sábado, 7 de marzo de 2015

SME Martín Esparza Presentación Transmedia 5mar15

Ley de Aguas: privatización ominosa

Existe la pretensión, en la Cámara de Diputados, de avalar una iniciativa de Ley General de Aguas que terminaría, en los hechos, con la potestad gubernamental sobre la distribución del vital líquido y que representaría un atentado contra el abastecimiento mínimo de agua por parte del Estado a la población. Entre otras cosas, el citado dictamen elimina de manera subrepticia la garantía de 50 litros de agua por individuo –cantidad considerada en el marco normativo de la Organización Mundial de la Salud– y da margen a prácticas cuestionadas y desacreditadas por ambientalistas y expertos, como el llamado fracking.
Es inevitable percibir dicha iniciativa como una más de las puntas de lanza del empeño de los gobiernos neoliberales y los poderes fácticos por trasladar los recursos naturales y los servicios públicos a manos de empresas privadas, particularmente las extranjeras, con argumentos similares a los empleados por los promotores de la privatización petrolera: la supuesta inoperancia técnica, administrativa y financiera de los organismos públicos encargados de manejar tales recursos y servicios.
En el caso de la Ley General de Aguas, la pretensión de permitir el ingreso del sector privado a las tareas de manejo, administración y distribución de los recursos hídricos es del todo improcedente y peligrosa, por cuanto esas actividades constituyen un asunto de la mayor importancia social, económica, sanitaria y hasta de seguridad nacional, y atentan directamente contra un derecho humano reconocido por la Organización de las Naciones Unidas.
Por si fuera poco, la referida iniciativa –que se prevé sea votada el martes en San Lázaro– abriría un nuevo frente de ingobernabilidad y desarticulación nacional. Es inevitable suponer que la imposición de los criterios mercantiles en el acceso de las personas al vital líquido derivaría en escenarios similares a los que se han configurado a raíz de otros procesos privatizadores del agua en el mundo: lejos de contribuir a garantizar el acceso universal al líquido, la aprobación de la referida ley acabaría por entregar los recursos hídricos a corporaciones trasnacionales caracterizadas por incurrir en prácticas depredadoras, abusivas y generadoras de descontentos sociales. Un precedente ineludible es la guerra del agua en Cochabamba, una serie de protestas realizadas en esa ciudad boliviana entre enero y abril de 2000 a raíz de la decisión gubernamental de concesionar por 40 años el sistema de agua de aquella región a la trasnacional Agua del Tunari. El episodio derivó en una brutal represión policial que arrojó un saldo de un muerto, medio centenar de heridos y decenas de detenidos.
El reconocimiento del derecho humano al agua es un paso imprescindible del proceso civilizatorio. La intención de entregar ese recurso a particulares es, por contraste, un atentado al sentido común y a la viabilidad misma de la especie humana. Los legisladores responsables de analizar y avalar el dictamen comentado debieran cobrar conciencia de que la privatización del vital líquido sumaría un nuevo factor de división e inconformidad al panorama político y social del país.


La agonía de la CTM.

Arturo Alcalde Justiniani
La estatua monumental de Joaquín Gamboa Pascoe, financiada por la trasnacional automotriz Chrysler, simboliza el lamentable estado de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), membrete de lo que en un tiempo se denominó movimiento obrero organizado.
Este auto homenaje y su escenario fueron motivo de burla en todos los medios de comunicación, no sólo por la pose de dandy de su dirigente y el contenido de su discurso, sino porque es del dominio público que esta organización obrera hace tiempo renunció a su obligación de representar y defender a sus miembros, convirtiéndose en un negocio del que únicamente sacan ventaja los líderes, empresarios y el gobierno, jamás los trabajadores.
A sus 79 años de vida, la CTM vive una larga agonía, la cual se exhibe en todos los planos. Uno de los indicadores de esta debacle es la pérdida creciente de su presencia en el Congreso de la Unión, como parte de las filas del PRI. Basta recordar los años 70 y 80, en los cuales casi una cuarta parte de la legislatura provenía de la llamada cuota obrera, en la que la CTM era hegemónica, ocupando casi dos tercios de la misma. En esos tiempos, en la mayoría de los estados había un senador que formaba parte de la central. Varios cetemistas fueron gobernadores en sus estados. En la medida que languidece la CTM, su presencia ha sido superada por otras organizaciones del sector campesino, trabajadores del Estado y, sobre todo, del llamado sector popular del PRI.
Para la próxima elección de junio de 2015, la CTM ha sido prácticamente ignorada en la designación de candidatos a diputados. A duras penas se tomó en cuenta a su dirigente en Jalisco y el secretario de trabajo de su comité nacional, José Luis Carazo, sólo logró el lugar 11 en la lista plurinominal en una de las circunscripciones. El PRI sabe bien que la central ya no jala votos. Gamboa Pascoe sufrió en carne propia estos sinsabores cuando en 1973 tuvo una vergonzosa derrota ante el panista Javier Blanco Sánchez, y más tarde, en 1988, con Porfirio Muñoz Ledo. No volvió a arriesgarse en una elección. Le quedó claro que los votos no son lo suyo.

