Pedro Miguel
La semana pasada David Korenfeld, aún titular de la Comisión Nacional del Agua, hizo traer un helicóptero de esa dependencia hasta las cercanías de su domicilio, en Huixquilucan, para que lo trasladara, junto con su familia, al aeropuerto capitalino. El afortunado azar quiso que un ciudadano estuviera en condiciones de documentar un abuso, muy menor desde luego, si se le compara con la cantidad de dinero público que dilapidó recientemente Peña Nieto en el fastuoso viaje a Londres en el que se hizo acompañar de más de un centenar de subordinados, servidores, parientes y amigos, pero característico de la actitud con que los integrantes del grupo político-empresarial en el poder ponen a su servicio particular los recursos de la nación.
Tras ser pillado, Korenfeld ensayó un recurso inverosímil para calmar la furia social: difundió una foto de una rodilla equipada con un aparato ortopédico impresionante, explicó que padece quebrantos de salud que no explican nada (porque ni una enfermedad terminal justifica un robo al erario) e hizo un esbozo de humildad y contrición: la disculpa pública y un pago a la Tesorería por el uso de la aeronave que queda en grado de presunto en tanto no exhiba el recibo correspondiente. Esa rodilla recuerda el chantaje sentimental de Angélica Rivera tras el descubrimiento de la todavía opaca residencia de Sierra Gorda (es fruto de mi trabajo) y, al igual que en esa ocasión, multiplicó la indignación en vez de aplacarla, sobre todo porque el director de Conagua fue visto y fotografiado días antes en buena condición física y sin exhibir indicio alguno de alguna dolencia incapacitante que afectara su movilidad hasta el punto de obligarlo a pagarse un traslado en helicóptero a costillas de los contribuyentes. Y también, desde luego, porque el funcionario es el cerebro de un proyecto de ley que pretende colocar los recursos hídricos del país en manos de concesionarios privados y acotar el derecho al agua de los ciudadanos a 50 litros por persona: con eso beban, cocinen, frieguen platos, báñense, laven ropa y limpien el piso; ¿no les alcanza? Pues compren más. ¿No tienen dinero? Pues vivan sucios y sedientos.
martes, 7 de abril de 2015
lunes, 6 de abril de 2015
De nuevo sobre las elecciones
Guillermo Almeyra
En los comicios periódicos, el Estado renueva y pone al día sus organismos de mediación y de dominación (legislaturas, gobernaciones, concejalías municipales) y trata de difundir y afirmar la ideología de las clases dominantes. Por consiguiente, las elecciones son funcionales al Estado y no son el campo donde los trabajadores puedan decidir.
En ese terreno ajeno y hostil, los trabajadores pueden, sin embargo, intervenir de diferentes modos. Si tienen un partido que los represente y que sea reconocido, pueden votar por él, aunque no gane, aprovechando las elecciones para organizarse mejor y, subsidiariamente, conseguir un puesto de lucha legislativo para denunciar la corrupción y las injusticias del régimen y de un Estado que no es el suyo. Si no tienen partido propio pueden optar por los candidatos menos dañinos o más progresistas, pero manteniendo su independencia frente a ellos y a sus partidos. O pueden votar en blanco o nulo (para no dejar de ejercer el derecho al voto, tan duramente conquistado). O también oponer el boicot activo a los comicios si son fraudulentos o se realizan en ausencia de un Estado de derecho.
El principio esencial es utilizar las elecciones para hacer avanzar el grado de conciencia y de organización de los oprimidos y explotados del modo más adecuado al desarrollo concreto, en ese lugar y ese momento, de las luchas por una alternativa social y al nivel local de movilización y comprensión de los trabajadores y los sectores democráticos de la población. No hay, por lo tanto, reglas ni recetas comunes para todos los territorios, todos los estados, todos los momentos, todas las situaciones.
