sábado, 7 de septiembre de 2013

Menos empleo, más hambre

México SA
¿Quién quitó los alfileres?
Canasta básica inalcanzable
Carlos Fernández-Vega
Arranca el décimo mes del nuevo gobierno que todo prometió, y se constata que, lejos de cumplir, cacho a cachito se desmorona el de por sí precario bienestar social, al tiempo que velozmente se aleja la posibilidad (o el sueño, si se prefiere) de que México por fin salga del agujero económico en el que cayó 30 años atrás.
Como es costumbre, el gobierno saliente dejó la economía colgada de cuatro delgadas alfileres y –también práctica recurrente– a algún genio de la administración entrante se le ocurrió la brillante idea de quitar dos de ellas para ver qué pasaba. Y pasó: allá por diciembre de 2012, en las altas esferas gubernamentales se presumía que el PIB mexicano crecería 3.5 por ciento en 2013 (proporción, que dicho sea de paso, de cualquier suerte nada de fondo resuelve) y a estas alturas los pronósticos más optimistas no pasan de 1.5 por ciento, lo cual sería lo de menos si no fuera por las terribles consecuencias sociales que tal caída provoca.
Así es: en apenas 10 meses de estancia en Los Pinos, el pronóstico económico se desplomó 60 por ciento, y contando. Resultado: menos empleo y más precario, desocupación, pérdida de poder adquisitivo, bajos salarios, inflación por arriba de la comprometida y creciente número de mexicanos a quienes su ingreso no alcanza para comer, entre tantas otras gracias.
Sobre este último aspecto, que no es independiente de los demás, el Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, campus estado de México, advierte que las presiones sobre el bienestar de los mexicanos se mantienen, y el desequilibrio social, laboral y económico que se gestó durante los años previos ha trascendido a la presente administración. En poco ayudó el diagnóstico y estrategias que en el corto plazo se han aplicado, pues no funciona continuar bajo la inercia de un modelo económico basado en las exportaciones, cuando la desaceleración llegó justamente por dicho sector.
El problema ha tocado al bienestar de la población, particularmente porque su ingreso salarial va en retroceso. El daño no es menor, pues al observar las cifras del segundo trimestre de 2013 se constata que aun los ingresos nominales sufren los estragos de un mercado laboral que contrata menos y que paga mal, cada vez peor, como lo documenta, por medio del índice de la tendencia laboral de la pobreza (ITLP), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Tal indicador es una referencia a la que no se le otorga la debida atención, subraya el CIEN. Derivado de las encuestas trimestrales de empleo permite dilucidar si las condiciones laborales generan el ingreso suficiente para que las personas puedan adquirir una canasta alimentaria, definida como básica, para alcanzar un bienestar mínimo o si además tienen los recursos suficientes para superar lo definido como bienestar. El primer concepto es contundente, si no se percibe el dinero suficiente la capacidad para consumir alimentos se ve seriamente comprometida.
El problema que el ITLP documenta es que la precarización del empleo sigue su marcha, hay un avance tanto a nivel urbano como rural. El incremento del ITLP lo coloca en un nivel no visto desde su primer registro (en 2005). Lamentablemente, el Coneval no presenta los registros históricos por un cambio en la metodología.
Sin embargo, el CIEN apunta que se puede afirmar que los resultados contabilizados durante la crisis de 2009 fueron menos desfavorables que los actuales. Parte de la explicación radica en que la recesión sigue afectando a las empresas, particularmente a las pequeñas y medianas. Además, las políticas aplicadas en los últimos años del sexenio de Felipe Calderón terminaron por minar al mercado interno y las condiciones de contratación de los trabajadores.
A tasa anual, el ITLP aumentó 5.8 por ciento, pese a que se registró un incremento –por llamarle así– del PIB de uno por ciento. En el entorno urbano, este indicador avanzó 5.9 y en el rural 5.6 por ciento. A escala estatal solamente siete entidades de la República presentaron una baja en la precariedad; el resto vio crecer la marginación. Baja California, Colima, estado de México, Jalisco y Michoacán fueron los estados donde el aumento fue mayor a 10 por ciento.
Lo anterior se presentó a pesar de que la presión de la inflación disminuyó: la razón se encuentra en que el ingreso derivado del trabajo perdió poder adquisitivo, aun con una moderación en la elevación de los precios. En términos de precios de 2010 el ingreso per cápita cayó 4.8 por ciento anual, pero cuando la comparación se realiza utilizando los precios de la canasta alimentaria la contracción fue de 8 por ciento. Aun en términos corrientes se tiene una disminución anual de 0.5 por ciento.
Ello se da en un escenario donde las líneas de bienestar mínimo exhiben un movimiento ligero a la baja, es decir, los precios de la canasta básica alimentaria han frenado su crecimiento en los últimos meses. Por lo tanto, el aumento en el ITLP se debe en gran medida a la notable disminución sufrida por el ingreso laboral per cápita durante el segundo trimestre del año. Tal situación implica que aun cuando se tiene una canasta básica con un ritmo de precios menos elevado, el nivel de los ingresos laborales no es suficiente para adquirirla.
En conjunto, destaca el citado centro de estudios, todo ello expresa un hecho innegable: la desaceleración de la economía afecta a un mercado laboral que tiene una falla estructural: bajos salarios que causan pobreza y debilidad en el mercado interno. Lo anterior debe llamar a una profunda reflexión sobre cómo reactivar el mercado interno, fomentar la inversión y la mejora en las remuneraciones de los trabajadores”.
Un pacto por el desarrollo productivo de México es necesario, evitar dañar a la economía con mayores impuestos (para “estimular la economía, al gobierno peñanietista no se le ocurrió mejor fórmula que bombardear fiscalmente a la población) y competencia desleal, como la que Dragon Mart representa, deben ser algunos de los pasos a seguir. Para el segundo año de la nueva administración se requieren nuevas estrategias; los saldos económicos y sociales del primero continúan en la línea de precariedad heredada por su antecesor, algo que presionará el tejido social del país.
Las rebanadas del pastel
Y mientras llega la masacre fiscal, siguen las muestras del México que todos queremos (Peña Nieto dixit): noveno mes del año, noveno gasolinazo. El aumento en los precios de los combustibles duplica el registrado por la inflación general.
Twitter: @cafevega
D.R. cfvmexico@hotmail.com


