miércoles, 7 de noviembre de 2012

Se Exige Justicia Inmediata Para el SME

Nota N°. 787 Diputados exhortan a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emita a la brevedad nuevo laudo resolutivo sobre el SME

Palacio Legislativo 06-11-2012 (Notilegis).- La Cámara de Diputados aprobó con 145 votos a favor, 110 en contra y 199 abstenciones, exhortar al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), Eduardo Andrade Salaverría, para que emita a la brevedad un nuevo laudo sobre el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
El nuevo resolutivo debe dejar sin efecto uno anterior, en el que la autoridad laboral dio por terminadas las relaciones de trabajo entre el Estado y el SME, tras la disolución de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
En tribuna, la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (PRD) detalló que los integrantes del SME obtuvieron el pasado 13 de septiembre, en el ámbito jurídico, una resolución a favor de los trabajadores en el juicio de amparo directo 1337/2010, por parte del Segundo Tribunal Colegiado, en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
Esta resolución, agregó, dejó insubsistente el laudo dictado por la JFCA del 30 de agosto de 2010, en el que la autoridad laboral resolvía dadas por terminadas las relaciones de trabajo entre el Estado y el gremio de los electricistas.
“Múltiples han sido las voces en los medios de comunicación que se expresan en el sentido de que el fallo del Tribunal Colegiado pone en evidencia una serie abultada de ilegalidades por parte del Gobierno Federal en contra de los trabajadores del SME”, dijo.
La primera ilegalidad, señaló, es el Decreto del Ejecutivo Federal del 11 de octubre de 2009 por el que se extinguió LyFC, cesando de su fuente de trabajo a 44 mil electricistas y afectando a 22 mil jubilados, así como la liquidación de más de 27 mil trabajadores, “que a través de una estrategia publicitaria gubernamental presentó la recisión laboral como ineludible”.
También aseguró que sobresalen, anomalías como el hecho de que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), en su carácter de órgano liquidador de LyFC, comunicó a la JFCA el imperativo de dar por terminadas las relaciones individuales y colectivas de trabajo con el SME, bajo el argumento de una supuesta “causa de fuerza mayor”.
Lo que equivalía a decir que la causa de la extinción no es responsabilidad del patrón, pues el Decreto fue ajeno a su competencia, indicó la legisladora.
Al respecto, Ceseñas Chapa señaló que la JFCA también es un órgano dependiente del Ejecutivo, la cual, emitió sin demora un laudo por el que convalidó los argumentos del SAE declaró terminadas las relaciones laborales.
También rechazó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa que ahora presta el servicio que ofrecía LyFC, pudiera ser considerada como patrón sustituto, “a pesar de que realiza las mismas funciones y con la misma infraestructura que LyFC”.
“Sobre estas consideraciones, el Tribunal concede el amparo al sindicato porque le asiste la razón, pues la extinción y liquidación del organismo resultó de causas de tipo económico o incosteabilidad, y no de una causa de fuerza mayor”, destacó.
El Tribunal también establece que sí se da la sustitución patronal, pues la CFE es la entidad responsable de prestar el servicio de energía eléctrica y es obvio que a ella se le transmitió la responsabilidad que tenía LyFC, “aun cuando el decreto no lo establezca expresamente”.
El punto de acuerdo exhorta al presidente de la JFCA, así como a la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a dar cabal cumplimiento de su responsabilidad, en relación al juicio de amparo otorgado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, a favor del SME el pasado trece de octubre del 2012.