Si en Guerrero y quizás en Michoacán existen hoy las condiciones para superar la abstención pasiva mediante un boicot activo a los comicios y la creación de elecciones, autoridades y organismos alternativos, pero en Chiapas o Sonora, en Aguascalientes, Colima o Nuevo León las condiciones son diferentes, habrá que ver localmente qué es mejor para organizar la protesta democrática, optando por anular el voto, escribiendo 43 o votar críticamente por los candidatos de Morena, si éstos no son desechos priístas y perredistas reciclados y son, en cambio, luchadores. Morena, aunque cuente con el apoyo de mucha gente honesta y valiosa y no sólo de oportunistas, no es una opción, por su pasividad ante los movimientos sociales y por preferir el campo electoral a la organización de la protesta civil debido a su ingenua esperanza en la reforma del Estado desde adentro y en la posibilidad de que Peña Nieto organice elecciones limpias y dé el gobierno a quien las gane.
Pero es una confederación de realidades unidas bajo el manto de la figura de un dirigente providencial. Podría ser que la relación de fuerzas local entre los militantes y luchadores estudiantiles, campesinos, democráticos, sindicales y los candidatos locales de Morena permita negociar y compartir un espacio común, a condición, siempre, de que los primeros mantengan su independencia política frente al aparato del partido al que podrían apoyar si no hubiera otra opción mejor.
Veamos ahora nuevamente qué es el boicot activo. Un lector me preguntó si yo trataría de disuadirlo a garrotazos en Guerrero en caso de toparme con él cuando fuese a ocupar un puesto de autoridad de mesa. Los garrotazos jamás convencen a nadie. No son muy didácticos que digamos, no esclarecen las mentes aún dominadas por los opresores. Los piquetes y movilizaciones deberían discutir con los que quieran ir a votar, no agredirlos. Con toda seguridad esos piquetes y esas movilizaciones serán en cambio agredidos con gases y palos por la policía o por el Ejército. Tienen entonces el derecho constitucional de resistir a la opresión y de defenderse, pero no deben ser nunca los agresores. Porque hay que convencer a los intoxicados por Televisa y el gobierno y separarlos de los fascistas que sacan provecho de ellos. Si, a pesar de los argumentos, esas víctimas del capitalismo insisten en votar por sus explotadores, habrá que dejarlos y esperar a que los hechos les hagan comprender que los piquetes tenían razón. Voltaire decía que defendería hasta la muerte el derecho de los demás de discrepar de lo que él decía, lo cual incluye evidentemente el derecho de los tontos y serviles por falta de conciencia política.
Otra pregunta es si el boicot podrá cambiar la situación en Guerrero, por no hablar de lo que pasa en el país. Muy probablemente no, así como la heroica insistencia de los familiares de los de Ayotzinapa no ha cambiado el país pero sí la conciencia de muchos, tal como las huelgas y las manifestaciones de protesta por sí solas no cambian el régimen, sino sobre todo a los que luchan, que se liberan mentalmente, en vez de someterse como esclavos.
La batalla actual se libra, en realidad, por las conciencias de los mexicanos, por sus sentimientos de solidaridad, incluso de supervivencia como nación. Hay muchos, en efecto, que se resignan a soportar todo. Hay muchos otros que aceptan ser siervos del extranjero o de la oligarquía. Hay, por último, unos pocos que, como buitres, sacan provecho de la atroz explotación de la mayoría, de la negación de trabajo, educación, de futuro, para los jóvenes. El objetivo de una posición electoral justa es influir sobre los meramente ignorantes y separarlos de los explotadores y fascistas.
Las diversas posiciones frente a las elecciones sólo tienen en efecto sentido si se guían por el principio de que hay que ayudar, en la práctica y con la difusión de ideas, a independizarse de los partidos procapitalistas y a combatir contra este Estado, por un nuevo Estado basado en la auto organización, la autonomía, la democracia directa, en asambleas y en la creación de organismos de poder popular. La democracia es sinónimo de liberación de las mentes, de transformación del sometido en sujeto de su liberación.
En los comicios periódicos, el Estado renueva y pone al día sus organismos de mediación y de dominación (legislaturas, gobernaciones, concejalías municipales) y trata de difundir y afirmar la ideología de las clases dominantes. Por consiguiente, las elecciones son funcionales al Estado y no son el campo donde los trabajadores puedan decidir.