La privatización de la energía, inaceptable

Enrique Calderón Alzati
Los intereses extranjeros en torno a la explotación de los recursos naturales de México y en particular sus hidrocarburos no son nuevos, como tampoco los son las visiones y los proyectos de enajenación de esos recursos por parte de mexicanos incrustados en los círculos del poder. De ello dan fe muchas páginas de la historia de nuestro país.
Luego de la expropiación petrolera realizada por el general Cárdenas, han sido varios los intentos por entregar nuevamente esos recursos a manos extranjeras, utilizando en cada caso argumentos diferentes y bien elaborados por las mismas organizaciones externas, los cuales tuvieron eco en nuestro país y de manera especial en los diferentes gobiernos que se han sucedido durante los últimos 40 años.
Resalta así, el proyecto de Lopez Portillo entre 1976 y 1982, orientado a hacer del petróleo el recurso económico central para nuestro desarrollo, no obstante las múltiples llamadas a la cordura, por parte de expertos mexicanos como Heberto Castillo. La aventura terminó en un rotundo fracaso, pues lo que en realidad sucedió fue que el objetivo del proyecto diseñado en Estados Unidos y filtrado a México por un amigo del presidente, no era otro que abastecerse del petróleo mexicano que los iraníes les habían negado. Lejos de mejorar nuestra economía, como resultado de las grandes inversiones para incrementar la producción, nuestro país quedó brutalmente endeudado, mientras los estadunidenses obtenían a bajo precio el petróleo mexicano que les hacía falta.
Ya como parte del proyecto neoliberal impuesto a México por el Fondo Monetario a raíz del endeudamiento mencionado, la capacidad tecnológica mexicana comenzó a ser desarticulada por el gobierno de Carlos Salinas, mediante la contratación de empresas extranjeras para desarrollar proyectos anteriormente realizados por Pemex en un caso y la CFE en otro, como la construcción y puesta en marcha de centrales hidroeléctricas, refinerías e instalaciones diversas. Los institutos de investigación ligados a Pemex y CFE fueron convertidos en armatostes inútiles, cuya función no era otra que la simulación, dejando de cumplir con los objetivos para los que fueron creados, justificando así la necesidad de adquirir la tecnología en el extranjero, ante la incapacidad demostrada de los técnicos mexicanos.
Lejos de preparar nuevas generaciones de ingenieros y especialistas, como lo hacen las naciones interesadas en asegurar su desarrollo futuro, los gobiernos neoliberales se olvidaron de las universidades e instituciones de educación superior que podían dotarlas de los recursos humanos necesarios. Por el contrario, las nuevas generaciones de ingenieros y especialistas desarrollados por esas instituciones han tenido que emigrar a otras naciones para encontrar retos, desafíos y empleos acordes a sus conocimientos y capacidades.
El resultado de estas políticas no ha sido otro que la desvinculación de las instituciones de educación superior de los grandes problemas nacionales. Para qué invertir en desarrollo tecnológico, cuando es posible comprar la tecnología donde sí saben y pueden hacerla.
Pareciera en todo esto que quienes han dirigido el país carecieran de una visión que les permitiera vislumbrar las necesidades y oportunidades futuras, o bien que, dominados por sus complejos, pensaron que el único camino posible era el que un siglo antes habían seguido quienes decidieron que lo mejor para México era traer un extranjero, que nos viniera a gobernar y a decir cómo hacer las cosas, para que México pudiese encontrar su camino.
Luego de Salinas, sus sucesores y de manera muy especial Fox y Calderón pusieron todo su empeño en entregar el petróleo y la producción de energía en manos extranjeras y en buena medida lo lograron mediante argucias y opacidades de todo tipo, las cuales seguramente les produjeron atractivas ganancias personales, pero fracasaron en sus intentos de cumplir los compromisos que seguramente habían sido parte de las historias secretas que les permitieron acceder al poder. En ese fracaso, incidieron desde luego las diferentes voces que desde el Congreso y de unos cuantos medios de comunicación como La Jornada, lograron hacer públicos los intentos y las falacias de los proyectos gubernamentales.
Hoy el gobierno de Peña Nieto reincide en el argumento de nuestra nula o escasa capacidad para extraer el petróleo de nuestros mares, así como de realizar los procesos de refinación y generación de productos derivados del petróleo, no sólo por la falta de tecnología, sino por la debilidad financiera de la empresa para realizar las inversiones necesarias, los argumentos son poco fiables por decir lo menos, en la medida que el gobierno ha presentado cifras de Pemex como las de una empresa en condiciones financieras lamentables, que difieren, como hoy se sabe, de los informes financieros presentados por la misma paraestatal en el escenario internacional, en donde se afirma con cifras sólidas, que se trata de una de las empresas más productivas y rentables a escala mundial. Por otra parte, el gobierno omite decir que la falta de recursos de la paraestatal es por que son utilizados para compensar la falta de ingresos del gobierno, por el trato preferencial de exenciones fiscales que brinda a los bancos y grandes empresas, mayoritariamente extranjeras, no obstante las enormes utilidades que ellas reciben; todo ello, ¿a cambio de qué?
Se trata de conductas muy graves, porque implican un gran engaño al pueblo de México, para que éste acepte la alternativa salvadora, ante la difícil situación que venimos viviendo y que hoy se antoja también artificial, en cuanto que ha sido inducida por las mismas oficinas del gobierno que promueven la reforma energética y su complemento, la reforma fiscal. ¿Se puede acaso aceptar que el gobierno modifique la Constitución para dar entrada a las empresas extranjeras, a partir de los argumentos planteados por los gobernantes? Muy difícilmente, y si los diputados lo hicieran estarían siendo partícipes de un nuevo atentado contra los intereses nacionales.
Afortunadamente se han levantado diversas voces, que son escuchadas por sectores importantes de la sociedad mexicana, para rechazar este nuevo intento de privatización de la energía, particularmente los presentados en estos días de manera responsable e inteligente, tanto por Cuauhtémoc Cárdenas como por Andrés Manuel Lopez Obrador.