El costo de las imposiciones


Luis Linares Zapata
Escribir sobre el triunfo político, económico y hasta cultural de las derechas en el mundo ha llegado a ser, francamente, lugar común. Y lo es por la abrumadora evidencia empírica que nos muestra esa aplastante realidad. Bien puede decirse que tal forma de pensamiento y accionar penetra más allá de las concepciones sociales de la actualidad para situarse como imperativo dominante y global: no hay alternativa, afirmaba desde hace ya casi medio siglo Margaret Thatcher. Los valores del individualismo, la libertad corporativa sin límites y cortapisas, desgravaciones fiscales al capital o el papel determinante del mercado sobre cualquier otra consideración (la solidaridad entre grupos o la prevalencia del bien colectivo, por ejemplo) desembocan en la reducida visión que tomó por asalto al mundo entero.
Para que todo este tinglado de normas conservadoras funcione, hace falta que se conjuguen varios supuestos y lo auxilien específicas fuerzas o poderes después. El imperio de la derecha no ha ocurrido porque sus postulados sean los mejores, los más justicieros, de probada consistencia o de atractivo popular. Muy por el contrario: sus fundamentos se agotan, por lo común, en hipótesis truncadas, formulaciones incoherentes, conjuntos de suposiciones sin basamento o rampantes falsedades pero, eso sí, repetidos una y mil veces por sus enormes micrófonos hasta asentarlos como incontestables verdades, cosa juzgada pues. A pesar de estas cortedades, se han posesionado del horizonte de creencias debido a la concurrencia de varios factores: su capacidad de movilizar enormes recursos tras sus objetivos y el control casi totalitario de los aparatos de convencimiento colectivo, entre otros. Palancas que son empleadas sin contemplaciones para lograr los muy particulares fines de dominación de aquellos encaramados en las cimas, fundamentalmente las financieras. Tales aparatos de resonancia masiva son puestos con cinismo rampante al servicio de las más descarnadas ambiciones de poder y riquezas, moldear conciencias, dictar rumbos y sentencias.
La oposición a tales entornos conservadores conlleva castigos, desprestigios, exclusiones, incluso privaciones de vidas y posesiones. Actos de represión y violencias para con los derechos humanos elementales. Modos de actuar que llegan a tomarse, por la inversión valorativa en curso en el espacio público y privado, como acciones prudentes, responsables o indispensables. Se alientan, a manera de complemento, un sinnúmero de temores y amenazas concretas o etéreas manipuladas para legitimar los apañes cotidianos de los de arriba. No por ello dejan de existir personas en lo particular, grupos específicos, segmentos enteros de las sociedades que se movilizan en direcciones divergentes a las todopoderosas derechas. Incluso se ha llegado, como ahora sucede en varios países, latinoamericanos en especial, a infligir serias derrotas al pensamiento único prevaleciente y a la continuidad de lo establecido. Son pocos, titubeantes es cierto, pero portan en su interior gérmenes decisivos para ser usados de ejemplos de que otras maneras y formas de ser y actuar son posibles y de franco provecho ciudadano.
La carrera de las plutocracias mundiales por ejercer un poder sin contrapesos, sin embargo, se ha desbocado. Sus mismos afanes de control autoritario y ambiciones sin medida han engendrado anticuerpos de gran capacidad disuasiva que erosionan, con rapidez y efectividad, los prestigios (teóricos y prácticos) de la derecha y de sus aliados. La recurrencia de numerosos desequilibrios, y crisis de variada hondura y complejidad (Vincenc Navarro, de la Universidad J. Hopkins, identifica más de 130 de esos fenómenos entre los años setenta y la actualidad) se erigen en factor que pone a la derecha neoliberal frente a la insurgencia de los indignados, de los excluidos, de los explotados. El ralo crecimiento económico ocasionado, la pobreza y marginalidad, las inauditas desigualdades, el desempleo y los horizontes clausurados para las juventudes se convierten, a la vez, en palancas de apoyo opositor.
La electoral, para las derechas atrincheradas en las cimas, es una ruta aceptada con recelos, dudas y hasta desprecios por las élites derechosas. El acceso al poder no puede dejarse al arbitrio de las masas, presumen los mandones con un dejo de fatiga y suficiencia. Es asunto de grávidas consecuencias sólo al alcance de los enterados, esos que pueden determinar, por su posesión o manejo de recursos generales o globales, el curso que deberán seguir los sucesos de envergadura. Es por esta creencia, ya bien asentada entre las cúspides dominantes de la derecha, que les es permitido, posible y hasta conveniente que la voluntad popular sea no sólo orientada en determinado sentido o prioridad, sino, de ser necesario, violentada sin recelos ni blanduras éticas.
En México se han acumulado, es ya también lugar común decirlo, sendos y dolorosos atropellos a la voluntad ciudadana: en 1988, 2006 y 2012. Y, en cada una de esas oportunidades, las ofensas han tenido destinatario: las formaciones de la izquierda. Entre más enraizadas estén entre la población, más detestables se tornan. Entre más clarificadas tengan sus posturas opositoras, más peligrosas para el sistema establecido se juzgan, no sin enojos e intemperancias. Una corriente de la izquierda, todavía menor es cierto, aconseja, ante los impunes fraudes repetidos, no insistir más en la ruta electoral. La persistencia en continuar acudiendo al llamado de las urnas para dirimir el acceso al poder público, sin embargo, todavía es mayoritaria. Los líderes, partidos y aliados de las izquierdas pueden mantener, en tan delicado entorno, la balanza de la estabilidad y la paz social. Pero la soberbia e irresponsabilidad de las plutocracias, de continuar por la senda de la acumulación sin freno y persistir en su rapaz actitud antidemocrática, harán crecer y multiplicarse los anticuerpos de la discordia y la disolución anárquica en lugar de fortificar el imperativo de la transformación y la concordia.



martes, 6 de noviembre de 2012

Economía: omisiones sexenales


En un informe difundido ayer, el banco de inversiones Bank of America-Merrill Lynch previó una desaceleración de la economía mexicana durante los próximos tres trimestres, consecuencia de una disminución en la demanda foránea de manufacturas producidas por el país. De hecho, la institución financiera ponderó una moderación, entre agosto y septiembre pasados, de las exportaciones nacionales, la producción industrial y el crédito a las empresas, elementos que son una buena predicción de la actividad de la economía.
El pronóstico del banco estadunidense respecto de la economía nacional se ve reforzado por elementos de contexto como la preocupación por la crisis de la deuda en naciones de la eurozona; el riesgo de que Estados Unidos se vea forzado a realizar un fuerte ajuste de sus finanzas públicas –como se advirtió en el contexto de la cumbre del G-20 que se desarrolló entre domingo y lunes en esta capital–, e incluso las afectaciones a la economía del vecino país por el paso reciente del huracán Sandy, que se calculan en unos 50 mil millones de dólares.
La economía mundial, en suma, parece dirigirse peligrosamente hacia un nuevo ciclo recesivo, y es lógico suponer que éste no sólo afectará a las metrópolis occidentales en problemas y a sus respectivas poblaciones, sino también a los países menos desarrollados y más dependientes del exterior, como México.
Ante semejante escenario, luce por demás injustificado, y hasta irresponsable, el optimismo manifestado sistemáticamente por el gobierno federal, cuyo titular afirmó ayer, ante integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, que octubre fue un mes histórico en el nivel de empleos creados. La declaración es motivo de crítica no sólo por su vaguedad –pues no fue acompañada de dato oficial alguno–, sino también porque refleja una actitud omisa y autocomplaciente que recuerda inevitablemente el desempeño mostrado por la propia administración calderonista ante los primeros indicios de la crisis financiera de 2008-2009: en aquel entonces, el empeño del grupo gobernante por presentar la crisis en ciernes como un catarrito se erigió en un lastre fundamental para afrontar dicha coyuntura, en la medida en que limitó la intervención del Estado y propició un aumento considerable en la pobreza, la marginalidad y el desempleo.
Por desgracia, esa tendencia a minimizar la dimensión de los problemas económicos y las debilidades estructurales que acusa nuestro país en la materia ha sido una constante a lo largo del sexenio que está por concluir. Hoy, cuando los ribetes recesivos vuelven a aparecer en el horizonte, resulta improcedente que el discurso oficial insista en escudarse en la pretendida estabilidad macroeconómica del país: ésta, a fin de cuentas, vuelve a mostrarse vulnerable ante los vaivenes económicos internacionales, y la administración saliente fue omisa en aplicar medidas pertinentes y necesarias para corregir esa circunstancia, como la disminución de la dependencia económica de México hacia la nación vecina, la reactivación y fortalecimiento del mercado interno, el manejo eficiente del gasto público y la aplicación de una política fiscal progresiva, que termine con los privilegios injustificables de los grandes capitales.



lunes, 5 de noviembre de 2012

¿Futuro venturoso?


