miércoles, 6 de agosto de 2014

Pasivos laborales, corrupción acumulada.

SECCIÓN:ARTICULISTAS FECHA:2 AGOSTO, 2014
¿Dónde quedó el dinero?
Martín Esparza Flores
La aparición en el escenario de la reforma energética de los pasivos laborales acumulados por adeudos de prestaciones no solventadas por décadas a favor de los trabajadores petroleros y electricistas de Pemex, CFE y Luz y Fuerza, por parte de las paraestatales —hoy trocadas en “empresas productivas del Estado”— ha puesto en la mesa de los debates parlamentarios el inevitable tema de la corrupción y discrecionalidad con que esos multimillonarios recursos fueron manejados de forma ilícita cuando debieron ser intocables, por representar derechos adquiridos por miles de trabajadores que laboraron durante toda su vida para asegurar una pensión justa, tal y como lo establecen el artículo 123 de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo.
Diputados del PRI, PAN, Verde Ecologista y Panal se han manifestado a favor de convertir en deuda pública los 2,1 billones de pesos que en promedio suman tales pasivos, bajo la justificación maniquea de que ambas empresas deberán entrar en la competencia del sector energético ante las empresas nacionales y extranjeras, con sus estados financieramente sanos, pero poniendo como insalvable condición que las dirigencias del Sindicato Petrolero y del SUTERM acepten negociar cambios sustanciales a sus contratos colectivos de trabajo para que su agremiados de nuevo ingreso, emigren al sistema de pensiones de cuentas independientes.
Sólo que en el entramado de los pendientes falta incorporar los pasivos laborales de los trabajadores de Luz y Fuerza en liquidación, y que ascienden aproximadamente a 350 mil millones de pesos. Y así como hasta el momento los partidos impulsores de esta agresión a los derechos laborales de los trabajadores del sector energético se han abstenido de exigir una amplia investigación para conocer las causas de la desaparición de las estratosféricas cantidades, como también los nombres y apellidos de los responsables, es hora de recordarles que de acuerdo con la ley, los activos de las paraestatales deben servir para cubrir las obligaciones de los organismos públicos descentralizados, hoy condenados a desaparecer, pues el pueblo no puede cargar con esta deuda que representa 2 veces el monto del Fobaproa, hoy IPAB, de más de 850 mil millones de pesos y la del rescate carretero que asciende otros 155 mil millones.
Los responsables de la sustracción a los recursos ganados legítimamente por los trabajadores y sus ahora cómplices en el Congreso buscan justificar el fenomenal boquete invocando los supuestos “privilegios excesivos” del sistema de pensiones como el de los trabajadores petroleros, para tender la acostumbrada cortina de humo para escabullir su responsabilidad oficial. En su momento también responsabilizaron al “costoso” contrato colectivo del SME del deterioro financiero de Luz y Fuerza. Ahora que la verdad sale flote, Calderón y sus falacias se hunden en el fango.
La pregunta ineludible es: ¿dónde quedó el dinero?

Economía: de la irrealidad a la desconfianza.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó ayer que durante julio pasado el índice de confianza del consumidor cayó 2.5 por ciento respecto del mismo mes de 2013. De acuerdo con ese organismo, el indicador de confianza empresarial sufrió en julio una baja de 3.8 por ciento en el sector comercio, de 2.8 en el sector manufacturero y de 1.7 en relación con el de la construcción; la confianza global de los empresarios experimentó una caída de 3.8 puntos porcentuales en julio de 2014 con respecto al mismo mes del año pasado.
El pobre desempeño actual de la economía nacional en las mediciones del instituto –a lo que se suman los constantes ajustes a la baja en las expectativas de crecimiento a que se han visto obligadas las autoridades hacendarias del país– confirma el carácter fantasioso de los sucesivos empeños gubernamentales por asegurar que México se encuentra en una ruta segura al desarrollo, el crecimiento económico y la superación de los rezagos sociales. El choque entre las percepciones de las autoridades y de los empresarios y la población en general sobre el rumbo actual de la economía resulta demoledor para las primeras, en la medida en que revelan falta de confianza e incertidumbre con respecto a la actual conducción del país en materia económica.
Es significativo también que el desplome de los indicadores referidos ocurra en momentos en que se lleva a cabo un nuevo ciclo de reformas legales de signo neoliberal, que han sido presentadas como la panacea a los problemas nacionales, pero que no han logrado, hasta ahora, reactivar la confianza de la población respecto del rumbo económico del país.
Ayer mismo, durante su participación en la inauguración del foro internacional Salarios mínimos, empleo, desigualdad y crecimiento económico, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro, puso el dedo en la llaga al afirmar que lo que no podemos hacer es ignorar lo que pasa en el país, porque eso sería absolutamente irresponsable: es actuar como si todo estuviera bien, como si no hubiera pobreza, como si no hubiera desigualdad, como si las tasas de crecimiento fueran las que queremos tener, como si la calidad del empleo que tenemos en el país es la que se requiere.
Ignorar la realidad es lo que han hecho, sistemáticamente, los sucesivos gobiernos del salinato a la fecha, ante la palmaria evidencia de que las políticas adoptadas no han podido abatir las condiciones de atraso social y económico que prevalecen en el territorio, y que antes al contrario, las han profundizado mediante la aplicación de un modelo económico que concentra la riqueza nacional en unas cuantas manos y ha mantenido o multiplicado el número de pobres.
En el caso concreto del ingreso familiar, es pertinente recordar que su ubicación en los niveles más bajos a escala internacional –como se señaló ayer en el referido foro– es consecuencia de una política deliberada de contención salarial, reducción de programas sociales y eliminación de derechos y conquistas laborales, puesta en práctica por las administraciones neoliberales con los supuestos objetivos de reducir la inflación, incrementar la competitividad y la productividad y atraer inversiones extranjeras. En los hechos, sin embargo, esas medidas se han traducido en uno de los obstáculos principales para la reactivación efectiva del mercado interno, la generación de empleos y una recuperación económica perceptible y sólida.
Tal vez sea el tiempo de reconocer, en suma, que no puede haber Estado fuerte, en ningún sentido, sin mercado interno fuerte, sin un mínimo bienestar para la población y sin una política que priorice las necesidades sociales sobre los intereses de los grandes capitales, y actuar en consecuencia.