viernes, 6 de septiembre de 2013

Denuncia el SME cobros abusivos por la energía en los hogares

Patricia Muñoz Ríos
 Periódico La Jornada
Viernes 6 de septiembre de 2013, p. 15
En México los consumidores domésticos de energía eléctrica pagan el servicio entre 5 y 7 veces más caro de lo que deberían, ya que el kilovatio-hora se les cobra entre 3.50 y 4 pesos, y debería ser de 56 centavos, por ello el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) presentará el 12 de septiembre una iniciativa de ley para que el acceso a este servicio sea un derecho constitucional y para que se establezca una tarifa justa.
Este sindicato incluso está cabildeando para que diversos legisladores apoyen este proyecto de ley, ya que se ha generado un conflicto social en todo el país, por los altos cobros del servicio que aplica la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En conferencia de prensa, dirigentes del SME, de organizaciones de usuarios de la luz, y del Encuentro Nacional en Defensa del Territorio, la Energía y los Derechos de los Trabajadores, entre otros, anunciaron que impulsarán esta iniciativa e iniciarán la lucha contra la reforma energética.
Por ello, el día 12 de este mes también llevarán a cabo una marcha contra esta reforma y en repudio a los megaproyectos del sector energético que impulsan trasnacionales y el saqueo minero por parte de empresas extranjeras, principalmente las canadienses.
Privatizar sectores estratégicos
Humberto Montes de Oca, secretario del exterior del SME, señaló que este gobierno impone reformas para beneficiar más al capital internacional y quiere privatizar todos los sectores estratégicos del país.
Explicó junto con Juan Carlos Escalante Aguilar (trabajador de este sindicato), que los consumidores mexicanos están pagando la energía eléctrica sumamente cara, porque la CFE compra el servicio a trasnacionales como Iberdrola y Unión Fenosa, que generan la luz utilizando gas importado de Perú y otros países; siendo que podría haber generación interna a través de las termoeléctricas e hidroeléctricas, a un costo de 56 centavos el kilovatio.
Por ello lucharán contra la reforma energética, que daría más manga ancha a las empresas nacionales en el sector eléctrico y petrolero del país, anotó Rodolfo Chávez Galindo, del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota.
En este acto, tanto el SME como la junta promotora de una nueva central de trabajadores, manifestaron su indignación por el atentado cometido por este gobierno contra el magisterio nacional.


jueves, 5 de septiembre de 2013

Megamarcha de la CNTE (Fotografías)

A la movilización se han unido un contingente del Sindicato Mexicano de Electricistas
FOTO: Julián Sánchez / EL UNIVERSAL
Secciones metropolitanas de la ciudad de México salen del Zócalo en marcha en diferentes contingentes por secciones hacia el Senado para encontrarse con la megamarcha de la CNTE FOTO: Alberto Torres / EL UNIVERSAL
Los docentes reprochan los espacios reducidos que da la prensa para referirse a las manifestaciones de la Coordinadora FOTO: Fernando Ramírez / EL UNIVERSAL

Conferencia Prensa: Jornada Movilizaciones en Defensa del Territorio,

Decenas de miles se unen en 22 entidades a la protesta contra la reforma educativa

Bloqueos al aeropuerto de Los Cabos y al puente Córdoba, en Juárez
De los corresponsales
 Periódico La Jornada
Jueves 5 de septiembre de 2013, p. 8
Decenas de miles de profesores se manifestaron y pararon labores en 22 entidades, en repudio a la reforma educativa y sus leyes secundarias.
Como parte de las movilizaciones convocadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), los maestros bloquearon los accesos al aeropuerto internacional de Los Cabos, en Baja California Sur, y el puente internacional de Córdoba, que une a Ciudad Juárez, Chihuahua, con El Paso, Texas.
Mentores de los cinco municipios de Baja California Sur se concentraron frente a sus alcaldías y en el palacio de gobierno de La Paz. En Los Cabos, el Movimiento Sindical Cabeño realizó una marcha de vehículos, bloqueó la carretera al aeropuerto internacional durante dos horas e instaló un plantón con mil 500 docentes en la plaza Antonio Mijares, de San José del Cabo.
Según el comité democrático de la sección 3 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 90 por ciento de las escuelas de nivel básico de las cabeceras municipales de La Paz, Los Cabos, Comondú, Loreto y Mulegé paralizaron actividades.
Cientos de maestros protestaron en municipios de Chihuahua como Ciudad Juárez, Delicias, Chihuahua, Parral, Camargo, Jiménez y Cuauhtémoc, entre otros. En Juárez, alrededor de mil profesores marcharon hasta el puente internacional de Córdoba, conocido como Libre, donde distribuyeron volantes y bloquearon el tráfico de manera intermitente. La Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del estado anunció que se descontará el día de salario a los paristas, quienes dejaron sin clases a unos 50 mil alumnos.
En tanto, el magisterio de Veracruz salió a las calles en más de 10 ciudades, entre ellas Córdoba, Orizaba, el Puerto, Xalapa, Poza Rica y Tuxpan. En Xalapa, la capital del estado, unos 10 mil maestros participaron en el paro nacional y marcharon a pesar de que la Secretaría de Educación de la entidad advirtió que serían sancionados. Mentores afiliados a la sección 32 del SNTE tomaron las instalaciones de la dependencia unas horas.
En la zona centro del estado, 2 mil profesores tomaron la caseta de peaje 045 de Fortín, permitiendo el libre tránsito a los automovilistas que circulan en la autopista Córdoba-Orizaba, y en el sur cerraron las carreteras Costera del Golfo, Nuevo Teapa-Cosoleacaque y Minatitlán-Coatzacoalcos.
Miles de miembros de la sección 7 del SNTE, estudiantes normalistas, padres de familia, indígenas y campesinos marcharon en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y realizaron un mitin. El SNTE aseguró que participaron 50 mil personas, mientras diarios locales informaron que fueron más de 30 mil.
En la marcha realizada en Guadalajara, Jalisco, se sumaron a los maestros normalistas y ciudadanos en general. La protesta magisterial fue una de las más numerosas registradas en la entidad; según autoridades concurrieron al menos 5 mil personas.
Según versiones, casi 9 mil mentores marcharon en Chetumal, Quintana Roo, y unos 5 mil en Morelia, Michoacán, misma cifra que se manejó para la protesta en Mexicali, Baja California.
También hubo manifestaciones y paros de labores en Nuevo León, Morelos, Tlaxcala, Oaxaca, Coahuila –donde disidentes de la sección 5 del SNTE encerraron unas horas a 40 maestros comisionados y secretarias en las instalaciones del sindicato en Saltillo–, Querétaro, Durango, Aguascalientes, estado de México, San Luis Potosí, Zacatecas, Colima, Yucatán y Campeche.



martes, 3 de septiembre de 2013

Tropas del Ejército y agentes del Cisen contra el SME


En los periódicos “se aprecia una fotografía de un vehículo militar de 6.5 toneladas, con las siglas 0325277, perteneciente al 25 Batallón de Infantería (Toluca, Estado de México), no obstante haber comunicado telefónicamente y posteriormente en mensaje FCA 41726, del 11 de octubre de 2009, que estaban suspendidas las supervisiones y relevos en vehículos militares y con personal uniformado que permita su identificación como militar, debiendo realizarlas con uniforme azul o civil y en vehículos que no tengan características militares […]”.