México SA
Fábula de la solidez
Bases y resultados
Carlos Fernández-Vega
Una mujer pide dinero en pleno centro del Distrito FederalFoto Cristina Rodríguez
!Alegraos!, mexicanos crédulos, que por quinto sexenio consecutivo nuestra eficiente clase política promete un futuro venturoso para los habitantes de este país, toda vez que las sólidas bases económicas permitirán, ahora sí, el despegue nacional, el crecimiento sostenido más allá de lo imaginable y un bienestar social nunca antes visto, es decir, lo mismo que se ha ofrecido desde tiempos de Carlos Salinas de Gortari. El resultado, desde luego, ha sido inversamente proporcional a la palabra empeñada.
Como sucede en cada cierre sexenal, desde cuando menos los últimos cuatro, el gabinete saliente –en pleno uso de sus ilimitadas facultades de auto elogio– destaca lo bien que hizo las cosas, lo mejor que le cumplió a los mexicanos y las envidiables cuan sólidas bases que deja para que el gobierno entrante –el del copetón, quinto sexenio al hilo– aproveche el formidable potencial heredado por la administración que, felizmente, llega a su fin. Esa ha sido la constante desde Carlos Salinas a Felipe Calderón, y el resultado concreto ha sido mediocridad absoluta, raquitismo económico y desplome del bienestar social.
Se va Calderón, pero por medio de los integrantes de su gabinetazo hace público que el nuevo gobierno contará con una economía más sólida para crecer, pues es inobjetable, según dice, que hoy en día la economía mexicana es tan sólida como no lo había estado hace muchos años. El encargado de divulgar la excelsa noticia fue el subsecretario de Hacienda, Gerardo Rodríguez Regordosa, para quien este brillante escenario le dará margen a la administración peñanietista “para profundizar en aquellos elementos que le permitan acelerar el crecimiento del país, y para ello cuenta no sólo con la solidez sino con la modernización institucional y financiera que ha tenido el país a lo largo de los últimos 20 ó 25 años (Notimex).
Pero no sólo eso, sino que, de acuerdo con el funcionario, “tener reservas internacionales y dinamismo en la generación de ahorro interno, pero con un sistema financiero sólido, bien capitalizado y creciendo sin problemas de finanzas, es una combinación que nuestro país no tenía hace muchísimos años… Se trata de una situación, digamos, sumamente favorable, sobre todo si se compara con la situación que estamos viendo de otros países en la actualidad… Se ha blindado la economía mexicana desde el Congreso de la Unión con las decisiones de los distintos paquetes económicos y desde las propias acciones del Ejecutivo federal en materia de política económica… Este blindaje es una inversión de más de 15 años de decisiones responsables en materia de finanzas públicas y en materia del sistema financiero”.
Qué tal, mexicanos envidiosos, que por aferrarse a una percepción distinta (Calderón dixit) de lo que difunde el discurso oficial, se quejan de salarios miserables, precariedad en el empleo, pobreza a galope, espeluznante concentración del ingreso, el menor crecimiento en cinco lustros y demás gracias derivadas de esa solidez económica que se viene cacareando desde el salinato, cuando menos, pero que en los hechos se ha traducido en una miserable tasa anual promedio de 2 por ciento en el periodo y 60 millones de pobres al cierre del sexenio que les prometió vivir mejor.
En materia económica el discurso oficial es un simple machote al que le cambian de fecha, toda vez que las palabras solidez, base, crecimiento y conexos irremediablemente forman parte del mensaje institucional y las repiten cada que pueden, y pueden seguido, por mucho que no formen parte de la realidad nacional. Van algunos ejemplos, siempre en su calidad de inquilinos de Los Pinos:
“En los últimos años los mexicanos hemos realizado un enorme esfuerzo colectivo para sanear nuestra economía y sentar las bases para un desarrollo sostenido que brinde igualdad de oportunidades a todos. Ha valido la pena. El país ya ha recuperado su estabilidad, crece moderadamente y avanza en el cambio estructural de sus actividades productivas… Mayor crecimiento económico sobre bases permanentes… Se han afianzado bases para el futuro… Las bases para que realmente se eleve la calidad de vida están ya puestas… bases sólidas para un futuro con mayor justicia social” (Carlos Salinas de Gortari: 3.9 por ciento de crecimiento anual).
El esfuerzo hecho hasta ahora para superar la emergencia económica constituye sólo la primera parte de una estrategia más amplia que nos llevará a alcanzar el crecimiento económico sostenido y sustentable. En esta primera fase nos hemos concentrado en corregir los desequilibrios que precipitaron la crisis, disipar con claridad el riesgo de colapso financiero y productivo del país, e ir fincando las condiciones que nos permitan emprender sobre bases sólidas la recuperación económica (Ernesto Zedillo: 3.5 por ciento de crecimiento anual).
“Nuestro país tiene bases firmes para consolidar el crecimiento y aprovechar el nuevo dinamismo de la economía mundial… Hemos sentado bases firmes, tenemos la solidez, fortaleza y energía para seguir adelante; lo mejor está por venir… Consolidar el crecimiento económico, para generar los empleos que la sociedad demanda; son una oportunidad para superar la pobreza, para crear nuevas y mejores condiciones que favorezcan la inclusión social. Este es el rumbo, este es mi compromiso… Es innegable que hoy tenemos una economía sustentada sobre bases más sólidas, bases para heredar a las generaciones futuras un país con mejores indicadores de bienestar social” (Vicente Fox; 2.3 por ciento de crecimiento anual).
“La prioridad debe ser recuperar la senda del desarrollo humano sustentable, la del combate a la pobreza, la del crecimiento económico acelerado con justicia y con generación de empleos... Nuestra economía no sólo está de pie, sino que avanza firme por la senda de la competitividad, el crecimiento y la generación de empleo… Nos propusimos mejorar los ingresos, las capacidades, las libertades y las condiciones de vida de las familias sin comprometer el patrimonio de las generaciones futuras… Las familias ya no se empobrecen de la noche a la mañana… La economía mexicana es fuerte, está en crecimiento, genera empleo y tiene baja inflación” (Felipe Calderón: 1.84 por ciento de crecimiento anual).
Como se observa, de mal en peor, pero con esa misma solidez, igual discurso e idénticas bases auguran un futuro venturoso, o lo que es lo mismo, el ofrecido cinco lustros atrás.
Las rebanadas del pastel
Para animar la fiesta, Angela Merkel, canciller alemana, augura que la crisis europea durará al menos cinco años más, de tal suerte que ha llegado el tiempo de un poco de rigor. Españoles, griegos y demás se preguntan: si no ha sido rigor, entonces ¿qué es lo que nos han aplicado en los últimos meses?
cfvmexico_sa@hotmail.com

