con irresponsable aliento. Los arrestos reformadores del priísmo se irán apagando hasta que, frente al próximo reto, llegue a su extinción total. La prueba venidera no tardará y la otra reforma pendiente, la fiscal, tan necesaria para aumentar la capacidad de maniobra de un gobierno, resentirá similares avatares. Los poderes fácticos no accederán a perder sus privilegios y la recaudación seguirá en el inocuo rango del 9 a 10 por ciento del PIB acostumbrado. Poco importará para este propósito que se toque el IVA o se lleve a cabo otra miscelánea como las que se acostumbran negociar. De modo que aquí pasó lo de siempre: se declara, desde las alturas, haber dado un paso al frente después de la puñalada asestada a millones. No el mejor por cierto, dicen; ni siquiera el necesario, aceptan, pero sí afirman que se va en la dirección correcta.

La lógica de las reformas estructurales y la investigación científica

Asa Cristina Laurell
Hay una lógica subyacente en la secuencia de aprobación de las reformas estructurales. La aprobación forzada y precipitada de la reforma laboral por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y el Verde en la Cámara de Diputados es el primer paso. Ahora el argumento para minar y quitar a los trabajadores sus derechos constitucionales del artículo 123 fue que se generarían más empleos, mientras se mantuvo la antidemocracia sindical. La realidad es que se legaliza el trabajo precario y con ello la ampliación del grupo de trabajadores que no cuenta con seguridad social laboral.
Es de señalar que actualmente sólo 54 por ciento de los trabajadores asalariados con derecho legal al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) están inscritos en este instituto, a pesar de la inclusión en la ley (artículo 15-A) de la obligación de las empresas de out-sourcing a registrar a sus trabajadores en el Seguro Social.
El argumento es circular. Primero se hace más precario el trabajo y pronto se nos dirá que es más justo que todos los trabajadores tengan la misma seguridad social y, por tanto, hay que legislar la seguridad social universal con los mismos derechos para todos. La tercera reforma que sigue en esta lógica es la reforma fiscal con el argumento de que hay que dar solvencia financiera a la seguridad social universal. Esta reforma incluye generalizar el IVA a alimentos y medicamentos, cuyos precios aumentan muy por arriba del índice de inflación, y un incremento de varios puntos en la tasa del impuesto al valor agregado.
El eje ordenador de esta lógica es favorecer a los empresarios, quitar derechos a los trabajadores y hacer pagar proporcionalmente más a los que menos tienen.
La idea de la seguridad social universal suena atractiva, pero hay que ponerle condiciones muy claras. La primera es que debe ser progresiva y no regresiva. Para el seguro de salud, las pensiones y riesgos de trabajo esto significa que nadie debe perder sus derechos y tiene que fijarse un plazo, corto y explícito, de transición para incrementar los derechos de todos al mismo nivel. Es inadmisible la tentativa de reducir los derechos de todos a un paquete mínimo de servicios de salud, fijar una pensión mínima y desaparecer las tablas de enfermedades del trabajo y la valuación de incapacidades permanentes. Sin embargo, está a la vista que es lo que persiguen las reformas.
Cabe añadir que estas reformas también tendrán un impacto regresivo sobre la investigación. A excepción de algunas universidades, la principal institución que realizaba esta función era el IMSS, cuyo presupuesto en este rubro ha sido de altas y bajas inexplicables si se tratara de promover la investigación. Incluso en 2008 y 2010 el presupuesto apenas alcanzó para pagar salarios.
Esta reorientación de las actividades innovadoras de investigación no es privativa de México y existe una amplia literatura al respecto. Sujetar las instituciones públicas a la lógica del mercado significa dejar que la iniciativa privada y las fundaciones filantrópicas fijen la agenda de investigación, nacional e internacional. Es decir, quien tiene el dinero decide qué se hace en función de sus agendas e intereses particulares.
La iniciativa privada –la industria farmacéutica, de biotecnología y de tecnología médica– con intereses económicos gigantescos financia a los investigadores que le conviene para tener evidencias de la utilidad de sus productos. Las fundaciones, por su parte, tienden a favorecer la investigación con resultados en el corto plazo para convencer a la sociedad civil de su alta eficiencia frente a la supuesta ineficiencia del sector público.
Este nuevo mando de la investigación ha sido un tema de discusión acalorada en la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuya directora, hasta ahora sin éxito, ha intentado constituir un organismo con participación precisamente de la iniciativa privada y las fundaciones filantrópicas para determinar la orientación y prioridades de las actividades de este organismo (ver mi artículo el 2/6,2011). En este contexto es significativo que el informe de 2012 de la OMS sobre la salud en el Mundo, titulado Sin investigación no hay salud, subrepticiamente cambió al tema de Las contribuciones de la investigación a la cobertura universal (ver plosmedicine.org).
Como se aprecia, los reformadores mexicanos legislan la agenda impugnada en todo el mundo y cuyas repercusiones negativas se extiende en círculos concéntricos.
secretariasaludgl@gmail.com