1. septiembre, 2013 Zósimo Camacho @zosimo_contra yRogelio Velázquez @rogelio_contra D, P, Portada
Dos instituciones encargadas de la seguridad nacional fueron utilizadas contra el Sindicato Mexicano de Electricistas durante el sexenio pasado: la Sedena y el Cisen. La primera envió soldados –disfrazados de policías– a las instalaciones de la entonces paraestatal Luz y Fuerza del Centro para desalojar a los trabajadores. Entre las misiones ordenadas a la tropa destacan fingirse policías o civiles y contener los “ataques”, “sabotajes” o acciones “terroristas” de los “transgresores de la ley”. Además, supuestos agentes del organismo de inteligencia civil infiltraron el movimiento no sólo para monitorearlo, sino para generar violencia y desprestigio. De todo da cuenta un expediente entregado por los electricistas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Ilegal”, el uso de las instituciones de seguridad nacional contra movimientos sociales, señala integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional
Tercera de seis partes
Primera parte / Segunda parte
Un expediente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), abierto por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), documenta la utilización de instituciones de seguridad nacional del Estado mexicano para reprimir al movimiento obrero: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
De acuerdo con los documentos recabados por el SME y presentados ante el organismo internacional, tropas del Ejército Mexicano y agentes del Cisen fueron utilizados durante el sexenio de Felipe Calderón para despojarlos de su fuente de trabajo y, luego, para reprimir, desprestigiar y extinguir el movimiento.
En el documento, con el que los electricistas buscan probar en tribunales internacionales la ilegalidad de la extinción de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro, se integra una copia de un expediente abierto en tribunales militares mexicanos contra un efectivo del Ejército que se negó a disfrazarse de policía para ocupar las instalaciones eléctricas. También evidencian el acoso de “infiltrados de la Secretaría de Gobernación” que buscaban no sólo recabar información de las acciones que tomarían los trabajadores, sino de sabotear y desprestigiar a la organización gremial.
Tropa militar disfrazada de policía
El expediente abierto en tribunales militares da cuenta de la utilización de tropas del Ejército Mexicano para expulsar de su lugar de trabajo a los integrantes del SME. En los documentos –de los cuales Contralínea posee copia– se asienta que efectivos de la 37 Zona Militar fueron disfrazados de policías e, incluso, se les dio la orden de apostarse en posición de tiro ante las manifestaciones (“ataques”) que pudieran suscitarse.
La irrupción de los militares en instalaciones de la entonces paraestatal Luz y Fuerza del Centro ocurrió alrededor de las 23:00 horas del 10 de octubre de 2009. El gobierno de Felipe Calderón ejecutaba la extinción de la empresa fundada en 1903 y para ello echaba mano, oficialmente, de la Policía Federal para que tomara todas las instalaciones eléctricas de la región centro del país. Sin embargo, partes militares, pliegos de consignas y oficios –todos documentos internos de la Sedena– señalan que fueron tropas, materiales y vehículos del Ejército Mexicano los que ejecutaron la toma de las instalaciones.
El caso que se documenta en tribunales militares es el de la Subestación Eléctrica San Bartolo, ubicada en Tizayuca, Hidalgo. Hasta la fecha, la versión oficial ha señalado que fueron policías los que tomaron las instalaciones. Durante los últimos 3 años del sexenio de Felipe Calderón, las autoridades aseguraron que los efectivos castrenses sólo se utilizaron contra el crimen organizado y que no se emplearon en el cierre de la paraestatal Luz y Fuerza. Sin embargo, documentos oficiales señalan que en las instalaciones de San Bartolo se estableció un destacamento de seguridad militar e incluso una “base de operaciones”.
Para ello, los militares fueron disfrazados de policías y las unidades castrenses también fueron camufladas de policiacas. Incluso dos fotos publicadas en los diarios El Universal y Reforma el 12 de octubre de 2009 –en las que se alcanzaban a observar soldados y vehículos militares– motivaron un mensaje FCA “extraurgente” al interior del Ejército Mexicano.
En el documento –con folio 33063, fechado el 12 de octubre de 2009 y con la referencia “Restricción de movimientos”–, se aprecia una enérgica reprimenda del comandante de la Primera Región Militar al comandante de la 22 Zona Militar por las fotografías aparecidas en los medios citados:
Por el desacato, el comandante de la Primera Región Militar ordena tres “acciones”:
“a) Se le ratifica la orden de imponer correctivo disciplinario debidamente fundado y motivado al comandante del 25 Batallón de Infantería.
“b) Realizar una investigación remitiendo el resultado antes de las 1800 del 15 de octubre de 2009 [sic].
“c) Ratificar y supervisar que la totalidad de los organismos bajo su mando estén enterados que están suspendidas las supervisiones y relevos en vehículos militares y con personal uniformado a las instalaciones de la extinguida Compañía de Luz y Fuerza del Centro (todo movimiento a estas instalaciones), agradeciéndole realizarlas […] de civil y con uniforme azul y en vehículos que no tengan características militares [sic].”
De acuerdo con el artículo 125 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos: “Los uniformes y las divisas en el Ejército y Fuerza Aérea estarán especificados en el Reglamento respectivo y son de su uso exclusivo, por lo que no podrán ser utilizados por personas, corporaciones o dependencias que les sean ajenas. Quienes violen estas disposiciones quedarán sujetos a lo que dispone la ley penal de la materia”.
Por su parte, el Reglamento de Uniformes, Divisas y Equipo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y su Manual Gráfico para el Uso de Uniformes, Divisas y Equipo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos establecen un detallado y estricto sistema del uso del uniforme de los militares en funciones. En ningún caso se establece la posibilidad de disfrazar a los efectivos castrenses de policías o civiles mientras se desempeñan en sus bases de operaciones o destacamentos de seguridad.
Los efectivos del Ejército Mexicano permanecieron en las instalaciones eléctricas por varios meses, como se puede apreciar en documentos oficiales emitidos posteriormente.
En otro mensaje FCA, con folio 41357 y también de carácter extraurgente, se da cuenta del relevo de servicios en el Destacamento de Seguridad en las instalaciones eléctricas de San Bartolo, Tizayuca, efectuado el 25 de diciembre de 2009. Entonces se encontraban en el lugar un oficial y 27 elementos de tropa.
Para el 11 de marzo de 2010 –5 meses después de la toma de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro– el mismo número de efectivos se encontraban en la subestación eléctrica de Tizayuca, Hidalgo, como se desprende del oficio 3308 de la Comandancia del Tercer Batallón de Ingenieros de Combate, en el que el entonces coronel de zapadores Diplomado de Estado Mayor, comandante del batallón, le informa al general de brigada diplomado de Estado Mayor, comandante de la 37 Zona Militar, del despliegue operativo y el estado de la fuerza.
En el documento se señala el despliegue operativo de 17 unidades, entre destacamentos, bases de operaciones, retenes y vigilancia.
En efecto, en la relación se incluye la Base de Operaciones Subestación Eléctrica San Bartolo, en la que los 27 elementos de tropa y el oficial (teniente de zapadores Eglo Jesús Noriega Vázquez) tenían como misión “proporcionar seguridad a las instalaciones”. Pero también se revela la presencia castrense en otras instalaciones de Luz y Fuerza del Centro con la misma misión.
En el Centro Nacional de Control Eléctrico, ubicado en la delegación Álvaro Obregón del Distrito Federal, se instaló un destacamento de seguridad con un oficial y 20 efectivos de tropa. Al frente se encontraba el subteniente de zapadores Natanael Barrera Velázquez.