martes, 3 de marzo de 2015

Felipe de Jesús Cantú, de encubridor a candidato.

1. marzo, 2015 Autor: Martin Esparza
El arribo como candidato del Partido Acción Nacional (PAN) al gobierno de Nuevo León del exdiputado federal y presidente de la Comisión de Energía de la LXI Legislatura, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, es la resultante de una serie de complicidades y encubiertos conflictos de intereses tejidos entorno a la amañada desaparición de Luz y Fuerza del Centro, en octubre de 2009; uno de cuyos trasfondos fue la entrega de su red de fibra óptica para explotación exclusiva del grupo empresarial panista comandado por los exsecretarios de Energía del foxismo Ernesto Martens y Fernando Canales Clariond, este último exgobernador neoleonés que en 2000 apoyó la llegada de Cantú a la alcaldía de Monterrey, alentando de igual manera su arribo al Congreso de la Unión.
En pago a la labor de contención realizada desde su cargo parlamentario para impedir el surgimiento de una nueva empresa eléctrica que remplazara en la zona centro del país a Luz y Fuerza, y al silencio encubridor, guardado en su momento, sobre las denuncias por ordeña a los gasoductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el municipio de Apodaca, en contra de la empresa gasera Solensa, propiedad de Canales Clariond y de su hijo Fernando Canales Stelzer, Felipe de Jesús Cantú buscará, fiel a su papel de ejecutor de órdenes, arribar al gobierno de Nuevo León no para atender a los reclamos de la ciudadanía sino del grupo empresarial al que debe su carrera política.
Baste echar un poco atrás la máquina del tiempo para recordar a los ambiciosos hombres de negocios, revestidos en su momento de funcionarios públicos y representantes populares, sobre sus aviesas intenciones fraguadas desde el gobierno de Vicente Fox para adueñarse de la red de más de 1 mil 100 kilómetros de fibra óptica que formaba parte de la infraestructura de Luz y Fuerza y que se concretó una vez que el decreto de extinción, emitido por Felipe Calderón, se ejecutara mediante el brutal uso de las Fuerzas castrenses y los grupos policiales del gobierno federal. Su amigo, el entonces presidente de la República, les allanó el camino a los influyentes regios.
Su actual consolidación en el poder, ni qué dudarlo, se fraguó gracias a las millonarias ganancias obtenidas bajo la complacencia de los gobiernos panistas que desoyeron e ignoraron las propuestas presentadas en su momento por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), 1 año antes de consumarse la infamia oficial que dejó sin trabajo a 44 mil electricistas, como lo fue el proyecto por demás viable para la creación de una empresa paralela que brindara a los 6 millones de usuarios de la zona centro del país, además del suministro de electricidad, los servicios de telefonía, internet y televisión, el llamado triple play, a bajo costo.
Vale recordar, a la luz de los actuales acontecimientos en que los empresarios panistas van en pos del gobierno de Nuevo León, que el 16 de marzo de 2008, en el marco de la revisión contractual (2008-2010) que el SME sostenía con la entonces paraestatal, se pactó entre ambas partes y dentro de los acuerdos de productividad tendientes a sanear las finanzas de Luz y Fuerza del Centro (LFC) la cláusula 10, que entonces establecía:
 “Con el propósito de facilitar el acceso a la sociedad de la información, a precios y calidad competitivos en la zona de influencia de LFC, las partes se comprometen a realizar en forma conjunta los estudios de factibilidad técnica, jurídica y económica para gestionar ante la Secretaría de Comunicaciones y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la obtención de una concesión de red pública de telecomunicaciones, para la prestación de servicios de voz, datos y video, a través de una filial de LFC creada para este fin, aprovechando la infraestructura del organismo.”
