domingo, 25 de septiembre de 2016

Recortes y responsabilidad.

Responsabilidad es el término más utilizado por los funcionarios de Hacienda para referirse al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. Tanto el ex titular de la cartera Luis Videgaray –a quien por una elemental cuestión de tiempos parece natural atribuirle la elaboración de la propuesta–, como su sucesor, José Antonio Meade, han enfatizado en el carácter responsable que, según el gobierno federal, tendrá el gasto público durante el año próximo. Si se toma la expresión como la capacidad para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente (una de las definiciones del diccionario), sin duda que al ejercicio presupuestal le cabe el adjetivo responsable. Pero si, con un criterio menos académico, se recuerda el principio general según el cual un gobierno debe responsabilizarse del bienestar de todos sus gobernados, el calificativo se vuelve bastante más discutible.
En efecto, la serie de recortes que afectan a diversos rubros del gasto social en el proyecto puesto a consideración del Congreso ha generado una comprensible preocupación –lo que es una manera de decir descontento– entre analistas económicos, partidos políticos, agrupaciones sociales y, desde luego, sectores directamente interesados. Por ejemplo, el tijeretazo presupuestario previsto para el agro, calificado de el más agresivo en años por un centro de estudios de la Facultad de Economía de la UNAM, es del orden de 30 por ciento, lo que no augura buenos tiempos para el campo mexicano. De hecho, el organismo calcula que la disminución de recursos se traducirá en 800 mil campesinos más en situación de pobreza, serios riesgos para la soberanía alimentaria y un lapso de al menos una década para recuperar la inversión en el sector. A la luz de esos datos, si algún adjetivo surge de inmediato cuando se piensa en el presupuesto, no es precisamente el de responsable.
Otro tanto sucede con la partida asignada para los pueblos y comunidades indígenas, cuya consuetudinaria precariedad económica los coloca entre las capas más sumergidas de la población. Los casi 11 mil millones de pesos menos que recibirán en 2017 llegaron a inquietar hasta a los propios legisladores del partido en el gobierno, que tanto en corto como más o menos públicamente advirtieron que degradaría aún más un nivel de vida de por sí muy dañado. La eliminación de los fondos anteriormente destinados al programa de Productividad Rural (orientado a pequeños productores), así como el dirigido a las mujeres del campo, más la reducción de 50 por ciento de los recursos aplicables al programa de empleo temporal (para población afectada por situaciones sociales y económicas adversas, emergencias o desastres) constituyen también llamados de atención que difícilmente pueden ser pasados por alto, aunque el flamante titular de la Secretaría de Hacienda argumente que el presupuesto atiende a las condiciones del entorno global.
Ciertamente, la mengua prevista en los fondos para educación pública, investigación, ciencia y tecnología es para intranquilizar a cualquier persona que se interese por el crecimiento y el desarrollo del país; pero la disminución proyectada en rubros vinculados lisa y llanamente con la mera supervivencia tiene un tono mucho más dramático, porque no sólo significa que la sociedad no avanza, sino que retrocede. Y frente a esa perspectiva el presupuesto aparece como responsable... pero de las estrecheces que le aguarden a la población.

Imputaciones falsas

Miguel Concha
Preocupa que sintomáticamente siga habiendo elementos castrenses, incluso de alto rango, que de manera errónea o tergiversada culpen de causante de la impunidad al nuevo sistema acusatorio de justicia penal en el país, como expresó abiertamente hace algunos días un general del Ejército en uno de los estados del norte. Con ello no sólo no se advierte que posiblemente se esté denunciando, en efecto, la arbitraria puesta en libertad de presuntos delincuentes, sino sobre todo que se sigue corriendo el riesgo de criminalizar a personas inocentes, dejando en libertad a los verdaderos culpables. Tal conducta puede deberse entre otras cosas –ciertamente– a posibles fallas en la aplicación de una reforma constitucional por los agentes judiciales, quienes deben seguir siendo diligentemente capacitados para su adecuado manejo; a la falta de conocimiento y experiencia en la persecución del delito, sin violentar derechos humanos; a vicios inveterados en la persecución del delito y la procuración de justicia –como la práctica de la tortura–, pero también a la inconveniencia de que las fuerzas militares se encarguen de labores de seguridad pública, pretendiendo exacerbar al mismo tiempo las funciones de su propio sistema de justicia.

sábado, 24 de septiembre de 2016

A dos años de Ayotzinapa.