En la Subestación Eléctrica Lechería, ubicada en Tultitlán, Estado de México, se instaló una base de operaciones, con un oficial y 27 elementos de tropa. El comandante era el teniente de zapadores Marcos Gerardo Mendoza Pérez.
Otras instalaciones de Luz y Fuerza –como talleres y bodegas– también estuvieron ocupadas por militares, según el documento: en las instalaciones de Los Reyes, ubicadas en Texcoco, Estado de México, se desplegaron 17 elementos de tropa bajo el mando del teniente de zapadores Arturo Cruz Gaytán; y en las de San Joaquín Coapango, también ubicadas en Texcoco, se enviaron 18 efectivos encabezados por el teniente de zapadores Alberto de la Cruz Felipe.
El expediente abierto en tribunales militares también incluye la designación del teniente de zapadores Marcos Gerardo Mendoza Pérez como comandante del Destacamento de Seguridad de la Subestación Eléctrica San Bartolo –ubicada en el municipio hidalguense de Tizayuca–, en sustitución del teniente de zapadores Gabriel Alberto Guzmán Ruiz, a partir del 16 de marzo de 2010 y “hasta nueva orden”.
En el oficio 3534 se leen las actividades que debería realizar el nuevo comandante en la subestación eléctrica: “[…] deberá apegarse en todo momento a las consignas establecidas, partes vitales de la instalación resguardada, planes de seguridad y de defensa, entre otros, así como la siguiente misión:
“Proporcionar seguridad física a las instalaciones de la Subestación Eléctrica y garantizar la seguridad del personal que labora en la misma, así como evitar actos de sabotaje y terrorismo por parte de transgresores de la ley, exhortándolo a poner toda su astucia y profesionalismo en la seguridad de la citada instalación vital [sic].”
El mismo documento contiene la fatiga (servicio que se cumple en un turno establecido) del personal oficial y tropa destacados en la Subestación Eléctrica San Bartolo. En efecto, como comandante aparece Mendoza Pérez; y como comandante segundo, el sargento segundo de zapadores Juan González Santillán. La lista se completa con 18 soldados más.
Pero el expediente también cuenta con el pliego de consignas a las que tenía que sujetarse el comandante. Entre ellas:
“2. Este servicio tienen por objeto dar seguridad física a la Subestación Eléctrica San Bartolo, considerando su instalación como base de operaciones y vigilancia, debiendo asegurar la conservación del orden en las inmediaciones de la misma.
“[…] 4. No permitirá la presencia de vendedores ambulantes a inmediaciones de su servicio y mucho menos su acceso al interior de la misma.
“5. A partir de las 21:00 horas y hasta el término de las horas de oscuridad marcará el alto a cualquier persona extraña, vehículo militar o civil que se aproxime al puesto de seguridad.
“[…] 9. En caso de ser atacada la base de operaciones, instruirá al personal que se encuentre apostado se proteja utilizando los accidentes del terreno y parapetos, a fin de no ser blanco redituable a los atacantes, debiendo de tener conocimiento del sector de tiro que le corresponda [sic].
“10. Cuando una persona desconocida se encuentre a inmediaciones del puesto y porte o haga uso de cámaras fotográficas, procederá a averiguar de inmediato su propósito y si procede a su detención momentánea, dando parte a la 37 Zona Militar, Tercer Batallón de Infantería y al jefe de Vigilancia para recibir las indicaciones correspondientes [sic].”

Martín Esparza Flores, secretario general del SME, considera que los expedientes a los que tuvieron acceso prueban que la extinción de Luz y Fuerza del Centro fue “una decisión autoritaria: es ilegal usar a las Fuerzas Armadas en época de paz y contra un sindicato; además, fueron obligados a disfrazarse de policías; ¿y la normativa nacional e internacional sobre el uso de los uniformes militares?”.
Y es que los efectivos del Ejército ocuparon las instalaciones eléctricas sin que hubiera motín alguno y sin que el sindicato hubiera desacatado una notificación de abandonar sus centros de trabajo.
“Además entraron con lujo de violencia, pues rompieron cristales y a los trabajadores les quitaron sus credenciales. Muchos de ellos fueron prácticamente secuestrados durante días, porque a varios los obligaron a permanecer ahí trabajando de manera forzada”, agrega Esparza Flores.
Lo que considera la ilegal utilización de las instituciones del Estado mexicano contra el SME es la punta de lanza en el expediente que el 24 de mayo pasado se comenzó a integrar en la CIDH.
“Nos recibió personalmente en Washington el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza. Le explicamos. Él conoce perfectamente el caso. Estamos aportando más elementos. Pero uno de los más importantes, tal vez el más contundente, es la falta del debido proceso y el abuso de las Fuerzas Armadas”, señala el líder sindical.

Los elementos de la Sedena no fueron los únicos funcionarios de instituciones de seguridad nacional utilizados contra una organización legal de trabajadores, el SME. También elementos del Cisen fueron infiltrados en las instalaciones y actividades del sindicato. Su misión no sólo era recabar información de la lucha legal y social que desarrollaba la organización gremial, sino provocar hechos de violencia e incidir en las decisiones que tomaban los trabajadores movilizados.
Los electricistas han reunido un expediente de 320 fotografías con los rostros de quienes han identificado como espías y saboteadores. A algunos de ellos los han increpado y han obtenido declaraciones –grabadas en audio o video– donde los policías encubiertos reconocen pertenecer a alguna institución gubernamental. Los trabajadores siempre entregaron a los espías a las corporaciones policiacas de la ciudad y, en un caso, a funcionarios del gobierno federal.
“Yo personalmente le entregué al exsecretario de Gobernación, Francisco Blake Mora [fallecido el 11 de noviembre de 2011, cuando se accidentó el helicóptero en que viajaba] un disco de 250 fotografías de personas involucradas o infiltradas en nuestro movimiento. Y le informamos de aquellos que detectamos y que pusimos a disposición de las autoridades.”
—¿Y las autoridades hicieron las investigaciones correspondientes? ¿Se sancionó a alguien por esos hechos? –se le pregunta a Martín Esparza.
—En ningún momento. Todos los casos que presentamos en Gobernación y en los ministerios públicos nunca caminaron. Siempre nos enfrentamos a funcionarios y jueces de consigna que se alinearon a la política gubernamental de destruir el movimiento.
—¿Los infiltrados lograron incidir en las acciones y las decisiones que tomó el sindicato?
—Muchas veces. En varias protestas en las que hubo violencia, quienes agredían eran ellos. Tenemos fotografías de los hechos. Y hasta enfrentamos las denuncias correspondientes. Detectamos que ellos eran los que rompían cristales de algunas patrullas y vehículos.

