Comunicado

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AVISO IMPORTANTE!!!

Detenciones y violencia injustificadas

En los días posteriores al sábado primero de diciembre surgieron diversos elementos que prueban la conducta injustificada de los efectivos policiales durante la represión de las protestas por la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente, así como documentos que sugieren la connivencia entre agentes del orden y sujetos que ese día protagonizaron actos de vandalismo en el Centro Histórico de la capital: videos, testimonios, declaraciones e inconsistencias en las versiones oficiales indican, por una parte, que los cuerpos del orden actuaron en forma errática, en el menos peor de los casos; que algunos de sus efectivos lesionaron deliberadamente a varios manifestantes; que muchas de las detenciones fueron efectuadas en forma arbitraria y sin que hubiera flagrancia, y que pudo haber una vinculación operativa perversa entre autoridades no identificadas y provocadores usados para crear un ambiente de confrontación.
De lo anterior se desprende, por una parte, que buena parte de los 67 detenidos que hasta ayer aún continuaban presos por los desmanes en el primer cuadro de la ciudad son inocentes de los cargos que se les pretende imputar y, por el otro, que existió un descontrol, un designio de atizar la violencia, o ambas cosas, en las corporaciones federal y capitalina.
Ayer, Amnistía Internacional se sumó, mediante un comunicado, a la demanda que enarbolan diversas organizaciones sociales y humanitarias del país de poner en libertad a los ciudadanos manifiestamente inocentes que fueron capturados el sábado anterior y pidió que se investiguen los excesos represivos cometidos por las fuerzas policiales.
Los reclamos resultan procedentes por cuanto muchos ciudadanos se encuentran hoy en la cárcel sin haber cometido delito alguno y en la medida en que ni las instancias federales ni las capitalinas han manifestado, hasta el momento, una intención verosímil de investigar los excesos policiales perpetrados el sábado pasado.
Justamente ayer, en momentos en que Miguel Ángel Mancera tomaba posesión como nuevo gobernante de la ciudad, familiares, amigos y compañeros de los detenidos se manifestaron afuera de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El hecho es significativo, porque el nuevo jefe de Gobierno hereda un conflicto que deberá encarar y resolver en forma prioritaria, por cuanto la continuidad que ofreció en su discurso inaugural no debe convertirse en encubrimiento de abusos de poder.
Otro tanto ocurre con el gobierno federal que asumió el día de los hechos: el nuevo procurador, Jesús Murillo Karam, tiene ante sí la obligación legal de esclarecer las agresiones policiales que dejaron a un manifestante en estado de coma, a otro sin un ojo y a varios más con lesiones de diversa gravedad. De otra manera, los sucesos del primero de diciembre se convertirán en una marca inaugural negativa para la administración de Peña Nieto y en la confirmación de los temores externados por muchos sobre los riesgos del regreso del priísmo a la presidencia.

Facilitan fraude a la CFE y... nada

Pierde paraestatal dinero y turbinas y no hay responsables
Giran funcionarios 32 millones de dólares a paraíso fiscal en el Caribe
  Reforma País: /México Fuente: Periódico
Publicación: 05/12/2012
Autores: Alejandra López
(5 diciembre 2012).- A más de dos años de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desembolsara 32 millones de dólares como adelanto para la instalación de 3 turbinas en la central de Agua Prieta II, la paraestatal sigue sin turbinas, sin recuperar el dinero y sin nadie que responda por este fraude.
La compañía Mitsubishi Power Systems America, fabricante de los equipos, no recibió el pago por los mismos y los tiene sin que se puedan utilizar, mientras que el apoderado de la empresa FGG Enterprises, proveedor de las turbinas a la CFE y que recibió un pago millonario, se encuentra detenido en Estados Unidos acusado de lavado de dinero.
Los responsables directos en la CFE de la operación fraudulenta fueron Eugenio Laris Alanís, actual director de Proyectos de Inversión Financiada, y Alberto Ramos Elorduy, subdirector de Desarrollo de Proyectos, suspendido de su puesto mientras se realizan las investigaciones.
La empresa FGG, a la que la CFE ha demandado, se constituyó en Nevada el 3 de abril de 2009, días después de que se lanzara la licitación de las turbinas, el 23 de marzo, lo que resultó en un contrato de 121 millones de dólares.
El fabricante de las turbinas es Mitsubishi Power Systems America, que las sigue teniendo en su poder.
De acuerdo con información obtenida a través de Transparencia, para recibir las turbinas FGG inicialmente ofreció en garantía a la paraestatal una carta de crédito por 20 millones de dólares.
Sin embargo, Ramos Elorduy aceptó que en lugar de la carta de crédito se diera en garantía una carta prendaria de las turbinas a pesar de que aún no eran propiedad de FGG.
Adicionalmente, el 3 de marzo de 2010, Laris Alanís, superior jerárquico de Ramos, aceptó que el pago del anticipo a FGG se hiciera en una cuenta del First Caribbean International Bank, ubicado en Islas Turcas y Caicos, un paraíso fiscal del Caribe.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, los contratos no deben modificarse para ofrecer ventaja a un proveedor.
"Las dependencias y entidades se abstendrán de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente", expone.
Las transferencias se hicieron el 8 de marzo de 2010 para los primeros 20 millones y el 6 de julio por 12 millones, pero Mitsubi-shi sólo recibió 18 millones.
Al no obtener más pagos, el fabricante se quedó con sus turbinas y éstas nunca se entregaron. Actualmente, esos equipos están en Japón y Francia.
La garantía prendaria tampoco pudo hacerse efectiva, ya que las turbinas nunca fueron propiedad de FGG, cuyo apoderado legal, quien estuvo al frente en todo el proceso, Marco Delgado, está preso en Estados Unidos acusado de lavado de dinero por 600 millones de dólares provenientes del Cártel de los Valencia.
La CFE apenas rescindió el contrato con FGG en mayo pasado y demandó a la empresa por 44 millones de dólares.
Los implicados
El primero aceptó una carta prendaria en lugar del crédito, y el segundo autorizó depositar el dinero en un paraíso fiscal.
Alberto Ramos Elorduy Subdirector de Desarrollo de Proyectos Suspendido
Eugenio Laris Alanís Director de Proyectos de Inversión Financiada En funciones

