Héctor de la Cueva
Este 14 de diciembre el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) cumple un siglo de haber sido fundado. Pocas son las organizaciones sociales en México que sobreviven para celebrar un centenario, y menos las que pueden hacerlo sin haber sido prohijadas por el corporativismo gubernamental y presumiendo una vida tan rica.
Naturalmente, son 100 años de historia de México. Nacido en plena Revolución Mexicana, al calor de la entrada triunfante de los ejércitos revolucionarios de Villa y Zapata a la capital en aquel diciembre de 1914, el SME surgió de la autorganización obrera, de las mutualistas y otras formas de organización que no pedían permiso para existir –a las que por cierto está volviendo a remitir a la clase trabajadora la regresión neoliberal– y que darían paso, no sin polémica interna, a la entonces nueva ola de sindicalización y luego a la contratación colectiva. En 1916 sería protagonista de la primera huelga general, se negaría a ser utilizado en los batallones rojos del obregonismo (que a la postre devendría en el priísmo que padecemos) contra los ejércitos campesinos y desde luego estaría a la vanguardia en el desarrollo de las conquistas sociales que se alcanzaron a plasmar en la Constitución del 17, a pesar de la derrota de los ejércitos revolucionarios.
En 1935, el SME promovió la integración del Comité Nacional de Defensa Proletaria para enfrentar al callismo. De ahí surgiría la CTM, que al ser copada por el naciente charrismo y el lombardismo obligaría al SME a romper con ella. En 1936 encabezaría una nueva –y última en el país– huelga general y participaría de las movilizaciones nacionalizadoras. Durante toda una época, el SME sería eje también del encuentro entre el movimiento obrero y lo mejor de la vida cultural del país: pintores, escultores, poetas, directores de música y teatro, intelectuales diversos se conectan con esas filas del proletariado (así, con esa palabra en desuso). Y sería protagonista en 1960 de la nacionalización de la industria eléctrica, hoy camino a la reprivatización.
Ciertamente, están las décadas de consolidación de conquistas sindicales pero también de la proliferación de estructuras corporativas –cada príista quería tener su propio negocio–, que en 1967 terminarían agrupándose en el paraguas del Congreso del Trabajo, en cuya fundación el SME participa, pero conservando siempre su naturaleza democrática y clasista aun en medio de la marea charra. Altibajos y direcciones van y vienen en el SME porque, eso sí, nadie puede cuestionar la intensa vida interna del sindicato, que la tiene hasta la exageración en elecciones constantes. Desde luego, eso incluye, en los 70, darle la espalda a la Tendencia Democrática del Suterm, y a principios de los 90, plegarse al salinismo ascendente, con su entonces secretario general, Jorge Sánchez, para tender puentes después de nuevo con el sindicalismo independiente.
El hecho incontestable es, sin embargo, que durante el siglo XX, el SME constituiría con decenas de miles de trabajadores en el corazón del país un verdadero sindicato en todo el sentido universal de la palabra, para bien y para mal; construiría un contrato colectivo impresionante –que el neoliberalismo logró colocar en la opinión pública como un privilegio–, y representaría un obstáculo formidable a la privatización de la energía y al ataque a los derechos laborales conquistados.
Es contra ese obstáculo que el Estado levantó toda una estrategia hasta que en 2009 consiguió imponer su divisa de dividir, cooptar o reprimir, y montó todo un operativo militar para tomar las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, echar de un golpe a la calle a más de 44 mil trabajadores y colocar toda su fuerza y los medios de comunicación contra un sindicato. Tiró a matar. Esta historia tendría que haber terminado antes de cubrir un siglo. Enemigos y vecinos distantes, se regocijaban. Y hoy es claro para quien lo quiera ver que ese golpe buscaba allanar el camino de la nueva oleada de reformas neoliberales que desmantelan la nación y al autoritarismo mafioso que desangra al país (Ayotzinapa no es ajena a esta historia).
Pero he aquí que, aunque una mayoría se dobló increíblemente, casi 20 mil electricistas y miles de jubilados y sus familias decidieron resistir, y lo han hecho durante cinco años en un ejemplo de dignidad. No es retórica. Trabajadores de buenos ingresos y condiciones laborales sobreviviendo de la solidaridad, de vender todo lo imaginable en la calle, de autorganizarse para producir, de chambear en lo que sea para aguantar. Y todas las formas de lucha. Manifestaciones multitudinarias, mítines aquí y allá, bloqueo de centros de trabajo, huelgas de hambre y violencia y cárcel; pero también el SME, en esas condiciones, dando solidaridad, brindando sus instalaciones, siendo eje de convergencias sociales unitarias contra el neoliberalismo.
Hoy, el SME está en las filas del clamor nacional e internacional por la presentación con vida de los normalistas de Ayotzinapa, por que se haga justicia en todos los órdenes del país. Es la base de una nueva iniciativa de recomposición del sindicalismo independiente mexicano que es la Nueva Central de Trabajadores, que aspira, además, a organizar a la gran mayoría de no organizados, desempleados, subcontratados, precarizados. Asimismo, por si fuera poco y a despecho de sus enemigos y muchos de los que deberían ser sus amigos, el SME está consiguiendo una salida digna del conflicto. Al final la resistencia paga.
Lejos de desaparecer, el mejor homenaje para el SME al cumplir un siglo de existencia es no sólo haberlo cumplido, sino sobre todo que el SME tiene todavía mucha historia que escribir.
sábado, 6 de diciembre de 2014
viernes, 5 de diciembre de 2014
¡No todos somos Ayotzinapa!
