sábado, 18 de febrero de 2017

El despeñadero de la unidad nacional.

Enrique Calderón Alzati
Como una clara evidencia de los cambios que requiere nuestro país, las marchas convocadas por los personeros de Televisa, así como por algunos intelectuales, grupos empresariales y lastimosamente por el rector de la UNAM para promover la unidad nacional en torno a Enrique Peña Nieto, terminaron mostrando el nivel de descrédito del Presidente de la República, que a lo largo del presente sexenio se ha dedicado esencialmente a engañar al pueblo de México, por el que una y otra vez ha mostrado su desprecio, tanto como su incapacidad para gobernar.
Ciertamente, estamos viviendo tiempos difíciles ante la llegada de un emperador autoritario, dispuesto a imponer su poder al mundo entero y a sustentar sus acciones en el odio a los que considera sus enemigos, entre los cuales estamos nosotros, los mexicanos, a quienes nos tiene por delincuentes. Ello hace necesaria y vital la unidad nacional, pero ésta no puede darse en torno a un hombre y a un gobierno cuyas acciones pueden ser caracterizadas como actos de delincuencia organizada y de traición a la nación.
Así, las alteraciones a la Constitución y a las leyes que él juró respetar, al asumir la Presidencia de la República, realizadas por los miembros del Congreso, que de acuerdo con la Constitución misma (artículos 39 y 40) deben representar la voluntad del pueblo, significaron un acto de colusión contra los intereses nacionales, en la medida que tales alteraciones nunca fueron consultadas y contradicen el espíritu mismo de las leyes emanadas de la Revolución Mexicana, para beneficiar a unos pocos, poniendo en riesgo la soberanía de la nación.
En ese mismo acto en que Peña Nieto asumió la Presidencia, también protestó actuar mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; sin embargo, en estos cuatro años de gobierno, eso ha sido letra muerta para él y su gobierno, resaltando varios hechos que no podemos olvidar; así, en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa y no obstante su compromiso con los padres de estos jóvenes, el Presidente y su gobierno no sólo han sido incapaces de dar cuenta de lo sucedido, sino que además han obstaculizado las investigaciones. La desaparición y muerte de miles de mexicanos a lo largo de estos cuatro años sin que se conozca lo que a ellos ha sucedido, ni se castigue a los responsables, es una muestra más de su falta de voluntad para cumplir sus compromisos con el pueblo.
El planteamiento del secretario de la Defensa Nacional ha sido claro al afirmar que el papel que le ha sido asignado al Ejército corresponde a las fuerzas de seguridad interna, siendo la función de las fuerzas armadas de carácter temporal, mientras las autoridades preparaban a la guardia civil para asumir dichas funciones; sin embargo, el gobierno de la República ha sido incapaz de superar este problema, sea por falta de voluntad o de capacidad del Presidente y sus colaboradores.

Los de abajo.

 Jacinta, Alberta y Teresa
Gloria Muñoz Ramírez
Sólo Jacinta, Alberta y Teresa podrán decir si el perdón oficial y público repara las injusticias y el dolor provocado no sólo por unos agentes policiacos, ni sólo por la institución a la que éstos pertenecen –la Procuraduría General de la República (PGR)–, sino por un sistema que las oprime y las margina, no sólo a ellas como indígenas, no sólo a ellas como mujeres y no sólo a ellas como pobres. No es poco, aunque nunca será suficiente, que el Estado sea forzado a pedir perdón a sus víctimas en un espacio de dignidad y decoro para ellas.

jueves, 16 de febrero de 2017

La iniciativa ciudadana sobre educación

Lev M. Velázquez Barriga *
Aunos cuantos días de que los diferentes órdenes de gobierno celebraran el centenario de la Constitución de 1917 exaltando sus alcances contemporáneos, en medio de múltiples protestas, denuncias sociales y el descontento generalizado por los cambios sistemáticos que ha tenido nuestra Carta Magna hasta perder su espíritu originario y extinguir derechos fundamentales de la sociedad, la CNTE presentó ante el Senado una iniciativa de ley ciudadana y popular para revertir la última reforma hecha al artículo tercero.
No obstante que en el centro de la rebelión ciudadana está la legítima inconformidad por el aumento a los precios de los combustibles y sus consecuencias en el encarecimiento de la vida, por el impacto negativo que representan de manera inmediata y cotidiana en la economía familiar, la iniciativa de ley para reformar la reforma educativa fue respaldada por más de medio millón de firmas, superando cinco veces el requisito que la legislación exige para aceptarla.
Más allá de las incertidumbres generadas al canalizar la lucha popular a través de las instancias del régimen, la CNTE logra colocar de nueva cuenta el tema educativo y del respeto a los derechos laborales en la agenda nacional, abriéndose paso en el Poder Legislativo como un interlocutor que ha reconocido ciertos fracasos de la reforma educativa y la voluntad de cambiar su cuerpo constitucional, al que por años se había considerado intocable. Esto debe entenderse en su justa dimensión, después de seis meses de recesada la huelga magisterial que cimbró las bases de la gobernabilidad, periodo en el que el Ejecutivo cerró los espacios de diálogo y buscó por todos los medios a su alcance desprestigiar y neutralizar las demandas de la Coordinadora.
La iniciativa de ley pone de manifiesto ante la ciudadanía y el gobierno que los maestros disidentes tienen voluntad de diálogo. Son, además de protesta, propuesta e inteligencia colectiva capaz de hacer efectivo el ejercicio ciudadano de la democracia, de construir desde la soberanía popular oposición al proyecto de reformas neoliberales a través de una alternativa que, además de educacional, tiene como horizonte la emancipación social, frente a un gobierno que está entregando la soberanía nacional a los organismos de la globalización y al avance neofascista de la política invasiva del vecino país del norte.