Exigen cumplimiento de demandas laborales del SME


Los firmantes, militantes sindicales y sociales, hemos seguido el conflicto que, derivado del inconstitucional decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), emitido por Felipe Calderón Hinojosa, pretendió exterminar ilegalmente al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Los afiliados al SME han recurrido a todas las formas de lucha a su alcance, siempre dentro del contexto legal y los derechos consagrados en nuestra Carta Magna.
A tres años del brutal atentado contra los trabajadores del SME, el segundo tribunal colegiado del primer circuito en materia de trabajo ha resuelto dar la protección de la Justicia Federal al Sindicato Mexicano de Electricistas, determinando que las relaciones individuales y colectivas de trabajo del SME siguen vigentes y por tanto, que la CFE tiene la obligación de asumir la responsabilidad de ser el patrón sustituto de los 16 mil 599 trabajadores que no se liquidaron, por seguir existiendo la materia de trabajo, además de usar las instalaciones y herramientas del organismo liquidado.
Exigimos a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y al Poder Judicial de la Federación el estricto cumplimiento de la ley como instituciones de impartición de justicia y que a la brevedad sean satisfechas todas sus demandas. (Carta resumida.)
Carolina Verduzco (IPN), Miguel Ángel Laraz (UNAM), Víctor Palacio (Chapingo), Hilario Ibarra (STSCMetro), Gregorio Miranda (ONPP-FNAMUP), Pável Flores (ANUEE), Juan Caloca (artista visual) y nueve firmas más

Castiga a los usuarios la nueva metodología de cobro de la CFE


La decisión de Calderón podría debilitar la empresa: académicos
Trabajadores despedidos de Luz y Fuerza, durante una reunión informativa en Azcapotzalco sobre los abusos de la CFEFoto Francisco Olvera
Fernando Camacho Servín
 Periódico La Jornada
Lunes 5 de noviembre de 2012, p. 31
El supuesto cambio en la metodología de cobro de las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), anunciado hace unos días por el presidente Felipe Calderón, no representa ninguna transformación real en beneficio de los sectores más empobrecidos, sino únicamente la oficialización del sistema ya existente, el cual fomenta el castigo a los usuarios que más consumen electricidad en vez de promover un consumo racional de la misma, señalaron académicos universitarios.
Leticia Campos, investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirmó que el proceso de definición de las tarifas domésticas sigue inconcluso, a pesar de los avances ocurridos durante la nacionalización de la industria eléctrica del país.
Aunque la nacionalización de enero de 1962 impulsó el consumo de electricidad para industrializar el país, mediante un método de cobro tendiente a la unificación en 11 grupos de usuarios con características semejantes, en la década de los 80 del siglo pasado se empezó a aplicar un esquema de cobro escalonado por consumo, mediante el cual paga más el que gasta más.
Sin embargo, ante la falta de una cultura de consumo eficiente, lo que ha hecho este sistema es castigar a muchos usuarios que por diversas razones se ven forzados a utilizar más electricidad, pasando rápidamente del grupo que consume de uno a 75 kilovatios/mes, al que rebasa dicho límite, lo cual provoca también un aumento en sus tarifas.
Por otro lado, aunque la medida dictada por Calderón sí disminuye el precio del kilovatio/hora adicional al nivel ya mencionado de uno a 75 (de 1.25 pesos a 90 centavos), ello provocaría que unos 16 millones de usuarios pobres dejen de pagar de 3 a 5 mil millones de pesos al año, lo cual debilitará la capacidad de operación de la CFE.
Si Felipe Calderón realmente quiere ser solidario con los más pobres, en vez de seguir castigando a los usuarios debería poner límites a la privatización de los servicios públicos, que no privatice de forma desmedida, porque los bienes comunes son muy importantes para la gente de pocos recursos, subrayó.