Gilberto López y Rivas
Nada indigna más del grupo gobernante encabezado por Enrique Peña Nieto que su pretensión, fracasada, de eludir su evidente responsabilidad en el crimen de Estado y lesa humanidad perpetrado contra los estudiantes normalistas en Iguala, descargando toda la culpa de las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas sobre las autoridades municipales y la llamada delincuencia organizada, al grado increíble de intentar mimetizarse con las víctimas y con quienes los han apoyado, al asumir, como padre de familia y como un mexicano más, el grito de todos somos Ayotzinapa. Pero, no todos somos Ayotzinapa. El mensaje presidencial del 27 de noviembre y su propuesta de 10 puntos no sólo no convencieron a nadie, sino que constituyen un agravio más para los estudiantes asesinados, heridos y desaparecidos, para sus familiares y para todos los hombres y las mujeres que en el mundo entero se han visto sacudidos por los hechos del 26 y 27 de septiembre, y por el mutismo gubernamental sobre el paradero de los 43 normalistas, trascurridos más de dos meses de su desaparición.
Los puntos 1, 2 y 3 de las 10 acciones del mensaje presidencial están destinados a restar competencias en materia de seguridad a los ya de por sí debilitados municipios de una República supuestamente federal, con base en la insostenible tesis de que sólo estas instancias gubernamentales son las que se encuentran infiltradas por el crimen organizado. Si tomamos como representativo el caso de Iguala, es factible observar, por omisión y comisión, la responsabilidad directa o indirecta de autoridades políticas de los tres niveles de gobierno, de las fuerzas armadas y de los aparatos de seguridad e inteligencia a escala federal. Las experiencias comprobadas de penetración delincuencial de policías estatales, federales, Ejército y Armada, la complicidad de jueces y ministerios públicos, así como la violación sistemática y permanente a los derechos humanos por parte de todas estas autoridades civiles y militares, han sido reiteradamente manifiestas a lo largo de estas décadas de desastre humanitario.
A su vez, eludir la responsabilidad federal y estatal y ubicar el problema en el ámbito de los gobiernos locales permite continuar estigmatizando y criminalizando las únicas experiencias efectivas contra la delincuencia organizada que, representadas por las policías comunitarias y los sistemas de justicia indígena, como en los casos de la CRAC-PC de Guerrero, o Cherán, Michoacán, o las Juntas de Buen Gobierno zapatistas, en Chiapas, han fortalecido en estos espacios, y con mucha efectividad, sus procesos autonómicos.
La clave única de identidad (punto 5 del mensaje presidencial citado), más que combatir al crimen organizado, pretende un mayor control de la población para efectos represivos y de criminalización de la protesta social, mientras la referencia al número telefónico único 911, para pedir auxilio en caso de emergencia (punto 4) es, por decir lo menos, ridícula, cuando la actual situación de crisis tiene como origen al mismo Estado y sus deterioradas y deslegitimadas instituciones.
Los puntos 7 y 8 del citado mensaje, destinados a proponer reformas adicionales con el propósito de hacer efectivo el acceso a la justicia y enviar iniciativas en materia de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, constituyen a su vez una hipócrita, limitada, insuficiente y tardía medida, después de décadas en que múltiples organizaciones de familiares y defensores de derechos humanos han denunciado al Estado mexicano justamente por estas prácticas tan arraigadas como sistemáticas a lo largo de décadas. Así, ¿cuál es la razón por la que los detenidos hasta ahora por la masacre de Iguala no han sido acusados de estos delitos de Estado y lesa humanidad? Pese a las más de 40 mil desapariciones forzadas sufridas en el país por años, no hay un solo funcionario que purgue sentencia alguna por este delito. Permanecen impunes los crímenes de la guerra sucia y las ya conocidas masacres de la historia contemporánea de México, y ningún civil o militar ha sido llevado a juicio ni castigado; por el contrario, muchos genocidas notorios gozaron de ascensos, pensiones y prebendas, y algunos de ellos, como Echeverría, Zedillo y Calderón, se protegen en la impunidad y el fuero de facto por haber sido jefes de Estado.
Los puntos 9 y 10, destinados al combate a la corrupción y a contar con un portal de información sobre proveedores y contratistas del gobierno federal, ponen en evidencia la necesidad política –también fracasada– de responder a las acusaciones y denuncias públicas de violación a varias leyes relativas a las responsabilidades de funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, violaciones perpetradas por parte del actual encargado del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, quien según parece se benefició, junto con su familia, de su asociación equívoca de muchos años con reconocidas empresas constructoras y de comunicación, ganadoras de jugosos contratos gubernamentales. En cualquier país del mundo donde existe un estado de derecho, un escándalo como el de la llamada Casa Blanca hubiera llevado al juicio político y/o a la renuncia del jefe de Estado, mientras que en México se da por sentado que basta con simples comparecencias mediáticas de terceras personas –que en realidad propician mayores suspicacias, especulaciones y sospechas– para que delitos graves por parte de la autoridad máxima del país no sean debidamente investigados por los órganos competentes y queden diluidos en comentarios de las redes sociales y en escarceos legislativos sin consecuencia de la izquierda domesticada.
Si de fortalecer el estado de derecho se tratase, lo primero que habría que hacer es presentar con vida a los 43 normalistas de Guerrero, e investigar todas las líneas de mando de quienes participaron en los hechos de septiembre, y también –asunto no menos relevante–de quienes no impidieron la tragedia por complicidad, porque así convenía a sus intereses económicos y políticos, para que comparezcan ante la justicia. Mientras tanto, hay que reiterarlo, no todos somos Ayotzinapa, ni podemos estar unidos víctimas y victimarios.
Nada indigna más del grupo gobernante encabezado por Enrique Peña Nieto que su pretensión, fracasada, de eludir su evidente responsabilidad en el crimen de Estado y lesa humanidad perpetrado contra los estudiantes normalistas en Iguala, descargando toda la culpa de las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas sobre las autoridades municipales y la llamada delincuencia organizada, al grado increíble de intentar mimetizarse con las víctimas y con quienes los han apoyado, al asumir, como padre de familia y como un mexicano más, el grito de todos somos Ayotzinapa. Pero, no todos somos Ayotzinapa. El mensaje presidencial del 27 de noviembre y su propuesta de 10 puntos no sólo no convencieron a nadie, sino que constituyen un agravio más para los estudiantes asesinados, heridos y desaparecidos, para sus familiares y para todos los hombres y las mujeres que en el mundo entero se han visto sacudidos por los hechos del 26 y 27 de septiembre, y por el mutismo gubernamental sobre el paradero de los 43 normalistas, trascurridos más de dos meses de su desaparición.