El análisis de la crisis y la lucha política

Alejandro Nadal
La necesidad de interpretar la crisis responde a un instinto de supervivencia. Es obvio que de su interpretación depende la respuesta de política económica. Pero hay algo más importante: también de su comprensión dependen las estrategias y formas de lucha en contra del neoliberalismo global. Sin un conocimiento claro de sus orígenes y alcances, es muy difícil identificar los objetivos de la lucha política.
Desde que estalló la crisis global en 2007 se han sucedido diversas interpretaciones sobre su génesis y su naturaleza. Casi todos los esfuerzos por analizarla se han centrado en el sector financiero. Aquí hay dos grandes corrientes. La primera es la de la derecha neoliberal: la culpa la tiene el gobierno. Las huellas de su negligencia y proclividad al despilfarro se encuentran en una política monetaria poco rigurosa que mantuvo tasas de interés demasiado bajas por muy largo tiempo. Para el caso de Estados Unidos esta visión pretende ignorar la forma en que la Reserva Federal buscó mantener burbujas en los precios de activos para ayudar a mantener un nivel adecuado de la demanda agregada. La evolución en Europa es distinta, pero en el fondo siempre emerge el gobierno como el gran culpable de una crisis generada en y por el sector privado. La receta de política económica es, por lo tanto, más neoliberalismo (por ejemplo, más flexibilidad en el mercado laboral) y menos gobierno.
Existe una variante de esta línea de análisis: la crisis se genera por una falla regulatoria. El detonador fue el rompimiento de la estructura regulatoria heredada de los años 30. Eso condujo a un excesivo apalancamiento en el sector financiero, tanto en el bancario como en el no bancario. La auto-regulación en el sector financiero llevó también a una absurda dispersión de riesgos a través de la bursatilización, lo que sembró bombas de tiempo en todo el mundo. Los bancos y el sector financiero llevaron al sobrendeudamiento a todo tipo de agentes y con todo tipo de productos. Otra vertiente de este tipo de análisis se relaciona con el sistema monetario internacional y con la capacidad de Estados Unidos para mantener un déficit comercial por tiempo indefinido. La respuesta de política económica consistiría en una más efectiva regulación del sistema financiero.
En realidad, la historia económica de los últimos 80 años demuestra que las raíces de la crisis van mucho más allá del sector financiero. Durante el periodo 1945-1975 la economía mundial mantuvo un fuerte ritmo de crecimiento sostenido. El soporte de ese proceso fue la presencia de una demanda efectiva que mantenía la venta segura de mercancías. A su vez, la demanda efectiva se apoyaba en la evolución favorable de los salarios (éstos siguieron de cerca al crecimiento de la productividad). Por último, el sistema financiero se mantuvo bajo un sistema regulatorio que controlaba la especulación o por lo menos la separaba de la inversión real.
Ese modelo económico se rompió en la década de los años setenta. Primero la tasa de ganancia comenzó a declinar a finales de los años 60. El capital buscó contrarrestar dicha evolución negativa con la reducción de costos laborales, rompiendo así el vínculo entre aumentos de productividad y salarios. En 1973 comienza un largo periodo de estancamiento de los salarios reales. En Estados Unidos el endeudamiento de los hogares permitió sostener el crecimiento de la demanda agregada. El salario dejó de ser la clave de la reproducción de la fuerza de trabajo. El modelo tuvo que mantener constantes procesos cíclicos de inflación en los precios de diversos activos (acciones y títulos de empresas, bienes raíces). Esas burbujas terminaron por reventar. En Europa la secuencia es algo diferente, pero mutatis mutandis el resultado fue una marcada deficiencia en la demanda agregada, desequilibrios internacionales y endeudamiento.
Entre 1971 y 1991 el capital también se desplazó hacia la especulación y forzó la desregulación financiera en todo el mundo. La causa se encuentra en la caída de la tasa de ganancia y en los conflictos de distribución que esto generó.
Las distintas interpretaciones de la crisis son importantes. De ellas depende que se cuestione el modelo neoliberal o sólo una de sus facetas (por ejemplo, la regulación financiera). Es más, de la interpretación de la crisis depende que se cuestione el mismo sistema capitalista que parece recrearse en una larga sucesión de crisis. ¿Hay que buscar una alternativa al neoliberalismo o también al capitalismo? Es evidente que estas preguntas son muy importantes. En México la izquierda electoral o institucional no ha querido ni asomarse a estas interrogantes. En la coyuntura actual eso le ha impedido diseñar una opción alternativa creíble de política económica, lo que acarrea múltiples consecuencias negativas.
Para fijar un derrotero de lucha es indispensable conocer el terreno, dice Sun Tzu en El Arte de la guerra. Habría que añadir que en política lo peor que puede pasar es equivocarse de enemigo.