Como quedó plenamente establecido en documentos oficiales, los estudios de factibilidad fueron aprobados y avalados, en su momento, tanto por el entonces secretario del Trabajo Javier Lozano Alarcón –sin duda el peor titular que ha tenido esa dependencia, hoy conocido en el bajo mundo de la política como la Changao la Chiva Loca–, como por los directivos de la empresa pública que hicieron la petición formal el 23 de julio de 2009 al entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Juan Molinar Horcasitas; todos ellos, arteramente, ocultaron que desde el gobierno de Vicente Fox, y luego en el de Calderón, ya se había otorgado a la empresa WL Comunicaciones la concesión para explotar la red de fibra óptica, donde curiosamente aparecieron como socios mayoritarios los extitulares de la Secretaría de Energía en el gabinete de Vicente Fox Ernesto Martens y Fernando Canales.
Cálculos conservadores –expuestos en su momento ante la autoridad– apuntaban a que LFC habría obtenido con esta empresa paralela ingresos anuales superiores a los 100 mil millones de pesos, con lo cual su rentabilidad estaría a salvo; es decir que el gobierno de Felipe Calderón nunca sopesó las opciones para sanear las finanzas de la paraestatal. Como lo hemos mencionado desde entonces, la intención nunca fue ofrecer a la población electricidad y triple play a bajo costo, sino entregar con celofán y moño el redituable negocio de la fibra óptica al grupo empresarial panista encabezado por Fernando Canales y sus incondicionales, entre ellos, el entonces presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, que hizo cuanto estuvo a su alcance, en 2011, por bloquear la creación de una nueva empresa eléctrica en la antes zona de influencia de Luz y Fuerza, que habría puesto en riesgo el multimillonario negocio de sus jefes y padrinos políticos.
De manera hipotética, de haberse echado a andar el proyecto del SME, las arcas públicas habrían recibido a la fecha poco más de 500 mil millones de pesos por el servicio del triple play a los 6 millones de usuarios del centro del país. Huelga decir que ese dinero fue a parar a manos de quienes hoy cuentan con los recursos más que suficientes para apropiarse de un gobierno estatal del cual echar mano como uno más de sus boyantes y proyectados negocios en cartera.
El hoy candidato que promete las perlas de la virgen con todo y coro celestial a los neoleoneses, nada dice del oscuro conflicto de intereses que lo llevó a actuar de manera facciosa y parcial en su cargo de presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, desde el cual también manipuló los simulados foros que dieron luz verde a la Estrategia Nacional de Energía (ENE), que presentara en la primavera de 2010, ante el Congreso, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, y en cuyos ejes rectores se buscaba, ante todo, “que el sector energético de México tenga un efecto positivo en la calidad de vida de todos los mexicanos, reflejado en los niveles de empleo, impulsando el crecimiento económico y la equidad en nuestro país”.
Irónicamente, en el pasado sexenio sucedió todo lo contrario: no hubo más empleos, ni crecimiento económico, tampoco equidad ni mejor calidad de vida para millones de mexicanos, porque la prevaricación asumida por el testaferro parlamentario, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, se impuso por sobre los intereses mayoritarios del país. La entrega de la red de fibra óptica de Luz y Fuerza del Centro fue, y sigue siendo, muestra palpable de lo que en realidad representa el hoy candidato panista. Es bueno que en Nuevo León se vayan enterando de cómo se las gasta el ahora vendedor de promesas y esperanzas, y lo que les espera a sus habitantes de llevarlo al poder.
Martín Esparza Flores*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

lunes, 2 de marzo de 2015

México merece mejor gobierno.