martes, 14 de febrero de 2017

El fracaso de #VibraMéxico.

Luis Hernández Navarro
Las movilizaciones convocadas por #VibraMéxico este 12 de febrero fueron un fracaso. En Ciudad de México marchó mucho menos gente de la que sus organizadores esperaban. En Puebla salieron a la calle apenas 300 personas, en Hidalgo 200, en Villahermosa 900 y en Oaxaca ninguna.
El tamaño del descalabro en el llamado a marchar en Ciudad de México puede verse en la cantidad de banderas nacionales y anti-Trump que los vendedores ambulantes no alcanzaron a vender. Nos dijeron que íbamos a hacer nuestro agosto y, mire usted: ni para el gasto sacamos, dijo una comerciante mostrando un montón de lábaros patrios en las manos.
La dimensión del golpe puede medirse también por la forma precipitada en que muchos de los convocantes abandonaron la movilización, sin esperar que siquiera se cantara el Himno Nacional a las dos de la tarde. Cubiertos por sus guaruras, muchos pusieron pies en polvorosa poco después de llegar al Ángel de la Independencia y dejarse tomar unas cuantas fotos.
Finalmente, la magnitud del varapalo recibido puede observarse al comparar las cifras de los asistentes a las marchas del domingo con las protestas contra el gasolinazo que se han efectuado en todo el país desde comienzos de 2017.

Trump y EPN: odios diferentes; misma devastación.

Víctor M. Toledo
México como nación y los mexicanos como ciudadanos del mundo hemos venido soportando, desde hace por lo menos tres décadas, una embestida cada vez más dramática que se ha dedicado a quebrar los fundamentos naturales, culturales e históricos del país, y la dignidad, identidad e integridad de sus habitantes. El mismo odio, vociferante e incontrolable, que expresa Trump contra los mexicanos, existe disfrazado y silencioso en la clase política que ha gobernado el país en las últimas décadas. Las acciones antimexicanas de Trump sólo vienen a sumarse a las políticas antinacionales aplicadas por los gobiernos neoliberales de México y sus partidos. Trump y Peña Nieto comparten un mismo proyecto contra México, que ha sido enormemente destructivo de los pilares, valores, historia y cultura de la nación, y depredador de sus regiones, recursos, paisajes y bienes. Se trata de la política de la rapiña, la acumulación desbocada de riqueza, la destrucción obscena de la naturaleza, y una fe ciega en la tecnología, el consumo, el individualismo y el mercado.

lunes, 13 de febrero de 2017

La voz pública de la UNAM

John M. Ackerman
Sin haber realizado la más mínima consulta a la comunidad universitaria, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el doctor Enrique Graue, comprometió la semana pasada a la máxima casa de estudios como convocante formal a las fallidas marchas de Vibra México que tuvieron lugar ayer. Hizo lo mismo el doctor Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, al sumar a la iniciativa la entidad académica donde labora un servidor. Otras autoridades universitarias a lo largo y ancho del país hicieron lo mismo.
Con todo respeto para las distinguidas autoridades universitarias, tenemos la obligación como pensadores libres a reflexionar críticamente sobre esta decisión. Nadie pone en duda el derecho de Graue, de Salazar o de cualquier otro integrante de la comunidad universitaria para asistir e incluso convocar a cualquier marcha o manifestación pública a título personal. Pero cuando lo hacen desde su investidura como autoridades universitarias nos comprometen a todos.
El problema central con la iniciativa de Vibra México es que tiene un evidente sesgo político. La UNAM y el IIJ aparecieron como convocantes junto con agrupaciones como Mexicanos Primero, liderado por Claudio X González, quien fue el autor de la retrógrada reforma educativa de Enrique Peña Nieto, y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Y para que no quedara ninguna duda, el día después de anunciar su participación en la marcha dominical, el rector Graue protagonizó una vistosa conferencia de prensa junto con Aurelio Nuño y también, de manera inexplicable e indignante, la madre del desprestigiado secretario de Educación Pública.
Si bien la convocatoria para Vibra México era estrictamente ciudadana y se enfocaba principalmente en el rechazo a las agresiones de Trump contra México, su objetivo político era claro: respaldar al mal gobierno de Peña Nieto y deslindar a Luis Videgaray de cualquier responsabilidad por su complicidad directa con Trump.