MARTES, 2 DE OCTUBRE DE 2012

Carta: estudiantes de Texas exigen no contratar a Calderón como ‘profe’
Miembros de la Universidad de Texas en Austin realizan distintas acciones para evitar la contratación del mandatario mexicano como profesor de la institución, a quien consideran responsable de más de 80 mil muertes.

Estudiantes y miembros de la comunidad de laUniversidad de Texas en Austin (UTA) realizaron una protesta para manifestar su rechazó a la probable contratación del presidente de México Felipe Calderón.
De acuerdo con información del ‘Huffington post‘ también comenzó a circular una carta pública de petición al presidente de esa institución académica, William Powers Jr., para que no le ofrezca empleo como profesor al actual gobernante mexicano. La meta de tal misiva es reunir 500 mil firmas de apoyo a la petición.
En el escrito se justifica que la petición se debe a que el mandatario mexicano es, presuntamente, responsable de más de 80 mil muertes, entre ellas, de mil menores de edad.
“Su estrategia fue un fracaso en el que se perdieron vidas inocentes y ahora quiere abandonar el país que dejó en terribles condiciones”, señala el documento.
Aquí la carta que fue colocad en el sitio Change.org:
Carta de la Universidad de Texas
Carta de la Universidad de Texas

El viejo y el nuevo PRI

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Anonopshispa

Tlatelolco 1968, Michoacán 2012. Mismo partido, mismas mañas, misma televisora, mismo día soleado.

Liber Proteus Itzcuintli

ESTE ES ES EL NUEVO GOBIERNO DEL PRI EN MICHOACAN, ASI ES NUEVO PRI DE TODO MEXICO Y EL FACISTA DE CALDERON POR PROTECION EN SU HUIDA HACE EL TRABAJO SUCIO DE PEÑA NIETO

