viernes, 6 de febrero de 2015

Economía: focos rojos.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reportó ayer que la cartera vencida de los bancos privados se incrementó en diciembre pasado para totalizar más de 37 mil millones de pesos, cifra 11.3 por ciento superior a la registrada en el mismo mes de 2013 y similar a la que se reportó en julio de 2009. Los créditos vencidos representaron 5.21 por ciento de la cartera de préstamos, un índice de morosidad también preocupante.
Por su parte, el Grupo Financiero Banorte-Ixe informó, también ayer, de un alza en la demanda de créditos a una velocidad muy fuerte y proyectó para este año un crecimiento entre 10 y 15 por ciento en tales préstamos.
Cruzados, ambos datos pueden configurar un panorama preocupante. El incremento de las solicitudes de crédito no necesariamente indica que se haya elevado la capacidad crediticia de los usuarios; puede ser síntoma, más bien, de una necesidad creciente de segmentos de la ciudadanía –particularmente la clase media– de recurrir a dinero prestado, no para adquirir vivienda ni iniciar nuevos negocios, sino para sufragar sus gastos habituales. De confirmarse esta posibilidad, el país podría acercarse a un círculo vicioso de endeudamiento, como el que detonó la quiebra de los bancos privados en la década antepasada y que fue alimentado por la voracidad, la irresponsabilidad y las irregularidades de quienes eran, en ese entonces, propietarios de las instituciones de crédito.
Otro dato inquietante es el desplome en los índices de confianza empresarial (Ice) de los sectores manufacturero, de la construcción y del comercio. Tales indicadores, a decir del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), descendieron medio punto en las empresas manufactureras y 1.3 unidades en las comerciales con respecto a los niveles que tenían en enero de 2014.
En términos generales, los empresarios de esos sectores observan con acentuado pesimismo las perspectivas económicas del país y la posibilidad de incrementar sus inversiones. Ello significa que la merma del dinamismo económico que representará el recorte de presupuestos por parte del gobierno federal no necesariamente se verá compensada por un aumento en las inversiones privadas.
Si a lo anterior se agrega la brusca disminución de recursos fiscales por la caída de los precios internacionales del petróleo y por los efectos de la reforma energética, los efectos negativos de la devaluación del peso frente al dólar, los elevadísimos niveles de endeudamiento alcanzados en el curso de la presente administración y el incierto y volátil panorama internacional, resulta claro que la economía del país se encuentra en uno de sus momentos más peligrosos al menos desde 2008.
El equipo económico gubernamental debe cambiar de rumbo. Es meridianamente clara la necesidad de reactivar el mercado interno y fortalecer la economía social y popular, así como la pertinencia de reducir en forma significativa los costos de operación de la administración pública sin tocar la inversión pública ni los programas sociales.
Cabe esperar que los encargados de formular la política económica del país sean capaces de percibir correctamente los focos rojos mencionados y de actuar en consecuencia.



miércoles, 4 de febrero de 2015

México SA

Ladrones investigadores
Corrupción institucional
EPN: vueltas a la noria
Carlos Fernández-Vega
¡Felicidades!, mexicanos crédulos, que tras sesudas investigaciones y consultas con su gabinetazo el inquilino de Los Pinos descubrió que la mejor fórmula para combatir la corrupción y los conflictos de interés en los altos mandos del sector público es la siguiente: que sean los propios altos mandos del sector público los que se autoinvestiguen, se autocalifiquen y, eventualmente, se autosancionen por los robos por ellos cometidos, es decir, que sea el mismo ladrón quien decida si lo es o no, algo que, por lo demás, 33 años atrás institucionalizó Miguel de la Madrid con la creación de la entonces Secretaría de la Contraloría General de la Federación, hoy Secretaría de la Función Pública.
Y para poner en práctica su fórmula mágica, a Enrique Peña Nieto se le ocurrió otra brillante idea: designar al priísta y oscuro ex consejero electoral (ahora abiertamente al servicio de EPN) Virgilio Andrade Martínez como nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública (dependencia del Ejecutivo federal en proceso de desaparición, según la versión oficial), quien, para estrenar el cargo, será quien decida si el inquilino de Los Pinos y la señora de su casa (blanca) violaron o no la ley al presuntamente adquirir (con los ahorros de toda mi vida, según dicho de ella misma) la más famosa de las viviendas populares en Las Lomas de Chapultepec.

martes, 3 de febrero de 2015

Confluencia necesaria.