Los puntos 1, 2 y 3 de las 10 acciones del mensaje presidencial están destinados a restar competencias en materia de seguridad a los ya de por sí debilitados municipios de una República supuestamente federal, con base en la insostenible tesis de que sólo estas instancias gubernamentales son las que se encuentran infiltradas por el crimen organizado. Si tomamos como representativo el caso de Iguala, es factible observar, por omisión y comisión, la responsabilidad directa o indirecta de autoridades políticas de los tres niveles de gobierno, de las fuerzas armadas y de los aparatos de seguridad e inteligencia a escala federal. Las experiencias comprobadas de penetración delincuencial de policías estatales, federales, Ejército y Armada, la complicidad de jueces y ministerios públicos, así como la violación sistemática y permanente a los derechos humanos por parte de todas estas autoridades civiles y militares, han sido reiteradamente manifiestas a lo largo de estas décadas de desastre humanitario.
A su vez, eludir la responsabilidad federal y estatal y ubicar el problema en el ámbito de los gobiernos locales permite continuar estigmatizando y criminalizando las únicas experiencias efectivas contra la delincuencia organizada que, representadas por las policías comunitarias y los sistemas de justicia indígena, como en los casos de la CRAC-PC de Guerrero, o Cherán, Michoacán, o las Juntas de Buen Gobierno zapatistas, en Chiapas, han fortalecido en estos espacios, y con mucha efectividad, sus procesos autonómicos.
La clave única de identidad (punto 5 del mensaje presidencial citado), más que combatir al crimen organizado, pretende un mayor control de la población para efectos represivos y de criminalización de la protesta social, mientras la referencia al número telefónico único 911, para pedir auxilio en caso de emergencia (punto 4) es, por decir lo menos, ridícula, cuando la actual situación de crisis tiene como origen al mismo Estado y sus deterioradas y deslegitimadas instituciones.
Los puntos 7 y 8 del citado mensaje, destinados a proponer reformas adicionales con el propósito de hacer efectivo el acceso a la justicia y enviar iniciativas en materia de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, constituyen a su vez una hipócrita, limitada, insuficiente y tardía medida, después de décadas en que múltiples organizaciones de familiares y defensores de derechos humanos han denunciado al Estado mexicano justamente por estas prácticas tan arraigadas como sistemáticas a lo largo de décadas. Así, ¿cuál es la razón por la que los detenidos hasta ahora por la masacre de Iguala no han sido acusados de estos delitos de Estado y lesa humanidad? Pese a las más de 40 mil desapariciones forzadas sufridas en el país por años, no hay un solo funcionario que purgue sentencia alguna por este delito. Permanecen impunes los crímenes de la guerra sucia y las ya conocidas masacres de la historia contemporánea de México, y ningún civil o militar ha sido llevado a juicio ni castigado; por el contrario, muchos genocidas notorios gozaron de ascensos, pensiones y prebendas, y algunos de ellos, como Echeverría, Zedillo y Calderón, se protegen en la impunidad y el fuero de facto por haber sido jefes de Estado.
Los puntos 9 y 10, destinados al combate a la corrupción y a contar con un portal de información sobre proveedores y contratistas del gobierno federal, ponen en evidencia la necesidad política –también fracasada– de responder a las acusaciones y denuncias públicas de violación a varias leyes relativas a las responsabilidades de funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, violaciones perpetradas por parte del actual encargado del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, quien según parece se benefició, junto con su familia, de su asociación equívoca de muchos años con reconocidas empresas constructoras y de comunicación, ganadoras de jugosos contratos gubernamentales. En cualquier país del mundo donde existe un estado de derecho, un escándalo como el de la llamada Casa Blanca hubiera llevado al juicio político y/o a la renuncia del jefe de Estado, mientras que en México se da por sentado que basta con simples comparecencias mediáticas de terceras personas –que en realidad propician mayores suspicacias, especulaciones y sospechas– para que delitos graves por parte de la autoridad máxima del país no sean debidamente investigados por los órganos competentes y queden diluidos en comentarios de las redes sociales y en escarceos legislativos sin consecuencia de la izquierda domesticada.
Si de fortalecer el estado de derecho se tratase, lo primero que habría que hacer es presentar con vida a los 43 normalistas de Guerrero, e investigar todas las líneas de mando de quienes participaron en los hechos de septiembre, y también –asunto no menos relevante–de quienes no impidieron la tragedia por complicidad, porque así convenía a sus intereses económicos y políticos, para que comparezcan ante la justicia. Mientras tanto, hay que reiterarlo, no todos somos Ayotzinapa, ni podemos estar unidos víctimas y victimarios.
martes, 2 de diciembre de 2014
Dos años de EPN.
El segundo aniversario de la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia, que se cumplió ayer en un escenario político y social convulsionado, hace pertinente revisar el desempeño de su gobierno en este primer tercio del sexenio en curso.
Sin duda, el sello que el titular del Ejecutivo buscó imprimir a su administración fue el de las reformas estructurales, una de las cuales –la laboral– fue aprobada a fines de 2012, antes incluso de su asunción al cargo, pero ya en un escenario político en el que había sido nombrado Presidente electo y con la actual configuración del Poder Legislativo. En el curso de 2013 y en la primera parte del año actual se consumó la aprobación de las reformas restantes y de sus correspondientes leyes reglamentarias.