Publicado por Grupo de Ingenieros SME

Guerra de clases

John M. Ackerman
Consumada la compraventa de la Presidencia de la República, llegó la hora de pagar favores. La mal llamada reforma laboral aprobada por la Cámara de Diputados parte del diagnóstico absurdo de que son los trabajadores y no los líderes charros ni las empresas monopólicas quienes detienen el crecimiento económico. En lugar de democratizar la economía y abrir oportunidades para la movilidad social, la reforma promete consolidar la tendencia iniciada durante el sexenio de Carlos Salinas de convertir todo México en una gran maquiladora al servicio de las empresas trasnacionales.
Se cumple el sueño del gran capital y sus aliados nacionales de convertir a millones de trabajadores asalariados con seguridad en el empleo en peones de subcontratistas sin derechos ni prestaciones. La reforma facilita los despidos masivos y arbitrarios, con el recorte brutal en el pago de los salarios caídos durante los juicios laborales. El objetivo es desmoralizar a los trabajadores para obligarlos a aceptar una humillante indemnización en lugar de emprender un largo y cansado juicio para defender sus derechos ante un despido injustificado.
Los patrones entonces podrán hacer como Enrique Peña Nieto durante la elección presidencial, al utilizar su dinero para atropellar derechos y comprar su camino al éxito. Así como Peña Nieto compró votos, los dueños compararán la cancelación de los derechos de sus asalariados. Igualmente, los trabajadores terminarán igual de agraviados y burlados que los valientes integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), quienes vieron desaparecer de la noche a la mañana su fuente de trabajo y su derecho a una vida digna.
El colofón de todo esto es que una vez que los potentados hayan expulsado a los trabajadores más incómodos o politizados, podrán recontratarlos por medio de empresas de outsourcing en condiciones miserables donde predomina la sobrexplotación, el pago por horas, condiciones insalubres, contratos de corto plazo y la amenaza constante de ser despedidos. Mientras, los jóvenes que buscan ingresar en el mercado laboral solamente encontrarían empleo precisamente en este tipo de empresas donde, además, podrán ser despedidos sumariamente después de cada uno de sus periodos de prueba.
Se terminaría con cualquier incentivo para capacitar o desarrollar las capacidades de la fuerza laboral. Cada vez será más tentador para los jóvenes recurrir al narcotráfico para poder comprar siquiera una docena de huevos.
Se cierra el círculo con el hecho de que los pocos trabajadores que logren mantener contratos de largo plazo y antigüedad continuarán bajo el más férreo control de los líderes sindicales charros, quienes solamente defienden su bolsillo y los intereses de los dueños. Bajo el argumento ruin e hipócrita de defender la autonomía de los sindicatos, el PRI ha dejado intactas todas las protecciones para figuras como Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps. El PAN también es cómplice y artífice de este inmovilismo, ya que se negó a condicionar su apoyo a las otras partes de la reforma a la inclusión de disposiciones que fortalecerían la rendición de cuentas.
El objetivo de la reforma es claro: acabar con las conquistas laborales de la Revolución Mexicana y matar cualquier esperanza de construir un sindicalismo democrático. Constituye nada menos que una declaración de guerra contra toda la clase trabajadora. El presidente del empleo termina su mandato como el rey del subempleo y el subcontratista de Salinas inicia la reconquista con el pie derecho.
Pero todo esto es apenas el principio. Los ideólogos están de plácemes y su ambición no conoce límites. Consumado el atraco a los trabajadores, viene el saqueo al oro negro. Hay que archivar definitivamente la búsqueda de consensos imposibles para forjar convergencias estables e impulsar la agenda pendiente. Completado el primer tramo habrá que avanzar en las reformas fiscal y energética, escribe Jaime Sánchez Susarrey.
Pascal Beltrán del Río va más lejos. Celebra la reforma laboral como una buena señal para los inversionistas internacionales, pero reclama que aún tenemos que resolver temas como nuestra tendencia cultural al menor esfuerzo. Así, de un plumazo, convierte al pueblo mexicano en una bola de flojos y culpa a los mismos trabajadores por la pobreza en el país. Las purgas neoliberales apenas empiezan. No podemos quedarnos pasivos ante el ataque.
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman

Instruye Ifai a CFE a que entregue la lista de los ex trabajadores de LFC

La paraestatal respondió a un particular que la información estaba clasificada como reservada.
Emir Olivares Alonso
Publicado: 30/09/2012 13:45
México, DF. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) instruyó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) entregar la lista del personal que laboraba en la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC), y que contrató de 2009 a abril de 2012.
La información solicitada por un particular, deberá incluir nombre, puesto, salario, grado máximo de estudios, horario, antigüedad, fecha de contratación, tipo de contrato y los motivos de la contratación de cada trabajador.
En su respuesta, la CFE manifestó que la información se encontraba clasificada como reservada, pues dijo que dar a conocer los datos de los 3 mil 13 ex trabajadores del extinto organismo "pondría en riesgo la vida y seguridad de ese personal".
Agregó que como consecuencia del proceso de extinción de LFC, trabajadores de la CFE asignados a tareas específicas en el área de operación del extinto organismo, han recibido amenazas y agresiones que ponen en peligro la integridad física de ellos y de sus familias.
Como refuerzo de su argumento, hizo referencia a la resolución del recurso 3445/10, del 30 de junio del 2010, en la que el Pleno del IFAI confirmó la clasificación de los nombres de servidores públicos comisionados para hacer el trabajo que desempeñaban los trabajadores de LFC.
El particular interpuso un recurso de revisión impugnando la reserva, pues dijo que la extinción de LFC inició en 2009 y que la contratación de los 3 mil 13 ex trabajadores no significa el inicio de algún proceso jurídico, laboral, civil o penal que la justifiquen. El asunto fue turnado a la ponencia de la comisionada presidenta Jacqueline Peschard.
En alegatos, la CFE reiteró la reserva de la información argumentando que, en caso, de otorgar su acceso se podrían generar agresiones a los servidores públicos y daños materiales en la zona que atendía LFC, y proporcionó al IFAI una relación de cinco hechos, con sus respectivas denuncias y el estado procesal que guardan.
En el análisis del asunto, la comisionada Peschard revisó cada uno de los puntos requeridos por el particular y concluyó que lo solicitado es información de carácter eminentemente público, de conformidad con  la Ley Federal de Transparencia.
Respecto de los argumentos de la CFE, sobre actos de violencia en contra del personal y las instalaciones de la paraestatal, concluyó que ésta no demostró la existencia de elementos objetivos y verificables que permitan suponer que la difusión de los nombres de los trabajadores que laboraban en LFC puede poner en riesgo su vida o seguridad.
Al verificar la resolución del recurso 3445/10, la ponencia aclaró que el plazo de reserva concedido fue de un año, a partir del 24 de febrero de 2010, por lo que culminó el 24 de febrero de 2011.
"Los argumentos adoptados en aquella ocasión, fueron atendiendo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar que ponían en riesgo la vida y seguridad de los ex trabajadores indemnizados de la extinta LFC. En ese entonces, las acciones de violencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se convirtieron en un problema que fue incrementándose en el país; por ello, se determinó procedente la reserva de los nombres de esas personas."
Asimismo, al revisar el recurso 5443/11, la ponencia encontró que para la elección de 13 miembros de la directiva del SME, los miembros de esta organización elaboraron el padrón de afiliados con derecho a voto. En dicho proceso, los sindicalizados conocieron y pudieron identificar a sus ex compañeros que aceptaron la liquidación y que fueron excluidos de dicho padrón.
Es así, que el propio SME ya conoce quiénes de sus agremiados aceptaron voluntariamente la indemnización y, al no acreditarse en la actualidad algún hecho de violencia en contra de los trabajadores, el pleno del IFAI revocó la reserva de la información e instruyó a su entrega.

