Pedro Miguel
Dejemos de lado por un momento los más de cien mil muertos o los veintitantos mil desaparecidos que le ha infligido al país los planes de negocios oficiales en el curso de los últimos ocho años, por más que sea imposible dejarlos de lado. Concentrémonos, por un instante, en dos datos: más de 400 adolescentes desaparecidas en el estado de México durante 2014 (http://is.gd/ZeL1PC) y 780 personas muertas por el Ejército en el bienio 2013-2014 (http://is.gd/v06WSm), más de una por día. En algo que pretenda ser un estado de derecho esas dos cifras tendrían que ser un escándalo porque indican, la primera, que las instancias de gobierno son incapaces de salvaguardar la seguridad de los habitantes y, la segunda, que la institución castrense ha sido lanzada a una guerra de baja intensidad no en contra de un enemigo externo, sino en contra de la población misma o de un sector de ella. Si a lo anterior se le agrega que los dos funcionarios más prominentes del Poder Ejecutivo han sido pillados en posesión de sendas residencias proporcionadas por el contratista al que más beneficiaron en sus cargos anteriores, el resultado tendría que ser una remoción inmediata e incondicional del equipo de gobierno.
Y si se tuviera una vista panorámica de las componendas entre la clase política y las tantas delincuencias –la narcotraficante, la que secuestra y extorsiona, la que comercializa los hurtos de la propiedad pública, la que lava las ganancias ilícitas, la que evade impuestos en forma sistemática, la que soborna– y se viera a esa misma clase política afanada en escamotear sueldos, honorarios, liquidaciones y pensiones, mientras gasta los recursos del erario en obras innecesarias y hasta destructivas con la mira puesta en las próximas elecciones, sería forzoso concluir que esa casta de vividores, con todo y sus rituales y sus leyes adulteradas y sus maquinaciones logreras le hace al país un daño enorme y que su enquistamiento en la institucionalidad explica, por sí misma, el desastre nacional en curso. Pero además está la respuesta oficial a la agresión de los estudiantes normalistas en Iguala: un rosario de mentiras, encubrimientos y declaraciones cínicas que han colocado a sus protagonistas ante un callejón sin salida. O el equipo de Peña confiesa abiertamente lo que sabe y no dice sobre ese episodio intolerable, trágico y catártico, o sigue como desde el 27 de septiembre del año pasado: sin poder gobernar mientras el suelo se le desmorona bajo los pies.
Y si ahora se retoman las decenas de miles de muertos sin justicia y desaparecidos sin esclarecimiento, los negocios depredadores, el saqueo de los recursos naturales, la entrega de la soberanía nacional, los ejercicios represivos y la frivolidad insultante de las esferas gubernamentales se verá que hay sobradas razones para el rechazo hacia la política institucional y hacia procesos electorales que han acabado reducidos a rondas de legitimación periódica de la mafia en el poder. Por eso es comprensible y respetable la postura de rechazo a las elecciones de este año asumida recientemente por la Asamblea Nacional Popular. Con o sin fraudes, los comicios en México han servido principalmente para perpetuar el modelo de destrucción nacional impuesto desde tiempos de Salinas y resulta atractiva la idea de boicotearlos a fin de quitarle a la oligarquía ladrona su única manera de legalización.
Pero otros pensamos que en el contexto de campañas electorales ha sido posible crear articulación y organización popular perdurable y autónoma; que los comicios han sido un espacio para criticar y confrontar el paradigma neoliberal en su expresión mexicana; que resulta menos arduo movilizar a la gente para ganar una elección que para organizar un paro nacional y que a pesar de todo la sociedad es capaz de recuperar y reconstruir las instituciones que le pertenecen. Vemos, por añadidura, que en la presente circunstancia histórica los proyectos políticos posneoliberales y soberanistas que han logrado triunfar en este hemisferio –Bolivia, Ecuador, Venezuela, para mencionar sólo los más radicales– lo han hecho no sólo por medio de la formación de poder popular, sino que han debido también construir partidos formales y concurrir a las urnas, y concluimos que el terreno electoral no es ciertamente el único ni el más importante en el que debe disputarse el país al grupo oligárquico que lo oprime, pero que tampoco debe ser abandonado a las facciones de ese mismo grupo.