La reforma educativa –que fue sobre todo una suerte de reforma laboral para el gremio magisterial– generó un vasto movimiento de descontento entre los maestros y otros sectores sociales y ahondó la fractura ya existente entre la dirigencia oficialista del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la disidencia aglutinada en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
La reforma energética, que abrió el sector al capital privado nacional y extranjero, significó una afectación a la soberanía nacional y a las finanzas del Estado, toda vez que éste, en lo sucesivo, tendrá que compartir la renta petrolera con inversionistas particulares.
La reforma fiscal –indispensable para paliar la merma de recursos públicos derivada de la anterior– afectó por igual a los grandes empresarios, la clase media, los profesionistas y las clases populares, y es en buena medida la razón por la cual la economía no ha podido despegar: el incremento generalizado de impuestos ha tenido un efecto recesivo que debilita el mercado interno, reduce las perspectivas de inversión y tiene, para colmo, una incidencia inflacionaria.
La reforma de telecomunicaciones, por su parte, dejó el negocio en manos de unos cuantos, no implicó democratización alguna en el acceso a las concesiones de radiofrecuencias ni introdujo mecanismos efectivos de control para impedir que el músculo mediático de los grandes consorcios se convierta en poderes políticos fácticos e ilegítimos.
Por otra parte, el gravísimo deterioro de la seguridad pública y del estado de derecho en buena parte del territorio nacional, problema heredado de la administración calderonista, fue atendido con una perspectiva eminentemente mediática y no se realizó el deslinde que se requería con respecto de la estrategia contraproducente y fallida del panista. En Guerrero y Michoacán, por ejemplo, el actual gobierno se concentró en desactivar las respuestas sociales a la suplantación de la autoridad por las organizaciones delictivas en lugar de enfrentar el problema principal.
El conjunto de alteraciones constitucionales y legales operadas por el gobierno peñista fue visto con buenos ojos por gobiernos y medios de Estados Unidos y de Europa, sin reparar en que los problemas estructurales del país –la desigualdad, la pobreza, el abandono de los sectores mayoritarios de la población, la impunidad, la corrupción, la opacidad, la descomposición institucional y la crisis de representatividad, entre otros– permanecían básicamente intocados. En tales circunstancias, la bárbara agresión perpetrada en Iguala el 26 de septiembre contra estudiantes normalistas de Ayotzinapa vino a detonar una crisis nacional cuyos componentes estaban aquí desde hace tiempo y que hoy amenaza con volverse una ingobernabilidad manifiesta.
Es claro que el grupo gobernante tendría que emprender un viraje general en todos los terrenos, especialmente en el económico y en el político, y formular un nuevo proyecto político acorde con la gravísima situación por la que atraviesa México, así sea para garantizar la viabilidad de la actual administración en los cuatro años que le restan.
Sin duda, el sello que el titular del Ejecutivo buscó imprimir a su administración fue el de las reformas estructurales, una de las cuales –la laboral– fue aprobada a fines de 2012, antes incluso de su asunción al cargo, pero ya en un escenario político en el que había sido nombrado Presidente electo y con la actual configuración del Poder Legislativo. En el curso de 2013 y en la primera parte del año actual se consumó la aprobación de las reformas restantes y de sus correspondientes leyes reglamentarias.
La reforma educativa –que fue sobre todo una suerte de reforma laboral para el gremio magisterial– generó un vasto movimiento de descontento entre los maestros y otros sectores sociales y ahondó la fractura ya existente entre la dirigencia oficialista del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la disidencia aglutinada en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
La reforma energética, que abrió el sector al capital privado nacional y extranjero, significó una afectación a la soberanía nacional y a las finanzas del Estado, toda vez que éste, en lo sucesivo, tendrá que compartir la renta petrolera con inversionistas particulares.
La reforma fiscal –indispensable para paliar la merma de recursos públicos derivada de la anterior– afectó por igual a los grandes empresarios, la clase media, los profesionistas y las clases populares, y es en buena medida la razón por la cual la economía no ha podido despegar: el incremento generalizado de impuestos ha tenido un efecto recesivo que debilita el mercado interno, reduce las perspectivas de inversión y tiene, para colmo, una incidencia inflacionaria.
La reforma de telecomunicaciones, por su parte, dejó el negocio en manos de unos cuantos, no implicó democratización alguna en el acceso a las concesiones de radiofrecuencias ni introdujo mecanismos efectivos de control para impedir que el músculo mediático de los grandes consorcios se convierta en poderes políticos fácticos e ilegítimos.
Por otra parte, el gravísimo deterioro de la seguridad pública y del estado de derecho en buena parte del territorio nacional, problema heredado de la administración calderonista, fue atendido con una perspectiva eminentemente mediática y no se realizó el deslinde que se requería con respecto de la estrategia contraproducente y fallida del panista. En Guerrero y Michoacán, por ejemplo, el actual gobierno se concentró en desactivar las respuestas sociales a la suplantación de la autoridad por las organizaciones delictivas en lugar de enfrentar el problema principal.
El conjunto de alteraciones constitucionales y legales operadas por el gobierno peñista fue visto con buenos ojos por gobiernos y medios de Estados Unidos y de Europa, sin reparar en que los problemas estructurales del país –la desigualdad, la pobreza, el abandono de los sectores mayoritarios de la población, la impunidad, la corrupción, la opacidad, la descomposición institucional y la crisis de representatividad, entre otros– permanecían básicamente intocados. En tales circunstancias, la bárbara agresión perpetrada en Iguala el 26 de septiembre contra estudiantes normalistas de Ayotzinapa vino a detonar una crisis nacional cuyos componentes estaban aquí desde hace tiempo y que hoy amenaza con volverse una ingobernabilidad manifiesta.
Es claro que el grupo gobernante tendría que emprender un viraje general en todos los terrenos, especialmente en el económico y en el político, y formular un nuevo proyecto político acorde con la gravísima situación por la que atraviesa México, así sea para garantizar la viabilidad de la actual administración en los cuatro años que le restan.
"Todos somos Abarca".