En ese terreno ajeno y hostil, los trabajadores pueden, sin embargo, intervenir de diferentes modos. Si tienen un partido que los represente y que sea reconocido, pueden votar por él, aunque no gane, aprovechando las elecciones para organizarse mejor y, subsidiariamente, conseguir un puesto de lucha legislativo para denunciar la corrupción y las injusticias del régimen y de un Estado que no es el suyo. Si no tienen partido propio pueden optar por los candidatos menos dañinos o más progresistas, pero manteniendo su independencia frente a ellos y a sus partidos. O pueden votar en blanco o nulo (para no dejar de ejercer el derecho al voto, tan duramente conquistado). O también oponer el boicot activo a los comicios si son fraudulentos o se realizan en ausencia de un Estado de derecho.
El principio esencial es utilizar las elecciones para hacer avanzar el grado de conciencia y de organización de los oprimidos y explotados del modo más adecuado al desarrollo concreto, en ese lugar y ese momento, de las luchas por una alternativa social y al nivel local de movilización y comprensión de los trabajadores y los sectores democráticos de la población. No hay, por lo tanto, reglas ni recetas comunes para todos los territorios, todos los estados, todos los momentos, todas las situaciones.
Si en Guerrero y quizás en Michoacán existen hoy las condiciones para superar la abstención pasiva mediante un boicot activo a los comicios y la creación de elecciones, autoridades y organismos alternativos, pero en Chiapas o Sonora, en Aguascalientes, Colima o Nuevo León las condiciones son diferentes, habrá que ver localmente qué es mejor para organizar la protesta democrática, optando por anular el voto, escribiendo 43 o votar críticamente por los candidatos de Morena, si éstos no son desechos priístas y perredistas reciclados y son, en cambio, luchadores. Morena, aunque cuente con el apoyo de mucha gente honesta y valiosa y no sólo de oportunistas, no es una opción, por su pasividad ante los movimientos sociales y por preferir el campo electoral a la organización de la protesta civil debido a su ingenua esperanza en la reforma del Estado desde adentro y en la posibilidad de que Peña Nieto organice elecciones limpias y dé el gobierno a quien las gane.
Pero es una confederación de realidades unidas bajo el manto de la figura de un dirigente providencial. Podría ser que la relación de fuerzas local entre los militantes y luchadores estudiantiles, campesinos, democráticos, sindicales y los candidatos locales de Morena permita negociar y compartir un espacio común, a condición, siempre, de que los primeros mantengan su independencia política frente al aparato del partido al que podrían apoyar si no hubiera otra opción mejor.
Veamos ahora nuevamente qué es el boicot activo. Un lector me preguntó si yo trataría de disuadirlo a garrotazos en Guerrero en caso de toparme con él cuando fuese a ocupar un puesto de autoridad de mesa. Los garrotazos jamás convencen a nadie. No son muy didácticos que digamos, no esclarecen las mentes aún dominadas por los opresores. Los piquetes y movilizaciones deberían discutir con los que quieran ir a votar, no agredirlos. Con toda seguridad esos piquetes y esas movilizaciones serán en cambio agredidos con gases y palos por la policía o por el Ejército. Tienen entonces el derecho constitucional de resistir a la opresión y de defenderse, pero no deben ser nunca los agresores. Porque hay que convencer a los intoxicados por Televisa y el gobierno y separarlos de los fascistas que sacan provecho de ellos. Si, a pesar de los argumentos, esas víctimas del capitalismo insisten en votar por sus explotadores, habrá que dejarlos y esperar a que los hechos les hagan comprender que los piquetes tenían razón. Voltaire decía que defendería hasta la muerte el derecho de los demás de discrepar de lo que él decía, lo cual incluye evidentemente el derecho de los tontos y serviles por falta de conciencia política.
Otra pregunta es si el boicot podrá cambiar la situación en Guerrero, por no hablar de lo que pasa en el país. Muy probablemente no, así como la heroica insistencia de los familiares de los de Ayotzinapa no ha cambiado el país pero sí la conciencia de muchos, tal como las huelgas y las manifestaciones de protesta por sí solas no cambian el régimen, sino sobre todo a los que luchan, que se liberan mentalmente, en vez de someterse como esclavos.
La batalla actual se libra, en realidad, por las conciencias de los mexicanos, por sus sentimientos de solidaridad, incluso de supervivencia como nación. Hay muchos, en efecto, que se resignan a soportar todo. Hay muchos otros que aceptan ser siervos del extranjero o de la oligarquía. Hay, por último, unos pocos que, como buitres, sacan provecho de la atroz explotación de la mayoría, de la negación de trabajo, educación, de futuro, para los jóvenes. El objetivo de una posición electoral justa es influir sobre los meramente ignorantes y separarlos de los explotadores y fascistas.