Las dos posturas parecen a primera vista irreconciliables y, sin embargo, tal vez no lo sean tanto. A fin de cuentas ambas reclaman los mismos agravios y desean construir lo mismo: un país al servicio de su población y no de los capitales, con seguridad para todos sus habitantes y equidad real entre ellos; una democracia participativa, un estado de derecho y el poder devuelto a su legítimo dueño, que es el pueblo soberano.
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martes, 6 de enero de 2015
El silencio de Lady Iguala.
Luis Hernández navarro
Silencio, guarda silencio. De la boca de María de los Ángeles Pineda, Lady Iguala, no sale una palabra de más. Sabe mucho, tal vez demasiado. Por eso, no hablar es su garantía de sobrevivencia.
Esposa de José Luis Abarca, ex alcalde de ese municipio, Lady Iguala, está señalada como una de los autores intelectuales de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. Detenida junto a su marido el pasado 4 de noviembre, fue finalmente consignada este 5 de enero por el delito de delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita.
Lady Iguala y José Luis Abarca se conocieron en una tienda de vestidos de novia, propiedad del padre del ex alcalde, a la que ella iba a vender las rústicas prendas que elaboraba con su madre. De allí su sobrenombre de La Costurera.
Abarca, nacido en el municipio de Arcelia, no es muy alto de estatura pero, en cambio, cultivó su físico. Enamorado de su imagen, ha vivido durante muchos años rodeado de espejos. Presumido y fanfarrón, no tiene muchos amigos pero le sobra el dinero, tanto como para comprar la candidatura a la alcaldía de Iguala al Partido de la Revolución Democrática (PRD). Originalmente comerciante de huaraches y sombreros de palma, establecido en un puesto callejero al lado del mercado Adrián Castrejón, fue apodado en la región como El Guarachudo, y luego incursionó en el negocio de la compra y venta de oro.
A pesar de sus humildes orígenes, la familia Abarca Pineda posee un emporio millonario. Según el departamento de análisis financiero de la Procuraduría General de la República (PGR), son dueños de, al menos, 65 propiedades: casas, departamentos, joyerías, locales comerciales. La joya de la corona es el mall Plaza Tamarindos, construido con una inversión inicial de 300 millones de pesos, y que cuenta con siete salas de cine, una tienda departamental, 50 locales comerciales y un estacionamiento con capacidad para 720 automóviles.
Lejos de ser producto de enriquecimiento inexplicable, el origen de la fortuna del clan Abarca Pineda tiene un origen preciso: sus vínculos con el narcotráfico. Dedicarse al comercio de estupefacientes es parte de una larga tradición familiar de los Pineda Villa. Los papás de Lady Iguala, Leonor Villa Ortuño y Salomón Pineda Bermúdez, originarios de Zirándaro, Guerrero, emprendieron en el municipio de Iguala un lucrativo negocio dedicado a la compraventa de drogas al menudeo.
Hijos de tigre, pintitos, en esta misma ruta se encaminaron sus hijos Guadalupe, José Alberto (conocido como El Borrado), Marco Antonio (alias El MP) y Salomón (al que apodan El Salo o El Molón). Guadalupe fue asesinado por La Familia Michoacana. El MP y El Borrado, integrantes del cártel de Arturo Beltrán Leyva, fueron ejecutados por éste en septiembre de 2009 para vengar su traición. Al MP le metieron 17 balazos y al Borrado lo calcinaron. Otro de los hermanos, Salvador, ha sido señalado como jefe de una de las células de Guerreros Unidos.
Cuando en mayo de 2009 la entonces Secretaría de Seguridad Pública federal anunció la captura de 14 presuntos integrantes del grupo de los Beltrán Leyva, dio a conocer que La familia Pineda Villa cuenta con una red de corrupción y protección institucional en los estados de Morelos y Guerrero, quienes además de brindarles protección, informan de las acciones emprendidas por parte de la autoridad. Entre los detenidos estaban los papás de Lady Iguala.