domingo, 4 de noviembre de 2012

La insurrección de los priistas


EN:ARTICULISTAS FECHA:3 NOVIEMBRE, 2012
Reforma laboral: no se puede defender lo indefendible
Martín Esparza Flores
Si los legisladores del PRI que levantaron la mano para aprobar la contrarreforma laboral pensaron que sus correligionarios se iban a cruzar de brazos, están muy equivocados; la insurrección de los militantes del tricolor en su contra ya se está gestando y con sobradas razones pues nadie, con dos milésimas de sentido común, puede aceptar que tal agresión a los trabajadores y a los sindicatos sea aprobada por quienes, en sus documentos básicos, dicen ser defensores del pueblo.
Si analizamos lo que establecen los principios ideológicos del PRI, que regresará a Los Pinos el próximo diciembre, podemos observar que en su capítulo III, donde se establece su “Compromiso con la Igualdad y los Derechos Sociales”, en su punto 72, señala: “El mayor reto que tenemos los mexicanos como nación es abatir la pobreza y la desigualdad que obstaculizan el pleno ejercicio de los derechos sociales establecidos en la Constitución, e impide a millones de personas acceder a los beneficios del desarrollo”.
En el punto 73, se dice: “En el PRI, ratificamos nuestro indeclinable compromiso en la defensa de las conquistas sociales. No aceptaremos, bajo ninguna circunstancia, retroceder en los derechos constitucionales en materia de educación, salud, trabajo, campo, equidad de género y justicia para los indígenas”.
Y en su punto 75, dejan establecido: “Tenemos la convicción de que para avanzar en la disminución efectiva de las desigualdades sólo podremos lograrlo con un desarrollo económico distributivo más acelerado y perdurable, que genere empleos formales mejor remunerados para que los trabajadores y sus familias puedan mejorar sus condiciones de vida”.
La pregunta que se hacen con toda razón no sólo los militantes del tricolor sino los mexicanos que les refrendaron su confianza en julio pasado es: ¿cómo van a cumplir con sus compromisos establecidos en sus documento básicos con una reforma laboral como la que aprobaron en el Congreso de la Unión? Su contenido, y no podrán negarlo los legisladores de ese partido, es todo lo contrario a sus postulados partidistas.
Ahora que organizaciones adherentes al PRI, pertenecientes a la CTM y al Congreso del Trabajo (CT), se han dado cuenta de las gigantesca pifia política y legislativa que cometieron sus diputados y senadores, se prepara una auténtica rebelión para echar atrás los destrozos no sólo ideológicos sino legales que se cocinaron al más puro estilo panista en ambas cámaras.
Por ello, ya hay acuerdos como la celebración de la Primera Convención Nacional de Trabajadores contra la Reforma Laboral, pactándose las acciones a seguir para echar abajo este atentado en contra de millones de mexicanos; además, y de manera conjunta,  en lo que será un hecho histórico,  se verán juntos en marchas, plantones y otras estrategias a realizar a sindicatos independientes y del CT, convocándose además a una gran consulta a los trabajadores para estallar la huelga nacional el próximo 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana.
La molestia generalizada es por demás evidente pues, con la legalización de las outsourcings y los contratos de prueba, la sindicación está herida de muerte y con ello el futuro de muchos sindicatos corporativos con los que por muchos años el PRI cimentó su sector obrero.
Por donde quiera que se le vea, la reforma laboral es un claro retroceso a los derechos ya adquiridos por la clase trabajadora. No se puede defender lo indefendible y eso lo saben perfectamente las propias organizaciones priistas que ahora tomarán por asalto las calles y plazas públicas ante la traición cometida por sus representantes en el Congreso, los que ahora, seguramente, ya no sabrán dónde esconder la cabeza. Avestruces legislativas, para ser exactos.

sábado, 3 de noviembre de 2012

Tribunal ciudadano enjuicia a Felipe Calderón


Enrique Calderón Alzati
Luego de varios artículos orientados a promover la realización de un juicio ciudadano con el que los miembros de la sociedad mexicana se definan en torno a la gestión de Felipe Calderon Hinojosa como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, un número creciente de compatriotas se ha unido a esta convocatoria haciéndola suya, lo cual, luego de algunas reuniones e intercambios de mensajes por Internet o vía telefónica, ha hecho posible la creación de un tribunal ciudadano, que ha comenzado a operar como una red social, utilizando básicamente el portal www.tribunalciudadano.mx
Es importante mencionar que se trata de un esfuerzo ciudadano incluyente convocando a la ciudadanía a participar como jurado, mediante su voto de respaldo o de inconformidad al veredicto que está elaborando un grupo de trabajo voluntario, a partir de las demandas y acusaciones recibidas de l@s mexican@s, que de manera expresa se sienten agraviadas por las acciones y políticas instrumentadas por el gobierno de la República, o que piensan que el Presidente debe ser demandado en forma especifica por su actuación al frente del gobierno.
Para inscribir cada una de estas demandas o acusaciones es necesario seleccionar un tema o concepto del catálogo de conceptos que puede ser consultado en la página del tribunal, describiendo su demanda y dando algunas pruebas que sustenten la demanda o acusación. Hasta el día de ayer se tenían registradas 12 demandas provenientes de cinco entidades de la República: Veracruz, Distrito Federal, Nuevo León, Jalisco y Puebla.
Con ellas, el grupo de trabajo ha comenzado a preparar el veredicto que deberá ser presentado a la opinión pública el 12 de noviembre próximo, para someterlo a la sociedad mexicana en su conjunto, para que ésta exprese su aceptación o rechazo al veredicto, actuando como jurado del tribunal ciudadano. Esta consulta habrá de realizarse desde el 12 hasta el 18 de noviembre próximos, y de ser aceptado y apoyado el veredicto por la mayoría de los participantes de este jurado, se procederá a difundirlo a los medios de comunicación mediante una reunión celebrada para tal fin el 19 de noviembre.
Por ello, hacemos una segunda invitación a quienes deseen participar libremente en este proceso, nos lo indiquen registrándose como jurados del proceso en la sección de registro al jurado en nuestra misma página www.tribunalciudadano.mx.
Tomando en cuenta que este es un derecho y un mandato que nos indica con claridad la Constitución vigente de la República, el proceso conlleva un aprendizaje social y esta es quizá su mayor importancia y trascendencia para el futuro. Por ello, necesitamos que el esfuerzo trascienda con una participación masiva y, por ello, más numerosa que la que hasta hoy ha estado participando. Es importante mencionar que para participar como jurado, no es necesario tener conocimientos de leyes, sino exclusivamente ser ciudadan@ mexican@, leer previamente el veredicto del tribunal y estar interesado en que Felipe Calderón sea juzgado y demandado por los daños causados a la nación.
De manera específica, es importante que una vez terminado de elaborar el veredicto y de su presentación en este portal, (lo cual está programado para el 12 de noviembre) tengamos un número importante de ciudadanos votando, para dar a conocer a la sociedad el resultado del cómputo de votos en favor y en contra. Cuanto mayor sea el número de ciudadanos participantes con su voto, y los votos provengan de todos los estados de la República, y aun de ciudades de otros países donde viven actualmente, su impacto será mayor y dejará un mensaje más claro de que la impunidad que han tenido los mandatarios hasta ahora no sucederá más.
Por ello, los varios cientos de ciudadanos que estamos comprometidos en este esfuerzo solicitamos tu apoyo registrándote como miembro del jurado de manera que, desde ahora, podamos saber cuántos votos esperamos tener al final del juicio. Para registrarte como ciudadano miembro del jurado, sólo debes conectarte a la sección Registro del Jurado y escribir los datos del formulario, los cuales son enteramente confidenciales y tienen como fin saber cuántos somos y en qué ciudad nos ubicamos.
Nuestra meta actual es lograr la participación con su voto de varios miles de ciudadanos que pasan a formar parte del jurado para este tribunal ciudadano, cuyo fin es establecer el precedente de que al final de cada periodo de gobierno los ciudadanos podamos expresar nuestra opinión colectiva sobre el desempeño de los presidentes de la República, haciendo de este instrumento un referente de apoyo o condena de las acciones realizadas y a las políticas establecidas por cada gobernante.
Por experiencia personal de cada uno de los que participamos en este esfuerzo, independientemente de a quien hayamos dado nuestro voto para ocupar la primera magistratura del país en el próximo periodo de gobierno, que está por iniciarse, sabemos que la opinión generalizada de los ciudadanos, es que el señor Felipe Calderón ha representado uno de los gobiernos más nefastos e irresponsables que ha tenido el país, y que no obstante la dimensión de sus omisiones y acciones de incitación a la violencia, de invitación a las prácticas de corrupción entre los funcionarios públicos, de violación de la Constitución por el uso ilegal de las fuerzas armadas, de violación sistemática de las garantías individuales y de haber puesto en riesgo la soberanía nacional con sus acuerdos con gobiernos extranjeros para que sus agentes operen en el territorio nacional y que empresas extranjeras realicen operaciones en nuestro territorio, acciones prohibidas por la Constitución, todo lo cual configura delitos mayores, el señor saldrá de la Presidencia para retirarse a la vida privada, para vivir plácidamente con una pensión que le será proporcionada por el gobierno, y aun con aspiraciones para seguir incidiendo en la vida pública, como sucede actualmente con Carlos Salinas de Gortari, lo cual nos es francamente inaceptable.
Por ello, y considerando que esto no debiera repetirse, consideramos que esta acción de enjuiciar su conducta desde la sociedad civil abrirá el camino para que los presidentes de la República y así mismo otros funcionarios públicos, como los gobernadores de los estados, sean enjuiciados públicamente por sus acciones, y sepan que los tiempos de la impunidad han terminado para ellos.