SME pide a Peña Nieto inclusión de sindicatos

Martín Esparza señaló que el nuevo gobierno no puede dejar fuera a los sindicatos independientes del Plan Nacional de Desarrollo; anunció que enviará a Segob un escrito para seguir con la mesa de diálogo.
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto incluya a los sindicatos democráticos y a todas las organizaciones sociales en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND), en donde esa agrupación presentará su propuesta en temas como el energético y combate a la pobreza, informó el dirigente Martín Esparza.
Anunció que hoy presentarán a la Secretaría de Gobernación un escrito para dar continuidad a la mesa de diálogo para solucionar el conflicto derivado de la extinción de Luz y Fuerza del Centro.
En conferencia de prensa, el secretario general del SME, expuso que al interior de su organización se analizan las 13 acciones que emprenderá la administración de Peña Nieto y con base en la Constitución presentarán su propuesta para el PND.
"Creemos que no pueden dejar fuera de este debate nacional a los sindicatos independientes y organizaciones democráticas, debe haber un ejercicio en donde los incluyan", insistió Esparza, quien rechazó cualquier decisión tendiente a privatizar el sector eléctrico o petrolero, por lo que harán planteamientos en este y otros temas, como también en medio ambiente, campo y en derechos humanos.
Expuso que tienen propuestas para fortalecer Petróleos Mexicanos (Pemex), la industria eléctrica y el campo, sin descuidar el sector productivo con respeto a la soberanía alimentaría.
Sobre el Pacto por México, dijo que al interior del SME, dijo que para las decisiones en beneficio del país, "creemos que es momento de retomar lo que establece la Constitución y las decisiones no pueden ser sólo partidos, de la cúpula empresarial y gobernantes, sin que se haga un diagnóstico muy claro de lo que se hace en el país y los que están directamente viviendo la realidad son quienes están en las organizaciones sociales".
Por otro lado, al referirse a las acciones violentas del pasado 1 de diciembre, Martín Esparza sostuvo que esos actos los protagonizaron grupos de choque infiltrados, por lo que rechazó la criminalización del Movimiento #Yo soy 132, así como de otras organizaciones sociales, por lo que al respecto, el SME demandó en un pronunciamiento la liberación de los que fueron detenidos injustamente.
En el pronunciamiento leído por el secretario del Exterior, Humberto Montes de Oca, el SME se deslindó de esos acontecimientos, pues no participaron en las protestas en San Lázaro ni en el acto en la glorieta del Ángel de la Independencia que encabezó Andrés Manuel López Obrador y expresó que condena la criminalización de los movimientos sociales que se expresaron en pleno uso de sus derechos constitucionales.
Subrayó que debe investigarse quienes están de esos grupos de choque y consideró que con la criminalización del movimiento social se endurece la postura hacia este y se abre la puerta para la represión de los luchadores sociales. Lo del pasado 1 de diciembre, "fue parte de un montaje para reprimir a la organización independiente y autónoma del pueblo".

Se incendia mufa afuera de la ALDF

W RADIO | DICIEMBRE 4 DE 2012
Comercios cercanos y oficinas fueron desalojados por el incidente
 Por Víctor Sandoval
México.- Intensa movilización policiaca provocó la explosión de un registro subterráneo eléctrico, conocido como mufa en la colonia Centro, los hechos ocurrieron en las calles Donceles y Allende a las afueras de la Asamblea Legislativa.
A consecuencia del estallido e incendio se desalojó oficinas y comercios cercanos, no hubo lesionados, bomberos, personal de Protección Civil y de la Comisisón Federal de Electricidad (CFE) laboraron en este punto, para evitar se propagara el fuego a otros registros subterráneos en medida preventiva se cortó el suministro eléctrico, en la zona para facilitar las maniobras de los trabajadores que repararon el desperfecto.
Con la finalidad de evitar otro accidente relacionado con los registros de energía eléctrica, se ordenó revisar todos los cercanos a esta zona de la Asamblea Legislativa, hay que tomar en cuenta que este miércoles se realizará la ceremonia de cambio de poder del jefe Gobierno del DF donde estarán Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera así como los invitados especiales a este evento por lo que por medidas de seguridad mantendrá una cuadrilla de bomberos y de la CFE en el perímetro para atender cualquier eventualidad.

Inicia Profepa proceso de sanción contra la CFE por daños en Cacaluta, Oaxaca

ESTADOS • 4 DICIEMBRE 2012 - 4:35PM — OSCAR RODRÍGUEZ
Luego de realizar una inspección en la zona dañada se observó que la CFE está incumpliendo términos y condicionantes, tanto en materia forestal como de impacto ambiental, indicó la Profepa.
Oaxaca • La Procuraduría de Protección al Medio Ambiente (Profepa) inició un proceso de sanción contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por el impacto generado a la playa de Cacaluta, donde se construye una subestación de la paraestatal.
La delegada de la dependencia federal, Laura Ernestina Aguilar Chagoya, informó que luego de realizar una inspección en la zona dañada se observó que la Comisión Federal de Electricidad está incumpliendo términos y condicionantes, tanto en materia forestal como de impacto ambiental, establecidas en las autorizaciones.
Refirió que la paraestatal no presentó el proyecto de acondicionamiento a la estabilización de taludes, revegetación con especies nativas, protección de terrazas, drenes de agua pluvial, infiltración de agua de lluvia y mantenimiento de caminos; tampoco ha realizado las prácticas de restauración de suelos.
Dijo que tampoco ha realizado el picado, triturado y acomodo del material producto del desmonte, lo que obstruye el cauce y desalojo del agua pluvial, al mismo tiempo que ha cumplido con el manejo adecuado respecto de los residuos, ya que en el lugar del proyecto se observó la existencia de manchas de aceite gastado y residuos sólidos.
Por lo anterior, adelantó la Profepa que con base en los términos legales aplicables, se iniciarán los procedimientos administrativos en materia forestal y de impacto ambiental en contra de la CFE, en los que se le ordenarán las medidas correctivas correspondientes, consistentes en la realización de los incumplimientos encontrados.
Como se informó el pasado 27 de noviembre, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) pidió a la CFE suspender temporalmente las obras de construcción de esta subestación eléctrica.
Así que para que las pueda continuar, la paraestatal deberá cumplir con las medidas correctivas que le está imponiendo ahora la Profepa.
El proyecto inspeccionado consiste en la "Subestación eléctrica Cacaluta, con ubicación en el Municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca; cuenta con autorizaciones en materias de cambio de uso del suelo e impacto ambiental, expedidas por la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la Semarnat y por la delegación federal de esta dependencia en Oaxaca, respectivamente.
Aguilar Chagoya informó que en el recorrido se observó un avance del 0.5 % aproximadamente de la Subestación eléctrica Cacaluta, consistente en un terreno de forma irregular, observando una brecha, así como árboles de vegetación natural derribados y esparcidos sobre el mismo terreno, en una área de siete mil metros cuadrados, aproximadamente; también se observan cactáceas, entre ellas, nopales y cactáceas columnares dañadas.
En tanto el diputado del Partido del Trabajo, ex líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Flavio Sosa, demandó recientemente la renuncia del delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Álvaro Esteban Ortiz Rodea así como de los funcionarios responsables de emitir un estudio de impacto ambiental para autorizar la construcción de una subestación de la Comisión Federal de Electricidad en la Playa de Cacaluta, ubicada en el destino turístico de bahías de Huatulco, donde se cometió un ecocidio al ser desmontada y devastada una hectárea de bosque.
Ante la queja expuesta por Sosa el pleno de la Cámara de Diputados acordó la integración de una comisión especial para investigar lo sucedido.
El legislador considero que debe ser llamando a cuentas todos aquellos funcionarios que se atrevieron a firmar los permisos y convenios de construcción en la zona afectada, considerando como inviable que se utilice una zona de reserva ecológica parea fincar una infraestructura de tal magnitud.
“no estamos en contra del desarrollo, ni de las modernizaciones de la infraestructura, sino de la forma como se hacen las cosas en la burocracia, pisoteando los derechos ciudadanos y ahora hasta dañando y matando al medio ambiente”.
Reprocho también que en el caso de la playa de Cacaluta, quienes autorizaron los permisos, no se percataron que en el sitio también hay vestigios arqueológicos de un importante valor identitario y cultural, que podrían ser afectados debido a la remoción de suelos.
Expuso que la zona donde que se ha designado para la construcción de la Subestación Eléctrica de Cacaluta, forma parte de micro cuenca del Río Cacaluta, la cual está ubicada al noroeste de Santa Cruz Huatulco y en las estribaciones de la Planicie Costera y Sierra Madre del Sur.
Dijo que en esta microcuenca se cuenta con uno de los escasos humedales claves para la alta biodiversidad del Parque Nacional Huatulco.
Refirió que enviara una carta de denuncia a organismos internacionales, incluso grenpece por que con el daño generado a la playa de Cacaluta se afectaron los ciclos biológicos de 51 especies de mamíferos, 291 especies de aves, 145 especies de flora incluyendo orquídeas, y en la parte marina 8 especies de coral y más de 100 especies de peces, moluscos, y crustáceos, entre ellos la presencia del caracol purpura cuyo refugio es la zona rocosa intermareal con alto valor cultural y 5 especies de tortugas marinas.