José Luis Abarca siempre negó tener negocios con sus parientes. En cada ocasión en la que se le formularon preguntas sobre las actividades ilícitas de la familia de su esposa, él respondió: Si yo me dedicara a eso, ya no lo estaría contando o “si mis cuñados son narcos, yo me casé con mi esposa, no con sus hermanos”. Curiosamente, la gran mayoría de las propiedades de la familia Abarca Pineda fueron adquiridas cuando los hermanos de su esposa trabajaban para Arturo Beltrán Leyva.
El matrimonio Abarca Pineda se convirtió en una próspera alianza económica y política, en la que María de los Ángeles lleva la voz cantante. Era ella la que cerraba los negocios y los tratos. Sin recato alguno, una y otra vez, la flamante esposa le espetaba en público a su marido: ¡Ya cállate, estúpido!
Junto a su marido, Lady Iguala era la encargada de entregar a 80 policías que no estaban en la nómina del municipio y que servían a Guerreros Unidos entre 2 y 3 millones de pesos al mes.
Además de dirigir el DIF municipal, María de los Ángeles se alistaba para ser la próxima alcaldesa de Iguala. Como se sabe, el día en que los normalistas de Ayotzinapa fueron atacados y desaparecidos ella brindaba su informe de actividades y celebraba su destape. Esa noche, a pesar de que declaró no saber nada de lo que sucedía en la ciudad, realizó 25 llamadas telefónicas hasta altas horas de la madrugada, incluida una al jefe del 27 Batallón de Infantería, de Iguala.
Silencio, guarda silencio. De la boca de María de los Ángeles Pineda, Lady Iguala, no sale una palabra de más. Sabe mucho, tal vez demasiado. Por eso, no hablar es su garantía de sobrevivencia.
Esposa de José Luis Abarca, ex alcalde de ese municipio, Lady Iguala, está señalada como una de los autores intelectuales de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. Detenida junto a su marido el pasado 4 de noviembre, fue finalmente consignada este 5 de enero por el delito de delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita.
Lady Iguala y José Luis Abarca se conocieron en una tienda de vestidos de novia, propiedad del padre del ex alcalde, a la que ella iba a vender las rústicas prendas que elaboraba con su madre. De allí su sobrenombre de La Costurera.
Abarca, nacido en el municipio de Arcelia, no es muy alto de estatura pero, en cambio, cultivó su físico. Enamorado de su imagen, ha vivido durante muchos años rodeado de espejos. Presumido y fanfarrón, no tiene muchos amigos pero le sobra el dinero, tanto como para comprar la candidatura a la alcaldía de Iguala al Partido de la Revolución Democrática (PRD). Originalmente comerciante de huaraches y sombreros de palma, establecido en un puesto callejero al lado del mercado Adrián Castrejón, fue apodado en la región como El Guarachudo, y luego incursionó en el negocio de la compra y venta de oro.
A pesar de sus humildes orígenes, la familia Abarca Pineda posee un emporio millonario. Según el departamento de análisis financiero de la Procuraduría General de la República (PGR), son dueños de, al menos, 65 propiedades: casas, departamentos, joyerías, locales comerciales. La joya de la corona es el mall Plaza Tamarindos, construido con una inversión inicial de 300 millones de pesos, y que cuenta con siete salas de cine, una tienda departamental, 50 locales comerciales y un estacionamiento con capacidad para 720 automóviles.
Lejos de ser producto de enriquecimiento inexplicable, el origen de la fortuna del clan Abarca Pineda tiene un origen preciso: sus vínculos con el narcotráfico. Dedicarse al comercio de estupefacientes es parte de una larga tradición familiar de los Pineda Villa. Los papás de Lady Iguala, Leonor Villa Ortuño y Salomón Pineda Bermúdez, originarios de Zirándaro, Guerrero, emprendieron en el municipio de Iguala un lucrativo negocio dedicado a la compraventa de drogas al menudeo.
Hijos de tigre, pintitos, en esta misma ruta se encaminaron sus hijos Guadalupe, José Alberto (conocido como El Borrado), Marco Antonio (alias El MP) y Salomón (al que apodan El Salo o El Molón). Guadalupe fue asesinado por La Familia Michoacana. El MP y El Borrado, integrantes del cártel de Arturo Beltrán Leyva, fueron ejecutados por éste en septiembre de 2009 para vengar su traición. Al MP le metieron 17 balazos y al Borrado lo calcinaron. Otro de los hermanos, Salvador, ha sido señalado como jefe de una de las células de Guerreros Unidos.