Pedro Miguel
El sábado 15 de noviembre los jóvenes Bryan Reyes Rodríguez y Jacqueline Santana López fueron secuestrados por efectivos de la Dirección General de Operaciones e Infiltración de la Coordinación de Operaciones Encubiertas, perteneciente a la Comisión Nacional de Seguridad, quienes los presentaron ante el Ministerio Público y los acusaron por el delito inverosímil de asaltar con cuchillos de cocina a tres policías y robarle 500 pesos a uno de ellos. Ambos siguen en cautiverio.
El jueves 20 de noviembre un pequeño grupo de encapuchados se enfrentó con las fuerzas del orden frente a Palacio Nacional. Como es habitual, los agresores se retiraron sin contratiempos y 11 ciudadanos inocentes fueron violentamente secuestrados por fuerzas policiales en las calles de la capital, amenazados, sometidos a tormento sicológico, acusados de delitos falsos y enviados a cárceles de Nayarit y Veracruz, en donde permanecieron el resto de la semana.
El viernes 28 el estudiante Sandino Bucio Dovalí fue levantado por agentes federales encubiertos en los alrededores de Ciudad Universitaria, amenazado, golpeado, llevado a la SEIDO y presionado allí para que se inculpara de participar en la confrontación del 20. Unas horas antes, el procurador Jesús Murillo Karam y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, habían declarado que había órdenes de aprehensión en contra de los presuntos responsables de los actos violentos del 20 de noviembre.
El montaje contra el estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras fue tan grotesco e impresentable que hubo de ser liberado esa misma noche por falta de pruebas, y al día siguiente el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, anunció el cese de sus captores y dijo que la Policía Federal refrendaba su compromiso de actuar siempre en apego a la legalidad y con estricta observancia a los derechos humanos. Omitió, sin embargo, referirse a las tropelías policiales cometidas nueve días antes, cuando efectivos de esa corporación y de la policía capitalina golpearon a decenas de ciudadanos –13 periodistas, entre ellos–, capturaron a 15 personas, presentaron a 11 de ellas como responsables de la confrontación violenta y en la sede de la SEIDO las sometieron a diversos abusos: incomunicación, golpes, amenazas y presiones sicológicas para obligarlas a firmar declaraciones falsas, les cambiaron el nombre para que sus familiares no pudieran localizarlas, las desnudaron o pretendieron forzarlas a aceptar la representación de abogados de oficio. Por lo demás, en la medida en que todos ellos fueron absueltos por la autoridad judicial, es claro que los agresores siguen libres. Y todo mundo sospecha que seguirán libres porque no son estudiantes ni manifestantes, sino policías disfrazados, integrantes de cuerpos federales, compañeros furtivos de los agentes locales que apalearon, patearon, insultaron y capturaron a ciudadanos inermes y que fueron felicitados por el jefe de Seguridad del gobierno de Miguel Ángel Mancera, Jesús Rodríguez Almeida por su valor, gallardía y responsabilidad . Le guste a quien le guste.
A principios de noviembre el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, señaló a los miembros de las Fuerzas Armadas que sus armas deben servir para proteger el activo más preciado que tienen México: su gente, con respeto a la ley y a los derechos de los ciudadanos. Dos semanas después los que fueron arrastrados hasta Palacio Nacional y golpeados allí por policías, y amenazados por efectivos militares: los vamos a desaparecer; los vamos a quemar vivos. Unos días más tarde soldados armados y uniformados ingresaron a un plantel de la Universidad de Coahuila, en Torreón, en busca de manifestantes revoltosos.
Siete días después de perpetradas las agresiones contra quienes se manifestaban en solidaridad con los normalistas de Guerrero, Enrique Peña Nieto presidió la ceremonia de expropiación de la consigna Todos somos Ayotzinapa y, parado en el mismo piso en el que se cometió el nuevo atropello, dijo que el gobierno de la república sigue trabajando para que el respeto y la protección a los derechos humanos, sean prácticas permanentes del Estado mexicano. Mientras hablaba, los 11 del 20 de noviembre permanecían en cárceles remotas, acusados de homicidio en grado de tentativa, motín y asociación delictuosa. Y si dos días después salieron libres ello no se debió a que la Procuraduría General de la República se desistiera de los cargos, sino porque un magistrado del Poder Judicial encontró que las imputaciones eran disparatadas. Y mientras Peña se elogiaba a sí mismo por haber generado condiciones de mayor seguridad, en Chilapa, Guerrero, aparecían 11 cuerpos decapitados y quemados y la criminalidad seguía levantando a ciudadanos en Cocula.
Desde que el procurador Murillo Karam dio a conocer su relato abracadabrante, hace ya más de dos semanas, el gobierno no ha vuelto a decir nada sustancial (real o imaginario) sobre los 43 normalistas desaparecidos en Iguala. Pero a dos años de la imposición de Peña Nieto la pudrición de las instituciones ha llegado a grados sin precedente, la violencia policial del régimen en contra de la ciudadanía es vista como normal y legítima y el discurso de las autoridades es tan escandalosamente falso y contrario a los hechos que, a estas alturas, la consigna Todos somos Ayotzinapa, expropiada para uso de gobernantes, suena más bien a Todos somos José Luis Abarca.
navegaciones.blogspot.com
Twitter: @Navegaciones
navegaciones@yahoo.com
El sábado 15 de noviembre los jóvenes Bryan Reyes Rodríguez y Jacqueline Santana López fueron secuestrados por efectivos de la Dirección General de Operaciones e Infiltración de la Coordinación de Operaciones Encubiertas, perteneciente a la Comisión Nacional de Seguridad, quienes los presentaron ante el Ministerio Público y los acusaron por el delito inverosímil de asaltar con cuchillos de cocina a tres policías y robarle 500 pesos a uno de ellos. Ambos siguen en cautiverio.