Destacan tres casos de elementos del Cisen descubiertos en distintas ocasiones. De ellos, los trabajadores cuentan con copias de las respectivas credenciales de elector que portaban en ese momento y las grabaciones de los diálogos que sostuvieron.
Uno de ellos habría participado en el inicio de la gresca entre policías e integrantes del SME el 11 de abril de 2011. A decir de Martín Esparza, se montó una provocación cuando los trabajadores se encontraban frente a los policías. Por esos hechos sigue preso el trabajador Jorge Ulises Uribe Gaona. No sería el único caso en hechos de violencia en que los supuestos infiltrados incitaban a la violencia.
Otro supuesto integrante del Cisen se encontraba en una de las acciones más emblemáticas de la lucha del SME: la huelga de hambre iniciada a finales de noviembre de 2009. Uno de los huelguistas no era trabajador de Luz y Fuerza. “Era de los que decía que la dirigencia ya había vendido el movimiento y que la única solución se conseguiría por la vía armada; y cuando comenzamos a averiguar más de él y revisamos su mochila, resulta que tenía fotos de los mismos de la huelga de hambre; y sus credenciales eran falsas”, dice .
Martín Esparza.
Un supuesto agente de inteligencia más habría sido sorprendido en una asamblea celebrada en la sede de Antonio Caso del SME. Este policía fue entregado directamente a las autoridades federales que lo reclamaron.
“No podíamos conocer a todos los compañeros trabajadores y jubilados. Somos miles. Entonces sí tuvimos que tomar determinaciones, como que no podíamos permitir el ingreso a las instalaciones ni que participaran en las marchas si no presentaban su credencial. Es que, además, varios de esos infiltrados estaban apuntados hasta en los grupos de trabajo. Llegaban con sus gorras y sus playeras del SME, pero no eran trabajadores”, explica Esparza.
Para el dirigente obrero el uso de militares y agentes encubiertos contra los movimientos sociales es ilegal. “Se trata de un acto autoritario, porque todos tenemos el derecho a la protesta; pero también es un asunto de malversación de fondos, porque se están derrochando recursos en actividades que están fuera de la ley”.
A decir de la diputada Lizbeth Rosas Montero, integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión, es “ilegal” el uso de las instituciones de seguridad del Estado mexicano contra movimientos sociales abiertos, legales y legítimos. “Simplemente no está dentro de las facultades que señala la ley”.
Contralínea solicitó entrevista con el director de Comunicación Social de la Sedena, general brigadier Martín Terrones Calvario, acerca de la utilización de soldados, disfrazados de policías en la toma de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.



Infografía:



Fuente: www.contralinea.com.mx Periodismo de investigación http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/09/01/tropas-del-ejercito-agentes-del-cisen-contra-el-sme/

En pie de lucha

EN:ARTICULISTAS FECHA:31 AGOSTO, 2013
Toque Crítico
Devastación ecológica y social/I
Martín Esparza Flores
Los informes recabados por el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) Capítulo México, en todo el territorio nacional, deben llevar a una evaluación de sus políticas públicas a todas las instancias de gobierno.
Existen en el país 116 casos documentados sobre la destrucción social y ambiental de decenas de comunidades indígenas, pueblos y hasta colonias de las zonas urbanas.
El TPP es uno de los organismos más reconocidos a nivel mundial que, desde 1979, examina las causas de la violación de los derechos fundamentales en los pueblos de todo el orbe  y denuncia tales abusos ante la opinión pública internacional. Su independencia y fuerza moral lo han convertido en un respetable foro integrado con personalidades de las diferentes áreas y de todas las naciones.
En enero de 2010, un grupo de organizaciones sociales peticionaron al TPP abrir un capítulo en nuestro país con el fin de exponer la situación de violencia estructural.
El TPP, en su Audiencia Temática sobre la Devastación Ambiental y Derechos de los Pueblos, ha constatado que en México hay una ausencia total de consensos sociales en el diseño de obras y proyectos de toda índole, incluyendo la autorización ilegal de usos de suelo y hasta los permisos para arrasar con zonas arqueológicas, que han puesto en pie de lucha a la sociedad civil ante la falta total de justicia por parte de las autoridades correspondientes, silentes cómplices tanto de empresarios nacionales como extranjeros, en su afán de arrasar con todo lo que encuentran a su paso, no importando los daños ecológicos, patrimoniales y hasta sociales, que están ocasionando desde hace 19 años en que con la excusa de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, y la promoción de inversiones se dio tal laxitud oficial en perjuicio de miles de mexicanos.
No es exagerado hablar de una destrucción total del medio ambiente en nuestro territorio cuando no hay una sola entidad de la república que esté a salvo de la imposición de proyectos de carreteras, como de presas, trasvases, instalaciones industriales, confinamientos de residuos tóxicos y basureros a cielo abierto, megaproyectos turísticos o eólicos, minas y unidades habitacionales en despojadas tierras de cultivo, lo mismo que granjas industriales y construcción de supermercados.
Los grandes monopolios han aprovechado este vacío legal permitido por las autoridades para propiciar el despojo de aguas superficiales y subterráneas, alentar una deforestación  ilegal pero inexplicablemente tolerada y la invasión de zonas arqueológicas y de conservación. Ni las ciudades están a salvo del progresivo deterioro en su calidad de vida a raíz de los  cambios de uso de suelo que han propiciado una urbanización salvaje, acabando con áreas destinadas al esparcimiento y la recreación.
Este abandono oficial donde la justicia sencillamente ha hecho añicos el menor vestigio ya no sólo de los derechos constitucionales, sino de los derechos humanos de miles de habitantes, ha propiciado la agudización de conflictos sociales como lo que se registran en la zona del Istmo de Tehuantepec; en Tepoztlán, Morelos; en San Francisco Xochicuautla, Estado de México; en el Valle del Yaqui, Sonora y en la Cuenca del Río Atoyac, en Veracruz, por citar algunos de los casos más emblemáticos.
No obstante el avasallamiento en contra de sus barrios y comunidades, una infinidad de organismos sociales están dando la batalla en ese México silencioso ignorado por los medios de comunicación que a través del TPP, busca sus mecanismos de defensa y difusión para que  este reconocido organismo internacional, lleve sus demandas de justicia  a los foros de todo el mundo para que se conozcan los abusos cometidos en su contra.
Ante tal desastre nacional y la defensa de nuestro patrimonio y biodiversidad, todos debemos solidarizarnos con ese país en pie de  lucha, para denunciar al mundo la persecución jurídica y policiaca permitida por el gobierno mexicano en contra de quienes en sus regiones libran una batalla diaria en contra de la voracidad de inescrupulosos empresarios nacionales y extranjeros.