Cuando en mayo de 2009 la entonces Secretaría de Seguridad Pública federal anunció la captura de 14 presuntos integrantes del grupo de los Beltrán Leyva, dio a conocer que La familia Pineda Villa cuenta con una red de corrupción y protección institucional en los estados de Morelos y Guerrero, quienes además de brindarles protección, informan de las acciones emprendidas por parte de la autoridad. Entre los detenidos estaban los papás de Lady Iguala.
José Luis Abarca siempre negó tener negocios con sus parientes. En cada ocasión en la que se le formularon preguntas sobre las actividades ilícitas de la familia de su esposa, él respondió: Si yo me dedicara a eso, ya no lo estaría contando o “si mis cuñados son narcos, yo me casé con mi esposa, no con sus hermanos”. Curiosamente, la gran mayoría de las propiedades de la familia Abarca Pineda fueron adquiridas cuando los hermanos de su esposa trabajaban para Arturo Beltrán Leyva.
El matrimonio Abarca Pineda se convirtió en una próspera alianza económica y política, en la que María de los Ángeles lleva la voz cantante. Era ella la que cerraba los negocios y los tratos. Sin recato alguno, una y otra vez, la flamante esposa le espetaba en público a su marido: ¡Ya cállate, estúpido!
Junto a su marido, Lady Iguala era la encargada de entregar a 80 policías que no estaban en la nómina del municipio y que servían a Guerreros Unidos entre 2 y 3 millones de pesos al mes.
Además de dirigir el DIF municipal, María de los Ángeles se alistaba para ser la próxima alcaldesa de Iguala. Como se sabe, el día en que los normalistas de Ayotzinapa fueron atacados y desaparecidos ella brindaba su informe de actividades y celebraba su destape. Esa noche, a pesar de que declaró no saber nada de lo que sucedía en la ciudad, realizó 25 llamadas telefónicas hasta altas horas de la madrugada, incluida una al jefe del 27 Batallón de Infantería, de Iguala.
lunes, 5 de enero de 2015
Deuda pública y sus ocultos beneficiarios.
Fox y Calderón aumentaron deuda y pobreza
SECCIÓN:ARTICULISTAS FECHA:4 ENERO, 2015
Deuda pública y sus ocultos beneficiarios
Martín Esparza Flores
VII
Apenas instalado en el poder, en el año 2000, el llamado gobierno de la transición de Vicente Fox mostró que, en el aspecto económico, su administración no sólo seguiría sino acrecentaría la aplicación del modelo neoliberal, sujetando el desarrollo nacional a los vaivenes de la economía estadounidense y las desventajosas condiciones que enfrentaban los sectores industrial y agrícola a raíz del Tratado de Libre Comercio (TLC).
De igual forma, prosiguió con la privatización del sector energético en consonancia con las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI), autorizando la contratación de más deuda pública a través de los llamados Pidiregas que con el rescate carretero habían mostrado ya su ineficacia. Años más tarde, el costo para las quebradas finanzas públicas sería altísimo ante el abuso de este modelo de financiamiento a particulares que en los doce años de gobiernos panistas reportó beneficios únicamente, como en el porfiriato, a empresas privadas.
El espejismo creado en los primeros años de gestión de Fox, en el sentido de abatir los montos de la deuda externa, se diluyó conforme su administración fue avanzando al grado de que al término de su gobierno la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que en contrasentido la deuda pública, contratada de 2000 a 2006, había alcanzado la cifra récord de 603 mil millones de pesos; además, pese a obtener recursos adicionales, sobre todo por excedentes petroleros del orden de los 719 mil millones de pesos, el crecimiento económico apenas alcanzó el 3.2 por ciento, quedando en tela de juicio el paradero exacto sobre la aplicación de tan vastos ingresos, como lo denunció en su momento la ASF.
Con Fox comenzó el abierto otorgamiento de permisos de generación de energía a particulares y una mayor apertura a sectores de Pemex para la inversión privada. Al final de su sexenio los índices de pobreza que prometió abatir, aumentaron; y el millón 300 mil empleos que dijo en su campaña que serían creados, nunca aparecieron. Su mediocre gestión dejó al país una deuda de casi 174 mil millones de dólares. De manera genérica, la deuda del gobierno federal en el gobierno de la transición acumuló los 2 billones 128 mil 91 millones de pesos.
