martes, 6 de diciembre de 2016

La guerra contra las escuelas multigrado
Luis Hernández Navarro
Más de 100 mil pequeñas escuelas están sembradas en las comunidades rurales más incomunicadas del país. En ellas, uno o dos maestros enseñan los seis grados de educación primaria, en un solo salón de clases, a niños de todas las edades y niveles de instrucción. Se les conoce como multigrado.
Sus aulas carecen de pupitres, bancas, escritorios y hasta de pizarrones. Con frecuencia tienen piso de tierra y techo de lámina. Muy pocas son territorio Telcel. Cuatro de cada 10 escuelas en el país no tienen drenaje, en tres no hay agua y en una hacen falta electricidad y sanitarios.
Los profesores que enseñan en ellas deben vivir allí. Trasladarse a ellas desde los grandes centros urbanos les toma horas. Deben hacerlo en transporte público en pésimo estado e incluso por tramos a pie. Con harta frecuencia, para su alimentación y hospedaje dependen de la buena voluntad de los padres de familia.
Los niños que asisten a estos planteles son en su mayoría pobres. Setenta y ocho por ciento están considerados parte de familias que viven en alta y muy alta marginación. Muchos llegan a clases con el estómago vacío, sin probar bocado, después de caminar por agrestes senderos. No pocos deben, además de estudiar, ayudar a sus padres en labores agrícolas, recogiendo leña o acarreando agua.
Los maestros no sólo dan clases simultáneamente en todos los grados. Son, al mismo tiempo, intendentes, secretarios y directores. Como pueden, organizan actividades deportivas y artísticas. Carecen de materiales escolares, de metodologías acordes con esa realidad y del apoyo institucional para hacer bien su trabajo.
No obstante sus enormes penurias, han dado resultados dignos. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 85.73 por ciento de los más de 5.25 millones de niños entre seis y 14 años, que viven en comunidades de no más de 2 mil 500 habitantes, saben leer y escribir. La media nacional para ese mismo segmento de la población es apenas ligeramente inferior: 87.46 por ciento.

Áreas protegidas y concesiones petroleras.

En el contexto de la 13 Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidos (COP-13), realizada en Cancún, Quintana Roo, el presidente Enrique Peña Nieto decretó ayer cuatro nuevas áreas naturales protegidas –tres de ellas, parte del patrimonio marítimo– y cinco zonas de salvaguarda, y decretó medidas de protección para el Caribe mexicano, donde se localiza el segundo sistema de arrecifes más grande del mundo. Las otras áreas beneficiadas por esas medidas se localizan en las islas del Pacífico, frente a la península de Baja California; en el Pacífico profundo, de Chiapas a Nayarit; alrededor de las islas de Revillagigedo, y en la Sierra de Tamaulipas.
De acuerdo con el anuncio, la integridad de las zonas marítimas referidas será supervisada por la Marina-Armada de México y en ellas quedará prohibida la extracción de hidrocarburos. Según Peña Nieto, 14 por ciento del territorio nacional tiene ya el estatuto de área natural protegida.
Los anuncios referidos constituyen, sin dudarlo, una buena noticia, y son un paso en la dirección correcta para frenar el preocupante deterioro ambiental de México y del mundo en general, y la COP-13 es un marco adecuado para dar a conocer tales disposiciones ambientales.
Debe señalarse, sin embargo, que las directivas dadas a conocer ayer por el titular del Ejecutivo federal no son, por sí mismas, suficientes para garantizar la protección ambiental de las zonas mencionadas. Como ocurre con cualquier otro marco legal o normativo, se requiere, además, de voluntad política del conjunto de la administración pública y de los distintos niveles de gobierno, de acciones de educación y cultura ambientales y de un combate a la corrupción para impedir la colusión de empleados públicos en actividades clandestinas que medran con la degradación ambiental.
Por otra parte, resulta ineludible preguntarse por la consistencia de un quehacer gubernamental que por un lado instaura disposiciones de protección ecológica y por el otro prosigue la entrega de vastas extensiones de territorio a empresas extractivas que se caracterizan precisamente por la devastación ambiental que dejan a su paso y por su nulo interés en preservar el entorno en el que operan, como es particularmente claro en el caso de las petroleras.
La observación viene al caso porque ayer también, en aplicación de la reforma energética, fueron adjudicadas ocho áreas del territorio que en unos tres meses empezarán a ser explotadas por compañías de China, Noruega, Malasia, Estados Unidos, Francia y Japón, algunas asociadas con Petróleos Mexicanos y dos empresas mexicanas más.
Tales resultados de lo que fue la cuarta licitación de la ronda uno hacen temer a mediano plazo impactos ambientales severos en las zonas que fueron entregadas a la extracción privada. Debe considerarse, al respecto, que los consorcios extractivos suelen hacerse del control general y discrecional de los territorios en los que operan, conformando verdaderos poderes paralelos a los del Estado. México padeció este fenómeno en carne propia hasta la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938, y circunstancias similares o peores han tenido lugar en fechas más recientes en otras naciones, como Nigeria, donde las petroleras destruyeron un extenso tramo del río Níger.
Cabe preguntarse, en suma, si la institucionalidad mexicana está en condiciones de matener una efectiva protección ambiental, tanto en las zonas que fueron declaradas protegidas como en las áreas que al mismo tiempo fueron entregadas a la explotación petrolera.

Esperanza oaxaqueña John M. Ackerman.