John M. Ackerman
El régimen autoritario aprovechó el pasado Día de la Bandera y 194 aniversario de la emisión del Plan de Iguala para pisotear los principios fundamentales de paz, unidad y soberanía que inspiraron la creación de la nación mexicana. El martes 24 de febrero, Enrique Peña Nieto reprimió con lujo de violencia a maestros en Acapulco que exigían el pago de sus salarios, inauguró un nuevo cuartel militar en Michoacán cofinanciado por oligarcas y presentó una iniciativa de ley para legalizar la portación de armas por agentes extranjeros.Apenas tres días después, el Presidente ratificaría su compromiso con el virreinato proponiendo a Arely Gómez, hermana del vicepresidente de noticiarios de Grupo Televisa, para la PGR. El PRI también anunciaría que su lista de diputados plurinominales incluía a la madre de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, la hija de Manlio Fabio Beltrones, dos generales, un directivo de Te­levisión Azteca y una actriz de Televisa. La semana anterior, Peña Nieto ya había propuesto a su amigo y cómplice Eduardo Medina Mora, alguien también cercano a Televisa y responsable por la fallida guerra de Felipe Calderón, para ministro de la Suprema Corte.
Queda claro de cuál lado de la historia se coloca el actual mandatario. Para Peña Nieto la represión y la televisión son más importantes que la educación, las fuerzas armadas deben servir al poder económico en lugar del pueblo y los extranjeros pueden imponer su voluntad impunemente en todo el territorio nacional. Con razón el papa Francisco teme la mexicanización de su tierra natal y Alejandro González Iñárritu añora la llegada de un gobierno merecedor de la confianza y el apoyo del pueblo mexicano.
En el desalojo de Acapulco, la Policía Federal abatió al gran dirigente Claudio Castillo, egresado de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y fundador de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg). A pesar de sus 65 años y sus dificultades para caminar, con gran valentía siempre acompañaba a sus colegas en las acciones de protesta. De acuerdo con Robespierre Moreno, también dirigente de la Ceteg, su aportación siempre fue el llamado a la unidad, a la no violencia; ese fue siempre su principio más importante; siempre nos decía que dijéramos que sí a la lucha, pero a la lucha pacífica.
Pero para el gobierno de Peña Nieto la vida de un maestro y líder social como Claudio no vale absolutamente nada. Al encargado de despacho de Los Pinos lo único que le importa es generar las condiciones necesarias para seguir haciendo negocios al amparo del poder público.
La buena noticia es que la total falta de imaginación y capacidad autogenerativa del régimen empieza a abrir espacios para el resurgimiento de la oposición democrática. La explosión social del año pasado generó grietas en el poder autoritario que hoy rinden frutos. La rebelión de siete de los 10 partidos con representación en el INE es claro ejemplo. Se ha frenado, aunque sea sólo parcial y temporalmente, el cinismo y parcialidad del consejero presidente, Lorenzo Córdova, y sus compañeros en el Consejo General.
En Guerrero también se abre una importante oportunidad para la regeneración nacional. Gracias a la movilización popular, no solamente se logró encarcelar al narcoalcalde de Iguala y deshacerse de uno de los peores gobernadores que ha conocido la entidad, sino que las tres fuerzas políticas principales en el estado han tenido que dar de baja a sus candidatos originales para las elecciones de 2015. El PRI ya no apoyará a Manuel Añorve o a Claudia Ruiz Massieu, sino que ha lanzado de nuevo al desechable Héctor Astudillo, quien ya fue candidato en 2005 cuando el partido primero perdió la gubernatura del estado.
Tanto el PRD como el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) también tuvieron que desplazar a sus candidatos originales por ser impresentables en la coyuntura actual. Los íntimos vínculos de Armando Ríos Piter tanto con Ángel Aguirre como con Luis Videgaray han hundido sus aspiraciones políticas en el estado. Lázaro Mazón también fue desechado rápidamente por sus vínculos con José Luis Abarca.
Los remplazos elegidos por PRD y Morena los pintan de cuerpo entero. Siguiendo el ejemplo de Peña Nieto con los movimientos en su gabinete, el PRD ha optado por un simple reacomodo de fichas y postulará a Beatriz Mojica, una chucha absolutamente fiel a Aguirre y al régimen. En contraste, Morena ha dado un giro de 180 grados para abrirse a un candidato ciudadano joven, Pablo Amílcar Sandoval, quien es también hijo y nieto de grandes luchadores sociales del estado y con un destacado currículum propio.
Debo ser transparente y aclarar que Pablo Amílcar es también mi cuñado. Precisamente por ello me consta personalmente su gran honestidad e intachable compromiso social. En Guerrero, Morena sin duda cumple con las expectativas ciudadanas al postular a alguien a la altura del momento histórico. Como era de esperarse, Pablo ya ha expresado su apoyo irrestricto a los padres de familia y a los estudiantes de Ayotzinapa, así como hecho suya la propuesta de crear un nuevo constituyente ciudadano. Se abre una enorme oportunidad para unir las fuerzas sociales y políticas en Guerrero y construir por la primera vez en la época moderna del país un verdadero gobierno popular.
johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman

domingo, 1 de marzo de 2015

Cimientos del constituyente ciudadano

México en pos de una nueva Constitución/I
SECCIÓN:ARTICULISTAS FECHA:28 FEBRERO, 2015
Martín Esparza Flores
Trastocada en su sentido social por los cientos de cambios realizados a su articulado por los gobiernos neoliberales a lo largo de tres décadas, la Constitución de 1917 llegó el pasado 5 de febrero a sus 98 años, urgida de una cirugía mayor que salve de su inevitable muerte a sus principios revolucionarios, plasmados en su contenido original a favor del pueblo de México.
Nuestra Carta Maga reclama hoy que sea su pueblo quien le devuelva su cabal salud y le defienda de los embates de una clase política que ha terminado por entregar sus fundamentos de justicia y defensa de la nación a favor de los intereses de los organismos financieros internacionales.
Mexicanos comprometidos en rescatar al país han dado el primero paso en los trabajos de la Asamblea Constituyente Ciudadana-Popular, que reunió el 5 de febrero en el Centro Cultural Universitario a personalidades y líderes de las más diversas organizaciones y expresiones sociales del país entre las que figuraron el pintor Francisco Toledo, el obispo Raúl Vera, el poeta Javier Sicilia, entre otras muchas, estando presente en el histórico evento el Sindicato Mexicano de Electricistas.
De este primer encuentro que habrá de reproducirse por todos los rincones del país convocando a millones de mexicanos a sumarse a la defensa y replanteamiento de nuestra Constitución, quedó en claro que el cúmulo de reformas realizadas de manera indiscriminada e irresponsable a nuestra Ley Fundamental por actual élite política, terminó por desmantelar los postulados sociales plasmados hace 98 años por el constituyente de Querétaro.
Los tecnócratas que desde hace 30 años se apoderaron del control del país destruyeron un articulado que en su momento fue ejemplo a seguir en el todo el mundo por sus conquistas sociales, plasmadas en artículos como el tercero, 27 y 123 que garantizaban el derecho a la educación pública, la propiedad social de la tierra, el derecho al trabajo, a un salario justo y a la seguridad social de millones de mexicanos.
A la fecha, los efectos son devastadores y el cúmulo de reformas aplicadas por un poder legislativo cómplice y servil a las órdenes del ejecutivo, han terminado por trocar las leyes antes justas en mecanismos de control político que han empobrecido a la población, atropellando sus más elementales derechos humanos, cancelando además el desarrollo de todo el país.
Como en su momento lo expusiera el obispo Vera, es tal el tamaño de los daños inferidos a nuestra Constitución, que no puede soslayarse bajo ningún motivo la sentencia emitida en noviembre pasado por el Tribunal Permanente de los Pueblos, en la que se estableció que México “tiene que refundarse” de manera urgente; y con él, su Carta Magna.
Tan sólo en el sexenio de Felipe Calderón y en el actual, se han realizado 153 reformas que terminaron por postrar la soberanía nacional, despojando a millones de mexicanos de su derecho a una vida digna, cancelando el futuro de las nuevas generaciones. Las decisiones políticas se siguen tomando en función de mantener los privilegios de una reducida minoría, sin tomar en cuenta el parecer de millones de mexicanos que son los directamente afectados por la pérdida de sus derechos ante un Estado que abandonó su papel como protector del bienestar de las mayorías.
Por eso, se inició ya por todo el país el nacimiento de un nuevo constituyente que exprese el verdadero sentir de un pueblo que va a empezar a dar la batalla por recuperar el sentido social de su Constitución.