Pero no sólo con Fox sino con Felipe Calderón Hinojosa, el crecimiento de un ineficiente gasto público incrementó la deuda. Más preocupado por legitimar su gobierno dando prioridad a una guerra contra el narcotráfico, Calderón dejó a la deriva la implementación de una política económica y social que permitiera al país enfrentar crisis como la vivida en 2009; de igual forma como Fox, a partir de 2006 abrió de par en par las puertas a una silenciosa privatización del sector energético a las multinacionales.
Su desastrosa administración dejó más de 52 millones de mexicanos en pobreza extrema, un agobiante desempleo al no cumplir su promesas de campaña de crear un millón de puestos de trabajo al año y un estancamiento económico que se vio reflejado en los saldos negativos de la deuda pública.
MArtin-Esparza
SECCIÓN:ARTICULISTAS FECHA:4 ENERO, 2015
Deuda pública y sus ocultos beneficiarios
Martín Esparza Flores
VII
Apenas instalado en el poder, en el año 2000, el llamado gobierno de la transición de Vicente Fox mostró que, en el aspecto económico, su administración no sólo seguiría sino acrecentaría la aplicación del modelo neoliberal, sujetando el desarrollo nacional a los vaivenes de la economía estadounidense y las desventajosas condiciones que enfrentaban los sectores industrial y agrícola a raíz del Tratado de Libre Comercio (TLC).
De igual forma, prosiguió con la privatización del sector energético en consonancia con las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI), autorizando la contratación de más deuda pública a través de los llamados Pidiregas que con el rescate carretero habían mostrado ya su ineficacia. Años más tarde, el costo para las quebradas finanzas públicas sería altísimo ante el abuso de este modelo de financiamiento a particulares que en los doce años de gobiernos panistas reportó beneficios únicamente, como en el porfiriato, a empresas privadas.
El espejismo creado en los primeros años de gestión de Fox, en el sentido de abatir los montos de la deuda externa, se diluyó conforme su administración fue avanzando al grado de que al término de su gobierno la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que en contrasentido la deuda pública, contratada de 2000 a 2006, había alcanzado la cifra récord de 603 mil millones de pesos; además, pese a obtener recursos adicionales, sobre todo por excedentes petroleros del orden de los 719 mil millones de pesos, el crecimiento económico apenas alcanzó el 3.2 por ciento, quedando en tela de juicio el paradero exacto sobre la aplicación de tan vastos ingresos, como lo denunció en su momento la ASF.
Con Fox comenzó el abierto otorgamiento de permisos de generación de energía a particulares y una mayor apertura a sectores de Pemex para la inversión privada. Al final de su sexenio los índices de pobreza que prometió abatir, aumentaron; y el millón 300 mil empleos que dijo en su campaña que serían creados, nunca aparecieron. Su mediocre gestión dejó al país una deuda de casi 174 mil millones de dólares. De manera genérica, la deuda del gobierno federal en el gobierno de la transición acumuló los 2 billones 128 mil 91 millones de pesos.
Pero no sólo con Fox sino con Felipe Calderón Hinojosa, el crecimiento de un ineficiente gasto público incrementó la deuda. Más preocupado por legitimar su gobierno dando prioridad a una guerra contra el narcotráfico, Calderón dejó a la deriva la implementación de una política económica y social que permitiera al país enfrentar crisis como la vivida en 2009; de igual forma como Fox, a partir de 2006 abrió de par en par las puertas a una silenciosa privatización del sector energético a las multinacionales.
Su desastrosa administración dejó más de 52 millones de mexicanos en pobreza extrema, un agobiante desempleo al no cumplir su promesas de campaña de crear un millón de puestos de trabajo al año y un estancamiento económico que se vio reflejado en los saldos negativos de la deuda pública.
MArtin-Esparza
Inyección y depredación.