Las diversas posiciones frente a las elecciones sólo tienen en efecto sentido si se guían por el principio de que hay que ayudar, en la práctica y con la difusión de ideas, a independizarse de los partidos procapitalistas y a combatir contra este Estado, por un nuevo Estado basado en la auto organización, la autonomía, la democracia directa, en asambleas y en la creación de organismos de poder popular. La democracia es sinónimo de liberación de las mentes, de transformación del sometido en sujeto de su liberación.
sábado, 4 de abril de 2015
El viacrucis de los jornaleros de San Quintín
Arturo Alcalde Justiniani
El grito desesperado de los jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja California, exhibe esa cara de México que busca ocultarse para mantener un sistema de explotación e impunidad a costa de miles de hombres, mujeres, niños y niñas, que se ven obligados a aceptar condiciones de trabajo y de vida infames para medio subsistir.
Han pasado casi tres semanas de aquel 18 de marzo, hoy día histórico, en que los jornaleros decidieron suspender sus trabajos, abandonar la colecta de jitomate, fresa y mora para plantear un pliego petitorio con reclamos elementales: un salario de 300 pesos diarios por su arduo trabajo, respeto a las prestaciones laborales de la ley federal del trabajo, seguridad social y respeto a las mujeres. Indigna leer su octava demanda: no más tolerancia al acoso sexual de los mayordomos de cuadrilla y/o ingenieros encargados de los ranchos.
La respuesta patronal y gubernamental ha sido lenta, apoyada en tácticas dilatorias, para evitar contraer compromisos, a pesar de que la mayoría de los puntos reclamados son obligatorios por ley. Su estrategia ha consistido en doblegar el movimiento por hambre y la amenaza de acciones represivas. Los ofrecimientos para resolver el conflicto son inaceptables: tan sólo un incremento de 20 pesos diarios, que equivale a 15 por ciento de su salario. Los jornaleros, en una actitud conciliatoria, han reducido su petición al orden de 270 pesos. Apenas supera el límite de pobreza planteado por el Coneval.
Los trabajadores en las 148 colonias de San Quintín plantean los mismos problemas que sufren millones de jornaleros a lo largo y ancho del país, incluyendo diversas regiones del norte en Sinaloa, Sonora, Chihuahua y el resto de Baja California. En cada estado existen historias comunes; lo que es claro es que forman parte de un gigantesco sector abandonado de las políticas oficiales. Su realidad cotidiana es escalofriante: a la falta de servicios elementales como agua, drenaje y habitación, se acumulan los bajos salarios y los riesgos derivados de la exposición a agroquímicos, pesticidas y fertilizantes. Buena parte son indígenas y migrantes en su propio país que se ven obligados a abandonar sus lugares de origen, porque debido a las políticas neoliberales el campo está arrasado.
La mayoría carece de seguridad social, a pesar de que existe obligación para ello. En el caso de San Quintín sólo 20 por ciento está afiliado al IMSS y existe tan sólo un hospital de esta institución; se les cobra el transporte a sus lugares de trabajo y ante cualquier intento de reclamo son reprimidos con la pérdida del empleo, con la amenaza de no volver a ser contratados en ningún lugar. En fin, son víctimas de toda clase de zopilotes.
En virtud de que el sistema de pago está vinculado al destajo, los jornaleros se apoyan en el trabajo de sus parejas y sus hijos. Basta señalar que 45 por ciento de la población es femenina. El producto de la labor de todos ellos se suma al pago que se hace al padre o madre de familia; en el mejor de los casos, únicamente el jornalero es considerado asalariado. La necesidad de la gente que trabaja es tal, que la labor de los menores no se resuelve impidiéndoles su trabajo, razón por la cual fracasan las políticas que se limitan a prohibir el trabajo de los niños, sin asegurar, en cambio, ingresos para que la familia no se vea obligada a hacer este esfuerzo.