Boletín de Prensa

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La batalla de la Alameda

Luis Hernández Navarro
La toma de posesión de Enrique Peña Nieto estuvo marcada por las dos caras de una misma moneda: por un lado, el supuesto acuerdo de la clase política en su conjunto; por el otro, las violentas protestas callejeras.
¿Cómo explicar que en el preciso momento en el que los dirigentes de los tres principales partidos políticos firman un Pacto por México el descontento contra Peña Nieto estalla violentamente en el Distrito Federal y estudiantes son golpeados en la ciudad de Guadalajara?
Por principio de cuentas, porque el Pacto por México es un acuerdo cupular, negociado en lo oscurito, no consensuado, que deja fuera a actores fundamentales de la vida política nacional. Fue signado cuando las heridas del pasado proceso electoral están aún abiertas. Jesús Zambrano, el líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se sumó a él contra la opinión mayoritaria de su partido. Andrés Manuel López Obrador lo rechaza. Un muy amplio sector de organizaciones sociales lo detestan. Los dirigentes de Nueva Izquierda pueden firmar lo que quieran, pero ellos no representan al México de abajo.
Un primer aviso del descontento social existente en el país y de lo que podría suceder en la toma de posesión de Peña Nieto se tuvo el pasado 15 de octubre en Michoacán, cuando miles de ciudadanos enardecidos se movilizaron en Morelia para protestar contra la brutalidad policial.
El 1º de diciembre la violencia estalló por diversas razones. Eso, a pesar de que tanto la Convención Nacional contra la Imposición (CNI) como el movimiento #YoSoy132 y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) llamaron a efectuar una protesta pacífica. Dentro de la convención algunos grupos reivindicaron la realización de acciones directas, pero la posición oficial y mayoritaria fue siempre la de dar cauce pacífico y legal al descontento. Su intención era repudiar a Peña Nieto y formar un cerco humano contra las vallas en las que se atrincheró.
Por su parte, con prudencia, Andrés Manuel López Obrador convocó a una movilización pacífica en el Ángel de la Independencia, a varios kilómetros de San Lázaro y el Zócalo, donde se celebraban las ceremonias oficiales.
La violencia del 1º de diciembre surgió de la sumatoria de cuatro factores que terminaron generando un efecto avalancha. Estos son: 1) el inusitado y exagerado despliegue de fuerza policiaca, y la torpeza con que se condujeron las actividades de disuasión; 2) el enorme enojo de amplios sectores de la juventud y de la población organizada, alimentado por la violencia gubernamental; 3) la actividad de pequeños grupos de activistas antisistema, que decidieron realizar acciones directas ejemplares, amparándose en la presencia en las calles de movimientos sociales en los que ellos no tienen influencia política; 4) la infiltración de grupos de provocadores, que protagonizaron acciones de vandalismo.
Las fuerzas policiacas lanzaron de manera absurda decenas de bombas de gases lacrimógenos (se habla también de gases pimienta), que fueron devueltas por los manifestantes. Dispararon, también, balas de goma, piedras, botellas y palos. Detuvieron arbitraria y violentamente a manifestantes. La represión fue salvaje. La información de la muerte de un activista a manos de las fuerzas del orden, difundida en Twitter pero también en la radio comercial, provocó una ola de indignación y coraje.
En San Lázaro, los contingentes organizados de maestros, estudiantes, colonos y trabajadores mantuvieron un orden relativo. Sus dirigentes hicieron constantes llamados a no caer en provocaciones. Las redes sociales informaban con profusión sobre lo sucedido. Los choques con la policía fueron protagonizados por pequeños grupos organizados sin base social y por quienes se fueron enardeciendo al calor de los acontecimientos y lanzaron piedras. A un camión de basura se le incendió y se aventó contra las vallas policiales. A pesar de todo, la intensidad del enfrentamiento se mantuvo relativamente bajo control.
Sin embargo, la situación cambió cuando los opositores a Peña Nieto comenzaron a marchar hacia la Alameda. Contingentes con una gran disciplina interna, como el de los maestros de Oaxaca, quedaron inmovilizados. Los trabajadores de la educación de la ciudad de México fueron encapsulados por la policía. Diversos testimonios dan cuenta de que, a la altura de Tepito, se infiltró en la marcha un grupo de personas que la mayoría de los manifestantes desconocían. Iban preparados para el choque.
En la Alameda la violencia alcanzó su clímax. Fueron destruidos cajeros automáticos, Wings, mobiliario de hoteles, Sanborns, teléfonos públicos, Starbucks, tiendas de ocasión y vehículos policiacos. Una tienda Nike fue saqueada. Como se sabe, la Alameda fue dañada y el Hemiciclo a Juárez pintarrajeado. La policía golpeó y detuvo jóvenes a mansalva.
Una explosión de violencia de esa magnitud no puede ser organizada ni por pequeños grupos antisistema ni por provocadores. Ellos pueden ser la chispa que incendia la pradera, pero no mucho más que eso. Para que el pasto se queme tiene que estar previamente seco. ¡Y vaya que está seco! El 1º de diciembre mostró el enorme descontento contra el nuevo gobierno que existe entre un amplio sector de la juventud y de la población.
Ese malestar, existente antes de la toma de posesión de Peña Nieto, quiso ser borrado de la mayoría de los medios de comunicación, pero no por ello desapareció. Por el contrario, surgió como una ráfaga de rabia, a pesar de quienes intentaron darle un cauce pacífico y constructivo.
En 2006 ese enojo ya existía, aunque ahora ha crecido muchísimo. El plantón de Reforma le dio una salida cívica y pacífica. La autoridad político-moral de López Obrador en un amplio sector de la población radicalizada fue un elemento de contención que previno la emergencia de la protesta violenta. Hoy, el dirigente de Morena no cuenta con ese margen de maniobra. Su influencia se ha reducido. Nuevas fuerzas han surgido a su izquierda.
La batalla de la Alameda es una llamada de atención hacia quienes creen que la política de pactos cupulares y persecución policiaca puede dar gobernabilidad al país. El México de arriba puede hacer sus acuerdos, pero nada garantiza que el México de abajo los acate. Éste es ya un país muy otro.