El jueves 20 de noviembre un pequeño grupo de encapuchados se enfrentó con las fuerzas del orden frente a Palacio Nacional. Como es habitual, los agresores se retiraron sin contratiempos y 11 ciudadanos inocentes fueron violentamente secuestrados por fuerzas policiales en las calles de la capital, amenazados, sometidos a tormento sicológico, acusados de delitos falsos y enviados a cárceles de Nayarit y Veracruz, en donde permanecieron el resto de la semana.
El viernes 28 el estudiante Sandino Bucio Dovalí fue levantado por agentes federales encubiertos en los alrededores de Ciudad Universitaria, amenazado, golpeado, llevado a la SEIDO y presionado allí para que se inculpara de participar en la confrontación del 20. Unas horas antes, el procurador Jesús Murillo Karam y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, habían declarado que había órdenes de aprehensión en contra de los presuntos responsables de los actos violentos del 20 de noviembre.
El montaje contra el estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras fue tan grotesco e impresentable que hubo de ser liberado esa misma noche por falta de pruebas, y al día siguiente el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, anunció el cese de sus captores y dijo que la Policía Federal refrendaba su compromiso de actuar siempre en apego a la legalidad y con estricta observancia a los derechos humanos. Omitió, sin embargo, referirse a las tropelías policiales cometidas nueve días antes, cuando efectivos de esa corporación y de la policía capitalina golpearon a decenas de ciudadanos –13 periodistas, entre ellos–, capturaron a 15 personas, presentaron a 11 de ellas como responsables de la confrontación violenta y en la sede de la SEIDO las sometieron a diversos abusos: incomunicación, golpes, amenazas y presiones sicológicas para obligarlas a firmar declaraciones falsas, les cambiaron el nombre para que sus familiares no pudieran localizarlas, las desnudaron o pretendieron forzarlas a aceptar la representación de abogados de oficio. Por lo demás, en la medida en que todos ellos fueron absueltos por la autoridad judicial, es claro que los agresores siguen libres. Y todo mundo sospecha que seguirán libres porque no son estudiantes ni manifestantes, sino policías disfrazados, integrantes de cuerpos federales, compañeros furtivos de los agentes locales que apalearon, patearon, insultaron y capturaron a ciudadanos inermes y que fueron felicitados por el jefe de Seguridad del gobierno de Miguel Ángel Mancera, Jesús Rodríguez Almeida por su valor, gallardía y responsabilidad . Le guste a quien le guste.
A principios de noviembre el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, señaló a los miembros de las Fuerzas Armadas que sus armas deben servir para proteger el activo más preciado que tienen México: su gente, con respeto a la ley y a los derechos de los ciudadanos. Dos semanas después los que fueron arrastrados hasta Palacio Nacional y golpeados allí por policías, y amenazados por efectivos militares: los vamos a desaparecer; los vamos a quemar vivos. Unos días más tarde soldados armados y uniformados ingresaron a un plantel de la Universidad de Coahuila, en Torreón, en busca de manifestantes revoltosos.
Siete días después de perpetradas las agresiones contra quienes se manifestaban en solidaridad con los normalistas de Guerrero, Enrique Peña Nieto presidió la ceremonia de expropiación de la consigna Todos somos Ayotzinapa y, parado en el mismo piso en el que se cometió el nuevo atropello, dijo que el gobierno de la república sigue trabajando para que el respeto y la protección a los derechos humanos, sean prácticas permanentes del Estado mexicano. Mientras hablaba, los 11 del 20 de noviembre permanecían en cárceles remotas, acusados de homicidio en grado de tentativa, motín y asociación delictuosa. Y si dos días después salieron libres ello no se debió a que la Procuraduría General de la República se desistiera de los cargos, sino porque un magistrado del Poder Judicial encontró que las imputaciones eran disparatadas. Y mientras Peña se elogiaba a sí mismo por haber generado condiciones de mayor seguridad, en Chilapa, Guerrero, aparecían 11 cuerpos decapitados y quemados y la criminalidad seguía levantando a ciudadanos en Cocula.
Desde que el procurador Murillo Karam dio a conocer su relato abracadabrante, hace ya más de dos semanas, el gobierno no ha vuelto a decir nada sustancial (real o imaginario) sobre los 43 normalistas desaparecidos en Iguala. Pero a dos años de la imposición de Peña Nieto la pudrición de las instituciones ha llegado a grados sin precedente, la violencia policial del régimen en contra de la ciudadanía es vista como normal y legítima y el discurso de las autoridades es tan escandalosamente falso y contrario a los hechos que, a estas alturas, la consigna Todos somos Ayotzinapa, expropiada para uso de gobernantes, suena más bien a Todos somos José Luis Abarca.
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Ayotzinapa y la voz de la calle
Luis Hernández Navarro
Roberto Zavala Trujillo es padre de Santiago Jesús, uno de los 49 niños que murieron en el incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora. Apenas este 20 de noviembre, en el pleno de sesiones del Congreso de ese estado, junto a miles de manifestantes que ocuparon el edificio en solidaridad con Ayotzinapa, declaró: Desde Sonora, a más de 104 años, damos reinicio a la Revolución que no ha caminado.
El pasado 20 de noviembre, unos 5 mil estudiantes, mineros de Cananea, padres de la guardería ABC, afectados por la contaminación del río Sonora, ferrocarrileros, feministas, ecologistas y braceros marcharon por la calles de Hermosillo, tomaron la sede del Poder Legislativo local y advirtieron: Hoy sesiona el pueblo, hay quórum. Antes de entrar en el recinto, dejaron un recado a los diputados en el buzón de sugerencias: Escuchen a su pueblo, antes de que sea tarde para ustedes.
El corresponsal de La Jornada Ulises Gutiérrez narró cómo, allí mismo, J. Márquez, otro de los padres de la guardería ABC, dijo a los familiares de los normalistas desaparecidos: Compartimos su coraje, su frustración por lo que pasa en México. Para rematar la sesión, los inconformes exigieron que se fuera Peña, y votaron la destitución del Presidente, en medio de gritos de ¡justicia, justicia!