Remesas: 280 mil mdd
Barones: 272 mil mdd
Carlos Fernández-Vega
Migrantes esperan afuera de una nueva oficina del Departamento de Motores y Vehículos de Stanton, California, su turno para tramitar licencias de conducir, al entrar en vigor nuevas disposiciones el pasado día primeroFoto Ap
En eso de dar y tomar, el tan cacareado cuan perverso modelo económico que se aplica en México se pinta solo: dan los más pobres y todo toman los más acaudalados. El sistema es sencillo: los primeros inyectan y generan cuantiosos recursos, y los segundos simple y sencillamente se los apropian y exportan. Y en el balance, la estabilidad económica nacional se debe a los más fregados.
Uno de los ejemplos más puntuales es el de los expulsados de su tierra, los paisanos que, pase lo que pase, desde Estados Unidos inyectan miles de millones de dólares a la economía mexicana, que contribuyen a mejorar el perfil social de sus familias y sirven de acicate al mercado interno; mientras los depredadores barones fugan sus capitales, obtenidos internamente, para depositarlos y/o invertirlos en terceras naciones, como si aquí no hubiera necesidades.
Así, en el transcurso del presente siglo los paisanos remitieron a su país de origen alrededor de 280 mil millones de dólares (alrededor de 23 por ciento del PIB a precios actuales), diseminados entre millones de familias depauperadas, víctimas del modelo económico y sin mayores oportunidades internas. Por otro lado, en ese mismo periodo los apapachados cuan impunes barones autóctonos exportaron capitales por alrededor de 272 mil millones de billetes verdes (22 por ciento del producto), todos ellos generados en el país, para depositar, invertir y/o especular en terceras naciones.
Lo primero forma parte de la cultura del jardinero exportable que desde Los Pinos promovió Vicente Fox, quien a lo largo de su sexenio celebró, como oportunidades para todos, la expulsión de 3.5 millones de mexicanos, a razón de prácticamente uno por cada minuto de su estancia en la residencia oficial. Y también lo segundo, pues el susodicho dejó en claro que para él la democracia era de, para y por los empresarios.
Con Fox en Los Pinos, quien presumía que México exporta jardineros de muy buena calidad, los expulsados de su tierra enviaron a su país de origen alrededor de 95 mil millones de dólares en remesas, mientras los barones depositaban en terceras naciones y en el mismo lapso cerca de 50 mil millones, y paralelamente armaron el gran negocio de las transferencias electrónicas con cobro de comisiones de usura, como acostumbran, para los remitentes.
A ese jugoso negocio lo denominaron facilidades de paquetería financiera, por medio de la cual, vía comisiones, a lo largo de la docena trágica (la de Fox y Calderón) los barones se embolsaron alrededor de 20 mil millones del total de las remesas de la paisanada. Y entre ellos se cuentan los mismos personajes que, en 2005, firmaron el llamado Pacto de Chapultepec, por medio del cual se comprometieron a invertir en el país para generar empleo formal.
Ya con Felipe Calderón en la residencia oficial, el autodenominado presidente del empleo para vivir mejor, los paisanos enviaron 140 mil millones de dólares, con todo y que la crisis de 2008-2009 en Estados Unidos canceló millones de puestos de trabajo tradicionalmente ocupados por mexicanos. Paralelamente, en el sexenio del haiga sido como haiga sido, empresarios y particulares mexicanos exportaron más de 160 mil millones de dólares que terminaron depositados en cuentas bancarias del exterior o invertidos en proyectos productivos o especulativos.
Como se ha comentado en este espacio, los dos gobiernos panistas (Fox y Calderón) vivieron muy bien con dos ingresos fundamentales: petróleo y remesas. Los primeros resultaron igual de históricos que dilapidados; los segundos fueron voluminosos, no obstante la sacudida económica de 2008 y años posteriores, el creciente desempleo en Estados Unidos y las precarias condiciones laborales para los paisanos, algo que a la dupla infernal le importó menos que un cacahuate. De cualquier suerte, el resultado por ellos ofrecido fue desastroso, con todo y el creciente ingreso de divisas por los conceptos referidos.