Estrategia maquiavélica, disturbios del 1 de diciembre: #Yosoy132

Alfredo Lecona, vocero de movimiento estudiantil, afirma que los disturbios y las detenciones arbitrarias fueron parte de una estrategia mediática y de Estado.
Redacción ANDiciembre 4, 2012 9:19 am
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Alfredo Lecona, vocero del Movimiento Yo soy 142, dijo a Noticias MVS Primera Emisión que  la situación los había rebasado, el 1 de diciembre, durante los disturbios registrados en las manifestaciones contra la toma de protesta presidencial.
Señaló que  los actos violentos fuera de San Lázaro y la imagen limpiada de Enrique Peña Nieto al interior del recinto  fueron una “estrategia  perversa muy bien planeada”. Acusó que es el ejemplo más claro del “contubernio” entre televisoras y del poder, que calificó como “una estrategia mediática  y de Estado”.
Informó que  hasta el momento han registrado, bajo su propio sistema de conteo, 97  detenciones y 23 personas heridas, de los cuales se encuentran a la espera de conocer su estado de salud.
Lecona anunció que en estos momentos, el movimiento se encuentra contabilizando  y recopilando evidencias en fotos y videos para documentar las agresiones, en un “cuarto de a paz“. Adelantó que expondrán a la brevedad este material, para “evidenciar el abuso desmedido y detenciones arbitrarias”.
Denunció que la  preocupación actual  es dilucidar dónde se encontraban los jóvenes cuando fueron detenidos y conocer su situación actual, luego de su arresto.
El vocero del movimiento estudiantil  proporcionó los siguientes medios virtuales  para establecer contacto con víctimas de las agresiones o testigos presenciales, que puedan difundir videos o fotografías:
En Twitter: @detenciones1dic
Hashtag: #Liga de abogados 1 de diciembre
Correo Electrónico: Derechoshumanos132@gmail.com

Calderón hereda el enredo del SME

Revista Siempre! – Toque Crítico –
by Juan Contreras December 1, 2012 Toque Crítico
Además de bombas de tiempo
Martín Esparza Flores
La banda presidencial que recibió Enrique Peña Nieto de manos de Felipe Calderón está confeccionada con una serie de enredos y bombas de tiempo que le hereda su antecesor; no sólo tocan a la puerta del nuevo huésped de Los Pinos agudos temas como el de la avasallante inseguridad, también subsisten otros pendientes que no fueron resueltos en su momento como es el asunto del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Empecinado en no aceptar su derrota jurídica luego de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito emitió su fallo, el pasado 13 de septiembre,  amparando y protegiendo a los 44 mil trabajadores del SME y a sus 22 mil jubilados, el expresidente instruyó a su secretario de Gobernación para que anunciara que su gobierno iría a la revisión ante la Corte. Táctica dilatoria que confirmó su desesperación por no aparecer ante el país como lo que siempre fue: un gobernante represor y  pusilánime.
El mayúsculo enojo de Felipe Calderón radicó en que el veredicto de los magistrados de la Segunda Sala ordenaba a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje,  la reposición de su ilegítimo laudo que dio por válido el argumento de la “causa de fuerza mayor” o “caso fortuito para el cierre de Luz y Fuerza del Centro, y la terminación de las relaciones laborales con los electricistas”. La sentencia reconoció en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la obligación del gobierno federal para asumir la figura del patrón sustituto y el resarcimiento por los salarios caídos y prestaciones acumuladas desde la expedición del decreto de extinción del 11 de octubre del 2009 a la fecha.
Mal jugador y peor perdedor, Calderón se levantó de la mesa sin saldar sus deudas, no importándole dejar a los órganos de fiscalización y vigilancia tanto de la administración entrante como del Congreso el investigar las auténticas y torcidas causas que llevaron a su gobierno a extinguir a la paraestatal prohijando con ello toda una serie de actos de opacidad y corrupción y sobre los que tendrán que responder lo mismo funcionarios del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes que de la CFE.
Muchas sorpresas se van a llevar los integrantes del nuevo gabinete cuando se adentren en las obscuras catacumbas de los vericuetos jurídicos y políticos que sirvieron de argumentos para extinguir a Luz y Fuerza del Centro. Entenderán claramente el porqué el Poder Judicial ha dado la razón al SME y a su legítima demanda de justicia.
Pero hay más pendientes y bombas de tiempo haciendo tic-tac, que dejó activadas, dolosamente,  el inefable exmandatario.
Revista Siempre!