Reforma laboral: la agenda democrática


Arturo Alcalde Justiniani
La noche del 23 de octubre pasado sucedió algo inesperado, los senadores priístas y del Partido Verde se vieron derrotados por una coalición emergente que mayoritariamente les imponía una agenda democrática para el mundo del trabajo. No se trataba tan sólo de una batalla legislativa perdida sino de una auténtica derrota moral, se vieron obligados a subir a la tribuna para defender la antidemocracia, la opacidad, la ausencia de voto libre y las prácticas viciosas que impiden a los trabajadores defender el valor de su trabajo, organizarse colectivamente y tener una vida digna.
La agenda que obtuvo la mayoría en el Senado se compone de cuatro apartados: el primero se refiere al acceso público a los contratos colectivos, estatutos y demás documentos que se depositan en las Juntas de Conciliación y Arbitraje y Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El carácter público de esta información ha sido claramente definido por los organismos especializados en la materia, mediante resoluciones firmes que, a pesar de haber sido combatidas por diversos gremios mediante amparos, no han logrado su revocación. También deben ser públicos los recursos que los sindicatos reciben del Estado, como lo han señalado estos organismos y la Auditoría Superior de la Federación. El razonamiento es elemental: si los recursos provienen de los ciudadanos, ellos tienen derecho a conocer su destino.
El segundo y tercer apartados se refieren a la rendición de cuentas y voto secreto, universal y directo para elegir a los representantes sindicales. Es también obvio que cualquiera que administre recursos de otros deba dar cuenta de su destino y que, al no hacerlo, incurra en responsabilidades; el problema es que en la realidad, muchos líderes sindicales consideran que el sindicato es un negocio propio y, en consecuencia, se resisten a compartir cualquier información.
Por lo que se refiere a la decisión de incluir el voto secreto en la ley, se parte del principio de que el voto sólo será libre si se emite con la garantía de privacidad para evitar la presión externa: así lo señala nuestro máximo tribunal de justicia en su jurisprudencia 150/2008 interpretando la Constitución y los convenios internacionales. En los razonamientos de esta decisión, la Corte expone un amplio conjunto de argumentos y criterios que fundan su decisión, en el sentido de que el voto debe ser secreto en el ámbito laboral para que se considere libre. El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), desmintiendo a quienes afirman lo contrario, ha dejado clara constancia de que la regulación por la vía legislativa del voto secreto es totalmente compatible con el Convenio 87 de dicho organismo; sostener que es más democrático dejar que los trabajadores decidan si quieren o no voto secreto, es una argucia, ya que en la práctica vemos que esta decisión nunca recae en ellos
El cuarto punto responde al derecho que tienen los trabajadores de decidir qué sindicato debe representar sus intereses en la firma de los contratos colectivos. Se trata del artículo 388 bis, el cual constituye sin duda, el tema más importante de esta agenda democrática, porque permite rescatar la contratación colectiva que está actualmente secuestrada por actos de imposición unilateral por parte de los patrones.
El artículo 388 bis establece que cuando un sindicato pretenda la firma de un contrato colectivo, la autoridad laboral debe consultar a los trabajadores si están conformes en que dicha organización represente sus intereses, pudiendo ellos manifestar que sea una organización distinta o que no desean pertenecer a sindicato alguno. Integrado un padrón confiable, se procede a una votación libre y secreta; el sindicato que resulte ganador será quien llevará a cabo las negociaciones del propio contrato y después de 10 días de concluidas éstas, sólo el sindicato que obtuvo la mayoría de votos podrá, ante la negativa del patrón, emplazar a huelga en los términos que señala la ley.
Esta consulta a los trabajadores, desde el punto de vista legal, no es nada nuevo, ya que el Artículo 388 actual señala las reglas que deben operar en la firma de los contratos colectivos cuando coexisten diversos sindicatos que pretenden esa firma, aclarando que corresponderá la celebración a aquél que obtenga la mayoría. La nueva disposición instrumenta este proceso de firma, el cual resulta fundamental, ya que en la práctica se ha retorcido el acceso al pacto colectivo, a través de un acto de designación por parte del patrón. En efecto, al constituirse una empresa, el propietario del negocio escoge al sindicato de su preferencia, simplemente firma el contrato colectivo y lo deposita sin consultar a trabajador alguno, de tal manera que los asalariados se ven obligados a pertenecer al gremio que decidió el patrón. Como consecuencia de ello, las centrales sindicales, con objeto de ser agraciadas con la decisión patronal, compiten en una especie de mercado, ofreciendo las más bajas condiciones de trabajo y recibiendo por ello, una gratificación. Con el tiempo, el abogado patronal opera como factor decisivo, convirtiendo a ésos líderes sindicales en una especie de subordinados. Así nacen los contratos colectivos de protección patronal que abarcan hoy más de 90 por ciento de los centros de trabajo.
Legitimar mediante la consulta a los trabajadores el acceso a la contratación colectiva, evita la creciente extorsión de delincuentes que, ostentando siglas sindicales, presionan a pequeñas y medianas empresas y a personas físicas, mediante emplazamientos a huelga, sin tener trabajadores, desprestigiando el valioso papel de los sindicatos auténticos.
Este artículo también responde a exigencias de diversos organismos internacionales que consideran que esta situación es violatoria de los convenios 87 y 98 de la OIT que tienen jerarquía jurídica superior a la propia Ley Federal del Trabajo; la queja mas reciente, la 2694, ha sido promovida por las formaciones gremiales más grandes del mundo que consideran que el actual modelo de simulación y corrupción que opera en nuestro país es un mal ejemplo para la comunidad internacional.
La importancia del tema se hace evidente por las fuertes presiones de grupos empresariales que buscan a toda costa que fracase esta agenda democrática. En los próximos días confirmaremos si lo logran.