Cada ocasión que explota un problema social salen a relucir los parásitos que actúan como cómplices en la postración de los más débiles. En este caso se trata de una red de actores que toman ventaja de la indefensión de los jornaleros. Los líderes de los sindicatos oficiales, con las siglas de siempre, forman parte de esta lista. Por ello el primer punto del pliego petitorio es la revocación del contrato colectivo firmado por la CTM y la CROM con la Asociación de Agricultores, por las graves violaciones a nuestros derechos laborales y humanos. Cualquiera se hubiera imaginado que el reclamo fuera el respeto al contrato colectivo, pero no fue así, porque, como existe en todo el país, se trata de un convenio de trabajo de protección patronal.
En la medida en que pasan los días crece la solidaridad nacional e internacional con estos luchadores en favor de la vida, no sólo por lo justo y elemental de sus reclamos, sino porque se ha exhibido la maraña de intereses que explican su estado de indefensión, encabezados por los propietarios de las empresas agroexportadoras, muchos de ellos, funcionarios gubernamentales que han hecho grandes negocios con este modelo de explotación, aprovechando sus relaciones políticas para lograr que los gobiernos abdiquen de su función fiscalizadora y actúen en complicidad para lograr que la ley sea letra muerta.
A pesar de algunas bajas, el paro de labores logró importantes logros; por un lado, ha roto el bloqueo informativo y sus demandas se extienden en el país; por el otro, ha convocado a una creciente solidaridad al otro lado de la frontera, donde las principales organizaciones gremiales se han pronunciado en su favor concretando una acción binacional sin precedente. Esto fortalece el movimiento, no sólo por la ayuda directa a los jornaleros, sino por la capacidad de presionar a los empresarios en el propio terreno del mercado al que exportan.
El gobierno y los empresarios saben que estos movimientos son una chispa difícil de apagar, en un pajar de tantas iniquidades, por ello se verán obligados a negociar en términos distintos a los planteados hasta ahora, con los jornaleros y con su asociación, la Alianza de organizaciones por la justicia social. Basta un poco de flexibilidad e inteligencia para entenderlo.
Los jornaleros, además del avance que lograrán para mejorar sus condiciones de vida y laborales, tendrán como ganancia haber experimentado el poder de su fuerza organizada de una manera autónoma. Hasta ahora, sólo los empresarios contaban con una organización que representara sus intereses: la Asociación de Agricultores, que es una especie de Coparmex; ahora los jornaleros tienen su alianza, que llegó para quedarse. Ahora y en el futuro tendrán que negociar con trabajadores que tuvieron la capacidad de construir y presentar un reclamo común. Apoyar sus demandas es un deber ético y social.
El grito desesperado de los jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja California, exhibe esa cara de México que busca ocultarse para mantener un sistema de explotación e impunidad a costa de miles de hombres, mujeres, niños y niñas, que se ven obligados a aceptar condiciones de trabajo y de vida infames para medio subsistir.
Han pasado casi tres semanas de aquel 18 de marzo, hoy día histórico, en que los jornaleros decidieron suspender sus trabajos, abandonar la colecta de jitomate, fresa y mora para plantear un pliego petitorio con reclamos elementales: un salario de 300 pesos diarios por su arduo trabajo, respeto a las prestaciones laborales de la ley federal del trabajo, seguridad social y respeto a las mujeres. Indigna leer su octava demanda: no más tolerancia al acoso sexual de los mayordomos de cuadrilla y/o ingenieros encargados de los ranchos.
La respuesta patronal y gubernamental ha sido lenta, apoyada en tácticas dilatorias, para evitar contraer compromisos, a pesar de que la mayoría de los puntos reclamados son obligatorios por ley. Su estrategia ha consistido en doblegar el movimiento por hambre y la amenaza de acciones represivas. Los ofrecimientos para resolver el conflicto son inaceptables: tan sólo un incremento de 20 pesos diarios, que equivale a 15 por ciento de su salario. Los jornaleros, en una actitud conciliatoria, han reducido su petición al orden de 270 pesos. Apenas supera el límite de pobreza planteado por el Coneval.