54 Aniversario de la Marcha-Himno del SME por el Coral Mexicano

Decisiones, dudas y violencia

Tras tomar posesión como presidente de la República, Enrique Peña Nieto formuló una serie de compromisos de gobierno sin duda necesarios. El primero de ellos fue emprender un viraje en la estrategia de seguridad vigente hasta el sábado pasado a fin de poner al Estado al lado de las víctimas y familiares e incluir en ella el combate a las adicciones, el rescate de los espacios públicos y la promoción de proyectos productivos; asimismo, ofreció enviar al Congreso una iniciativa de reforma para unificar en uno solo los 33 códigos penales –de las 32 entidades más el federal– con el propósito de crear mejores condiciones para combatir la impunidad.
Por otra parte, el político mexiquense se comprometió a emprender, en un plazo no mayor a dos meses, una cruzada nacional contra el hambre; a establecer un seguro de vida para jefas de familia; a reducir a 65 años la edad requerida para ser incluido en las pensiones del programa de adultos mayores; a promover una reforma educativa que incluiría la creación del servicio civil de carrera docente y terminar con las plazas magisteriales vitalicias y hereditarias; a restablecer en el país el transporte ferroviario de pasajeros; a licitar dos nuevas cadenas de televisión abierta, ampliar el acceso a la banda ancha y propiciar una mayor competencia en telefonía, transmisión de datos, televisión y radio. Por último, Peña Nieto prometió elaborar un proyecto de Ley Nacional de Deuda Pública y Responsabilidad Hacendaria que buscaría acotar el endeudamiento de los gobiernos estatales.
Las decisiones referidas son plausibles, en principio, pero está por verse las concepciones y los medios a utilizar para concretarlas. En el caso de la cruzada contra el hambre, por ejemplo, puede tratarse de un programa para enfrentar la marginación y la miseria o si se piensa en un plan asistencialista más como los que viene poniendo en práctica el Ejecutivo federal desde tiempos de Salinas. Por lo que hace al prometido cambio en la estrategia de seguridad, cabe preguntar si el nuevo presidente podrá deslindarse con facilidad de las inercias bélicas y violentas inducidas por su antecesor en el cargo. En lo referido a la reforma educativa, es claro que la propuesta de Peña Nieto podría colocarlo en una ruta de colisión con la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezada por Elba Esther Gordillo. En cuanto a los acotamientos legales al endeudamiento de las entidades federativas, la propuesta tendrá que vencer las previsibles resistencias de los gobernadores, priístas en su mayoría.
Lo cierto es que Peña Nieto asumió, junto con el cargo presidencial, compromisos formidables cuyo cumplimiento será seguido muy de cerca por un país agraviado por la violencia, exasperado por la persistencia del modelo económico neoliberal y asfixiado por las enormes limitaciones de la institucionalidad democrática formal.
Algo de esos malestares se dejó sentir ayer en forma violenta en el curso de las movilizaciones de protesta por la asunción del propio Peña Nieto. Sin afán de justificar las agresiones contra las fuerzas del orden ni de condonar los excesos cometidos por éstas en la contención de las protestas, las lamentables confrontaciones de ayer, que dejaron un saldo de varios heridos, algunos de ellos graves, y decenas de detenidos, tienen como telón de fondo un encono social que ha sido privado de cualquier cauce legal de expresión.
No debe pasar inadvertido, por último, que la agresividad exhibida ayer por grupos de manifestantes contrastó sobremanera con el carácter cívico y pacífico de las abundantes movilizaciones realizadas en el curso de este año por las principales corrientes que desde septiembre pasado optaron por desconocer al mexiquense como presidente: #YoSoy132 y el Movimiento Regeneración Nacional. Tal contraste lleva a preguntarse en qué medida el actuar de los grupos violentos pudo haber sido inducido desde algún ámbito del poder público o de los poderes fácticos que operan en el país. Ni las bombas molotov ni la brutalidad policial benefician a ninguno de los protagonistas abiertos y asumidos de la escena política ni al país en general y es por ello necesario despejar los muchos puntos oscuros que arrojan las lamentables confrontaciones ocurridas ayer en los alrededores del Palacio Legislativo de San Lázaro y en diversos puntos del Centro Histórico de la capital de la República.
Tras tomar posesión como presidente de la República, Enrique Peña Nieto formuló una serie de compromisos de gobierno sin duda necesarios. El primero de ellos fue emprender un viraje en la estrategia de seguridad vigente hasta el sábado pasado a fin de poner al Estado al lado de las víctimas y familiares e incluir en ella el combate a las adicciones, el rescate de los espacios públicos y la promoción de proyectos productivos; asimismo, ofreció enviar al Congreso una iniciativa de reforma para unificar en uno solo los 33 códigos penales –de las 32 entidades más el federal– con el propósito de crear mejores condiciones para combatir la impunidad.
Por otra parte, el político mexiquense se comprometió a emprender, en un plazo no mayor a dos meses, una cruzada nacional contra el hambre; a establecer un seguro de vida para jefas de familia; a reducir a 65 años la edad requerida para ser incluido en las pensiones del programa de adultos mayores; a promover una reforma educativa que incluiría la creación del servicio civil de carrera docente y terminar con las plazas magisteriales vitalicias y hereditarias; a restablecer en el país el transporte ferroviario de pasajeros; a licitar dos nuevas cadenas de televisión abierta, ampliar el acceso a la banda ancha y propiciar una mayor competencia en telefonía, transmisión de datos, televisión y radio. Por último, Peña Nieto prometió elaborar un proyecto de Ley Nacional de Deuda Pública y Responsabilidad Hacendaria que buscaría acotar el endeudamiento de los gobiernos estatales.
Las decisiones referidas son plausibles, en principio, pero está por verse las concepciones y los medios a utilizar para concretarlas. En el caso de la cruzada contra el hambre, por ejemplo, puede tratarse de un programa para enfrentar la marginación y la miseria o si se piensa en un plan asistencialista más como los que viene poniendo en práctica el Ejecutivo federal desde tiempos de Salinas. Por lo que hace al prometido cambio en la estrategia de seguridad, cabe preguntar si el nuevo presidente podrá deslindarse con facilidad de las inercias bélicas y violentas inducidas por su antecesor en el cargo. En lo referido a la reforma educativa, es claro que la propuesta de Peña Nieto podría colocarlo en una ruta de colisión con la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezada por Elba Esther Gordillo. En cuanto a los acotamientos legales al endeudamiento de las entidades federativas, la propuesta tendrá que vencer las previsibles resistencias de los gobernadores, priístas en su mayoría.
Lo cierto es que Peña Nieto asumió, junto con el cargo presidencial, compromisos formidables cuyo cumplimiento será seguido muy de cerca por un país agraviado por la violencia, exasperado por la persistencia del modelo económico neoliberal y asfixiado por las enormes limitaciones de la institucionalidad democrática formal.
Algo de esos malestares se dejó sentir ayer en forma violenta en el curso de las movilizaciones de protesta por la asunción del propio Peña Nieto. Sin afán de justificar las agresiones contra las fuerzas del orden ni de condonar los excesos cometidos por éstas en la contención de las protestas, las lamentables confrontaciones de ayer, que dejaron un saldo de varios heridos, algunos de ellos graves, y decenas de detenidos, tienen como telón de fondo un encono social que ha sido privado de cualquier cauce legal de expresión.
No debe pasar inadvertido, por último, que la agresividad exhibida ayer por grupos de manifestantes contrastó sobremanera con el carácter cívico y pacífico de las abundantes movilizaciones realizadas en el curso de este año por las principales corrientes que desde septiembre pasado optaron por desconocer al mexiquense como presidente: #YoSoy132 y el Movimiento Regeneración Nacional. Tal contraste lleva a preguntarse en qué medida el actuar de los grupos violentos pudo haber sido inducido desde algún ámbito del poder público o de los poderes fácticos que operan en el país. Ni las bombas molotov ni la brutalidad policial benefician a ninguno de los protagonistas abiertos y asumidos de la escena política ni al país en general y es por ello necesario despejar los muchos puntos oscuros que arrojan las lamentables confrontaciones ocurridas ayer en los alrededores del Palacio Legislativo de San Lázaro y en diversos puntos del Centro Histórico de la capital de la República.