Oaxaca está en ruinas. La esperanza del gobierno de la transición de Gabino Cué muy rápidamente se convirtió en una pesadilla marcada por la represión, la impunidad y malos manejos financieros. Como Vicente Fox y Felipe Calderón a escala nacional, Cué desperdició una oportunidad de oro para transformar la forma de ejercer la autoridad y de relacionarse con la ciudadanía.
Pero el retorno del PRI en Oaxaca en 2016 amenaza ser aún más desastroso que el regreso del PRI al nivel federal desde 2012. El nuevo gobernador, Alejandro Murat, pertenece a una nueva generación de gobernadores del PRI que ha resultado ser aún más cínica y corrupta que sus predecesores. Bebesaurios, como Javier Duarte, Humberto Moreira, Manuel Velasco, Rodrigo Medina, Tomás Yarrington, César Duarte y el mismo Enrique Peña Nieto, han sido un total desastre para el país y para sus entidades federativas. En las próximas elecciones para gobernador en el estado de México, en 2017, Alfredo del Mazo Maza ya se prepara para repetir el mismo guión.

sábado, 3 de diciembre de 2016

El Señor T.

Gustavo Gordillo
¿Cuál es la disputa? La disputa no es por reafirmar la soberanía de México aunque la incluye, no es por los derechos fundamentales que están desde luego en el centro. Se trata de una batalla cultural entre quienes asumen la democracia liberal –y sus consecuencias– y la democracia iliberal promovida por los populismos de derecha. Conviene revisar los textos de Fareed Zakaria aquí, de Steven Levitsky sobre el autoritarismo competitivo acá y de Guillermo O’donnell sobre democracia delegativa acullá.
Tomemos en serio al Sr. T. Es un mentiroso serial –no distingue la verdad de la mentira, sino se cree sus propias mentiras–, un racista consumado y un bribón que sistemáticamente evade las leyes. No cree en la democracia salvo si le beneficia, no cree en la igualdad de género, salvo en breve retórica en un mar discursivo misógino, cree en los negros y latinos que lo apoyan y promueve una versión extrema del capitalismo de compadritos. Representa no el fin del neoliberalismo sino su punto de éxtasis mayor.
El Sr. T no es un político cualquiera. Que sea un truhan no lo hace un político cualquiera. Ha sabido encontrar en las debilidades e insuficiencias de la democracia estadunidense las vetas de racismo, del fanatismo y de la intolerancia que han acompañado desde el inicio de su historia a Estados Unidos. Es anti elitista en campaña para asegurarse el caudal de votos de las clases medias blancas en decadencia en las zonas ex manufactureras del medio oeste. Pero nombra en su gabinete a la quinta esencia del establishment republicano y de Wall Street. El conflicto de intereses será la segunda piel de la presidencia del Sr. T.
Las promesas que sí cumplirá el Sr. T. La estrategia de negociación del Sr. T está perfectamente delineada en el libro que no hizo él sino su biógrafo arrepentido. Su estrategia es intimidar haciendo efectivos algunos actos hostiles para generar así una amenaza creíble. Juega más con las expectativas que con los hechos. Para hacer creíble sus amenazas hacia el mundo, va a cumplir algunas de sus promesas de campaña notablemente las que más afectan a México.

Plan Revolucionario.

Abraham Nuncio
Alguien muy cercano a mí me escribió: Para los tiempos difíciles que se avecinan, América Latina necesita líderes de la talla de Fidel: con ingenio para la política y los pantalones bien fajados para enfrentar al imperio... Quizá la fuerza de la amenaza que ya se cierne sobre nuestros países sea la que haga surgir otro Bolívar, Juárez o Castro.
Con mayor modestia, y restringido a lo más inmediato y que no podemos soslayar, 2018, pienso si hay alguien en México que tenga esa capacidad. Quienes aspiran al poder presidencial –aún el más determinante en el mando político de México– son, en su cegadora mayoría, individuos oportunistas, trepadores, frívolos, trumpistas, aparecidos con alma de mercaderes o de lameclámides, ajenos a nuestra historia y al pueblo, a sus demandas y necesidades.
Puede haber más de una excepción. Por ahora yo sólo veo una. Se llama Andrés Manuel López Obrador. Es un político de convicciones probadas en la práctica, en el conocimiento, el compromiso con los grandes problemas nacionales y en la reflexión constante en torno a ellos. ¿Tachas? Por supuesto; pero son menores que sus virtudes.

IMSS

Gustavo Leal F.*
El 14 de julio de 2016, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola, declaró que el organismo es hoy más público y social que nunca: no se privatizará. Las evidencias de su actuar lo contradicen por entero.
El 3 de junio, el IMSS comunicó que los cambios al esquema de contratación de servicios médicos integrales de laboratorios y análisis clínicos en ningún momento afectan los derechos de los trabajadores. Antes se anunciaron los resultados de tres licitaciones que ahorrarían casi 4 mil 500 millones de pesos durante tres años, por la implementación de mecanismos de competencia, transparencia y equidad: la de laboratorio de análisis clínicos contratará con particulares de equipos y reactivos para estas pruebas. Sólo algunos exámenes más complejos de muestras –tomadas en clínicas familiares– se procesarán en hospitales generales. Con esos equipos contratados a privados mejorará la calidad de la atención.
Poco después, laboratoristas del IMSS (10 mil 250 trabajadores en 570 laboratorios) marcharon para denunciar que la subrogación –240 pruebas de 365 contempladas– de Arriola provoca retraso y resultados erróneos: de 70 resultados, los 70 fueron inviables, eran resultados falsos. Además, agregaron, la licitación implica sustitución de equipo por otros de menor calidad.