Lo sucedido en Sonora con la toma del Congreso de Sonora no es un hecho aislado. En variadas regiones del país, las movilizaciones ciudadanas exigen la renuncia de Enrique Peña Nieto y, al mismo tiempo, reivindican una creciente voluntad de convertirse en un poder constituyente alternativo.
Como muestran las protestas del 20 de noviembre y del 1º de diciembre, a pesar de su desarrollo desigual a escala nacional, el movimiento sigue en fase de ascenso y radicalización. Hoy, no son sólo estudiantes los que participan en las marchas. Cada vez más se incorporan a las jornadas de lucha otros sectores: sindicales, organizaciones campesinas, fuerzas urbano-populares, familiares de desaparecidos, religiosos, artistas y hasta niños. En estados como Chiapas, las movilizaciones magisteriales han sido muy intensas, y en Oaxaca han llegado incluso a tomar el aeropuerto.
Sin embargo, la indignación social y el descrédito gubernamental van mucho más allá de lo que se ve en las calles. El sustrato de la inconformidad popular es más amplio, vigoroso y complejo de lo que expresan las marchas. De hecho, el malestar de los de abajo ha fracturado la unidad de mando del gobierno federal y alcanzado a algunos de sus aliados tradicionales. El deterioro de la figura presidencial parece imparable. Cada día la crisis política se profundiza más.
La estrategia gubernamental para enfrentar la debacle ha sido fallida. La pretensión de Los Pinos de hacer de la masacre de Iguala un asunto local, mera responsabilidad del crimen organizado, sin reconocer la responsabilidad del Estado en el crimen y el carácter nacional de la protesta, han alimentado el descontento. El decálogo de Peña Nieto para sortear los problemas de inseguridad y corrupción naufragó tan pronto como fue lanzado a las aguas de la opinión pública. Hasta la revista The Economist advirtió que el Presidente pudo haber perdido la oportunidad de cambiar la marea en su contra. La decisión oficial de inventar interlocutores a modo, desligados del movimiento social real, como hizo al negociar el problema de los presos por la marcha del 20 de noviembre, lo único que provoca es que crezca su descrédito.
La crisis de la economía hace aún más difíciles las cosas para Enrique Peña Nieto. Las noticias en este terreno no son nada buenas. El peso se devalúa, la producción petrolera cae de la mano de los precios del crudo, las expectativas de crecimiento del PIB se han reducido a poco más de 2 por ciento, el posible incremento de las tasas de interés en Estados Unidos anuncia una inminente salida de capitales y las calificadoras alertan sobre el peligro para las inversiones provocado por la inestabilidad política.
Mientras, más allá de la inminencia del fin del calendario escolar y las vacaciones navideñas, el calendario de las protestas sigue su curso. El próximo 6 de diciembre, miles de maestros, estudiantes y campesinos, con caballos incluidos, tomarán simbólicamente la ciudad de México para conmemorar los 100 años de la entrada de los ejércitos revolucionarios de Francisco Villa y Emiliano Zapata. La iniciativa va más allá de la mera contestación política. Apela imaginariamente –como se anunció en la toma del Congreso de Sonora– a reiniciar la revolución que no ha caminado.
Entre el 21 de diciembre y el 3 de enero del año próximo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Congreso Nacional Indígena (CNI) y adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona efectuarán el primer Festival Mundial de las Resistencias y la Rebeldía contra el Capitalismo. Su lema será: Donde los de arriba destruyen, los de abajo reconstruimos. La inauguración del encuentro se realizará en la comunidad de San Francisco Xochicuautla, estado de México, el 21 de diciembre. “Sabemos –afirman los convocantes– que el capitalismo salvaje y de muerte no es invencible” y que en nuestras resistencias está la semilla del mundo que queremos.
Con la llegada de 2015 se inicia un nuevo ciclo de movilizaciones. Una importante convergencia campesina, sistemáticamente ninguneada por el gobierno federal, acordó tomar las calles de Xalapa, el 6 de enero, en el aniversario de la Ley Carranza. Y, el 31 de enero planea efectuar un gran plantón nacional frente a las oficinas de las secretarías de Gobernación y Agricultura. Por su parte, también en enero, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tiene en puertas la organización de una huelga nacional contra la reforma educativa.
No hay evidencia de que el despliegue de la movilización social haya llegado ya a su punto máximo. Y, aunque eventualmente las protestas callejeras disminuyan la tendencia hacia el desgaste del régimen se mantiene. Vivimos una situación inédita, en la que, como advirtieron los enardecidos sonorenses que ocuparon su legislatura, los de arriba no han querido escuchar la voz de la calle.
Twitter: @lhan55
Roberto Zavala Trujillo es padre de Santiago Jesús, uno de los 49 niños que murieron en el incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora. Apenas este 20 de noviembre, en el pleno de sesiones del Congreso de ese estado, junto a miles de manifestantes que ocuparon el edificio en solidaridad con Ayotzinapa, declaró: Desde Sonora, a más de 104 años, damos reinicio a la Revolución que no ha caminado.
El pasado 20 de noviembre, unos 5 mil estudiantes, mineros de Cananea, padres de la guardería ABC, afectados por la contaminación del río Sonora, ferrocarrileros, feministas, ecologistas y braceros marcharon por la calles de Hermosillo, tomaron la sede del Poder Legislativo local y advirtieron: Hoy sesiona el pueblo, hay quórum. Antes de entrar en el recinto, dejaron un recado a los diputados en el buzón de sugerencias: Escuchen a su pueblo, antes de que sea tarde para ustedes.
El corresponsal de La Jornada Ulises Gutiérrez narró cómo, allí mismo, J. Márquez, otro de los padres de la guardería ABC, dijo a los familiares de los normalistas desaparecidos: Compartimos su coraje, su frustración por lo que pasa en México. Para rematar la sesión, los inconformes exigieron que se fuera Peña, y votaron la destitución del Presidente, en medio de gritos de ¡justicia, justicia!