lunes, 2 de septiembre de 2013

Aulas llenas

John M. Ackerman
Quienes quieren las escuelas vacías y los maestros en la calle no son los valientes profesores que protestan, sino los líderes empresariales, mediáticos y políticos que defienden la contrarreforma educativa de Enrique Peña Nieto. La aprobación del dictamen de la Cámara de Diputados a una nueva Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) dejaría literalmente en la calle, bajo la excusa de salir reprobados en evaluaciones sesgadas y hechas a modo, a una multitud de destacados maestros formados en la docencia, entregados a sus alumnos y comprometidos con el desarrollo nacional. Estaríamos así ante un enorme desperdicio de capital humano que dañaría gravemente al país.
Pero lo más preocupante es que después de esta purga magisterial las aulas pueden quedar vacías. Pocos jóvenes querrán aceptar los bajos salarios y las precarias y anticonstitucionales condiciones laborales incluidas en la LGSPD, sobre todo con la intensidad de la dedicación profesional, emocional y física, y las largas jornadas laborales que se requieren para ser un buen maestro.
Los pocos remplazantes serán individuos de bajo rendimiento sin ninguna otra alternativa laboral. También tendrían que ser personas dispuestas a ser maltratadas por sus superiores, ignoradas por su sindicato y despedidas a la menor provocación. Eso sí, aunque tendrían que abandonar cualquier deseo de experimentar en el aula o fomentar una actitud crítica en sus alumnos, los nuevos tecnócratas de la educación tendrían que ser muy hábiles en el llenado de exámenes de elección múltiple.
Y mientras se buscan nuevos profesores idóneos que ofrezcan una educación supuestamente de calidad, las aulas se mantendrán vacías o atendidas por suplentes sin capacitación o conocimiento especializado alguno. Simultáneamente, los maestros despedidos tendrán que abandonar sus libros escolares y su formación humanística para ir a manejar un taxi, lavar platos en Estados Unidos o engrosar las filas de la delincuencia organizada.
La propuesta de LGSPD es profundamente autoritaria. Los perfiles, parámetros e indicadores para evaluar a los educadores serán desarrollados por la Secretaría de Educación Pública y revisadas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, sin participación alguna de los profesores. Y la aplicación y la calificación de los exámenes estará en manos de funcionarios externos, muy probablemente en alianza con empresas privadas que lucren con este jugoso nuevo negocio.
Quienes conocen mejor los detalles y los retos para ser un buen maestro son los mismos profesores. Ellos tendrían que ser los encargados de proponer los criterios y participar en el proceso de evaluación. Si bien la autoevaluación cuenta con límites claros, la revisión por pares es esencial en cualquier sistema de evaluación democrática e integral. Por ejemplo, no existe razón alguna para diferenciar entre los profesores e investigadores universitarios, quienes somos evaluados rigurosamente cada 3 o 4 años por nuestros pares y no por autoridades al servicio de la clase política, y los maestros de educación básica y medio superior.
Otro grave problema es el enfoque punitivo de la LGSPD. En lugar de apoyar a los maestros a sobresalir en condiciones difíciles, sobre todo en las zonas más abandonadas del país en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, la ley busca castigarlos por las fallas generalizadas del sistema de educación pública. La columna vertebral de la propuesta de ley es el despido automático después de tres exámenes fallidos (el clásico “ three strikes and you’re out”), o de manera inmediata si el maestro se rebela en contra del sistema de evaluación en su conjunto.
Pero para realmente mejorar la calidad educativa, el proceso de evaluación tendría que concebir al maestro como parte de un sistema integral que incluya a la escuela y a las autoridades educativas correspondientes. Cuando un maestro reprueba un examen, reprueba el sistema educativo en su conjunto. La respuesta tendría que ser atender las raíces estructurales del problema en lugar de buscar chivos expiatorios y castigos ejemplares. Y si se trata de facilitar despidos, muchas veces se logra más con la separación de su cargo del secretario de Educación correspondiente que con el despido de los miles de maestros a quienes los funcionarios han fallado al no prepararlos correctamente.
Finalmente, la propuesta de LGSPD también viola flagrantemente el artículo 123 constitucional al permitir al gobierno despedir a los maestros, en una variedad de situaciones, supuestamente sin responsabilidad alguna para la autoridad. Con estas disposiciones se busca limitar al máximo la intervención tanto de las Juntas de Conciliación y Arbitraje como del Poder Judicial. Se busca cancelar los derechos laborales y sindicales de los maestros al reducir sus contratos a meros acuerdos administrativos.
Los maestros deberían estar en las aulas no en la calle. En lugar de buscar pretextos para despedir a los profesores que generosamente han consagrado sus vidas a la enseñanza de nuestros hijos, habría que aumentar sus salarios, mejorar sus condiciones laborales, renovar la infraestructura escolar y desmontar el autoritarismo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman


Educación, proceso permanente

Manuel Pérez Rocha
El mundo atribuye su infortunio a las conspiraciones y maquinaciones de grandes malvados. Entiendo que subestima la estupidez
Adolfo Bioy Casares
En estas líneas, las palabras estupidez, arbitrariedad y autoritarismo no son insultos, son descripción.
Estupidez, arbitrariedad, autoritarismo es lo que anima a la reforma laboral discriminatoria aplicada de manera exclusiva y denigrante a los maestros mexicanos, perversamente presentada como reforma educativa. Estupidez, porque quienes en verdad creen que con ello se mejorará la educación no comprenden que están haciendo todo lo necesario para conseguir lo contrario, porque ignoran todo el conocimiento que hay sobre estas materias. Estupidez, porque sus dichos están plagados de inconsistencias y atropellos a la razón, a la lógica más elemental. Arbitrariedad, porque han impuesto reformas legales sin justificación expresa, consistente y suficiente. Arbitrariedad, porque dejan al arbitrio de autoridades indefinidas decisiones que afectan los derechos de personas. Autoritarismo, porque sostienen su proyecto solamente en la fuerza que les da su posición de gobernantes y el apoyo de los intereses de la plutocracia que domina y explota a este país, y del aparato propagandístico a su servicio: Televisa, Milenio, Reforma, TVAzteca y otros muchos.
¿Exagero? Lean este párrafo de la pretendida Ley del Servicio Profesional Docente (el corazón de la reforma educativa según sus autores y sus propagandistas): El personal con nombramiento definitivo tendrá garantizada su permanencia en el servicio público siempre y cuando se sujete a los procesos de evaluación del desempeño. Cuando se identifique la insuficiencia en el nivel de desempeño de la función respectiva, el personal de que se trate deberá incorporarse a los programas de regularización que la autoridad educativa determine, que incluirá un esquema de tutoría. De ahí en adelante, dos evaluaciones más, y si no hay resultados satisfactorios en un término no mayor de doce meses, el despido sin responsabilidad para la autoridad.
¿Qué quiere decir para ellos definitivo si es que está permanentemente condicionado? ¿Quién es la autoridad que va a identificar la insuficiencia en el nivel de desempeño? ¿En qué momento o momentos se hará tal identificación?, ¿con qué criterios, con qué procedimientos? ¿Quién va a definir los criterios? ¿Cuál es la autoridad que va a determinar los programas de regularización a que deberán someterse los maestros?¿Es irregular un maestro que no se ha sometido a esos programas? ¿Quién determina el contenido y método de esos programas? ¿Cuáles serán las atribuciones del tutor? ¿Quién lo designará? ¿Será una nueva categoría de trabajador con ingresos adicionales? ¿Cuál será su relación con el tutorado? ¿Será una relación jerárquica? ¿Cómo podrá defenderse un maestro ante tanta arbitrariedad?
Más de millón y medio de maestros serán incorporados a un sistema y procedimientos centralizados inoperantes y costosísimos. Ya se ha anunciado que serán contratados 5 mil evaluadores, los cuales tendrán condiciones de trabajo privilegiadas en comparación con las de los maestros (entre otras cosas, a ellos sí se respetan los derechos establecidos en el artículo 123 constitucional, a los maestros no). Estos evaluadores también serán evaluados ¿y los evaluadores de los evaluadores también requerirán de un sistema que los evalúe? ¿Con qué criterios y procedimientos? ¿Y quién evaluará a la cúspide de este aparato? Todo este absurdo y arbitrariedad no se eliminan con las declaraciones acerca de que las evaluaciones deberán considerar el contexto, concesión retórica con la que pretenden engatusar a la CNTE.

domingo, 1 de septiembre de 2013

“Por el rescate de la Nación”.


marcha 31082013
by acrestapp
August 31, 2013
Noticias Mexico, Noticias SME, Reportajes
marcha 31082013
Mónica Monroy Lucero
Sábado 31 de Agosto, 2013
México D.F., SME.-
a marcha de la sociedad civil en “Por el Rescate de la Nación, la Defensa del Petróleo, la Electricidad y la Educación Pública”, encabezada por la Proclama por el Rescate de la Nación; la cual esta coformada por mas de 92 organizaciones politicas, sindicales y sociales, así como personalidades e intelectuales…, a la cual se sumó el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y demas personalidades de la política mexicana, esta partió de la glorieta del Ángel de la Independencia, donde se concentraron enormes contingentes de las distintas organizaciones  como el Sindicato Mexicano de Electricistas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de México, así como la sociedad civil en general.
A lo largo de avenida Reforma, Juárez, Eje Central e Izazaga avanzaron contingentes de estudiantes de la prepa 1 y el Instituto Politécnico Nacional, además de personalidades del ámbito cultural del país como Julieta Egurrola y Daniel Giménez Cacho, quienes dieron lectura al posicionamiento de lucha Por el Rescate a la Nación, en donde además de argumentar su detracción con respecto a la Reforma Energética y Educativa, reivindicaron el derecho a la libre manifestación, pues en pasados días los medios masivos de comunicación han denostado y criminalizado las protestas magisteriales con el objetivo de incitar al Gobierno Federal a usar la fuerza en lugar del dialogo.
Eduardo Bobadilla Zarza, Secretario del Interior del SME, manifestó nuevamente el compromiso del movimiento electricista para sumarse a la lucha por la defensa no solo del petróleo sino también de la educación a través de la lectura del comunicado en el que piden a la ciudadanía luchar porque los gobernantes obedezcan a los principios sociales y soberanos del Constituyente del 17 violentados por tres largas décadas de rapiña política y neoliberalismo salvaje.

Manifiesto a la nación reclama unidad




Georgina Saldierna, Alma E. Muñoz y Laura Poy
Periódico La Jornada
Domingo 1º de septiembre de 2013, p. 2
Intelectuales, dirigentes políticos, organizaciones sociales y gremiales llamaron a la unidad de todos los mexicanos para defender el petróleo, la electricidad, la educación pública, la soberanía nacional y a manifestarse contra el IVA en alimentos. También convocaron a las fuerzas armadas a no dejarse arrastrar por los afanes entreguistas de quien hoy mal gobierna al país.
En un manifesto a la nación dado a conocer ayer, al término de una multitudinaria marcha en contra de la reforma energética propuesta por el Ejecutivo, recordaron que en las actuales circunstancias hay voces reaccionarias, prepotentes y autoritarias que pretenden acabar con el diálogo, los derechos de manifestación, expresión, pensamiento y reunión, utilizando como único argumento la violencia. A ellos les decimos que el pueblo no tolerará salidas represivas.
El documento fue leído en las inmediaciones del Zócalo por los actores Daniel Giménez Cacho y Julieta Egurrola, convocantes a la movilización y quienes avalaron el manifiesto junto a Cuauhtémoc Cárdenas, Pablo González Casanova, Raúl Vera, Raúl Álvarez Garín, Adolfo Gilly, Gonzalo Ituarte, Miguel Álvarez, y cientos de personas más, así como decenas de organizaciones como la UNT, el STUNAM, el SME, la CNTE, CNPA-Movimiento de Liberación Nacional y el Centro de Reflexión Laboral.
En el texto se establece que al Ejecutivo debe quedarle claro que al poner en riesgo la supervivencia de México con sus contrarreformas, pone en entredicho su permanencia al frente del gobierno de la República.
Y se advierte que si las potencias imperialistas, la oligarquía mexicana y su clase política vendepatrias logran su cometido de modificar los artículos 27 y 28 constitucionales se cancelaría toda posibilidad de desarrollo nacional independiente y de justicia social.
Permitir esos cambios dejaría al país en condiciones de total desamparo... y más temprano que tarde le llevaría a la quiebra, pues el uso de sus recursos naturales quedaría al capricho y conveniencia de agentes privados, se subraya.