El trabajo

León Bendesky
Una reforma laboral como la que está en curso hoy en México no es un asunto meramente económico o de tipo organizacional en el campo de los negocios. Está instalada en el centro mismo de la configuración de la sociedad.
Desde los primeros intentos por sistematizar el conocimiento de la economía capitalista en el último cuarto del siglo XVIII se admitía con mayor o menor claridad que había un conflicto esencial entre el capital y el trabajo. Más tarde, hacia mediados del XIX, se pondrían de cabeza las teorías conservadoras de la economía de aquel tiempo y de las que se han formulado hasta ahora.
Pero las ideas y las teorías son una cosa y la realidad en la calle es otra, y esta última se cimenta en la necesidad. Además, hay divergencias en el control de las interacciones del trabajo que se expresan en la política, en las leyes, la procuración de la justicia y el entramado de las instituciones.
El conflicto entre el trabajo y el capital deriva de la definición primordial de los derechos de propiedad y la forma de acceso de los individuos y las familias al ingreso y los recursos. De la contraposición del trabajo y el capital se deriva una forma específica de generación de la riqueza y, principalmente, de su distribución entre ganancias, intereses, rentas y salarios. La relación está en el centro mismo de este modo de producción y difiere económica, legal, e ideológicamente de otros modos de organización social.
La legislación laboral no tuvo su origen en una graciosa concesión a los otros. La historia y la experiencia cotidiana lo indican claramente. Esas leyes conciernen a asuntos diversos del proceso de trabajo: tiempo, espacio, condiciones, jerarquías y la provisión de seguridad como la salud y las pensiones. Tiene que ver con las formas complejas de la acumulación del capital, la generación del excedente y su apropiación y, de manera general, con las formas de reproducción del sistema en su conjunto, o sea, del propio capital y del trabajo.
El capitalismo ha requerido recurrentemente ajustes y acomodos en las relaciones laborales. En ese terreno interviene activamente el Estado para regularlas y sancionar su funcionamiento. Su intervención no es neutral y eso es un componente básico de la política. La evolución de tales relaciones no sigue un patrón de mejoramiento constante para quienes laboran, hay avances y retrocesos, hay condiciones de índole absoluta y relativa. Involucra una dependencia mutua entre las partes, pero no equivalente. Es una lucha permanente y desigual.
Por supuesto que los empresarios quieren flexibilidad, y la mayor que sea posible, en las relaciones laborales. Todo tiene que ver finalmente con los costos unitarios de producción y en la mayoría de los casos los costos del trabajo son los más grandes. Esa es la pauta que define la productividad y la competitividad en el mercado, de ahí se sostiene el balance y su línea de fondo: la utilidad. No estarán satisfechos con reforma alguna y en el caso de la flexibilidad, ésta siempre será insuficiente. De ahí se desprenden buena parte de la invenciones y las innovaciones tecnológicas que compiten directamente con el trabajador.
Con el tiempo la estructura laboral en las empresas se va haciendo rígida y en los periodos en que es más complicada la generación de ganancias y la acumulación del capital se clama por mayor flexibilidad. La contraparte también quiere flexibilidad, pero se expresa de modo distinto, pues la disciplina y las reglas las impone el capital. Por eso el recurso último es la huelga. Ese es el límite de la conciliación y el arbitraje que cumple el Estado.
La conciliación menos conflictiva entre los llamados factores de la producción se da en periodos de alto y sostenido crecimiento de la producción, como el ocurrido entre 1950 y 1975, y que con sobresaltos se extendió hasta 1980. Pero ese escenario ya no existe y desde entonces la expansión del producto y del empleo se ha vuelto crónicamente lenta.
Con el aumento poblacional y la marginación de los que deberían entrar o reentrar al mercado de trabajo, los problemas del desempleo, el subempleo y la informalidad no han hecho más que crecer. Mientras tanto, los salarios reales de los trabajadores se reducen, lo mismo ocurre con los servicios públicos y las prestaciones y, con ello, sus condiciones generales de vida. Este proceso no cambia con los recientes intentos, poco serios, por imponer un discurso acerca de que México es un país de clases medias.
El argumento de que la reforma aprobada en el Congreso generará más crecimiento del producto, elevará la productividad y aumentará el empleo no está validado, y quienes así lo sostienen hacen un planteamiento con falsas apariencias.
El trabajo debe protegerse, esa es una primera consideración. La flexibilidad que se quiere imponer con la nueva ley puede hacer que el mercado laboral se haga más frágil y la situación de los trabajadores más precaria.
Por el lado de las empresas, no es la misma condición la de las más grandes y aquellas de menor tamaño. No todas cumplen con las exigencias de la ley que hoy existe. Además, algunas de la provisiones como las que tienen que ver con la capacitación y la nueva manera de regularlas pueden llevar a una burocratizacion excesiva, a la que tanto están acostumbradas las entidades públicas de ese sector, incluyendo los tribunales.
Las normas laborales requieren ajustes para que se consiga un acuerdo funcional que proteja a los trabajadores, pero también a las empresas, en especial a las de menor tamaño, que es donde se crea la mayor parte del empleo. No es un equilibrio fácil de encontrar, pero sin duda es necesario. Los esquemas prevalecientes están sumamente viciados. La reforma apunta a la tangente y no al blanco. Es una reforma a modo de los intereses políticos prevalecientes.
Es irrelevante en un sentido práctico si fue Felipe Calderón quien presentó la iniciativa de reforma laboral. Sin duda el PRI la ha sabido aprovechar y con premura. Seguramente se cuidará de mantener los vicios laborales que tan buen servicio político electoral le ha dado por mucho tiempo.