Prensa internacional destaca represión a protestas en toma de posesión de Peña

 

 The Washington Post destacó que Peña Nieto tomó posesión como nuevo presidente de México “en medio de protestas dentro y fuera de la cámara del Congreso”
Los enfrentamientos registrados antes, durante y después de la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto, que dejó al menos una treintena de heridos –uno de ellos grave– y más de una docena de detenidos, atraparon la atención de la prensa mundial.
En sus ediciones digitales, los principales diarios de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica destacaron la violencia que se desató en las inmediaciones del palacio legislativo de San Lázaro, cuando agentes de la Policía Federal y del Estado Mayor Presidencial reprimieron la protesta de las distintas agrupaciones que se dieron cita a ese lugar, para expresar su rechazo al nuevo mandatario.
La mayoría de los portales destacó los informes sobre la represión, ilustrados con las imágenes del choque entre policías y manifestantes.
Destacaron la noticia, El País, El Mundo y El Diario, de España; CNN, Washington Post, The Miami Herald, Univisión y San Diego Red, de Estados Unidos; Le Fígaro, de Francia; El Clarín, de Argentina; La República y El Tiempo, de Colombia; Globovisión, de Venezuela; El Telégrafo y El Universo, de Ecuador; El Siglo, de Guatemala; Otra América, de Panamá; RPP, de Perú y El Salvador.com.
“Ha sido un amanecer violento en los alrededores del Congreso mexicano”, reportó el diario El País, de España.
“Los manifestantes, armados con barrotes y piedras, fueron repelidos con gases lacrimógenos y porrazos”, agregó el diario español.
The Washington Post destacó que Peña Nieto tomó posesión como nuevo presidente de México “en medio de protestas dentro y fuera de la cámara del Congreso”
“En el exterior, los manifestantes que se oponen al nuevo presidente se enfrentaron con policías que los reprimió con gas (lacrimógeno).
El Fígaro, hizo notar que el exgobernador del Estado de México rindió protesta en una ceremonia marcada por incidentes violentos afuera de la Cámara de Diputados y abucheos desde las bancadas de la izquierda.
“Simpatizantes del movimiento estudiantil #YoSoy132 y de otras organizaciones sociales se enfrentaron con policías afuera del Congreso este sábado, en medio de las protestas en contra del gobierno del presidente entrante, Enrique Peña Nieto”, reseñó CNN.
En tanto, El Universo, de Ecuador, reportó que “cientos de manifestantes chocaron con policías afuera de la Cámara de Diputados, previo a que Enrique Peña Nieto jure como presidente de México, lanzando bombas incendiarias y petardos que dejan al menos seis heridos, cinco de ellos, uniformados que respondían con gas lacrimógeno”.
“La policía de México garantiza con violencia la toma de posesión de Peña Nieto”, tituló el diario Otra América, de Panamá.
“La toma de posesión de Enrique Peña Nieto en México tiene dos versiones. La de los medios convencionales, plagada de actos oficiales, palmaditas en la espalda y saludos amables. Y la de la calle, donde granaderos de la policía y jóvenes mexicanos llevan horas de duros enfrentamientos. #YoSoy132 reporta un manifestante muerto.

El regreso del PRI

Arnaldo Córdova
Aspecto del enfrentamiento entre manifestantes y policías ayer en el centro de la ciudadFoto Alfredo Domínguez
Con frecuencia, se ha venido discutiendo acerca del comportamiento que tendría el PRI una vez que asumiera de nuevo el gobierno de la República (cosa que ayer ocurrió en medio de un enorme aparato de protección policiaca y militar que fue un insulto a la ciudadanía, a la democracia y a las mismas instituciones republicanas). Sobre todo, se ha hecho patente, por parte de una inmensa mayoría de la población (por lo menos las casi dos terceras partes que no votaron por el candidato priísta), un muy justificado temor de que, con el nuevo presidente, el viejo partidazo reinstaure el modo autoritario de gobierno y, en primer término, la sucia corrupción y la impunidad que ahogaron al país durante decenios.
Ciertamente, parece haber razones más que suficientes para afirmar que la vuelta del PRI al gobierno estará mucho más acotada de lo que estaban sus anteriores regímenes autoritarios. Ya no pueden alegar una sobrerrepresentación popular; los priístas mismos se quedaron boquiabiertos al saber que habían ganado la Presidencia de la República con varios puntos de ventaja sobre el segundo lugar, pero sus votos equivalieron a poco más de 38 por ciento del total de los emitidos. Ya no pueden formar las mayorías parlamentarias absolutas de antaño. Y, entre otras cosas, la propia Presidencia ha perdido el antiguo poder entre constitucional e ilegal.
Se ha aducido también el hecho de que hoy hay una institucionalidad que impide, como nunca lo hizo en el pasado, el abuso del poder. Para empezar y es el dato más fuerte, tenemos hoy un Congreso plural que funciona sobre la base de una tupida y constante negociación entre todas las fuerzas políticas que vuelve limitados y, a veces, truncos, los propósitos autoritarios, vengan de donde vinieren. Se habla también de las instituciones electorales y de aquellas de control de la información o de regulación de los privados en los negocios. Tendríamos, así, formalmente, un verdadero cerco de contención que acota ya al autoritarismo.
Yo no estoy muy seguro de la eficacia de nuestras instituciones en el esfuerzo por democratizar la vida política del país y anular los impulsos autoritarios del poder. Nuestro democrático Congreso nos ha regalado adefesios legislativos como la nueva reforma laboral o la ley de asociaciones público privadas que van directamente en contra de los intereses del grueso de nuestra población, que es la que marca las pautas de la democracia en cualquier país. Las democracias sin el pueblo o con un pueblo fingido desaparecieron hace poco más de cien años. Nuestras instituciones democráticas y democratizadoras, sencillamente, son muy poco confiables.
Muchas instituciones destinadas a prevenir y a atacar la ponzoña de los monopolios sólo actúan para favorecer a esos monopolios. La presidenta del Ifai, sin razones claras, decidió proteger el secreto bancario, a sabiendas de que es la caparazón que alimenta toda clase de negocios turbios y malolientes que envenenan la economía. Nuestras instituciones electorales podrán alegar que actuaron, en las más diferentes circunstancias, amparadas en la ley y en la Constitución; pero es un hecho que, para una buena mitad de la ciudadanía, sus decisiones en 2006 y 2012 no fueron confiables, eso, por decir lo menos. La impresión es que todas esas instituciones, a la hora de la verdad, se rinden ante la voluntad de sus amos detentadores del poder.
Los priísas son portadores de varios estigmas. Por un lado, una gran mayoría sabe que siguen siendo los mismos como políticos y que, como tales, son para desconfiar. Por otro lado, por lo menos desde la época de Miguel de la Madrid (1982-1988), los tricolores han dejado de ser los antiguos nacionalistas y populistas que fueron desde los tiempos que siguieron a la Revolución y ahora, a la vista de todo mundo, se han derechizado tanto o más que los panistas. Eso se ha notado en todas sus decisiones políticas que han sido, recurrentemente, medidas de apoyo y promoción de los intereses de las élites del poder económico, nacionales y extranjeras, y en contra, de manera radical, de los intereses populares que alguna vez defendieron como parte de su ideario político.
Enrique Peña Nieto lo ha venido a confirmar con las primeras iniciativas o anuncio de intenciones que ha hecho desde los días de la campaña electoral. Fue el candidato de las derechas mexicanas y no se arredra ante posible críticas cuando hace sus planteamientos antinacionalistas (como en el caso del petróleo) o antipopulares (como cuando obligó a las bancadas priístas a que votaran a favor de la reforma laboral de Calderón; sólo las protestas y las presiones que vinieron de algunos sectores de su partido lo obligaron a moderar el talante derechista de la propuesta del presidente). Su gobierno estará al servicio del gran capital y de los intereses más retrógrados y reaccionarios del país.
Podría pensarse que hay muchos priístas que no están contentos con el derrotero derechizador de su partido, que lo ha vuelto casi indistinguible del PAN. Pues, si los hay, francamente no se ven o ni siquiera se notan. Hace menos de dos semanas, el líder del tricolor, Pedro Joaquín Coldwell, afirmó que, a los escépticos, que juzgan que el regreso del PRI significa el retorno del pasado, hay que hacerles notar que este es otro país y el nuestro es otro partido que, siendo fiel a sus raíces, tiene la mira puesta en el futuro (La Jornada, 17/XI/2012). De hecho, ése es el nuevo leitmotiv de los priístas. No quieren saber si su partido se viene derechizando; ellos están contentos con el ritornello de sus dirigentes de que el suyo es un partido de nuevo cuño.
Se piensa también que los gobernadores priístas se han convertido en una fuerza en sí misma y que el futuro mandatario tendrá que lidiar con ellos, como nueva plataforma de intereses hacia adentro y hacia fuera. No confío mucho en la autonomía de los gobernadores del tricolor. Frente a un poder tan colosal como el que se pone en manos de Peña Nieto, los gobernadores, juntos o separados, poco podrán hacer en contra y, eso, si es que de verdad son un poder independiente. Ya veremos cómo, uno por uno, al igual que lo ha hecho Manlio Fabio Beltrones, el único que se enfrentó por el poder al mexiquense, irán apechugando y rindiéndose al que manda de verdad.
Los priístas apestan a los mismos olores del pasado, sólo que ahora son más derechistas. Como se vio en la campaña electoral, siguen practicando las malas artes de la política y, ahora con el poder presidencial en sus manos, lo veremos más a menudo. Probablemente, volveremos a repetir con nuestro gran dramaturgo Rodolfo Usigli: Dondequiera encuentras impostores, impersonadores, simuladores; asesinos disfrazados de héroes, burgueses disfrazados de líderes; ladrones disfrazados de diputados, ministros disfrazados de sabios, caciques disfrazados de demócratas, charlatanes disfrazados de licenciados, demagogos disfrazados de hombres. ¿Quién les pide cuentas? Todos son unos gesticuladores hipócritas. (El gesticulador, Ed. Stylo, México, 1947, p. 127)