Lo sucedido en Sonora con la toma del Congreso de Sonora no es un hecho aislado. En variadas regiones del país, las movilizaciones ciudadanas exigen la renuncia de Enrique Peña Nieto y, al mismo tiempo, reivindican una creciente voluntad de convertirse en un poder constituyente alternativo.
Como muestran las protestas del 20 de noviembre y del 1º de diciembre, a pesar de su desarrollo desigual a escala nacional, el movimiento sigue en fase de ascenso y radicalización. Hoy, no son sólo estudiantes los que participan en las marchas. Cada vez más se incorporan a las jornadas de lucha otros sectores: sindicales, organizaciones campesinas, fuerzas urbano-populares, familiares de desaparecidos, religiosos, artistas y hasta niños. En estados como Chiapas, las movilizaciones magisteriales han sido muy intensas, y en Oaxaca han llegado incluso a tomar el aeropuerto.
Sin embargo, la indignación social y el descrédito gubernamental van mucho más allá de lo que se ve en las calles. El sustrato de la inconformidad popular es más amplio, vigoroso y complejo de lo que expresan las marchas. De hecho, el malestar de los de abajo ha fracturado la unidad de mando del gobierno federal y alcanzado a algunos de sus aliados tradicionales. El deterioro de la figura presidencial parece imparable. Cada día la crisis política se profundiza más.
La estrategia gubernamental para enfrentar la debacle ha sido fallida. La pretensión de Los Pinos de hacer de la masacre de Iguala un asunto local, mera responsabilidad del crimen organizado, sin reconocer la responsabilidad del Estado en el crimen y el carácter nacional de la protesta, han alimentado el descontento. El decálogo de Peña Nieto para sortear los problemas de inseguridad y corrupción naufragó tan pronto como fue lanzado a las aguas de la opinión pública. Hasta la revista The Economist advirtió que el Presidente pudo haber perdido la oportunidad de cambiar la marea en su contra. La decisión oficial de inventar interlocutores a modo, desligados del movimiento social real, como hizo al negociar el problema de los presos por la marcha del 20 de noviembre, lo único que provoca es que crezca su descrédito.
La crisis de la economía hace aún más difíciles las cosas para Enrique Peña Nieto. Las noticias en este terreno no son nada buenas. El peso se devalúa, la producción petrolera cae de la mano de los precios del crudo, las expectativas de crecimiento del PIB se han reducido a poco más de 2 por ciento, el posible incremento de las tasas de interés en Estados Unidos anuncia una inminente salida de capitales y las calificadoras alertan sobre el peligro para las inversiones provocado por la inestabilidad política.
Mientras, más allá de la inminencia del fin del calendario escolar y las vacaciones navideñas, el calendario de las protestas sigue su curso. El próximo 6 de diciembre, miles de maestros, estudiantes y campesinos, con caballos incluidos, tomarán simbólicamente la ciudad de México para conmemorar los 100 años de la entrada de los ejércitos revolucionarios de Francisco Villa y Emiliano Zapata. La iniciativa va más allá de la mera contestación política. Apela imaginariamente –como se anunció en la toma del Congreso de Sonora– a reiniciar la revolución que no ha caminado.
Entre el 21 de diciembre y el 3 de enero del año próximo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Congreso Nacional Indígena (CNI) y adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona efectuarán el primer Festival Mundial de las Resistencias y la Rebeldía contra el Capitalismo. Su lema será: Donde los de arriba destruyen, los de abajo reconstruimos. La inauguración del encuentro se realizará en la comunidad de San Francisco Xochicuautla, estado de México, el 21 de diciembre. “Sabemos –afirman los convocantes– que el capitalismo salvaje y de muerte no es invencible” y que en nuestras resistencias está la semilla del mundo que queremos.
Con la llegada de 2015 se inicia un nuevo ciclo de movilizaciones. Una importante convergencia campesina, sistemáticamente ninguneada por el gobierno federal, acordó tomar las calles de Xalapa, el 6 de enero, en el aniversario de la Ley Carranza. Y, el 31 de enero planea efectuar un gran plantón nacional frente a las oficinas de las secretarías de Gobernación y Agricultura. Por su parte, también en enero, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tiene en puertas la organización de una huelga nacional contra la reforma educativa.
No hay evidencia de que el despliegue de la movilización social haya llegado ya a su punto máximo. Y, aunque eventualmente las protestas callejeras disminuyan la tendencia hacia el desgaste del régimen se mantiene. Vivimos una situación inédita, en la que, como advirtieron los enardecidos sonorenses que ocuparon su legislatura, los de arriba no han querido escuchar la voz de la calle.
Twitter: @lhan55
lunes, 1 de diciembre de 2014
TODOS MAÑANA 1o de Diciembre de 2014 AL PARO CÍVICO NACIONAL
COMUNICADO URGENTE A TODA LA RESISTENCIA.
SE LES CITA EL DÍA DE MAÑANA A LAS 4:00 PM EN LA ESQUINA DE 5 DE MAYO Y CATEDRAL (ZÓCALO DE LA CIUDAD DE MÉXICO) PARA MARCHAR HACIA EL ANGEL DE LA INDEPENDENCIA COMO PARTE DE LAS JORNADAS DEL PARO CIVICO NACIONAL CONVOCADO PARA EL 1 DE DICIEMBRE. NUESTRA PARTICIPACIÓN ES IMPORTANTE. VIVIMOS UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA NACIONAL Y TODOS DEBEMOS APORTAR PARA LOGRAR LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS ESTUDIANTES NORMALISTAS DESAPARECIDOS Y LOGRAR UN ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN Y REPRESIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES. NO FALTES!
MARTÍN ESPARZA FLORES.
Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas.
JOSÉ HUMBERTO MONTES DE OCA LUNA.
Secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas
México, D.F: 30 de Noviembre de 2014
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