Marcos Roitman Rosenmann
¿Cómo pudo suceder? Esa pregunta me sigue atormentando. No hay causa alguna capaz de justificar semejante crimen de Estado. Ni el odio albergado por un presidente municipal y su señora, ni una orden policial acompañada de retazos políticos o una acción de castigo contra los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa. Todo nos hace pensar que fue una decisión política, fríamente calculada, por quienes tenían la obligación de proteger y garantizar el derecho de protesta y manifestación. Y lo más deleznable, encubierto mediante la mentira, buscando distraer la atención hacia una reyerta entre bandas narcotraficantes, donde los estudiantes fueron las víctimas de una acción ejemplarizante. Así, los futuros maestros se trasformarían en potenciales delincuentes, y los hechos se inscribirían en la trágica lista de ajuste de cuentas al interior del crimen organizado y el narcotráfico.
El escenario descrito responde al más puro estilo de la dictadura pinochetista. Asalto a los autobuses que trasportaban a los estudiantes, despliegue militar, asesinato, desaparición forzada de los cuerpos y un relato encubridor capaz de exonerar al poder político municipal, estatal y federal. Es el pacto de impunidad de un narcoestado que libera a los responsables, asumiendo el relato conocido como la verdad histórica, urdida por el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam.
La invención de una trama con sicarios a sueldo de narcotraficantes que mataron, incineraron e hicieron desaparecer los cuerpos en el basurero municipal de Cocula. A este relato se sumará la verdad jurídica, que en estos dos años se ha urdido, con el fin de cerrar el caso. Los culpables están entre rejas; no hay más que hablar. Caso cerrado. Para dar credibilidad a tal falacia se procedió a detener, al mejor estilo hollywoodense, al entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y a su señora. De esta manera, los responsables estaban entre rejas.
Posteriormente, los hechos resultaron obstinados. Para paliar el déficit argumental, un chivo expiatorio, la destitución de Murillo Karam, seguido de las declaraciones del presidente Peña Nieto, subrayando la apertura de investigaciones para aclarar definitivamente los hechos. Toda una parafernalia destinada a crear una cortina de humo, en la cual la investigación se perdiera por vericuetos, dejando sin aclarar la acción militar, la presencia de las fuerzas armadas, el bloqueo de las comunicaciones y el conocimiento fehaciente de las instituciones uniformadas del ataque a los estudiantes, sin olvidar, la manipulación de las pruebas. Y para cerrar el círculo, una campaña mediática, tanto interna como internacional, destinada a solventar el discurso oficial. En este contexto se financia y estrena la producción cinematográfica La noche de Iguala, dirigida por Jorge Fernández Menéndez y Raúl Quintanilla.
La campaña de desprestigio, criminalización de los estudiantes y manipulación es completa. El argumento reafirma la versión oficial: un acto entre bandas rivales. Los Rojos, al cual pertenecería el entonces director de la escuela, y Guerreros Unidos, los justicieros. Sin más que agregar, el problema está resuelto. Sin embargo, todos los estudios realizados por comisiones independientes y organizaciones de derechos humanos van en sentido contrario. Así, el informe entregado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales ha desmontado cada una de las afirmaciones, así como la versión oficial mantenida por las autoridades judiciales y políticas. La respuesta, ante tanta osadía, no ha sido, curiosamente, cambiar la dirección de las investigaciones, desechar la verdad histórica y judicial. La actitud del poder político ha sido desautorizar, ridiculizar y poner en duda los resultados de los expertos independientes. No sólo los insulta, se deja entrever que sus miembros han sido influidos por un estado de ánimo proclive a la versión de los padres, contaminando sus análisis. Tal actitud demuestra la complicidad y el nulo interés por esclarecer los hechos.
México se ha transformado en un Estado sin derecho. Hoy por hoy, el acceso a la verdad se encuentra clausurado. Es necesario reivindicar la justicia. Si la ley es igual para todos, es necesario que el Poder Judicial actúe en consecuencia; no puede seguir encubriendo a los responsables. Los familiares de los estudiantes y sus compañeros han sido invisibilizados y las víctimas, los 43 estudiantes, desaparecidos. A todos ellos, se les ha ninguneado y maltratado. La vergüenza acompaña a la sociedad política mexicana, cómplice de los hechos.
Hay que seguir demandando responsabilidades caiga quien caiga, saber cómo se produjeron los hechos. Si el gobierno mira hacia otro lado, los partidos políticos se inhiben, pasan página; Ayotzinapa forma parte de la historia de la infamia. Semejante crimen de Estado no puede quedar impune, y no hay garantías de que así sea. Como señala en su reciente visita el relator del Alto Comisionado de la ONU, Jan Jarab, el grupo de Naciones Unidas pretende respaldar a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, y las de otros heridos o que perdieron la vida en sus esfuerzos. Estamos en la búsqueda de los cuatro pilares de los derechos humanos (...) que son la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Vivos se los llevaron, vivos los queremos.

