Jacinta, Alberta y Teresa
Gloria Muñoz Ramírez
Sólo Jacinta, Alberta y Teresa podrán decir si el perdón oficial y público repara las injusticias y el dolor provocado no sólo por unos agentes policiacos, ni sólo por la institución a la que éstos pertenecen –la Procuraduría General de la República (PGR)–, sino por un sistema que las oprime y las margina, no sólo a ellas como indígenas, no sólo a ellas como mujeres y no sólo a ellas como pobres. No es poco, aunque nunca será suficiente, que el Estado sea forzado a pedir perdón a sus víctimas en un espacio de dignidad y decoro para ellas.
Jacinta, Alberta y Teresa, ñañús de la sierra de Querétaro, le ganaron al monstruo de cien cabezas. Su tremenda persistencia en el reconocimiento de su inocencia las sentará este martes frente a los funcionarios que pedirán perdón en nombre del Estado. Perdón por la injusticia de haberlas metido presas, perdón por las violaciones cometidas en su contra, perdón por la fabricación de pruebas, perdón por un veredicto injusto que las sentenció a 21 años de prisión, condena que les arrebató años de su vida.
La pregunta es si este martes 21 de febrero, el Estado pedirá perdón por el olvido, por la explotación, por el racismo sistémico; perdón por la marginación, por la burla, el sometimiento; perdón por el despojo, por las violaciones de todos los días a millones de mexicanas indígenas y no; perdón por levantar un sistema de justicia discriminador y violento que sentencia a decenas de miles de personas por su condición social, económica y cultural, mientras deja libres a los verdaderos delincuentes. A ellos.
Acompañadas en todo momento por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Jacinta, Alberta y Teresa ocuparán el lado de la dignidad y será su voz la que se escuche, mientras del otro lado se sentará la vergüenza, si es que tantita les queda.
Las tres fueron encarceladas acusadas de secuestrar, ellas solitas, a seis agentes judiciales preparados y armados, durante un conflicto suscitado en el mercado de Santiago Mexquititlán, Querétaro, el 26 de marzo de 2006, día en el que los agentes judiciales despojaron a varios comerciantes de sus mercancías, alegando que se trataba de piratería. Cinco meses después fueron por ellas a sus casas y las encarcelaron acusadas de secuestro. Dos años después recibieron la condena: 21 años de prisión y 2 mil días de multa. A Alberta también la sentenciaron por posesión de droga.
Las tres pudieron haber preferido el silencio y la calma luego de su liberación. Nadie se los hubiera reprochado. Pero se negaron a la conformidad y pelearon durante 10 años para llegar a este día. Por eso hoy su victoria es la de los oprimidos, su dignidad la de los de abajo y su mirada, la nuestra.
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