Pedro Miguel
Por medio del procurador Murillo Karam el gobierno de Peña Nieto lleva cuatro meses tratando de circunscribir a Iguala (y a Cocula, si acaso) los asesinatos y desapariciones de estudiantes de Ayotzinapa perpetrados el 26 de septiembre del año pasado. Sin embargo, el caso ha llegado hasta Ginebra, donde sesiona el Comité sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas. Hasta allá han llegado algunos de los padres de los 43 muchachos desaparecidos para aportar su testimonio y su exigencia de justicia, acompañados por los centros de Derechos Humanos Tlachinollan y Miguel Agustín Pro Juárez y por Amnistía Internacional. Es el más reciente capítulo en la internacionalización del episodio de Iguala, pero no el primero. A unos días de la agresión la justificada desconfianza ante los organismos nacionales de procuración de justicia había llevado a los familiares de los afectados a pedir la intervención en las pesquisas del equipo argentino de médicos forenses y, posteriormente, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El correlato social a estos movimientos institucionales es el vasto conjunto de movilizaciones solidarias que ha recorrido el mundo, desde Bolivia hasta Japón, en repudio al gobierno mexicano y en demanda de presentación con vida de los desaparecidos.
El relato truculento ideado por Murillo Karam (estudiantes detenidos por la policía municipal de Iguala, entregados a los pistoleros de Guerreros Unidos, ejecutados e incinernados en el basurero de Cocula y arrojados al río cercano, ya convertidos en cenizas) no funcionó por la simple razón de que una operación semejante no puede realizarse sin el auxilio de complicidades, connivencias y encubrimientos de alto nivel, estatales y federales, que son precisamente los factores que el régimen ha pretendido negar a toda costa. Ante el fallo ineludible de esa coartada central, el resto de la simulación oficial se viene abajo: ni las lágrimas de cocodrilo ni los propósitos de compromiso con la legalidad pueden aportar credibilidad a un gobierno de antecedentes represivos y corruptos y que, por razones ideológicas y pragmáticas, ve como enemigos naturales a la educación pública, a la población campesina y también, por supuesto, a la síntesis perfecta de ambas: las normales rurales.
Por ello, el peñato tiene de antemano perdida la batalla por la credibilidad en el ámbito internacional. Por si no bastara, está el tema de las propiedades inmobiliarias y el cinismo de Peña en los medios mainstream occidentales, precisamente en esos en cuyas cuentas corrientes se depositó tanto dinero robado a los contribuyentes mexicanos para fabricar la imagen de una presidencia moderna, reformadora, dinámica y poderosa.
Adentro del país los presupuestos corruptores pueden funcionar tal vez para comprar 10 millones de votos con otros tantos televisores regalados a cuenta del erario, tanto para beneficio electoral del PRI como para dar nuevos márgenes comerciales a los alicaídos componentes del duopolio televisivo que le dio a Peña un empaque de político viable. Pero el régimen ha perdido su tradicional capacidad para aplacar con dinero los movimientos de protesta y hay un sector de la oposición electoral real que tampoco se dejará comprar.
Si ese sector, ubicado en Morena, es capaz de retomar las reivindicaciones centrales de quienes ya no creen en elecciones, de radicalizar su plataforma política y de demostrar en las campañas y en los hechos que no forma parte de la clase política corrupta y repudiada, será posible llevar al régimen a una situación insostenible en el ámbito interno, que es a fin de cuentas el terreno decisivo, y de alejar el riesgo de que el peñato se aferre al clavo ardiente de una represión masiva y generalizada. Ojalá sea posible construir la confluencia necesaria.
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El SME quiere ser empresa; ¿atraería su mano de obra al capital? Sí, dicen analistas

La propuesta SME de crear su propia empresa generadora de electricidad contempla dar certidumbre a las empresas privadas, ya que no se tendrá que realizar ningún gasto en su capacitación. Foto: Cuartoscuro
Por Fernanda García Cruz febrero 2, 2015
La propuesta SME de crear su propia empresa generadora de electricidad contempla dar certidumbre a las empresas privadas, ya que no se tendrá que realizar ningún gasto en su capacitación. Foto: Cuartoscuro
La propuesta del SME, de crear su propia empresa generadora de electricidad, implicaría no realizar ningún gasto en su capacitación. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).– La propuesta del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) de crear su empresa generadora de electricidad podría resultar atractiva para el sector privado, ya que los inversionistas no tendrían que gastar en capacitación, aseguran analistas y el líder de la agrupación gremial, Martín Esparza Flores.
El pasado 26 de enero, el SME dio a conocer su iniciativa de crear una empresa generadora de energía eléctrica, la cual pretende buscar el apoyo e inversión del sector privado y no del gobierno federal.
“Lo que se está haciendo es que en el marco de la Reforma Energética ahora empresarios nacionales o internacionales se pueden asociar con otras personas, en este caso el Sindicato [Mexicano de Electricistas], para poder hacer empresas que generen energía”, dijo a SinEmbargo el líder del SME.

lunes, 2 de febrero de 2015

Peña Nieto, atrapado y sin salida.