Los trabajadores en las 148 colonias de San Quintín plantean los mismos problemas que sufren millones de jornaleros a lo largo y ancho del país, incluyendo diversas regiones del norte en Sinaloa, Sonora, Chihuahua y el resto de Baja California. En cada estado existen historias comunes; lo que es claro es que forman parte de un gigantesco sector abandonado de las políticas oficiales. Su realidad cotidiana es escalofriante: a la falta de servicios elementales como agua, drenaje y habitación, se acumulan los bajos salarios y los riesgos derivados de la exposición a agroquímicos, pesticidas y fertilizantes. Buena parte son indígenas y migrantes en su propio país que se ven obligados a abandonar sus lugares de origen, porque debido a las políticas neoliberales el campo está arrasado.
La mayoría carece de seguridad social, a pesar de que existe obligación para ello. En el caso de San Quintín sólo 20 por ciento está afiliado al IMSS y existe tan sólo un hospital de esta institución; se les cobra el transporte a sus lugares de trabajo y ante cualquier intento de reclamo son reprimidos con la pérdida del empleo, con la amenaza de no volver a ser contratados en ningún lugar. En fin, son víctimas de toda clase de zopilotes.
En virtud de que el sistema de pago está vinculado al destajo, los jornaleros se apoyan en el trabajo de sus parejas y sus hijos. Basta señalar que 45 por ciento de la población es femenina. El producto de la labor de todos ellos se suma al pago que se hace al padre o madre de familia; en el mejor de los casos, únicamente el jornalero es considerado asalariado. La necesidad de la gente que trabaja es tal, que la labor de los menores no se resuelve impidiéndoles su trabajo, razón por la cual fracasan las políticas que se limitan a prohibir el trabajo de los niños, sin asegurar, en cambio, ingresos para que la familia no se vea obligada a hacer este esfuerzo.
Cada ocasión que explota un problema social salen a relucir los parásitos que actúan como cómplices en la postración de los más débiles. En este caso se trata de una red de actores que toman ventaja de la indefensión de los jornaleros. Los líderes de los sindicatos oficiales, con las siglas de siempre, forman parte de esta lista. Por ello el primer punto del pliego petitorio es la revocación del contrato colectivo firmado por la CTM y la CROM con la Asociación de Agricultores, por las graves violaciones a nuestros derechos laborales y humanos. Cualquiera se hubiera imaginado que el reclamo fuera el respeto al contrato colectivo, pero no fue así, porque, como existe en todo el país, se trata de un convenio de trabajo de protección patronal.
En la medida en que pasan los días crece la solidaridad nacional e internacional con estos luchadores en favor de la vida, no sólo por lo justo y elemental de sus reclamos, sino porque se ha exhibido la maraña de intereses que explican su estado de indefensión, encabezados por los propietarios de las empresas agroexportadoras, muchos de ellos, funcionarios gubernamentales que han hecho grandes negocios con este modelo de explotación, aprovechando sus relaciones políticas para lograr que los gobiernos abdiquen de su función fiscalizadora y actúen en complicidad para lograr que la ley sea letra muerta.
A pesar de algunas bajas, el paro de labores logró importantes logros; por un lado, ha roto el bloqueo informativo y sus demandas se extienden en el país; por el otro, ha convocado a una creciente solidaridad al otro lado de la frontera, donde las principales organizaciones gremiales se han pronunciado en su favor concretando una acción binacional sin precedente. Esto fortalece el movimiento, no sólo por la ayuda directa a los jornaleros, sino por la capacidad de presionar a los empresarios en el propio terreno del mercado al que exportan.
El gobierno y los empresarios saben que estos movimientos son una chispa difícil de apagar, en un pajar de tantas iniquidades, por ello se verán obligados a negociar en términos distintos a los planteados hasta ahora, con los jornaleros y con su asociación, la Alianza de organizaciones por la justicia social. Basta un poco de flexibilidad e inteligencia para entenderlo.
Los jornaleros, además del avance que lograrán para mejorar sus condiciones de vida y laborales, tendrán como ganancia haber experimentado el poder de su fuerza organizada de una manera autónoma. Hasta ahora, sólo los empresarios contaban con una organización que representara sus intereses: la Asociación de Agricultores, que es una especie de Coparmex; ahora los jornaleros tienen su alianza, que llegó para quedarse. Ahora y en el futuro tendrán que negociar con trabajadores que tuvieron la capacidad de construir y presentar un reclamo común. Apoyar sus demandas es un deber ético y social.
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