Peña Nieto frente a los trabajadores

Arturo Alcalde Justiniani
El regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno federal, después de 12 años de ausencia, genera todo tipo de interrogantes: ¿serán las cosas como antes? ¿Se repetirán las mismas prácticas de corrupción e impunidad? ¿Regresaremos al viejo corporativismo sustentado en el control y la inmovilidad laboral?
Cuatro elementos, entre otros, podrían responder en parte a estas preguntas: el desempeño gubernamental de Enrique Peña Nieto (EPN) en el estado de México, la actitud asumida durante el proceso de reforma laboral, las promesas de campaña y las primeras decisiones que en este reglón se asuman, iniciando con el tema de los salarios mínimos.
La política laboral de EPN en el estado de México, donde se concentra un buen número de empresas industriales y de trabajadores, siendo también el núcleo de población más importante del país, se ha caracterizado tradicionalmente por una administración laboral claramente protectora del sector empresarial y especialmente represiva frente a cualquier forma de lucha de los trabajadores, incluyendo los intentos de democratización sindical. Las movilizaciones obreras de los años 70 quedaron como una página destacada en la historia laboral, siendo desmanteladas por diversos medios, a cual más de violentos; esta paz sepulcral ha sido utilizada como un supuesto incentivo para la inversión.
Durante el periodo de gobierno de EPN se hizo evidente el control y subordinación de los distintos niveles de autoridad hacia el Ejecutivo; aspectos tan elementales como obtener información sobre el contenido de un contrato colectivo se convirtieron en un tema prohibitivo, cambiar al sindicato que el patrón impone fue una acción de imposible realización porque operaron pactos de supuesta no agresión entre sindicatos, que significaron la renuncia al libre ejercicio del derecho de asociación. Los contratos de protección patronal permearon en todo el sexenio y la complicidad con los líderes de las centrales obreras corporativas fue la constante. Obviamente, las autoridades laborales hicieron gala de este sometimiento generalizado.
Por lo que se refiere a la actitud asumida frente a la iniciativa de Calderón de reforma laboral, fue evidente el acuerdo con el sector empresarial para utilizar la aplanadora de votos del PRI y sus aliados para aprobar los temas más lesivos para los trabajadores, entre ellos facilitar el despido barato, cubriendo a los asalariados tan sólo el importe de un año de salarios caídos y de una pequeña cantidad adicional en los siguientes años. La reforma laboral fue un producto de Calderón y Peña Nieto.
El capítulo final aprobado, que suprimió la eficacia en la propuesta de rendición de cuentas de los líderes sindicales, que regula de manera deficiente el voto secreto y negó la posibilidad de que los trabajadores fueran consultados para la firma de los contratos colectivos, como un punto clave para rescatar la contratación colectiva de la corrupción y la simulación, exhibió claramente la voluntad política del nuevo gobernante para impedir un cambio en esta materia. La consulta directa a EPN en momentos definitorios de la votación en ambas cámaras del Congreso hizo evidente no sólo la extrema subordinación de los legisladores, sino también la orientación laboral del mismo.
En relación con las promesas de campaña, Peña Nieto desplegó un gigantesco listado de promesas de todo orden. Los renglones prioritarios se refieren a los temas de energía, seguridad y reforma fiscal; en el apartado laboral se destacaron tres aspectos: el compromiso de promover la seguridad social universal, el seguro de desempleo y la recuperación salarial. No identificamos otros elementos orientados a la modernización de corte estructural del mundo del trabajo, como sería transformar el sistema de justicia, que constituye una exigencia creciente por la parcialidad con que se ha conducido, tanto en el ámbito federal como local.
Los tres temas señalados son de gran importancia. Sin embargo, hasta la fecha no se han aportado detalles para su implementación. No son promesas privativas del priísmo, sino que han sido compartidas por distintas expresiones políticas respondiendo a una añeja demanda social. La seguridad social universal puede convertirse en un aspecto clave para reducir la pobreza y hacer posible el desarrollo de otras políticas públicas. El seguro de desempleo puede atemperar buena parte de las lesiones ocasionadas por la reforma laboral y la recuperación salarial es una recomendación constante, no sólo de los economistas más destacados del país, sino también de organismos especializados tan importantes como la Cepal (Comisión Económica para América Latina), vinculada con Naciones Unidas.
Atendiendo los antecedentes señalados, es difícil asumir una actitud optimista respecto de las promesas de Peña Nieto, ya que la vertiente política del PRI que representa no ha demostrado ser favorable a una modernización en el campo laboral. Todo indica que el afán reformador se orientará más a una política de corte privatizador similar a las épocas del salinismo.
No se necesita mucho tiempo para constatar definiciones de gobierno; la vocación política de EPN se hará presente en la próxima decisión sobre el monto de incremento a los salarios mínimos. Es claro que la representación empresarial se resiste a la más elemental recuperación: así lo hizo saber en días pasados, al negarse a un reducido ajuste para igualar la clasificación regional de los salarios; un cambio en la clasificación de dos regiones, de 1.76 pesos diarios, le pareció excesivo. Más allá de digresiones falsas, tales como afirmar que el salario mínimo no es importante ni representativo para el diseño de una política salarial nacional, es evidente que el monto de su incremento impacta el comportamiento del resto de los salarios, incluyendo los contractuales; por ello es fundamental que los salarios mínimos superen en varios puntos la inflación, y sobre todo aquélla de carácter real, no reducida a variables que no son representativas para el (o la) trabajador(a) común.
Esta definición salarial aportará elementos para dilucidar hacia dónde transitará el nuevo gobierno.