Carlos Fazio
Enrique Peña Nieto ha quedado atrapado. Atrapado, entrampado y sin salida. Por más esfuerzos que han hecho él y su gabinete de seguridad por superar la crisis de Estado provocada por los crímenes de lesa humanidad de Iguala, no han podido. Al ex gobernador mexiquense le quedó grande la presidencia de la República. Y el tan publicitado momento mexicano se le fue al carajo: el país está empantanado. La credibilidad del régimen, con su estela de corrupción, intercambios de favores, opacidades y escándalos varios, está por el piso y se ha multiplicado la indignación popular. Nadie le cree al gobierno. Y lo peor es que Peña no entiende que no entiende, y tal vez por eso está tan cansado el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.
Murillo, por cierto, político de la vieja guardia del Partido Revolucionario Institucional, ha recurrido a todas las argucias, supercherías y malas artes del pasado −tratándose de una tragedia (Peña Nieto dixit) que combina la aplicación de la tortura, la detención-desaparición forzada de 43 estudiantes y la ejecución extrajudicial de seis personas más−, y echado mano de los propagandistas de Estado en los medios para tratar de dar carpetazo al caso. Vamos, hasta fabricó una verdad jurídica con pruebas científicas, y una verdad histórica.
En realidad, Murillo y el policía Tomás Zerón fueron construyendo y perfeccionando el caso poco a poco, casi sin salirse del guión inicial.
En una gran maniobra de simulación judicial y jurídica, desde un comienzo actuaron con base en una sola y exclusiva hipótesis destinada a tratar de exculpar al Estado mexicano de la comisión de crímenes contra la humanidad, misma que remite a un grupo de la economía criminal (identificado como Guerreros Unidos) como presunto perpetrador de los hechos delictivos de Iguala.
Con tozudez autoritaria, ambos funcionarios se negaron a abrir otras líneas de investigación, en particular, pese a numerosos indicios, la que involucra a otros actores claves que integran la cadena de mando de la estructura de seguridad del Estado a nivel federal, y que en el estado de Guerrero incluye territorialmente al Ejército (en particular al 27 batallón de infantería), la Marina, la Policía Federal, la inteligencia militar y civil (Cisen), las Brigadas de Operaciones Mixtas (BOM) y a agentes de la PGR y del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Chilpancingo, que monitorearon lo ocurrido en tiempo real.
Centrados en ese único objetivo: exonerar al Estado mexicano de toda responsabilidad, los sabuesos del procurador, la Marina y el Ejército capturaron, apremiaron, torturaron y confesaron culpables, encontraron el móvil, un “ modus operandi” y hasta una lógica causal. Incluso confeccionaron un video con la narrativa a cargo de un locutor profesional y apuntadores para obtener y grabar algunas declaraciones autoinculpatorias. Maquiavélicos los tipos. Y no se trata, como señalan los panegiristas del régimen, de un problema de incredulidad frente a la versión oficial.
Además, decir que el caso Iguala es atípico, como afirmó Zerón, exhibe un cinismo contumaz y supino. Ese cinismo que permea al gobierno de Peña Nieto y a las clases política y empresarial, aludido por The Economist.
Según argumentó el equipo de abogados que asesora a los padres de los 43 desaparecidos, del montaje mediático teledirigido por el dúo Murillo/Zerón no se puede concluir que exista plena certeza jurídica sobre lo ocurrido en el basurero de Cocula. Además de que existen dudas científicas sobre la versión de la PGR, es bien conocido que las procuradurías mexicanas son especialistas en fabricar delitos y coaccionar y chantajear detenidos, y hasta los tribunales de justicia internacionales saben que la tortura es una herramienta sistemática y endémica en México, como empieza a supurar del caso Iguala
Tal vez debido al cansancio provocado por la confección de la trama mediática, al fabulador Murillo se le escapó aclarar su teoría sobre el cruento homicidio de Julio César Mondragón, encontrado desollado (ergo, torturado) por soldados del 27 batallón.
Con respecto a la fórmula oficial de que a los 43 los confundieron, los secuestraron, los mataron, los incineraron y los tiraron al río, sólo hay certeza de la muerte de Alexander Mora, pero no existe certeza jurídica ni prueba técnica sobre la muerte de los otros 42 (no hay prueba genética del ADN, por lo que no está acreditado el cuerpo del delito de manera científica) ni sobre el lugar donde eso pudo haber ocurrido; las cenizas de Alexander pudieron haber sido sembradas en el río San Juan.
Tampoco se puede cerrar el caso ni decretar una verdad histórica, porque no se ha indagado la responsabilidad del Ejército a partir de los indicios que existen en el expediente, y que apuntan a una complicidad y protección de la delincuencia organizada, por mandos castrenses del 27 batallón desde 2013. A propósito, ¿qué pasó con las declaraciones de los 36 militares que formaron parte de las indagatorias, según Tomás Zerón?
Resultan truculentos, también, los malabares del procurador para acreditar y limitar el delito de desaparición forzada de personas, la figura jurídica adecuada para encuadrar los hechos de Iguala. Normalmente, en la desaparición forzada existe una cadena de mando en la que se ven involucrados varios sujetos perpetradores. En ese caso la responsabilidad penal recae en quien sigue órdenes, pero también en el o los superiores jerárquicos que pudieron haber ordenado la conducta delictiva, o bien, conociéndola, no la impidieron. Lo que conlleva una responsabilidad, por acción u omisión, de los mandos del Ejército, la Marina y la Policía Federal la noche de los hechos, o a una total negligencia también sancionable.
En conclusión, existen muchos cabos sueltos y lo único cierto es el interés deliberado y la intención política de cerrar el caso y garantizar la impunidad de los eslabones superiores de la cadena criminal que esa noche operó en Iguala.