CFE suma 25 contratos de compra de energía a la IP


Asume la paraestatal compromisos para un cuarto de siglo
Paga a empresas españolas operación y mantenimiento de plantas
Israel Rodríguez J.
 Periódico La Jornada
Sábado 3 de noviembre de 2012, p. 21
Al concluir la actual administración la Comisión Federal de Electricidad (CFE) deja formalizados 25 contratos de operación comercial con inversionistas privados, denominados productores independientes de energía, por medio de los cuales la paraestatal asume el compromiso de comprar energía eléctrica y pagar la operación y el mantenimiento de las plantas privadas durante 25 años.
Estas obligaciones contractuales implican compromisos de pago a 22 productores particulares por al menos 177 mil 213 millones de pesos, equivalente a unos 13 mil 770 millones de dólares, según revelan los últimos informes de la paraestatal.
Al mismo tiempo, se encuentran en operación comercial tres contratos con inversionistas privados que han desarrollado plantas eólicas, donde a diferencia de los otros 22 contratos, se le establece a la CFE la obligación de pagar sólo por la energía generada y entregada, por lo que no se consideran para los pagos a futuro.
Las principales beneficiadas son las empresas españolas, que se han consolidado en un solo grupo, como Iberdrola, Gas Natural y Unión Fenosa en la que también participa Repsol, las cuales se convirtieron en el principal generador de energía eléctrica en México, después de la CFE.
Entre las obligaciones contratada con los productores independientes de energía, la CFE debe de pagar un cargo fijo por capacidad, cargo fijo de operación y mantenimiento, cargo fijo por reserva de capacidad por suministro de combustible, cargo variable de operación y mantenimiento, cargo por combustible, cargo por arranque y el cargo de operación por exceso de límites técnicos.
Estos contratos contienen una cláusula de contingencia mediante la cual CFE se compromete a pagar al inversionista el valor de sus activos a la fecha en que se diera alguno de los riesgos inherentes de incumplimiento considerados en cada uno de los contratos. Para ello, la CFE tiene una reserva que al 30 de septiembre de esta año asciende a 64 mil 966 millones de pesos, unos 5 mil 48 millones de dólares.
Por su parte, los productores independientes de energía también asumen que en caso de variaciones en los costos del proyecto, incumplimiento en las garantías operativas y riesgos de operación de la planta, podría darse por terminado el contrato.
Garantías a gaseras
Adicionalmente, la CFE tiene firmados contratos para asegurar el suministro de gas natural a las plantas de ciclo combinado construidas por inversionistas privados. Unos es con Sempra, otro con el consorcio Terminal KMS, MIT, Kopgamex, Sam Investment y Gas del Litoral. Pero hasta el cierre del tercer trimestre del año, debido a retrasos y cancelaciones de buques-tanque, uno de los contratistas, Gas del Litoral, ha incurrido en déficit de entrega en promedio de 3 mil 500 millones de pies cúbicos mensuales.