Regresó el tricolor, que sí sabe gobernar, y en el primer bienio de Enrique Peña Nieto la paisanada remitió a México cerca de 45 mil millones de dólares, mientras los barones exportaron alrededor de 30 mil millones, y contando. En contrapartida, “de acuerdo con información oficial, entre el primer trimestre de 2013 y el tercero de 2014, han sido transferidos a cuentas bancarias del exterior 44 mil 625.7 millones de dólares. Otros 17 mil 871 millones se han enviado para realizar inversiones directas –las que generan actividad económica y empleo en terceras naciones– fuera del país. En total, por ambas vías han salido de México 62 mil 497 millones de dólares” (La Jornada, Roberto González Amador).
domingo, 4 de enero de 2015
El superendeudamiento público y las entregas al exterior.
Antonio Gershenson
Por estas páginas nos enteramos del gran aumento de la deuda pública con el exterior, por supuesto que en dólares. De 125 mil millones de dólares en el principio de este gobierno, a 150 mil millones, en números redondos. Tenemos un lento crecimiento económico y no está nada claro de dónde se podría pagar.
Tenemos que recordar una experiencia anterior, la del llamado macropréstamo a principios de 1995. El gobierno de Carlos Salinas de Gortari logró heredar sus deudas al siguiente, el de Ernesto Zedillo. Éste firmó un, digamos, macropréstamo. El gobierno estaba superendrogado y los prestadores fijaron tremendas condiciones, que fueron aceptadas.
En unos casos, se seguía con la privatización, y en otros se iniciab, de ferrocarriles, comunicaciones vía satélite, plantas de energía eléctrica, sistema bancario, puertos, aeropuertos y plantas petroquímicas. En este contexto, las autoridades se comprometen a llevar a cabo operaciones de privatización y concesión que se estima generarán alrededor de 6 mil millones de dólares en 1995 y de 6 a 8 mil millones de dólares en los dos años siguientes.
En pocas palabras, se pagaba la deuda con bienes de la nación, incluso estratégicos.
Yo era asesor de la que sería la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados, con lo que no sólo me enteré del proceso de las petroquímicas, sino que participé en él. Y fue una sucesión de fracasos de los intentos de privatización de plantas.
El gobierno de Zedillo, al fracasar esta última privatización, quiso hacerlo con el sector eléctrico. Propuso al Congreso la privatización de las plantas eléctricas de la nación, cambiando los artículos 27 y 28 de la Constitución. Se enviaron al Senado en febrero de 1999. Poco menos de año y medio antes de las elecciones presidenciales.
Hubo una enorme resistencia. Se movilizó el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). También varias secciones, que volvieron a ser democráticas, del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm) y varios otros sectores.
Por estas páginas nos enteramos del gran aumento de la deuda pública con el exterior, por supuesto que en dólares. De 125 mil millones de dólares en el principio de este gobierno, a 150 mil millones, en números redondos. Tenemos un lento crecimiento económico y no está nada claro de dónde se podría pagar.
Tenemos que recordar una experiencia anterior, la del llamado macropréstamo a principios de 1995. El gobierno de Carlos Salinas de Gortari logró heredar sus deudas al siguiente, el de Ernesto Zedillo. Éste firmó un, digamos, macropréstamo. El gobierno estaba superendrogado y los prestadores fijaron tremendas condiciones, que fueron aceptadas.
En unos casos, se seguía con la privatización, y en otros se iniciab, de ferrocarriles, comunicaciones vía satélite, plantas de energía eléctrica, sistema bancario, puertos, aeropuertos y plantas petroquímicas. En este contexto, las autoridades se comprometen a llevar a cabo operaciones de privatización y concesión que se estima generarán alrededor de 6 mil millones de dólares en 1995 y de 6 a 8 mil millones de dólares en los dos años siguientes.
En pocas palabras, se pagaba la deuda con bienes de la nación, incluso estratégicos.
Yo era asesor de la que sería la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados, con lo que no sólo me enteré del proceso de las petroquímicas, sino que participé en él. Y fue una sucesión de fracasos de los intentos de privatización de plantas.
El gobierno de Zedillo, al fracasar esta última privatización, quiso hacerlo con el sector eléctrico. Propuso al Congreso la privatización de las plantas eléctricas de la nación, cambiando los artículos 27 y 28 de la Constitución. Se enviaron al Senado en febrero de 1999. Poco menos de año y medio antes de las elecciones presidenciales.
Hubo una enorme resistencia. Se movilizó el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). También varias secciones, que volvieron a ser democráticas, del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm) y varios otros sectores.
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