Los de Abajo.

 Veinticuatro meses
Gloria Muñoz Ramírez
Veinticuatro meses de búsqueda y nada. Siguen apelando a la justicia, a que el Estado les diga la verdad sobre el paradero de sus 43 hijos. Tocan también las puertas de las instancias internacionales y cualquier ventana que pueda abrirse, pero nada. Su verdadera apuesta, por eso, está abajo, en el reclamo de una sociedad que continúe gritando y exigiendo junto a ellos. La pregunta es si esa sociedad los sigue escuchando y si su dolor e indignación puede transformarse en organización, única posibilidad de cambiar las cosas.
Si usted tuviera un hijo desaparecido, ¿se quedaría sentado o saldría a buscarlo por años?, dice Mario González, padre de César, uno de los 43 futuros maestros desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014. Ninguna de las 43 parejas a las que les arrebataron sus hijos eran activistas. La mayoría jamás había ido a una marcha. Hoy son incontables los pasos que han dado en las calles para exigir la verdad con la pancarta con la foto de su hijo en brazos. Cómo hacerle entender al resto de la gente que de un día a otro la vida puede cambiar de esa manera. Cómo lograr romper el muro de la indiferencia. Cómo no volver, nunca más, a la aparente calma del 25 de septiembre, es decir, un día antes de que a México le cambiara el rostro. Y no era que antes no se supiera. Las cifras de muertos y desaparecidos aumentan desde hace más de una década. Pero Ayotzinapa hizo que las cloacas se abrieran y que de la vinculación del Estado con el crimen organizado no se albergara ninguna duda.
En estos 24 meses los padres y madres de los 43 han conocido el desprecio y la burla gubernamental. Pero también la solidaridad y la resistencia. Recorrieron el país de punta a punta y se encontraron con el México descobijado. Y ahí encontraron una mano. A ella se siguen aferrando, pues solos nomás no pueden.
Hay veces, cuentan, que en el mismo México de abajo les piden resignación para encontrar la paz. Y es en esos momentos cuando se sienten solos. Una voz hermana jamás puede pedirles que acepten lo inaceptable, ni con la mejor intención. La apuesta, de hecho, es a que nadie lo acepte, a que 24 meses después los sigamos buscando con el mismo ahínco.

Opacidad y engaños en el presupuesto 2017 para educación, ciencia y tecnología.

Patricia Elena Aceves Pastrana*
Los recortes anunciados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al presupuesto de 2017 han ocasionado la protesta de miembros de las comunidades educativa y científica, ante la merma que sufrirán sus recursos. El análisis de los datos proporcionados por la SHCP, aunado al de presupuestos pasados, muestra que no existe justificación para estos recortes.
Durante la gestión de Enrique Peña Nieto, la SHCP ha estimado, muy por debajo, los ingresos que captará la Federación y que presenta anualmente ante el Congreso de la Unión. En otras palabras, los recursos de los que dispone el gobierno han sido sistemáticamente mayores a los que registra en el proyecto de ley de ingresos, especialmente los provenientes de la recaudación tributaria. De acuerdo con los informes proporcionados por la SHCP, en 2014 este excedente de ingresos fue de 182 mil 334 millones de pesos, en 2015 alcanzó 258 mil 735 millones y para 2016, esta dependencia estima que será de 527 mil 164 millones de pesos.
Es importante resaltar que el destino de estos miles de millones de pesos, en cada ejercicio anual, no se conoce en detalle, por ser recursos adicionales a los presupuestados. Es decir, queda a discreción del Ejecutivo decidir su utilización. Si este excedente multimillonario se administrase con responsabilidad se evitarían los recortes y el aumento de la deuda, que en estas circunstancias resultan a todas luces incomprensibles. Pero no es así; estos millones se derrochan y todavía se gasta más, hasta provocar un déficit en las finanzas públicas.

Recortes en salud, ¿a quién le toca?

Gustavo Leal F.
Siguiendo a Funsalud, en sus primeros tres años, Peña ofreció universalizar, degradando el derecho a la salud. En los tres finales, con el Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud, pretende hacerlo con acotados paquetes de intervenciones: de carencias sectoriales, precisamente lo contrario de lo que exige la ciudadanía, mejores servicios y ampliación del catálogo de beneficios a su altura ciudadana del siglo XXI; sin suficiencia de personal sanitario motivado y medios para brindar la atención, y con más trabajo sobre los presionados equipos de salud.