¡Culpable!: veredicto del tribunal ciudadano

Enrique Calderón Alzati
El sexenio presidido por Felipe Calderón Hinojosa ha terminado al fin. Hago votos porque luego del proceso sistemático de destrucción de las instituciones nacionales, del tejido social de amplias regiones del país, del crecimiento sin control de la delincuencia organizada, así como de la violencia y la inseguridad en nuestras ciudades y vías de comunicación, de la cancelación de facto de las garantías individuales, de los montajes televisivos como sustituto de los actos de gobierno, el país pueda retomar otros rumbos más prometedores.
Ello no será fácil, no sólo por la herencia de corrupción, de opacidad en las acciones y del tráfico de influencias que será necesario desterrar (igual que a él), sino también por el ambiente de duda que se respira en torno a la legalidad del nuevo gobierno y a sus posibles inclinaciones autoritarias y represivas. En este contexto, la noticia de que el ahora ex presidente se irá a vivir plácidamente fuera del país, para dar clases en una universidad estadunidense, seguramente como reconocimiento y pago por sus acciones en favor de los intereses de esa nación, constituye un nuevo agravio a México, que se resume en una sola palabra: ¡impunidad!
Impunidad respaldada ahora por cientos y miles de cápsulas desinformativas que sin rubor han sido insertadas en nombre de diferentes agencias gubernamentales, para sorprendernos con las cosas maravillosas logradas por el gobierno de Felipe Calderón, en un intento por contrarrestar las protestas y el descrédito acumulado por su gobierno.
Es por todo ello que diferentes agrupaciones sociales se mantienen en actitud de protesta e inconformidad, ante la insensibilidad de quienes habiéndose apoderado de las instituciones nacionales los pasados seis años violaron las leyes tanto o más que los delincuentes que decían combatir, mientras hacían pagar a la sociedad una cuota permanente de inseguridad, de desempleo, de empobrecimiento, de frustración, y en muchos casos de dolor por la pérdida de un ser querido, o por la pérdida del hogar, como única posibilidad de sobrevir.
Hoy, al final de este desafortunado periodo que acaba de terminar, la molestia, la indignación y el hastío son los pensamientos generalizados de un amplio sector de la población, que incluye a los jóvenes que al terminar sus estudios no encuentran un empleo digno y acorde a sus aspiraciones, a los hombres y mujeres de mediana edad que han perdido su trabajo y tampoco pueden encontrar otro, o a quienes teniendo uno se enfrentan a la realidad de que sus salarios no son suficientes para sostener a sus familias. A ello se añade el enojo de quienes estando en condiciones económicas menos problemáticas nos enteramos continuamente de nuevos escándalos de corrupción en los diferentes ámbitos de gobierno, así como de la existencia de pactos encubiertos entre funcionarios de alto nivel con empresas e instituciones extranjeras, y aun con las mismas organizaciones criminales, poniendo en riego la soberanía y el patrimonio nacionales.
Buscando cómo contribuir a cambiar este estado de cosas, dentro del marco de las leyes vigentes de nuestro país, un grupo de ciudadanos venimos organizando un juicio a Felipe Calderón por su actuación como presidente de la República, apoyándonos en el artículo 87 de la Constitución, que indica con claridad el mandato a la sociedad mexicana de demandar al presidente cuando éste no cumpla el juramento al tomar posesión de su cargo. La experiencia ha sido enriquecedora; a nuestra convocatoria respondieron más de una centena de ciudadan@s de todo el país, presentándonos sus acusaciones y demandas, a partir de las cuales nos fue posible establecer un tribunal ciudadano, del cual ha surgido un veredicto, sustentado en los artículos mismos de nuestra Constitución, indicando que entre otras cosas el señor Felipe Calderón es culpable de traición a la patria.
Este es el veredicto, que de manera personal les invito a conocer, el cual se encuentra en la página www.tribunalciudadano.mx, solicitándoles que luego de leerlo nos indiquen si están o no de acuerdo con el mismo, pudiendo consultar también el número de votos positivos y negativos que se han dado hasta el momento. Nosotros esperamos contar con un gran número de participantes en este sencillo pero trascendente ejercicio ciudadano, cuya principal importancia radica en establecer una muestra para el futuro de lo que la sociedad puede hacer para demandar a sus altos funcionarios cuando éstos no cumplen con sus compromisos.
A quienes participamos en esta red social a la que llamamos tribunal ciudadano nos deja una clara lección de cómo actuar en el futuro. Un juicio como este no se debe hacer en los meses finales del sexenio, una vez que las elecciones presidenciales han pasado. Lo más conveniente es hacerlo antes de que se inicien las campañas electorales para elegir al nuevo presidente, porque de esta manera el juicio de la sociedad hacia el presidente saliente es también un indicador importante para los candidatos y partidos políticos de lo que la sociedad no está dispuesta a aceptar por más tiempo. Asimismo, la difusión de los resultados, si éstos representan correctamente el juicio de la sociedad, le puede permitir a ésta incidir también en los medios de comunicación, para que éstos de algún modo reflejen en sus contenidos el pensamiento de la sociedad.

SME Conferencia de prensa Posicionamiento entorno a los acontecimientos del 1 de diciembre dic12