Frenesí compulsivo.

Luis Linares Zapata
Las sesiones del Congreso para dictaminar y aprobar las leyes reglamentarias de la reforma energética entraron en un tobogán de pasiones compulsivas. La enjundia con que las distintas fracciones tomaron posiciones es digna de ser espulgada hasta el detalle. Las razones y la retórica desplegada para justificar las futuras leyes no forman, al parecer, la parte relevante del proceso. El cruce de acusaciones, en cambio, pero en especial el frenesí con que la coalición mayoritaria empuja sus posturas forma un espectro por demás destacable. A mayores denostaciones esgrimidas por las llamadas izquierdas, a su vez provocadas por el aplastante mayoriteo, mayor es el coraje desplegado por el priísmo. El panismo muestra, a cada paso, el enorme regocijo que le causa lo que considera el triunfo histórico de su partido sobre el nacionalismo revolucionario y el cardenismo en particular. El papel desempeñado por los personeros del Verde Ecologista es, de nueva cuenta, uno de comparsa e indignidades.

lunes, 4 de agosto de 2014

La economía: empujar una cuerda

León Bendesky
El comportamiento de la economía no puede provocar sorpresa alguna. Lo sorpresivo sería que fuese distinto. Las políticas públicas han provocado un apocamiento del consumo y de la inversión, que disminuye el gasto agregado por la vía de un menor ingreso y de bajas expectativas de rendimiento en los negocios de tamaño pequeño a grande. El producto no se puede reponer de modo significativo, tampoco el empleo y los ingresos familiares.
Esperar que a partir del aumento del crédito se provoque un aumento de la actividad productiva es muy poco útil y operativo. La fuerza es a la inversa, darán más crédito cuando aumente la demanda total. Ese es el ciclo del crédito, el que lleva a una expansión y luego tiende a crear excesos especulativos.
Los datos más recientes muestran que no se está gestando aún una recuperación robusta, como gustan de calificarla los expertos. Incluso siguen reduciéndose las expectativas de una recuperación sostenida. El apocamiento de la actividad económica y de sus repercusiones en la población es la norma.
Las previsiones del crecimiento se ajustan a la baja de modo constante desde hace seis meses. La encuesta que hace el Banco de México entre 38 grupos de analistas y consultores del país y de fuera, indica que en febrero la proyección del crecimiento del producto era de 3.40 por ciento y en julio fue de 2.56 por ciento. Este pronóstico está ya por debajo de la revisión que hizo Hacienda en mayo pasado a 2.7 por ciento de 3.9 original. El FMI recortó su pronóstico a 2.4 por ciento.
Los indicadores representativos del desempeño del gasto como el de la producción de manufacturas que genera el Imef cayó en julio, y el de ventas totales de la Antad bajó también y en términos nominales (sin contar el efecto de la inflación) tanto en lo que llaman tiendas iguales –que son las que operan hace más de un año–, como en el conjunto de las tiendas. En el caso de la construcción el Inegi reporta caídas en el valor y el empleo entre enero y mayo (4.9 y 3.5 por ciento, respectivamente).
Estas reducciones en los indicadores específicos y en la previsiones agregadas significan muchos millones de pesos en producción y muchas plazas de trabajo perdidas. La encuesta del banco central indica una estimación promedio de apenas 593 empleos registrados en el IMSS. Esto indica que las medidas para combatir la informalidad productiva y laboral quedarán muy por debajo de lo esperado con las reformas financiera y fiscal. La precariedad laboral es también la norma.