viernes, 2 de noviembre de 2012

Campesinos y sindicatos recibirán al próximo gobierno con una protesta


En marcha del 31 de enero exigirán respeto a la soberanía alimentaria
De la Redacción
 Periódico La Jornada
Viernes 2 de noviembre de 2012, p. 11
Ante la precaria situación en el campo, organizaciones agrarias y sindicatos acordaron recibir al gobierno de Enrique Peña Nieto con una movilización el próximo 31 de enero, para puntualizarle que no cederán en la defensa de la soberanía alimentaria, respeto a las libertades democráticas y derechos humanos de los dirigentes sociales.
Organizados en el Frente Amplio Social, campesinos y trabajadores sindicalizados se inconformarán por la carestía de los comestibles y la política agropecuaria que ha conducido a la dependencia alimentaria. “Tomaremos las calles para exigir un cambio radical en las políticas públicas neoliberales”, dijo Eduardo Navarro, integrante de la Comisión Política del Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp).
En 2003, tras una huelga de hambre realizada por dirigentes de varias organizaciones en el Ángel de la Independencia y una movilización el 31 de enero de ese año, se logró la firma del Acuerdo Nacional para el Campo, en el cual quedaron plasmadas las principales demandas de los agricultores. Ahora, los campesinos se preparan, junto con diversos sindicatos, para presentarse como una fuerza que tenga capacidad de defensa e interlocución con el gobierno de Peña Nieto, para lograr un plan nacional de desarrollo y presupuestos incluyentes que garanticen la autosuficiencia alimentaria y mejora en la calidad de vida.
El frente –dijo el senador perredista Isidro Pedraza Chávez– se está preparando para defender la producción nacional de alimentos, rechazar la reforma laboral, fortalecer el mercado interno e impulsar una agenda campesina y obrera.

jueves, 1 de noviembre de 2012

Calaverita III

Vista previa

Calaverita II

Vista previa

Calaverita I

Vista previa

Martin Esparza informe en la secretaria del trabajo

Organizaciones gremiales se unen contra la reforma laboral


Realizan primer encuentro de la Convención nacional sindical
Planean crear un instrumento para defender derechos de los trabajadores
Patricia Muñoz Ríos
 Periódico La Jornada
Jueves 1º de noviembre de 2012, p. 15
Centrales obreras de diversas corrientes realizaron ayer, en el Monumento a la Revolución, el primer encuentro de la Convención nacional sindical para unificar sus luchas en un frente, acordar acciones de defensa de los derechos de los trabajadores y demandar a la Cámara de Diputados detener la reforma laboral, sobre todo por sus aspectos más nefastos para los obreros mexicanos.
Pertenecientes al Congreso del Trabajo (CT), la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el Frente Sindical Mexicano y la Confederación de Obreros, Campesinos y Empleados de México (Cocem), los gremios sostuvieron que lo mismo son golpeados por el gobierno los democráticos como los corporativos, y advierten que todos serían afectados por una reforma laboral a modo de los patrones del país, que desdibuja totalmente la ley en la materia.
En esta movilización, las distintas centrales convinieron en reformar la unidad de gremios con un acuerdo nacional, efectuar acciones conjuntas y mantener el rechazo a la reforma impulsada por el presidente Felipe Calderón. Aseveraron que van a enfrentar de manera coordinada las siguientes reformas que se avecinan, como la energética y harán a un lado sus diferencias para tener un sector obrero unificado.
Lo dirigentes de la Confederación Obrero Revolucionaria, Reyes Soberanis, Martín Esparza, del Sindicato Mexicano de Electricistas; Agustín Rodríguez, del Stunam; Rodolfo González, de la Confederación Regional Obrero Mexicana; de la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación, Carlos Manuel Díaz Chávez Morineau y el de telefonistas, Francisco Hernández Juárez, demandaron a los legisladores adoptar un compromiso serio para eliminar de la reforma laboral, todos aquellos aspectos que afectarán la estabilidad, salarios y derechos adquiridos.
El dirigente de pilotos indicó que la movilización fue para dar vida e impulsar la Convención nacional sindical, crear un instrumento que permita defender los derechos de los trabajadores. Sostuvo que esta es quizá la última oportunidad para enfrentar unidos una reforma regresiva que pretenden imponer desde los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Las corporaciones empresariales presionarán para tener trabajadores a destajo, pagar por hora, tenerlos subcontratados, con bajos salarios y con el temor de ser despedidos. Al gobierno, a los diputados y senadores quieren que los trabajadores paguemos los platos rotos, dijo.
Hernández Juárez apuntó que la UNT acordó erradicar la atomización de sus sectores para enfrentar al gobierno de Peña.
En esta movilización, en la que se volvió a hablar de un paro nacional, también participaron sindicatos del Instituto Nacional de Vivienda, del INBA, de bomberos, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y del Metro.



Admite la Corte recurso de revisión del gobierno sobre amparo al SME


Considerar si hay patrón sustituto de electricistas, el asunto
Jesús Aranda
 Periódico La Jornada
Jueves 1º de noviembre de 2012, p. 15
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió el recurso de revisión presentado por el gobierno federal –a través del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE)–, en contra del amparo que concedió un tribunal colegiado al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en el que sentenció que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es patrón sustituto de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
El pasado 29 de octubre, la presidencia de la SCJN admitió el juicio de amparo directo promovido por el SME contra actos de la junta especial cinco federal de Conciliación y Arbitraje y lo turnó al ministro Luis María Aguilar para que elabore el proyecto correspondiente y lo resuelva la segunda sala del máximo tribunal.
El ministro presidente de la Corte, Juan N. Silva Meza, precisó que la admisión del recurso de revisión fue en respuesta a la demanda del organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, denominado Servicio de Administración Pública Federal de Bienes, en su carácter de liquidador del organismo descentralizado LFC, con reserva del estudio de importancia y trascendencia que en el momento procesal oportuno se realice”.
Hace unas semanas, el segundo tribunal colegiado de circuito en materia laboral concedió la protección de la justicia federal a los electricistas y ordenó a la junta especial cinco federal la emisión de un nuevo laudo en el que establezca que la CFE es patrón sustituto de los trabajadores del SME que no aceptaron su liquidación.
En su sentencia, el tribunal colegiado aseveró que el SAE no tenía atribuciones jurídicas para efectuar el proceso de liquidación de electricistas, en razón de que en el decreto de extinción de LFC, el presidente Felipe Calderón no demostró las razones de utilidad pública que lo llevaron a ordenar la desaparición de la paraestatal.