Patricia Elena Aceves Pastrana*
Los recortes anunciados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al presupuesto de 2017 han ocasionado la protesta de miembros de las comunidades educativa y científica, ante la merma que sufrirán sus recursos. El análisis de los datos proporcionados por la SHCP, aunado al de presupuestos pasados, muestra que no existe justificación para estos recortes.
Durante la gestión de Enrique Peña Nieto, la SHCP ha estimado, muy por debajo, los ingresos que captará la Federación y que presenta anualmente ante el Congreso de la Unión. En otras palabras, los recursos de los que dispone el gobierno han sido sistemáticamente mayores a los que registra en el proyecto de ley de ingresos, especialmente los provenientes de la recaudación tributaria. De acuerdo con los informes proporcionados por la SHCP, en 2014 este excedente de ingresos fue de 182 mil 334 millones de pesos, en 2015 alcanzó 258 mil 735 millones y para 2016, esta dependencia estima que será de 527 mil 164 millones de pesos.
Es importante resaltar que el destino de estos miles de millones de pesos, en cada ejercicio anual, no se conoce en detalle, por ser recursos adicionales a los presupuestados. Es decir, queda a discreción del Ejecutivo decidir su utilización. Si este excedente multimillonario se administrase con responsabilidad se evitarían los recortes y el aumento de la deuda, que en estas circunstancias resultan a todas luces incomprensibles. Pero no es así; estos millones se derrochan y todavía se gasta más, hasta provocar un déficit en las finanzas públicas.
Al respecto, conviene añadir que el presupuesto de la SEP también ha venido presentando incrementos de recursos no presupuestados. En 2015, el aumento fue de 18 mil 262 millones de pesos, al pasar de un presupuesto asignado de 290 mil 132 millones de pesos a uno ejercido de 308 mil 394 millones. No obstante lo anterior, en ese mismo año, el gobierno hizo recortes a programas de este sector. Tal es el caso del Programa Nacional de Becas, cuyo presupuesto asignado fue de 13 mil 699 millones de pesos y sufrió una reducción de 3 mil 200 millones de pesos, afectando con ello a cientos de miles de estudiantes que no tuvieron acceso a una beca.
Lo contrario sucedió con el Programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, que de un presupuesto asignado de mil 78 millones de pesos en 2015, ejerció al final del año 25 mil 627 millones de pesos, lo cu al representa un incremento de más de 2 mil por ciento. No está de más agregar que en 2014 el presupuesto de este mismo programa pasó de mil 957 millones asignados, a 30 mil 943 millones de pesos ejercidos. En 2016, esta tendencia a la alza parece persistir, pues el presupuesto asignado de 961 millones ya ha sido sobrepasado, en el primer semestre, al haberse ejercido 4 mil 841 millones de pesos.
¿A qué centros educativos han beneficiado estos recursos? ¿Quiénes son los privilegiados que los obtienen? Para estas preguntas, ni los diputados y menos aún los ciudadanos, tenemos respuesta.
Para 2017, el Proyecto de Presupuesto de Egresos muestra un recorte en el ramo de Educación Pública de 31 mil 600 millones de pesos, al reducirse de 297 mil 300 millones asignados en 2016 a 265 mil 700 millones de pesos para el año próximo. Esto representa un decremento de 10.62 por ciento.
En el caso de Conacyt, para 2017, hay una reducción de 8 mil 200 millones de pesos, equivalente a 30 por ciento del presupuesto asignado para 2016, que fue de 35 mil 100 millones de pesos. Si como ya dijimos, la SHCP está estimando para el cierre de 2016, un excedente en los ingresos de 527 mil 164 millones de pesos, cabe preguntar ¿por qué, en este año, se ha castigado a la SEP y al Conacyt con dos recortes presupuestales? ¿Por qué Hacienda ha decidido castigar nuevamente en 2017 y, ahora de manera más severa, a las áreas estratégicas de educación, ciencia, tecnología e innovación? ¿Por qué pretende asfixiarlas?
Es realmente lamentable que la Academia de Ciencias, el Conacyt, el Foro Consultivo, las universidades y los científicos más renombrados tengan que regatear los recursos que les son necesarios para realizar sus actividades, ante unas autoridades incompetentes para conducir al país e insensibles a los sectores prioritarios para el desarrollo nacional.
Hasta ahora, el Ejecutivo y sus secretarios no han justificado por qué eligieron recortar a educación, ciencia y tecnología, ni tampoco el por qué de las cuantiosas asignaciones adicionales a ciertos programas no prioritarios de la SEP.
Ante la difícil situación que enfrenta el país, basta ya de engaños, opacidad y discrecionalidad en el manejo de los asuntos presupuestales por parte de las autoridades responsables.
*Diputada federal
